El Ejecutivo reorganizó el sistema de control alimentario del país y disolvió el Instituto Nacional de Alimentos. Sus funciones se reparten ahora entre el Senasa, que se queda con la fiscalización, y el Ministerio de Salud, que define la política sanitaria.
Buenos Aires, miércoles 5 agosto (PR/26)–El decreto lleva el número 697/2026 y se publicó este lunes en el Boletín Oficial. Con esta medida, el Instituto Nacional de Alimentos (Inal) deja de existir tal como se lo conocía y sus funciones pasan a otras dos casas.
Por un lado, el Senasa absorbe todo lo que tiene que ver con el registro, el control y la fiscalización de los alimentos en todo el país. Por otro, el Ministerio de Salud concentra la definición de las políticas alimentarias.
La lógica detrás del reparto no es casual: el Senasa ya cuenta con laboratorios, inspectores y presencia territorial en todo el país, algo que el Inal nunca llegó a desarrollar con esa escala. Es una cuestión de capacidad operativa, no de jerarquías.
Menos papeles, más agilidad
Uno de los objetivos centrales de la reforma es simplificar un sistema que hasta ahora obligaba a pasar por controles duplicados. Ahora, la fiscalización de importaciones queda concentrada en un solo organismo.
Además, se reconocerán por equivalencia las certificaciones de aditivos, coadyuvantes tecnológicos e ingredientes que ya cuenten con el aval de países con sistemas de control reconocidos, o que apliquen el Codex Alimentarius. Esto evita trámites redundantes.
También nace una Base Única de Datos, a cargo del Senasa, que centralizará la información de productos y establecimientos. La idea es agilizar la gestión y fortalecer la trazabilidad de los alimentos.
Por primera vez, además, se fija un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino, algo que hasta ahora no tenía un límite temporal definido.
La salud pone la mira en colorantes y saborizantes
El Ministerio de Salud suma a su estructura la definición de política alimentaria que antes manejaba el Inal, con un trabajo centrado en la evidencia científica sobre la composición de los alimentos.
La primera medida de esta nueva agenda apunta a la eliminación de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados, en sintonía con estándares internacionales de alimentación saludable.
Esta función no compite con el trabajo del Senasa, sino que lo complementa: mientras uno fiscaliza que se cumpla la norma, el otro decide qué debe decir esa norma.
Más facilidades para el comercio exterior
La reforma también busca destrabar el comercio de alimentos. Se agilizan las importaciones de productos envasados para venta directa, con controles que ahora se realizarán después del ingreso al país, para evitar demoras innecesarias.
Del lado de las exportaciones, los productos deberán cumplir los requisitos del país de destino, y las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional.
Un sistema más parejo entre provincias
El Senasa impulsará convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar hacia un sistema armonizado de registros, requisitos, aranceles y sanciones en todo el territorio.
También se crea un registro único para los establecimientos, con una identificación clara que servirá para la comercialización en todo el país, simplificando así la identificación de cada planta o local.
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Fuente: Rosario3
