Nov 24, 2019 | Columnas
Por César Lerena
Buenos Aires, 24 noviembre (PR/19) — Días pasados tuve la posibilidad de conversar telefónicamente en un programa radial con tres conocidos periodistas especializados en temas pesqueros. Como me ha ocurrido en estos últimos tiempos, desde que se difundiera una lista de posibles candidatos a ocupar la Subsecretaria de Pesca de la Nación que me incluía, debí negar nuevamente que se me hubiese ofrecido tal cargo. Aunque, debí aclarar que, si tal ofrecimiento ocurriese, lo aceptaría, con determinadas condiciones, porque desde hace 50 años en que me vinculé al sector pesquero, me involucre fuertemente con la actividad.
Pero, claro está, el ofrecimiento sería un hecho ciertamente revelador, porque en los cientos de artículos que escribí en los últimos años, he expresado claramente un proyecto de fuerte desarrollo social, industrial y nacional y, de defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur y Malvinas, que no se compadece con la política dominante de estos últimos años.
Es hasta lógico, que el periodismo, en su avidez por conocer quién se hará cargo de esta cartera en la afligente situación por la que atraviesa la industria pesquera, se dude de mi afirmación categórica: no se me ha ofrecido cargo alguno.
Sobre este aspecto, les recordaría a los amigos periodistas tener muy en cuenta que en estos menesteres aplica habitualmente la política del tero, que, «canta en un lado y pone los huevos en otro» y, sobre todo, que «el sur también existe».
Ahora bien, se podrá mantener viva la llama de la duda respecto a ocupar o no un cargo, pero no un trabajo inclaudicable en defensa irrestricta de los intereses de la empresa nacional, el trabajo y la sostenibilidad de los recursos naturales del Estado que, comenzó profesionalmente hace algo menos de cincuenta años y, que, en materia política, se inició en 1976 criticando la presencia de buques extranjeros en el mar argentino, en una época, donde la mayoría guardaba silencio.
Hacia 1983, nos referíamos a “la desmalvinización” y en 1986 nos opusimos a los Acuerdos Marco con la Unión Soviética y Bulgaria (una relación residual heredada del Proceso), a los que calificamos como «la derrota final de Malvinas» y, junto al recordado Cuqui de la Garma, para profundizar el accionar político, fundamos la Revista «Pesca Argentina y mundial», financiada por Paco Ventura, donde describimos la ocupación del Atlántico Sur y la destrucción del sector pesquero nacional, desde Martinez de Hoz a Juan Vital Sourrouille.
Y, hacia 1987/8 cuando el gobierno radical negociaba los «Acuerdos de Madrid» (que se concretarían en gobierno menemista), titulábamos con dureza «Caputo, el peón de la Reina”, a quién, siendo Canciller y, Presidente de la ONU, desde el Centro de Estudios para la Pesca (CESPE) invité a debatir sobre la política en el Atlántico Sur (Clarín, 21 de abril de 1989). Nunca imaginamos que lo peor estaba por llegar.
En 1991 renuncié a la Secretaría de Estado del gobierno de Menem con motivo de una serie de “desatinos” (¿?) del Canciller Cavallo que se iniciaron con la firma de los Acuerdos de Madrid en 1989; la conservación conjunta de los recursos pesqueros al éste de Malvinas en 1990, que posibilitaron a los británicos el otorgamiento de licencias pesqueras a buques asiáticos, españoles, polacos, etc.
También posibilitaron la consolidación económica de los isleños que, concluyeron con la determinación de las Líneas de Base de Argentina en 1991, la derogación de la Ley 17.094 que redujo el mar territorial argentino de 200 a 12 millas que allanó el camino del R.U. a la posterior instalación de una Z.E.E. de 200 millas alrededor de Malvinas.
Ya fuera del gobierno, en 1994 critiqué el Acuerdo con la Unión Europea, lo que calificamos «como el festival de los permisos» y la sobre-explotación de los recursos.
Observamos en 1995 que la CONVEMAR desconocía para los Estados ribereños los recursos migratorios, que dan sustento a los ingleses en Malvinas y depredan cientos de buques extranjeros (Estados de Bandera) llevándose más de un millón de toneladas anuales de nuestros recursos pesqueros e impidiéndonos duplicar nuestras exportaciones y triplicar el empleo nacional.
En 1993 elaboré la ley de pesca de la Provincia de Buenos Aires, aún hoy vigente, de la que se tomó gran parte del artículo 1º de la Ley 24.922 que promueve el valor agregado, el empleo y el trabajo industrial.
Aunque en las discusiones que se generaron al momento de la sanción de esta última, con el Senador Hipólito Solari Yrigoyen, Castillo y otros promotores, observé la desnacionalización de la actividad que provocaría su redacción, y el tiempo me daría la razón, ya que mientras en 1970 todas las empresas pesqueras eran nacionales, en 2019, siete de las diez principales empresas exportadoras son extranjeras y, no porque ello, en sí mismo, sea malo, sino porque se deshumanizó el trabajo, desculturizó la actividad y se va en camino a que capitales inversores extranjeros se queden con la renta hasta que el caladero se agote.
En el 2005 hice notar que millones de argentinos con doble nacionalidad desconocieron que con el apoyo de países amigos se firmó el Tratado de Lisboa y los ciudadanos de la Unión Europea votaron la consulta sobre la aprobación del texto constitucional de Europa que, incluyó dentro de ésta, a Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida, como territorios británicos de ultramar.
En el 2008 aplaudimos la sanción de la Ley 26.386 que impide a las empresas pesqueras que operan en Malvinas obtengan habilitaciones para pescar en el Atlántico Sur, del mismo modo que la Ley 26.659 respecto a las petroleras y en el 2010 al Decreto 256/10 que obligó a la solicitud de permiso de tránsito hacia Malvinas, del mismo modo que repudiamos el inicio de las actividades petroleras en Malvinas.
Nos opusimos en 2011 a la llamada Reserva ecológica británica que enajenó 1 millón de km2 de nuestro territorio marítimo y estamos en contra de toda área marítima protegida en el mar austral que no resulte de las recomendaciones e investigaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero argentino, porque atrás de valiosos fundamentos ecológicos, se esconde el blindaje de los recursos que explotan los británicos y se limita la presencia de los buques nacionales en el mar argentino.
Resaltamos, desde siempre, que la Argentina tiene ocupados 1,6 millones de Km2 de territorio nacional y, no sólo los 14.410 km2 del archipiélago de Malvinas, circunstancia que pasa desapercibida para gran parte de los argentinos.
Calificamos en el 2016 de Política de Estado a la ratificación por unanimidad de la O.N.U. del informe de la Comisión de Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA) que la Cancillería inicio su presentación en abril de 2009. Rechazamos enérgicamente ese mismo año en el Senado de la Nación el denominado Pacto Foradori-Duncan, que no es otra cosa que la ratificación del Acuerdo de Madrid destinado a «remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas». Mantiene viva la “fórmula del paraguas” que congeló los avances soberanos de Argentina sobre la recuperación de Malvinas y su territorio marítimo austral. Las investigaciones conjuntas que derivan del mismo y los vuelos a San Pablo, que como ya lo dijimos en su oportunidad y reiteramos, facilitarán el comercio de Malvinas y la sobrevivencia de las Islas frente al Brexit y, con ello la profundización de la pérdida soberana y de los recursos pesqueros nacionales.
Rechazamos en 2018 los Acuerdos pesqueros con China y Rusia firmados durante la Cumbre del G20 realizada en la ciudad de Buenos Aires; Acuerdos, que junto al otorgamiento de licencias ilegales pesqueras en Malvinas y las extracciones en la ZEE y la utilización logística de puertos de Montevideo dejan de manifiesto una política de extranjerización total del Atlántico Sur.
Ya en estos días nos oponemos al otorgamiento a empresas británicas de la explotación offshore de petróleo en el área entre Malvinas y el continente argentino, debilitando la posición argentina en la zona austral del mar argentino.
Después de 37 años de políticas relativas a Malvinas y Pesca, a mi juicio desacertadas, también hemos convivido con un manejo discrecional e insustentable de la pesca. Y a propósito de ello, los tres periodistas que me entrevistaran, me preguntaron cuáles son las medidas que yo tomaría en una hipotética gestión gubernamental, a lo que respondí que en las cuestiones internacionales debería ocuparme con la Cancillería de las que afectan al sector pesquero (caso los buques gallegos asociados a empresas británicas en Malvinas, etc.) y de las internas que deben estar destinadas a generar más recursos económicos para el país, agregar valor a las materias primas y aumentar el empleo registrado y total.
Pero para ello, hay que empezar ordenar y sanear la actividad para dar previsibilidad a los empresarios, los trabajadores e inversionistas y, la pregunta surgió de los periodistas casi espontánea ¿qué haría con los permisos, cuotas y transferencias que varios denunciamos como ilegales? A lo que respondí y reitero definitivamente en este escrito (pero lo he hecho en varios anteriores): Todos los permisos, cuotas, autorizaciones y transferencias de captura serían revisados en mi hipotética gestión, desde la sanción de la Ley 24.922 hasta la fecha e, incluso, claro está, para ser más preciso, también -y muy especialmente- revisado el cálculo que motivó el otorgamiento de porcentuales relacionados a la Captura Máxima Permisible; el llamado informe de la UBA y los porcentuales máximos de concentración por grupo empresario y, muy especialmente, aquellas operaciones que dieron lugar a transferencias de permisos a buques españoles y del que debieron derivar en desguace y baja los permisos de los buques obsoletos argentinos y, claro está, incluirá también los que derivan de esta última gestión.
Aunque, todo ello, podría transformarse en un mero ejercicio intelectual, porque como he dicho, no he tenido ofrecimiento alguno y, si lo tuviese y aceptase, será porque todo esto se puede ejecutar.
No tengo otras aspiraciones, que no sean llevar adelante mis fuertes convicciones. Son casi inexistentes mis probabilidades de convertirme en el próximo Subsecretario. Sugiero en este aspecto mirar al sur. Finalmente, ya he cumplido, con mis sucesivos artículos en materia de “Atlántico Sur, Malvinas y Pesca” con la obligación inexcusable de elevar la vara y visibilizar este tema entre los argentinos y, quién asuma la función, a partir del 10 de diciembre, tendrá que explicar el “qué” y el “cómo” va a llevar adelante una política nacional que devuelva a la Nación y, a esta noble actividad, al lugar del que nunca debió apartarse, para caminar el sendero de bienestar de todos los argentinos.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor. Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
Primicias Rurales
Nov 18, 2019 | Columnas
Por Matías Longoni
Buenos Aires, 18 noviembre (PR/19) — Me dice un colega periodista que la gestión de Luis Miguel Etchevehere en el Ministerio de Agricultura ha sido bastante buena después de todo, sobre todo si se la compara con la de sus antecesores. Y claro, así cualquiera parece bueno. Hago memoria hacia atrás y me aparecen los nombres de Ricardo Buryaile, de Carlos Casamiquela, de Norberto Yauhar, de Julián Domínguez, de Carlos Cheppi, de Javier de Urquiza. Frente a la mayoría de ellos, el ex presidente de la Sociedad Rural luce casi como a un estadista.
Tengo un pequeño problema a la hora de intentar hacer un balance objetivo de la gestión Etchevehere al frente del Ministerio de Agricultura, que es el mismo problema que me surge al analizar con trazo grueso la gestión global de Cambiemos. Frente a ciertos personajes del pasado, el entrerriano se luce. Pero a mi juicio su gestión no ha tenido demasiado brillo propio.
Dicho de otro modo, la política agropecuaria del macrismo ha sido sin duda exitosa en tanto y cuanto eliminó ciertas rémoras heredadas de los grises días del kirchnerismo, en especial los ROE y las retenciones mientras se pudo. Pero se quedó ahí, en remover obstáculos nomás. Frente a la falta de diálogo y la agresión del kirchnerimso, Etchevehere pudo organizar 35 mesas de competitividad que no condujeron a casi nada. Frente a la corrupción asfixiante de otros tiempos, esta gestión de Agricultura contestó con una “simplificación” de trámites y la “desburocratización” como bandera.
Sin embargo, para mi la política agropecuaria bien entendida es otra cosa. Debería haber sido otra cosas sobre todo durante la parte del mandato que le tocó cubrir a Etchevehere, la segunda mitad, luego de la aplastante victoria del oficialismo en la elección de medio tiempo. Era el tiempo de ir por más, pero hicieron la plancha en múltiples aspectos.
Presencié este jueves en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el balance de la gestión de Etchevehere y de su equipo, finalmente el balance de la política agropecuaria del macrismo. No quiero personalizar en el ministro pues no corresponde aunque sea la principal cara visible. Finalmente, el soldado más fiel de Mauricio no hizo más de lo que el gobierno reclamaba de él. Para el macrismo no había que corregir distorsiones históricas en los mercados de productos agropecuarios. Y entonces Agricultura no corrigió. Para el macrismo no es necesario un cuidado especial con las economías regionales ni con los productores más pequeños. Y entonces Agricultura no los cuidó. Para el macrismo el Estado debe intervenir lo menos posible. Y entonces Agricultura no intervino.
Donde sí intervino activamente el Estado estos años fue en el control de operadores marginales de las principales cadenas agroalimentarias, a través de la ex ONCCA, con logros visibles que permitieron a la AFIP multiplicar varias veces la recaudación, sobre todo en materia de carne vacuna. Pero se ve que para Etchevehere esa intervención no cuenta, o hasta quizás le moleste, porque el papel de esa dirección no fue ni siquiera mencionado en toda la presentación. Y mucho menos forma parte de los diez hitos presentados por el ministro.
El macrismo ha hecho, en materia de política agropecuaria, lo que le han reclamado que haga los sectores de productores más acomodados de la región pampeana. Los que siguen en carrera y son competitivos quieren que el Estado se entrometa lo menos posible y los deje exportar, que les alivie la carga tributaria y les ahorre tiempo en los trámites, pero al mismo tiempo que no los controle demasiado en materia impositiva. Es a eso a lo que se dedicó esta gestión. Se olvidó, como en general sucedió con todo el gobierno de Macri, del resto de los productores y de los argentinos.
Pero es así la cosa: el Estado está para velar por todos y en especial por los más débiles.
Confieso que me ha chocado, y en esto sí voy a ser crítico con Etchevehere, que en la enumeración de los diez hitos de su gestión haya escrito solo para esa porción de la sociedad para la que finalmente parece haber gobernado. Me molestó bastante que en esta enumeración haya dejado la mitad de las cosas por decir, pues en los balances se supone que deben figurar las cosas buenas (el haber) y las malas (los debe). Por eso me tomé el atrevimiento de hacer algunos apuntes sobre los diez hitos de la gestión, según el propio ministro.
Destacó Etchevehere la realización del Censo Agropecuario en 2018 y sin duda es una muy buena noticia (pero no dijo nada de que el mismo censo mostró la continuidad de un fuerte proceso de concentración de la actividad, tanto en tiempos del kirchnerismo como durante el macrismo).
Subrayó Etchevehere que ya funcionan 520 grupos de Cambio Rural en el país (pero omitió que éstos son apenas una tercera parte de los que funcionaron años atrás y que lo que hubo fue un fuerte ajuste de los aportes oficiales a varios de los consorcios de productores).
Habló el ministro de que por primera vez en la historia se encuentran al día los pagos de los subsidios forestales de la Ley 25.080 (pero no dijo que eso se logró a costa de crear un virtual nuevo impuesto -ellos lo llaman bono solidario- para la gente común, porque es dinero que se recarga a los seguros de los autos).
Valoró Etchevehere la aprobación récord de 61 eventos transgénicos, con 26 de ellos en los últimos años (pero nada dijo de la polémica por la prohibición al trigo HB4 ni por las demoras en la desregulación en China de la soja también resistente a sequía, desarrollados ambos por una empresa argentina). Tampoco los múltiples problemas que enfrenta la papa tarnsgénica desarrollada por Tecnoplant.
Elogió el titular de Agricultura la inversión de un crédito internacional de 150 millones de dólares en un sistema agrometeorológico, el GIRSAR, que servirá “como base para armar un seguro multirriesgo, (pero no reconoció que esa herramienta fue un estrepitoso fracaso en su gestión debido a la falta de recursos públicos comprometidos para subsidiar la prima y abaratar su costo para los productores).
Comentó el funcionario los méritos del nuevo sistema de información lechera, que “ha permitido echar luz sobre el precio” real de la leche pagado a los productores (pero nada dijo que la mayor parte de su gestión los tamberos trabajaron a pérdida y el ministerio no movió ni un dedo para evitarlo).
Habló del crecimiento de las capturas pesqueras y con la construcción de un mayor número de barcos en los astilleros de Mar del Plata (pero nada dijo de los altos índices de desocupación entre los fileteros de esa ciudad, sobre la continuidad de cooperativas truchas de trabajo, y otros sinnúmero de conflictos de larga data en ese sector extractivo).
Por supuesto que remarcó que el país terminó la campaña 2018/19 con una cosecha récord de 147 millones de toneladas y destacó especialmente las 54 millones de toneladas de maíz logradas, de las cuales 20 millones se transforman dentro del país (pero sin mencionar que ese es un porcentaje de agregado de valor mucho más chico que el que se registra en Brasil o los Estados Unidos, y mucho menos hablar de que el macrismo deja el gobierno totalmente enemistado con los productores de bioetanol y biodiésel, por el quiebre de las reglas de juego).
Destacó Etchevehere los altos niveles de industrialización de la soja, con 77% de la cosecha del poroto procesado en las grandes fábricas aceiteras como promedio de los últimos años (pero sin mencionar que se eliminaron muchos de los reintegros a la exportaciónd e productos con mayor valor agregado y que, en el caso de este sector, los diferenciales históricos de retenciones , provocando un fuerte malestar en la industria más poderosa del país)
El ministro saliente, en materia ganadera, elogió el cumplimiento del 100% de la Cuota Hilton y que las exportaciones de carne se hayan “cuadruplicado” en comparación con 2015, sin afectar el consumo interno de todas las carnes (pero sin mencionar que los argentinos debieron reducir cerca de 10% de su ingesta de carne vacuna, ni que el salto exportador no llega a estimular con precios a los productores para que comience de una vez por todas a crecer una producción estancada durante los últimos cuarenta años).
Estos son los diez hitos de la gestión Etchevehere, con sus peros a cuestas.
-¡Pero Matías, que periodismo tan crítico que hacés!
-Cierto. Pero al lado del de otros periodistas, hasta luce bueno.
Fuente: Bichos de campo
Primicias Rurales
Nov 14, 2019 | Columnas
Buenos Aires, 14 noviembre (PR/19) — Finalmente, después de muchos meses de campaña proselitista, que interrumpió la actividad normal del país, y de la incertidumbre que generalmente provoca una elección presidencial, más aún cuando como ahora, se sucedió tras casi dos meses y medio de unas PASO que alteraron totalmente el tablero político del país, el horizonte comienza a despejarse.
Más allá de si hay sol o nubarrones, por lo menos comienzan a definirse los parámetros que guiarán a la Argentina en los próximos 4 años, los legisladores retomarán sus funciones suspendidas hace meses “para hacer campaña” y, después de mucho tiempo, ya se sabe que habrá sesiones Extraordinarias en el Congreso, al menos durante enero, para abordar las leyes urgentes que necesita la Argentina en las actuales circunstancias.
Ya se conoce quienes serán las principales cabezas del Ejecutivo nacional, en las provincias, y también los legisladores, pero aún falta completar el equipo de Gobierno a nivel nacional, clave para vislumbrar tanto el estilo de gobierno, como buena parte del contenido de las políticas.
Y es justamente en estos aspectos que el sector agroindustrial tiene los mayores resquemores, en gran medida, por los antecedentes de algunos de los miembros del nuevo gobierno, cuando les tocó estar en funciones en el pasado.
Es cierto que las condiciones actuales son totalmente distintas a las de hace 10-15 años atrás. En aquel momento, la economía mundial “volaba”, igual que los precios de los productos que exporta la Argentina. Ahora no.
También, se venía de una “limpieza” que había hecho el tándem Duhalde-Remes Lenicov con devaluación, saneamiento de pasivos, blanqueos, etc. y, como si fuera poco, la sociedad estaba muy asustada por la fuerte agitación social y política que se vivió a principios de siglo, por lo que había consensos para aceptar medidas “duras”, en forma transitoria. Tanto fue así, que fue el propio sector el que “ofreció” aportes especiales en aquel momento, y aceptó sin más la reimplantación de las retenciones (que había eliminado Domingo Cavallo 10 años atrás) que, según Duhalde, serían “transitorias”, y el monto en aquel 2002 totalizaron menos de U$S 900 millones.
Ahora, a pesar de la gravedad de algunos indicadores, la distancia con aquellos hechos es muy grande, entre otras cosas, por una serie de acontecimientos que se vivieron en medio y que, en el caso del campo, tuvieron su climax en la épica conocida como “la 125”, la resolución que pretendió en 2008, imponer retenciones móviles al sector, una cuota adicional a las muy altas que ya existían. No fue lo único, solo la gota de agua que colmó el vaso.
Y eso dejó marcas. Se perdió mucha producción, también después, con el secretario de Comercio Guillermo Moreno y sus controles de precios, amenazas, “negociaciones” para conseguir cupos, cuotas, etc., todo lo cual determinó la pérdida de un cuarto del rodeo vacuno (cerca de 12 millones de cabezas), la caída contínua en la producción láctea (que aún sigue), o la superficie más baja de trigo en 108 años en 2013.
Todo esto fue hecho en aras de “la mesa de los argentinos” (que se completaba con el “vivir con lo nuestro”), y de un “relato” en el que el campo aparecía como el malo de la película y los productores los “oligarcas”.
Hoy, censo mediante, se sabe que desde 2002 a la fecha, se perdieron más de 25% de los productores agropecuarios, cerca de 80.000, en buena parte por esas políticas, y más allá de la tendencia mundial a aumentar la escala en los predios productivos.
Por su parte, los recursos trasladados desde la producción hacia otras áreas, que solo en el caso de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, rondaron los U$S 100.000 millones (sí, leyó bien), no queda demasiado claro que destino tuvieron, porque la pobreza siguió aumentando, a la par de los escándalos de corrupción.
No todo fue malo, pero la Argentina no creció lo que hubiera podido, no aprovechó la década dorada internacional que se esfumó, y el desempleo local se mantuvo, tanto porque la economía no creció, como por los crecientes costos laborales (que poco tienen que ver con los salarios).
Ahora, la escasa imaginación que aparece entre los candidatos solo se refiere a la aplicación de más “subsidios”, y la obsecuencia de la dirigencia empresaria también bastante generalizada, solo tiende a “ofrecer” antes de que le pidan, y lo que no es de ellos.
¿Quien paga, en realidad esos aportes?. Hasta ahora, los trabajadores y los productores. El resto lo traslada, o lo elude.
Así las cosas, hoy el temor más generalizado en el campo es que se vuelva a frustrar el crecimiento pendiente de la agroindustria, por políticas coyunturales que solo apelen a recortar más recursos de uno de los muy pocos sectores eficientes y competitivos que tiene el país.
Primicias Rurales
Oct 20, 2019 | Columnas
Por Matilde Fierro .
Buenos Aires, 20 octubre (Especial de NA) — El trigo de la nueva campaña 2019-2020 que ya es cosechado en el norte del país se encuentra en el centro de la escena, porque los precios del cereal aumentaron ante la disminución de hasta 40% en los rindes estimados del cereal en la región núcleo.
Ocurre que las «lluvias que hubo desde el viernes 11 de octubre hasta el jueves 17 en el centro sur de Santa Fe y en el norte de la provincia de Buenos Aires revitalizaron los trigos, pero no alcanzaron para dejar de lado la estimación de una baja en los rendimientos, depende la zona, entre un 10% a un 40%», indicó a NA, Marina Barletta, analista de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
La especialista explicó que la eventual caída en la producción del trigo nuevo se debe a «un septiembre seco, con falta de agua, y a que las últimas lluvias no pudieron remediar la pérdida de rinde, se perdieron los macollos que son tallos donde nacen las espigas, lo que significa que habrá menos espigas de trigo por planta».
En tanto, la región núcleo para GEA está constituida por el sudeste cordobés, el centro y sur de Santa Fe y el norte bonaerense.
GEA considera que el área sembrada con trigo es de 6,7 millones de hectáreas a nivel nacional, de las que corresponden a la región núcleo, 1,7 millones de hectáreas.
En cuanto al trigo, la cosecha progresó levemente en el norte del país, con demoras debido a las precipitaciones de la última semana.
Barletta prosiguió en diálogo con Noticias Argentinas: «Entonces ahora las lluvias no sirven para compensar esa pérdida de rendimiento, los productores nos dicen que se proyectan rindes de 3400 kilos por hectárea de trigo, muchos menores a los promedios de los últimos tres años, el año pasado fue de 4000 kilos por hectárea».
En otro sentido, destacó que «las últimas lluvias van a servir para darle un final a la siembra del maíz temprano especialmente al sudeste de Córdoba que era el área más atrasada.
«Con estas precipitaciones se permitió retomar la implantación y terminar los lotes», añadió.
La desigual distribución de lluvias marcó dos núcleos bien destacados con acumulados que superaron los 60 mm.
En el norte bonaerense, Chacabuco registró 129 mm y Junín 119,4 mm, en el centro-sur de Santa Fe, Irigoyen marcó 91,4 mm y Clason 69 mm.
Mientras que en el sudeste cordobés y en la franja que atraviesa el sur santafesino las marcas estuvieron por debajo de los 15 mm, por lo que se mantienen las condiciones de sequía.
La técnica de GEA consignó que «en el centro-sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, el 90 por ciento de los maíces tempranos están implantados y lo que no se sembró hasta ahora ya no va a ser y esos lotes van a pasar a soja de primera o maíz de diciembre».
Mientras que «a días de empezar la siembra de soja de primera, en la zonas que recibieron los mayores milimetrajes en las últimas lluvias, las áreas que registraron menos de 15 milímetros necesitan más agua y tendrán que esperar nuevas precipitaciones para arrancar con la siembra de soja 2019-2020», dijo Barletta.
En definitiva, las precipitaciones registradas menguaron el estrés hídrico por el que atravesaban gran parte de los lotes de trigo en el país, pero no es suficiente y podrían incluso verificarse pérdidas de superficies trigueras.
La cosecha del trigo nuevo se lanzó en el norte de Argentina, mientras que las carencias hídricas en la zona núcleo siguen preocupando y apuntalan los precios del cereal 2019-2020.
Los economistas de la BCR, Emilce Terré y Javier Treboux destacaron que «los negocios por trigo nuevo tuvieron un importante resurgir en la plaza local, llegándose a comercializar entre los primeros tres días laborales de la semana unas 325 mil toneladas con descarga en el Gran Rosario, según datos oficiales, volúmenes que no se registraban desde hacía varias semanas».
Explicaron que «la proximidad con la cosecha generalizada y la mejora que sintieron los precios en la semana, ayudaron a tentar a los oferentes a cerrar acuerdos de venta, principalmente focalizados en la entrega en noviembre y diciembre, unas 250 mil toneladas entre los tres días».
«Son fechas en las cuales se espera que comience a entrar el grueso de la cosecha de trigo y se llegaron a pagar en el mercado local precios cercanos a los US$ 175 la tonelada», precisaron.
Por su parte, el segmento marzo 2020 acaparó también un importante volumen de negocios, 45 mil toneladas, al ofrecerse abiertamente por parte de la demanda US$ 180 la tonelada, por el trigo calidad exportación con descarga en ese mes del año próximo
Primicias Rurales
Oct 13, 2019 | Columnas
Por Matilde Fierro.
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Buenos Aires, 13 octubre (Especial de NA) — Un corto, pero meduloso comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) clausuró la semana de noticias del agro y reflejó las preocupaciones del campo por el futuro, de ganar las elecciones Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos.
En diálogo con NA, Jorge Chemes, actual vicepresidente de CRA y sindicado como futuro presidente de la entidad, sostuvo que en el mensaje se hicieron eco de declaraciones de referentes de Frente de Todos que hablan de la posibilidad de aplicar un impuesto a la Herencia, junto a un tributo a la Propiedad Inmueble, sumado a una suba extraordinaria de Bienes Personales.
Chemes indicó que están preocupados por la posibilidad de que un eventual triunfo de Fernández lo haga «potenciar el impuesto a la renta financiera y reemplazar el impuesto al cheque por un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras».
«Desde CRA nos genera una profunda preocupación porque son medidas que no solo no dieron resultado, sino que provocaron el efecto adverso», sostuvo el dirigente entrerriano al señalar que tienen miedo de que «venga un intervencionismo del Estado sobre la producción agropecuaria».
Explicó que una muestra del «intervencionismo en el Estado sería que volviera la Junta Nacional de Granos, además de intervenir en las explotaciones agroindustriales» y que «al no tener un mercado libre empiezan las medidas intervencionistas que desalientan la inversión».
En este sentido destacó que la Mesa de Enlace que aglutina a CRA y a las tres restantes entidades agropecuarias, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y Coninagro entregaron un documento con 14 puntos de medidas en las que se pide la eliminación de retenciones, a los candidatos electorales a presidentes.
«Todo estará bien siempre y cuando apliquen estas medidas, les hemos entregado un documento de 14 puntos, se trata de un resumen de lo que necesita el campo, sino lo toman en cuenta, estaríamos en un escenario difícil», reveló a Noticias Argentinas.
Además, señaló: «La historia reciente muestra que con esas medidas que circulan tuvimos la menor cosecha de trigo de la historia. Doce millones de cabezas de bovinos menos, la menor exportación histórica y una destrucción total de las economías regionales, son sólo ejemplos de la destrucción de valor que estas medidas generaron».
«Esperamos de que quien asuma o tenga que llevar adelante este Gobierno tenga criterio y sentido común porque que el campo es el sector que más divisas genera, nos deben consultar y no dar marcha atrás en lo mismo en que hemos podido progresar porque sería volver a situaciones que no hicieron bien: el país necesita exportar», consideró.
Por su parte, el comunicado de la entidad que preside Dardo Chiesa enfatizó que «el campo necesita reglas claras para generar inversiones a lo largo y ancho del país y el desafío argentino es exportar más, generar más divisas, promover productos con valor agregado con miras a ser proveedor de alimentos y productos insertados en el mundo».
«Desde CRA hacemos un llamado a los partidos y a la clase dirigente argentina a convocar a un espacio de diálogo de donde salgan las premisas básicas de un acuerdo político que arrojen las políticas de Estado que el país y su sociedad necesitan más allá de la contienda electoral», propusieron.
Esta semana se constató que productores ganaderos adelantaron antes de las elecciones del 27 de octubre la reducción de su stock de animales y aumentaron la faena de hembras a niveles históricos, del 49,1%.
Así lo indicó el informe de septiembre de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) que dirige Miguel Schiariti.
«Existe en el sector de la producción y de la industria un gran interrogante respecto de resultado de las próximas elecciones. Al analizar los números de faena y su composición podemos inferir que los productores, ante la caída de la rentabilidad de la cría y previendo el resultado de las primarias, adelantaron la decisión de achicar los stocks, aumentando la faena de hembras a niveles casi nunca antes vistos, 49,1%», indicó el reporte.
Por otra parte, el Partido Justicialista, también ante la inminencia de las elecciones, le entregó a Alberto Fernández un documento con propuestas económicas y para el agro de 100 páginas con eje en los pequeños productores y la agricultura familiar.
Retenciones segmentadas y evitar que el precio de los alimentos esté atado al dólar es la columna del plan de propuestas que redactaron el periodista de agro Javier Preciado Patiño y el director de la Licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan Fal.
«En un país como la Argentina no puede haber compatriotas que pasen hambre. La prioridad de cualquier política agroalimentaria es que los argentinos volvamos a alimentarnos adecuadamente. En los hogares argentinos no puede faltar carne, pan, leche, verduras o frutas», empieza el capítulo referido al sector agropecuario del documento del PJ.
Además señalaron que «promover el valor agregado en origen es generar trabajo y desarrollo local y cuidar y proteger a los más pequeños es un deber de Estado».
«Estableceremos retenciones segmentadas que premiarán a los productores que agreguen valor y a las producciones regionales.
Las producciones que aporten valor agregado pagarán siempre menos que las que se limiten a exportar materia prima», precisaron.
Además, afirmaron: «Revisaremos la cadena de comercialización, a los efectos de detectar monopolios o cartelizaciones que puedan socavar la rentabilidad de los productores, fundamentalmente pequeños y medianos y promoveremos mecanismos de venta directa».
Primicias Rurales
Oct 6, 2019 | Columnas
Por Matilde Fierro
Buenos Aires, 6 octubre (Especial de NA) — La participación del Estado en la renta agrícola retrocedió en el trimestre julio- agosto-septiembre de a 56,9% a 56,4%, es decir que de cada $100 que genera el campo, $56,4 van a los gobiernos municipal, provincial o nacional.
Así lo consignó el último Índice FADA-septiembre 2019, que publica cada tres meses la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, estudio en que la renta es entendida como el resultado del valor de la producción menos los costos.
«La participación estatal cayó de 56,9% que dio en junio a 56,4% en septiembre y la principal razón por la que bajó es la devaluación del mes pasado donde en el corto plazo licuó los costos en pesos, particularmente fletes y labores y los impuestos fijos como el inmobiliario rural y las tasas viales municipales», analizó en diálogo con NA, el economista jefe de FADA, David Miazzo.
Explicó que se trata de «corto plazo» porque «en cuestión de sólo en tres meses se actualizarán los precios de fletes y labores y a partir de enero comenzarán a regir los nuevos valores de los impuestos fijos».
«La lógica para evaluar es considerar cómo subió el dólar y los ingresos de la agricultura son en dólares y algunos costos que tiene el campo expresados en pesos bajan medidos en dólares», indicó a la Agencia Noticias Argentinas.
Expresó que «entonces en pesos sigue siendo lo mismo y en dólar menos, por eso decimos que se licuó».
En tanto, señaló que «lo que había impulsado la participación estatal en la renta agrícola hacia arriba era que hasta el mes de junio se utilizaron los rindes de la cosecha récord, es decir rindes más altos de lo normal, o sea a mayor torta para distribuir, la participación del Estado en la proporción de esa renta agrícola tiende a variar».
«Mientras mayor es la renta, menor es la participación relativa del Estado. Esa es la razón por la que con los mismos impuestos la participación del Estado en la renta del maíz es de 48,9% mientras que en el girasol es del 61,1% y en trigo 43,9%, porque es más rentable el maíz que el girasol», sostuvo Miazzo.
Las diferencias entre cada cultivo radican en los impuestos, como el caso de soja que tiene 18% más de derechos de exportación que el resto.
Respecto de los precios de los cuatro principales cultivos, trigo, soja, maíz y girasol, advirtió: «Son la principal señal de alarma tanto para el productor como para la economía argentina, en la generación de divisas del agro, porque en el último año, los precios de los granos bajaron en promedio un 7% y no hay expectativas hacia adelante de un alza».
El precio disponible del maíz pasó de 171 US$ la tonelada a US$ 132 entre junio y septiembre de 2019, una caída del 22,8%.
Miazzo precisó que «los costos en dólares tienden a mantenerse estables -fertilizantes, fitosanitarios y semillas-, mientras que los costos en pesos van a tender a copiar la evolución que han tenido en estos meses el tipo de cambio y la inflación».
FADA identificó que un 60% de los costos de una hectárea de soja está estrictamente dolarizado mientras que el restante 40% se encuentra pesificado.
Miazzo aclaró que «ese 56,4% de participación del Estado está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales, algunos coparticipables y otros no».
Los impuestos nacionales no coparticipables conforman el 55,7% del total de tributos que afronta una hectárea agrícola en Argentina y son, principalmente, los derechos de exportación, a los que se le suma la imposición a los créditos y débitos bancarios.
En este sentido, los tributos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales constituyen el 38,6% de los impuestos medidos.
La mayor parte la ocupa el impuesto a las ganancias y el IVA; las provincias reciben parte de este 38,6% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos.
Los impuestos municipales conforman el 0,8% de los tributos en el Índice FADA promedio nacional: el componente central son las tasas viales. .
Es importante constatar que en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa se paga el impuesto inmobiliario rural.
En Buenos Aires, San Luis y La Pampa con una alícuota del 1% en las dos primeras y 0,5%, en la última.
Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa cobra las guías cerealeras.
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