Mar 30, 2026 | Actualidad, Columnas, Política
A semanas del fuerte discurso ético de Javier Milei ante el Congreso, el «caso LIBRA» y las inconsistencias patrimoniales en el entorno oficialista ponen en jaque la promesa de excepcionalidad libertaria. Entre el ajuste económico y el desgaste judicial, el Gobierno enfrenta el desafío de no terminar pareciéndose a la «casta» que juró combatir.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, lunes 30 marzo (PR/26) — El 1 de marzo, Javier Milei decidió que no bastaba con gobernar: había que predicar. Subió al Congreso no como jefe de Estado sino como apóstol de una nueva moral pública. Durante noventa minutos desplegó una catequesis libertaria donde la economía y la ética eran indistinguibles, donde el mercado no solo asignaba recursos sino también virtudes. Citó a Ulpiano, habló de justicia como si fuera una función matemática y prometió una Argentina donde hacer lo correcto sería, finalmente, rentable.
Era un discurso ambicioso. También era, visto en perspectiva, un acto de riesgo.
En efecto, cuando un presidente decide elevar la vara moral de su gobierno, deja de competir contra sus adversarios y empieza a competir contra sus propios hechos. Tres semanas después, esa revolución ética ya no se mide en promesas sino en inconsistencias.
El caso LIBRA dejó de ser una incomodidad marginal para convertirse en un problema estructural. No por su espectacularidad —Argentina tiene tolerancia alta al escándalo— sino por su densidad. Llamadas en momentos críticos. Documentos que aparecen después de haber sido negados. Transferencias sugeridas, borradores sospechosamente oportunos, reuniones que no figuran pero que ocurrieron. No es un escándalo limpio. Es peor: es un escándalo viscoso.
El Gobierno ensayó todas las respuestas previsibles. Primero, la negación. Después, la minimización. Finalmente, la estrategia más sofisticada: la saturación. Convertir el caso en una nube de información tan espesa que resulte imposible distinguir qué es central y qué es accesorio. Y en ese barro, apostar al desgaste.
Pero hay un problema con esa táctica: funciona cuando hay un solo frente abierto. No cuando los frentes empiezan a acumularse. Si bien LIBRA se estira en los tiempos judiciales, aparece otra dimensión del problema: la cotidiana. La que no necesita millones de dólares ni operaciones internacionales. La que alcanza con una declaración jurada incompleta y un vuelo mal explicado.
Ahí entra Manuel Adorni, convertido en mucho más que un vocero. Su evolución política es, en sí misma, un síntoma: de cara mediática a engranaje central. Y en ese salto, también cambian las exigencias.
Las propiedades que no aparecen, los gastos que no cierran, los vínculos comerciales que rozan —o cruzan— zonas de conflicto de intereses. Nada de esto sería extraordinario en otro gobierno. Ese es, precisamente, el problema. Porque este no era “otro gobierno”.
La promesa fundacional del mileísmo no era solo eficiencia. Era excepcionalidad. No venían a administrar mejor el mismo sistema: venían a romperlo. A reemplazar la lógica de la política tradicional por una ética distinta, superior, inmune a las tentaciones del poder.
Dos años después, la anomalía no es la corrupción. Es la normalización. El oficialismo insiste en que todo es parte de una operación. Y, como toda buena narrativa política, tiene algo de cierto: siempre hay operaciones. Pero también hay hechos. Y cuando los hechos empiezan a repetirse, dejan de ser excepciones y pasan a ser patrón.
El caso LIBRA, las inconsistencias patrimoniales, los vuelos financiados por terceros, las consultoras vinculadas al Estado. Cada elemento por separado puede explicarse, relativizarse o incluso desmentirse. El problema es la suma. La política no se define por un dato. Se define por la tendencia. Y la tendencia empieza a ser incómoda.
En paralelo, la Justicia avanza con una parsimonia que ya no sorprende, pero sí condiciona. El fiscal Eduardo Taiano parece moverse en otra temporalidad, una donde los meses no pesan y los expedientes no urgen. La lentitud no es nueva, pero en este contexto adquiere otra lectura: no es solo ineficiencia, es funcionalidad. Cada día que pasa sin definiciones es un día ganado para el Gobierno. El mileísmo, que llegó denunciando la connivencia entre política y Justicia, empieza a beneficiarse de ella. No necesariamente por diseño, pero sí por resultado.
Mientras tanto, la economía —ese territorio donde Milei se sentía invencible— empieza a mostrar fisuras. El rebote inicial ya quedó atrás y lo que emerge es algo más complejo: una estabilización frágil, sostenida más por ajuste que por crecimiento. El cierre de empresas dejó de ser un dato aislado para convertirse en un goteo constante. El consumo no reacciona. El salario real sigue corriendo detrás de los precios. Y la famosa promesa de prosperidad futura empieza a chocar con la paciencia presente.Milei lo dijo sin rodeos: hay sectores que van a desaparecer.El problema es que esos sectores tienen nombre, trabajadores y votos.Dicho de otro modo, la “destrucción creativa” funciona mejor en los libros que en las encuestas.Y las encuestas, lentamente, empiezan a registrar ese cambio de clima. No hay un derrumbe, pero sí un desgaste. No hay rechazo masivo, pero sí dudas crecientes. La imagen positiva deja de ser un activo automático y pasa a ser un capital en disputa.
En este contexto, el discurso moral del 1 de marzo empieza a adquirir un tono involuntariamente irónico. Cuanto más alto se coloca el estándar ético, más visibles se vuelven las desviaciones. Milei habló de “vivir honestamente, sin causar daño a nadie”. Una frase potente, casi universal. Pero gobernar implica algo más que formular principios: implica sostenerlos bajo presión.
¿Qué significa “no causar daño” cuando miles pierden su empleo en nombre del equilibrio fiscal? ¿Qué significa “dar a cada uno lo suyo” cuando hay sospechas de beneficios selectivos? ¿Qué significa “moral como política de Estado” cuando el propio Estado aparece envuelto en zonas grises? No son preguntas cómodas.Tampoco son preguntas ideológicas.Son preguntas de consistencia.

Milei no es un político tradicional. Su capital no está en la construcción territorial ni en la negociación parlamentaria. Está en la coherencia discursiva. En la idea de que, a diferencia de los demás, él cree en lo que dice. Por eso, cada contradicción pesa el doble.
El mileísmo puede tolerar errores económicos, incluso retrocesos tácticos. Lo que no puede permitirse es la sospecha de que, en el fondo, es igual a aquello que prometió destruir.
La casta no desapareció. Mutó. Adoptó un nuevo lenguaje, una nueva estética, una nueva justificación teórica. Pero en su funcionamiento empieza a parecerse demasiado a su versión anterior. La diferencia es que ahora se presenta como virtud.
La pureza, en política, es un estándar implacable. No admite matices. No tolera excepciones. No sobrevive al poder. Por eso, la revolución ética de Milei no se está derrumbando en un gran escándalo que la destruya de golpe. Se está desgastando en una serie de pequeñas inconsistencias que, acumuladas, la vacían de contenido. No es una caída. Es una dilución.
Milei todavía tiene tiempo. Tiene poder, tiene base social, tiene narrativa. Pero también tiene un desafío que no se resuelve con tweets ni con discursos: alinear lo que dice con lo que hace. Porque en política, a diferencia de la economía, no todo se ajusta.Hay cosas que, una vez que se pierden, no vuelven.Y la confianza es una de ellas.
Visto así, la revolución ética, si alguna vez existió fuera del discurso, empieza a parecerse cada vez más a una promesa que se ahogó antes de aprender a nadar.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
(Autor del libro La Reforma laboral que no fue, que se puede descargar en este portal)
Primicias Rurales
Mar 26, 2026 | Actualidad, Agua, Economía / Economía del Agro, Política
Continúa el debate por la reforma con cuestionamientos judiciales, protestas y advertencias sobre el impacto en las reservas de agua.
Buenos Aires, jueves 26 marzo (PR/26) – Tras una primera jornada tensa, acompañada por protestas en la calle, la audiencia por la reforma a la Ley de Glaciares se reanudará este jueves con una nueva reunión, en este caso virtual, que recogerá las voces de expositores de todo el país.
A partir de las 10 hs, está prevista la realización de la segunda fecha de audiencias públicas, un proceso que enfrenta pedidos de nulidad en la Justicia presentados por sectores opositores a raíz de la limitación impuesta por el oficialismo en el número de oradores.

En un clima de tensión y fuertes protestas de ambientalistas en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados cerró el miércoles la primera audiencia pública, que contó con la participación de un importante número de expositores, la mayoría de ellos con duros discursos contra la minería.
La jornada, que comenzó bien temprano por la mañana bajo la conducción de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, estuvo marcada por fuertes cruces entre algunos de los oradores y diputados opositores.
A lo largo de la jornada la mayoría de los expositores se quejaron de que se haya limitado a 200 oradores provinciales.
El proyecto que se discute ya fue sancionado por el Senado en el período de sesiones extraordinarias y busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

¿En qué consiste la Ley de Glaciares?
La Ley de Glaciares establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. Prohíbe actividades que puedan dañarlos —como la minería o la explotación industrial— y ordena su inventario y monitoreo. Su objetivo central es garantizar el acceso al agua para consumo humano, la agricultura y los ecosistemas.
En este contexto, distintos sectores advierten que la reforma en debate podría debilitar esas protecciones, habilitando intervenciones en zonas sensibles y poniendo en riesgo uno de los principales reservorios de agua del país. Por eso, organizaciones ambientales remarcan que peligra el agua si se reducen los controles actuales.
Primicias Rurales
Fuentes: NA / otras
Mar 26, 2026 | Actualidad, Desarrollo Humano, Política
Los tres países rechazaron la formulación del texto por considerar que introduce categorías jurídicas discutibles y un enfoque que, según sostienen, no contribuye al consenso internacional.
Buenos Aires, jueves 26 marzo (PR/26) – La Argentina fue uno de los tres países que votaron en contra de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que calificó la trata de esclavos y la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia. Los otros dos votos negativos correspondieron a Estados Unidos e Israel.
La iniciativa obtuvo 123 votos a favor y 52 abstenciones, estas últimas provenientes en su mayoría de países del bloque occidental, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.
El texto, impulsado por una coalición de más de 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, condena la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racial de africanos, y sostiene que este sistema de explotación —vigente durante más de cuatro siglos— constituye una violación del derecho internacional que no prescribe. Además, subraya que sus consecuencias siguen afectando a millones de personas en la actualidad.

La resolución coincide con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban y describe a la esclavitud como “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad”, destacando su magnitud, carácter sistémico, brutalidad y efectos persistentes en las estructuras sociales, económicas y raciales.
Asimismo, la Asamblea General solicitó reforzar la cooperación internacional en materia de conmemoración, educación e investigación sobre la esclavitud y sus secuelas.
Argumentos de los países que votaron en contra
Las delegaciones de Argentina, Estados Unidos e Israel coincidieron en cuestionar aspectos conceptuales y políticos del texto.
Desde la posición argentina se advirtió que la resolución introduce una jerarquización entre crímenes de lesa humanidad —al calificar a la esclavitud como el más grave— que no está contemplada en el derecho internacional vigente y que podría sentar un precedente problemático en términos jurídicos.
También se expresó preocupación por formulaciones que podrían abrir debates sobre reparaciones históricas sin un marco consensuado.
Estados Unidos, por su parte, sostuvo que si bien reconoce plenamente la gravedad histórica de la esclavitud, no acompaña resoluciones que establezcan comparaciones o rankings entre atrocidades, al considerar que todos los crímenes de lesa humanidad son igualmente condenables. Además, manifestó reparos sobre ciertos pasajes que, a su entender, politizan el debate y dificultan el consenso.
Israel también rechazó la iniciativa argumentando que el texto contiene formulaciones que pueden interpretarse como selectivas o parciales en el abordaje de las tragedias históricas.
En esa línea, planteó que la resolución no refleja adecuadamente otras experiencias de persecución masiva y genocidio, y que el lenguaje adoptado no contribuye a una memoria histórica equilibrada.
Primicias Rurales
Fuentes: NA/Otras