Eliminar las retenciones, Ingresos Brutos o el impuesto al cheque suena a sentido común. Pero un análisis muestra que, sin animarse a una reforma más profunda, esa promesa puede demorar entre una y dos décadas en cumplirse.
Buenos Aires, jueves 9 de julio (PR/26) –Casi nadie discute el diagnóstico: la Argentina necesita ordenar su sistema tributario cuanto antes. El país no puede crecer con impuestos que le quitan competitividad a la producción y desalientan la inversión.
Los principales sospechosos ya son conocidos: derechos de exportación, impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales que gravan las ventas. Son los impuestos más distorsivos de la economía.
El problema es que no se pueden borrar de un plumazo: entre todos representan más del 7% del PBI en recaudación, y son la principal fuente de financiamiento de Nación, provincias y municipios.
Ahí aparece la segunda premisa, tan lógica como la primera: ninguna baja de impuestos puede poner en riesgo el equilibrio fiscal. Después de años de descontrol, regalar alivios sin financiamiento sería un boomerang.
Un plan que choca con la realidad del gasto
La idea que más adeptos consigue es la más intuitiva: primero bajar el gasto público, después usar ese ahorro para compensar lo que se deje de recaudar. Es lo que se conoce como “gradualismo tributario”.
El inconveniente es que las cuentas públicas ya no dan mucho más margen. El gasto se redujo de manera inédita desde 2023, y ese esfuerzo apenas alcanzó para un equilibrio fiscal muy ajustado.
No es que falte voluntad de ajustar. Es que el desequilibrio heredado era gigante, y sus secuelas van a seguir pesando durante mucho tiempo.
Hacia adelante, el margen para nuevos recortes es cada vez más angosto. Y hay un actor que juega en contra: el gasto previsional, que se lleva una porción enorme del presupuesto nacional y de al menos 13 provincias.
Mientras la reforma previsional siga esperando en un cajón, mantener el gasto total a raya de la inflación va a exigir un esfuerzo de austeridad cada vez mayor.
Crecer para pagar la cuenta: ¿cuánto hay que esperar?
Si el ajuste del gasto ya no alcanza, queda la otra vía: que el crecimiento económico amplíe la base imponible y genere más recaudación, sin tocar el gasto.
Una simulación permite ponerle números a esa apuesta. En un escenario optimista, con un crecimiento sostenido del 3,3% anual, algo que la Argentina nunca logró sostener en las últimas décadas, los plazos igual son largos.
A nivel nacional, harían falta 11 años de crecimiento ininterrumpido para compensar lo que se dejaría de recaudar al eliminar retenciones e impuesto al cheque.
Si se prioriza el campo, los productores agropecuarios tendrían que esperar casi 4 años para ver eliminadas las retenciones, y otros 7 años más para que desaparezca el impuesto a las transferencias bancarias.
Las provincias, la parte más difícil del rompecabezas
El panorama se complica todavía más al bajar a las provincias, donde Ingresos Brutos y Sellos son pilares de la recaudación local.
Aun congelando el gasto provincial y destinando todo el aumento de la coparticipación a compensar esa baja, los plazos se estiran mucho más allá de una década.
Se necesitarían aproximadamente 14 años en Santa Fe y Mendoza, 16 años en Córdoba y casi 20 años en la provincia de Buenos Aires.
La austeridad no alcanza: hace falta audacia
Nada de esto pone en duda que haya que sostener la prudencia fiscal. El punto es que, incluso siendo prudentes, ese camino solo no alcanza para bajar los impuestos que más dañan a la producción en plazos razonables.
El caso más claro es el de los impuestos que gravan las ventas: hoy un mismo hecho económico paga tres veces, con IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales.
Avanzar hacia un “Súper IVA” permitiría recaudar lo mismo con un impuesto más neutral, transparente y fácil de fiscalizar, reduciendo la evasión y el daño sobre la competitividad.
Con la misma lógica, se podrían eliminar rápido los derechos de exportación mejorando el cobro de Ganancias y Bienes Personales, sin resignar ingresos fiscales.
Estas reformas exigen acuerdos políticos complejos y mucho trabajo técnico. Pero es la manera de no repetir el fracaso del Consenso Fiscal de 2017, que no falló por falta de voluntad, sino por apostar todo al gradualismo.
Confiar en que el crecimiento por sí solo compense la baja de impuestos es, como ya demostró esa experiencia, una apuesta demasiado riesgosa.
