Mientras Santa Catarina avanza con justicia en el reconocimiento de una alianza milenaria y única entre el hombre y la naturaleza, la burocracia central asfixia la subsistencia de miles de familias costeras. El contraste entre el aplauso legislativo y la desatención administrativa.
Buenos Aires, martes 2 de junio (PR/26) .- El reciente avance en la Asamblea Legislativa de Santa Catarina (Alesc) para declarar a la pesca colaborativa entre hombres y delfines como patrimonio cultural inmaterial del estado es, sin dudas, un acto de estricta justicia poética y ambiental.
En tiempos donde la relación de la humanidad con su entorno suele medirse bajo la fría lógica de la explotación extractiva, la postal que regalan localidades como Laguna y Passo de Torres conmueve: delfines nariz de botella que, mediante saltos y señales precisas, guían las redes de los pescadores artesanales en una danza simbiótica que ya lleva más de un siglo de historia.
Sin embargo, detrás de la merecida celebración folclórica y del innegable atractivo para el turismo sostenible, late una paradoja incómoda. La misma costa que hoy se enorgullece de su identidad marina es el escenario de una silenciosa crisis de subsistencia provocada por el propio peso del Estado.
El debate en la Comisión de Pesca dejó al descubierto el verdadero cuello de botella que enfrentan las comunidades costeras.
Mientras los diputados aprueban de forma unánime leyes de protección cultural —una iniciativa impulsada por el diputado Sérgio Guimarães que refuerza el estatus ya conferido a nivel nacional por el Iphan—, la realidad cotidiana de los pescadores se choca de frente contra una muralla burocrática llamada Registro General de la Actividad Pesquera (RGP).
La denuncia de los representantes artesanales es alarmante: el bloqueo y la cancelación de licencias debido a fallas sistémicas y rigideces de la plataforma federal están dejando a cientos de familias sin el sustento básico y, lo que es peor, sin acceso al seguro de desempleo durante los períodos de veda.
Resulta contradictorio que en plena temporada de la tainha (lisa), que se extiende con fuerza de mayo a julio, los trabajadores del mar deban preocuparse más por sobrevivir a las trabas de un algoritmo estatal diseñado para combatir el fraude que por la faena misma.
Nadie cuestiona la necesidad de fiscalizar y transparentar los recursos públicos. El problema radica en que los tiempos de la burocracia ministerial no coinciden con los ciclos de la naturaleza ni con las necesidades de la mesa familiar.
Santa Catarina cuenta con más de 31,000 pescadores activos, y tener cientos de registros bajo revisión eterna es una condena directa a la informalidad o a la desprotección social.
La conservación ambiental y la identidad cultural no se sostienen únicamente con decretos de patrimonio; se garantizan asegurando la dignidad socioeconómica de quienes ejecutan ese saber ancestral.
El proyecto de ley ahora pasará a la Comisión de Educación y Cultura. Es de esperar que el trámite sea rápido y favorable.
Pero si los gobiernos (tanto estatal como federal) no logran aceitar los mecanismos de regularización técnica y asistencia social, corremos el riesgo de transformar a la pesca artesanal en una pieza de museo: una hermosa postal de cincuenta delfines colaborando con redes vacías de pescadores legalmente invisibles.
La identidad no se declama, se sostiene.
