Buenos Aires, 15 de junio (PR/21) .– Hace cinco años exactos, la vida de la familia López cambió para siempre. Es que en una noche de junio de 2016, José López saldría de su casa de Tigre en la Chevrolet Meriva que aún conserva, y se dirigiría al convento de General Rodríguez, donde iba a revolear bolsos por encima del tapial. El hecho, inmortalizado por las cámaras de seguridad, se transformaría en la imagen más icónica de la corrupción kirchnerista.
Desde ese 14 de junio, el ingeniero civil que había ocupado el cargo de secretario de Obras Públicas del inicio al final del gobierno K quedó detenido. Y fue viendo cómo sus compañeros de gestión también encarcelados recuperaban la libertad, mientras su suerte no lo acompañaba. Tras la excarcelación de decenas de ex funcionarios, apenas quedaron un puñado de presos. Y López empezó a entender que no tendría el apoyo de nadie para salir. Lo habían abandonado: “Soy el chivo expiatorio”, le aseguró a sus más íntimos.
José López es uno de los dueños de los secretos del entramado de corrupción K. En sus 12 años como mano derecha del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, fue acumulando información sobre distintos hechos en los que él mismo ha señalado a la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. Mostró algunas de sus cartas en 2018, cuando declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas, pero podría contar mucho más.
Es que más allá de la condena por enriquecimiento, de siete años y seis meses, está comprometido como partícipe de una asociación ilícita en la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, junto a Cristina y Lázaro Báez, entre otros imputados.
Su abogada, Pamela Bisserier, ya pidió la excarcelación, pero le impusieron una fianza que dicen, él no puede pagar: 85 millones de pesos. Sin embargo, insistieron en la Justicia.
Más allá de cualquier discusión legal, López espera con ansias que finalmente le den el visto bueno: este lunes 14 de junio se cumplen cinco años de su detención y los dos tercios de la pena. Por eso está ansioso: “Tiene una alta expectativa de que esta vez sí le den la domiciliaria”, cuenta a NOTICIAS una de las últimas personas que habló con él.
Símbolo de la corrupción K, López vio cómo sus ex compañeros de gestión salieron de la prisión e incluso algunos de ellos volvían al poder. Ahora, a cinco años del lanzamiento de los bolsos al convento, cree que puede haber llegado su turno.
Buenos Aires, 9 de junio (PR/21) .– El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, comenzó su gira oficial por Latinoamérica comprendida entre el 9 y 11 de junio, en donde Argentina es uno de los destinos provistos en la agenda. En esa línea, mantendrá un encuentro con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para realizar declaraciones conjuntas y reunirse con empresarios del país ibérico.
La llegada de Pedro Sánchez se produjo minutos antes de las 23.30 del martes 8 de junio. Para la jornada de hoy, el presidente español mantuvo en encuentro con Alberto Fernández que comenzó a las 10.30, donde se fotografiaron frente al gobelino que representa al General Don José de San Martín montado en un corcel blanco en la Escalera de Honor o Francia de la Casa Rosada, ubicado camino al despacho del Jefe de Estado.
De acuerdo a la agenda oficial, ambos mandatarios acudirán a una reunión con empresarios a celebrarse en el Museo del Bicentenario y prestaran su firma para una serie de acuerdos. Acto seguido, emitirán declaraciones conjuntas a la prensa local hasta por lo menos hasta las 12.55.
El primer encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Fernández tuvo lugar el 11 de mayo.
Durante la tarde, Pedro Sánchez visitará el Museo de la Inmigración de la Universidad Nacional Tres de Febrero (MUNTREF). Asimismo, fue invitado también a recorrer el Museo Sitio de la Memoria. Culminará su visita a la Argentina alrededor de las 15.
El mandatario del Gobierno español supo ser el anfitrión del ultimo encuentro que tuvo con Alberto Fernández el 11 de mayo, durante su gira por Europa con la intención de recabar apoyos de cara a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En aquella oportunidad, Alberto Fernández resaltó la necesidad de que “Argentina y España estén absolutamente unidas y trabajen en consenso». «Tenemos muchas miradas en común”, resaltó a la vez que concluyó el presidente desde el país europeo.
Pedro Sánchez viajará también a Costa Rica. El jueves 10 de junio tiene previsto participar desde la capital San José en distintos actos con motivo del 30º aniversario del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
En el último día de su gira por esta región, se reunirá de nuevo con empresarios de la nación centroamericana en una cita que también contará con la presencia de ejecutivos españoles. Como último acto oficial, tendrá un encuentro con su par Carlos Alvarado Quesada.
Buenos Aires, 9 de junio (PR/21) .- En medio de la polémica y fuertes críticas por el aumento del 40% a los diputados y senadores en plena segunda ola de la pandemia del coronavirus, la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, aseguró que los diputados tienen «el salario más bajo de toda la región«, el cual «casi que da vergüenza«.
«Negri pide que un laboratorio extranjero venga a redactar las leyes argentinas. Ya habíamos entendido por donde se pasa @juntoscambioar la soberanía nacional cuando @PatoBullrich ofreció entregarle las Malvinas al mismo laboratorio. Esto sólo lo reafirma, por si quedaban dudas», criticó Vallejos.
A lo que un usuario le respondió: «Todo por un lugar en las listas, tal vez si los sueldos de los políticos se equipararan más con los de la sociedad muchos oportunistas se buscarían otro trabajo y dejarían la política a quienes tienen ideales, y no pienso que los políticos tienen que ganar menos, solo emparejarse».
En ese momento, Fernanda Vallejos lanzó: «Los diputados argentinos tenemos el salario más bajo (mucho más) de toda la región. Casi que da vergüenza. Los de Juntos por el Cambio no están por esa plata. ¡Por favor! Ellos son todos ricos. Están porque capturando el Estado garantizan los verdaderos negocios del poder económico, al que responden».
La propia Vallejos le respondió a varios de ellos: «Porque el dinero, aunque a muchos no les entre en la cabeza, no es ni el único ni el mayor (y mucho menos el mejor) estímulo que mueve a los seres humanos. Muchos y muchas creemos en valores superiores. Y te aseguro que, además, se vive más feliz».
«Todos los asalariados. No así los q perciben rentas y ganancias. Esa es la gran discusión. Pero la operación hegemónica es que discutamos asalariados contra asalariados y que la distribución se haga entre pobres y clase media. Mientras ganancias y rentas no se discuten», dijo.
En cuanto a las horas de trabajo de diputados y senadores, afirmó: «Las sesiones son una circunstancia. Un legislador o legisladora, si hace su trabajo, es 24 x 7. Es una actividad sin hora de arranque, ni corte, ni fin de semana. Además de la exposición que implica la política, mientras los privados son NN».
«Pero no el peso de ser legislador o legisladora no tiene que ver con las horas dedicadas a la actividad, que son todas, sino con la responsabilidad que significa legislar para un país, intervenir sobre la cosa pública, incidir sobre lo colectivo», agregó.
Otro usuario le cuestionó que ganara más de 200 mil pesos, a lo que le respondió: «Gano menos q eso y no necesito más, siempre viví de mi salario. Pero sí, q un CEO de cualquier empresa q no tiene más responsabilidad q satisfacer el afán de lucro de un privado, aún a costas del pueblo, gane más q un representante de la voluntad popular, como país, da vergüenza».
En 2020, los legisladores nacionales no habían tenido aumento de sueldo. En este caso, el presidente de Diputados, Sergio Massa, y la de Senadores, Cristina Kirchner, acordaron una suba del 40% para este año, más de 10 puntos porcentuales por encima de la inflación pautada por el Gobierno del 29%. Tras esta noticia, el aumento del sueldo de los políticos volvió a generar controversia.
BuenosAires, 14 de abril (PR/21) .– El presidente recibió ayer al director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González. El escenario era medio distópico: tanto Alberto Fernández como González estaban en Olivos, pero no se vieron físicamente dado que el jefe de Estado se encuentra aislado por Covid-19. — Dialogaron por videoconferencia. Con González estaba la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung. Son los funcionarios de máxima confianza de Joe Biden cuando tiene que informarse sobre qué está pasando en América Latina.
En el encuentro participaron, también, el canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y por Estados Unidos, la encargada a cargo de la embajada estadounidense en el país, MaryKay Carlson. Biden aún no designó a su embajador.
González le dejó una carta personal de Biden que, mientras transcurría el almuerzo, anunciaba que Estados Unidos abandonaría su presencia militar en Afganistán. Lo hará, prometió, en un día simbólico: el 11 de septiembre. En 2021 se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista que sufrió Estados Unidos en su historia.
En el texto que recibió el Presidente, su par de Estados Unidos le envió su saludo personal y destacó la futura participación de Argentina en la Cumbre del Clima, que se desarrollará por medio de videoconferencias el 22 y el 23 de abril próximos en el contexto del Día de la Tierra. Biden quiere diferenciarse de su predecesor, que no creía en la existencia del cambio climático y la “agenda verde” puede ser un punto de acercamiento con Fernández.
Biden había invitado a Fernández personalmente junto a otros 40 líderes de todo el mundo con el objetivo de buscar “un diálogo de civilizaciones y culturas” frente a la “crisis del cambio climático”.
Fernández recibió otra misiva en la que Biden le expresa sus deseos de que tenga una “pronta recuperación” del cuadro de Covid-19 que lo mantiene aislado desde hace 10 días.
En el almuerzo, que se extendió durante unas dos horas, el mandatario y los enviados de Estados Unidos dialogaron sobre los posibles modos de cooperación para la adquisición de vacunas contra el Covid-19. Hasta ahora, Argentina usó a Rusia y China como proveedores y no compró vacunas de empresas de Estados Unidos, como Pfizer y Moderna.
Además, ambos analizaron la negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y coincidieron en la necesidad de diagramar una hoja de ruta hacia el futuro que tenga en cuenta una agenda superadora. Argentina necesitará el apoyo de Estados Unidos en el organismo, ya que tiene un peso de más de 15% en las votaciones del board.
“Argentina y EE.UU. renovando nuestra colaboración mediante el trabajo conjunto en materia de cambio climático y otros desafíos apremiantes para promover la seguridad, la prosperidad y la democracia en las Américas”, escribió la subsecretaria Chung, en su cuenta oficial de Twitter. Con González, estuvieron en Colombia, aliado histórico de EE.UU. en la región y luego de Argentina, estarán en Uruguay. El dato saliente: no pasarán por Brasil.
Según el tuit de Chung, el capítulo “democracia en las Américas” debió haber versado sobre Venezuela. Probablemente, hubo alguna pregunta sobre la salida del Grupo de Lima. Si bien la decisión no debe haber caído bien en la Casa Blanca, tampoco evitó que se concrete la visita de González y Chung ni la invitación de Biden.
Al parecer, China tampoco formó parte del debate. Precisamente, ayer, se conoció la noticia de que el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero (primo de Santiago), reveló que existe la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Argentina realicen ejercicios militares conjuntos con sus pares de la República Popular China. Así lo divulgó Infobae en base a una presentación de Cafiero en el CARI. El acercamiento de Argentina con China es cada vez mayor, algo que ya se sabe en la Casa Blanca.
Que Estados Unidos “penalice” a Argentina por ese acercamiento con su rival geopolítico es una posibilidad y un riesgo latente. Por ahora, no parece ser la estrategia de Biden y esa es una buena noticia para Argentina, que necesita mantener relaciones cordiales con ambas potencias.
Luego, Cancillería
Tras el amuerzo, el canciller Solá recibió a González y Chung en el Palacio San Martín.
“Se trató de una conversación prolongada y muy interesante, donde se habló de la posibilidad de que Estados Unidos nos libere vacunas que estén stockeadas allí, y que Argentina necesita con urgencia”, dijo Solá tras la reunión.
Acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti y el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, el ministro señaló que conversaron sobre la deuda argentina y el acompañamiento estadounidense al acuerdo con los bonistas privados y las negociaciones vigentes con el FMI. “Le transmitimos claramente nuestros argumentos”, enfatizó.
“Se hizo referencia a la carta personal que el presidente Biden le hizo llegar a Alberto Fernández, como así también a nuestras posibilidades económicas del futuro”, dijo Solá y agregó que “ahondamos las conversaciones para llegar a acuerdos de manera tal de poder utilizar el teléfono como un elemento rápido de solución de problemas”.
“Estamos muy contentos con esta reunión”, finalizó Solá.
Buenos Aires, 5 de abril (PR/21) .– Los hechos de violencia a la propiedad privada se han repetido a diario el año pasado y desde CRA hemos propuesto una ley contra los ataques a silobolsa y por eso celebramos la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados en llevar adelante este tema, a pesar de que se ha demorado un año en presentar el proyecto. El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos.
Los delitos rurales se multiplicaron en todo el territorio nacional, escalando cada vez más en cuanto al daño y al tipo de hechos. Ya no es el abigeato lo que usualmente sufren los productores rurales, sino que a ello se le han sumado los ataques anónimos que destruyen silobolsas, usurpaciones e incendios intencionales en explotaciones agropecuarias.
En el 2020 se han reportado la rotura de más de 130 silobolsas, lo que equivale a, al menos, 5.700 toneladas de granos dañados e incontables daños a la producción rural a través de robo de maquinaria, incendios intencionales, robo de cosecha, robo de agroquímicos, entre otros.
Estos ataques anónimos van dirigidos a toda la sociedad, porque la labor del campo es un pilar fundamental para la producción de alimentos y de divisas para nuestro país, más aún en este particular contexto de recesión económica.
No hacen más que amedrentar a las personas del campo que, con su esfuerzo y producción, ponen a la Argentina de pie con cada cosecha.
Se está atentando contra la propiedad privada, contra el esfuerzo cotidiano de un sector de la economía que brinda al país 5,5 millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, tanto en el sector privado como el público.
Las leyes son las pautas de convivencia que nos otorga la República. Los delitos que no están tipificados en nuestro Código Penal, no pueden ser pasibles de ningún tipo de sanción al respecto. Por ello, dados los cambios acaecidos en la forma de estos delitos, resulta imperioso que nos aboquemos a hacer las modificaciones que sean necesarias para brindar a la justicia las herramientas para responder adecuadamente y resguardar la seguridad pública.
En este sentido, el bien jurídico objeto de protección es la seguridad pública, ya que cuando se cometen los delitos que nos ocupan, no sólo se afecta la propiedad privada, sino que se perturba, sin duda, la seguridad jurídica, el movimiento comercial, la producción nacional y la recaudación impositiva.
Se requiere entonces, una rápida respuesta, que acompañe a las desavenencias que viene soportando el sector que más divisas le entrega al país; el sector que más puestos directos e indirectos de trabajo conforma; el sector que siempre está dispuesto a dar y a sostener a la economía nacional.
Es por ello que este Proyecto propone una modificación necesaria al Código Penal, para que los mencionados delitos sean considerados como tales. Es así que el incendio y / o la destrucción de cereales en parva, gavillas o bolsas, silobolsas, tolvas y / o diferentes sitios y / o unidades de almacenamiento de granos, o de los mismos todavía no cosechados y toda clase de reserva de granos y/o forrajes sean penados como delitos contra la seguridad pública, no excarcelables, al otorgarse una pena mínima de tres años y un máximo de diez, conforme al estrago sufrido y pergeñado en establecimientos rurales.
Una sociedad jamás puede crecer sino distingue a los hombres de bien de los delincuentes y a estos, los condena, conforme el daño que generan.
Buenos Aires, 26 de marzo (PR/21) .– El gobierno de Formosa, a cargo de Gildo Insfrán, utilizó “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del COVID-19?, indicó un informe de Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins, la institución académica que se convirtió en una referencia mundial durante la pandemia.
Con un análisis crítico, las entidades norteamericanas corroboraron que más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstanciasque, en muchos casos, “podrían considerarse detenciones arbitrarias”; y que la intervención del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, no fue exhaustiva ni priorizó “documentar las violaciones de derechos humanos” durante las protestas que culminaron en represión y detenciones.
La conclusión surge de un relevamiento que realizó Human Rights Watch entre enero y marzo de 2021, con 45 entrevistas telefónicas. De ese grupo, 30 estuvieron confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, mientras que el resto fueron médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. Según esos testimonios recogidos, la mayoría “temía sufrir represalias”.
Human Rights Watch cuestionó que el gobierno formoseño haya “restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el COVID-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.
Una de las críticas centrales apuntó a que las autoridades de Formosa mantuvo a personas recluidas, con resultados positivos de Covid-19, junto con otras que contaban con resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. “En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, apuntaron.
Además, el reporte recuerda que los “centros de atención sanitaria” o de aislamiento “se crearon para individuos con un resultado positivo y síntomas leves o que son asintomáticos”. En el caso de Formosa, estos establecimientos impedía salir a las personas que estaban “bajo constante vigilancia policial, y, en algunos casos, fueron encerradas en sus habitaciones”.
También se mezclaban a las personas que compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños. “Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo”, indicaron.
Human Rights Watch tuvo acceso a un formulario titulado “Consentimiento informado y previo” para casos positivos que se estableció en el Estadio Cincuentenario. El formulario indicaba que el gobierno se “eximía” de responsabilidad por lo que pudiera sucederles a las personas allí retenidas. Por su carácter obligatorio, la disposición implicaba una “privación de la libertad”.
“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al COVID-19?, expresó Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”, completó.
La represión en Formosa contra las protestas en rechazo a la vuelta a la Fase 1.
El caso de Clorinda
El documento de la entidad norteamericana de derechos humanos señala como hecho testigo de la dureza de las restricciones el caso de Zunilda Gómez, de 33 años, quien cursaba el tercer mes de embarazo de su cuarto hijo cuando, el 19 de diciembre, la policía se llevó a su familia de su vivienda en la ciudad de Clorinda. Las autoridades terminaron encerrando a la mujer y a sus tres hijos, de 12, ocho y cinco años, en una habitación de hotel. El 5 de enero, Gómez pidió ayuda y fue trasladada a un hospital: había sufrido un aborto espontáneo. Sus hijos permanecieron aislados en el hotel hasta el día siguiente.
Su esposo, que fue trasladado a un centro de aislamiento a 120 kilómetros de distancia tras resultar positivo, se enteró de la pérdida del embarazo cuando lo llamó un familiar.
Entre agosto de 2020 y marzo de 2021, las autoridades formoseñas impusieron en Clorinda un “bloqueo sanitario”, donde suspendieron el transporte público y exigieron que todos quienes pretendan salir de la ciudad presenten una prueba negativa de Covid-19 y obtengan autorización de la policía, lo que impidió la posibilidad de una atención médica adecuada, ya que los tratamientos son escasos en la ciudad.
CORONAVIRUS-FORMOSA-CIRCULACIÓN El gobierno de Formosa dispuso hoy restringir la circulación interurbana ante el aumento de los casos de coronavirus en localidades del oeste provincial y la fronteriza ciudad de Clorinda, por lo que monitorean la situación en distintos puntos de la provincia, ya que en el departamento Matacos se estableció un bloqueo sanitario y la vuelta a Fase 1, de aislamiento social. (Télam)
La intervención de Pietragalla y los abusos policiales
El texto también repasa la vulneración a la libertad de prensa y el uso de la violencia policial en Formosa. En particular, se recuerda el impedimento de los periodistas de informar y entrar en la provincia, la aplicación de una “fuerza excesiva contra las personas que protestaron” por las restricciones excesivas por el COVID-19, y detuvieron y procesaron penalmente a algunas de ellas.
“Conforme al derecho internacional, ciertos derechos básicos, tales como el derecho a no sufrir tratos crueles o inhumanos, no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia. Las restricciones de otros derechos, como el derecho a la libertad y la libertad de circulación, expresión y asociación, podrían resultar permisibles en un contexto de emergencia de salud pública como el que supone una pandemia, pero deben tener un claro fundamento legal, ser estrictamente necesarias y proporcionadas para el objetivo de salud pública que se persigue, tener una duración limitada, estar sujetas a revisión, y su aplicación en la práctica no puede ser arbitraria ni discriminatoria”, resalta Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins.
Representantes de la ONG norteamericana se reunieron el 15 de marzo con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y solicitó información al gobierno local y la Procuraduría General de la Nación.
Según la información brindada por la oficina de Pietragalla, la secretaría de Derechos Humanos “solamente visitó la ciudad capital de Formosa y no se trasladó hasta Clorinda”. “Aunque las autoridades de Formosa confirmaron a Human Rights Watch que habían establecido 188 centros de aislamiento y cuarentena en la provincia, el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solamente visitó 4 centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en dos. En el Estadio Cincuentenario, el centro más grande, entrevistaron a personas encargadas de la atención sanitaria del lugar, pero no a individuos confinados allí”.
De acuerdo a ese descargo del secretario de Derechos Humanos, Pietragalla informó que su rol fue “promover un diálogo entre las autoridades sanitarias nacionales y provinciales”, lo que contribuyó a que “el gobierno de Formosa adoptara nuevos protocolos en febrero, así como al cierre del Estadio Cincuentenario”.
La reunión de Horacio Pietragalla y el gobernador de Formosa Gildo Insfrán.
“Estas medidas positivas sólo podrán contener la propagación del Covid-19 y contribuir a proteger los derechos humanos si se implementan de manera adecuada, pero las evidencias recolectadas por Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins indican que siguieron produciéndose abusos”, planteó el comunicado de la ONG.
Además, se recordó el polémico pronunciamiento de Pietragalla que condenó la “violencia ejercida por integrantes de la policía”, en el que apuntó también a la “campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos”. Frente a esos hechos, Human Rights Watch recomendó que el presidente Alberto Fernández avance en la designación del titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un órgano cuya estructura es independiente del poder ejecutivo y podría documentar y denunciar abusos.
“La respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas, señalaron Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins”, concluyó el comunicado.
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CORONAVIRUS-FORMOSA-CIRCULACIÓN El gobierno de Formosa dispuso hoy restringir la circulación interurbana ante el aumento de los casos de coronavirus en localidades del oeste provincial y la fronteriza ciudad de Clorinda, por lo que monitorean la situación en distintos puntos de la provincia, ya que en el departamento Matacos se estableció un bloqueo sanitario y la vuelta a Fase 1, de aislamiento social. (Télam):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/SH7YIBMXGVETTANUYHPBY2TA5U.jpg)
La reunión de Horacio Pietragalla y el gobernador de Formosa Gildo Insfrán.
