Se vivieron momentos de sumo dramatismo este martes en la concurrida autopista debido a las tormentas e inundaciones.
Buenos Aires, miércoles 24 diciembre (PR/25) – Un temporal de una intensidad infrecuente sacudió este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), transformando las principales arterias en verdaderos ríos, como ocurrió con la avenida Panamericana, con autos que quedaron completamente inundados.
A pocas horas de los festejos de Nochebuena, la lluvia torrencial provocó escenas dramáticas en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde conductores debieron ser evacuados tras quedar atrapados por el avance repentino del agua, según supo la Agencia Noticias Argentina.
El fenómeno meteorológico de este 23 de diciembre combinó ráfagas de viento, una fuerte actividad eléctrica y una descarga de agua masiva en apenas unos minutos. El resultado fue un colapso inmediato en el sistema de drenaje de accesos clave, sumado a complicaciones en el transporte aéreo y reportes de granizo en diversos puntos del conurbano.
El punto más crítico se registró en la Autopista Panamericana, a la altura de la calle Thames, en el límite entre Boulogne y Villa Adelina. En ese sector, el anegamiento fue tan severo que varios vehículos quedaron sumergidos casi por completo.
Especialistas, organizaciones ambientales y entidades científicas manifestaron un contundente rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley de Glaciares (Ley 26.639), al considerar que implica un retroceso en la protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país.
Buenos Aires, 21 de diciembre (PR/25) .- Las críticas se expresaron durante una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, realizada el miércoles en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.
En un trámite calificado como “exprés”, el oficialismo logró dictamen favorable en apenas dos días, pese a la oposición mayoritaria de especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Aunque inicialmente se había anunciado su tratamiento en el recinto para el 26 de diciembre, la discusión parlamentaria se retomaría recién a comienzos de febrero.
Un cambio estructural en la protección ambiental
Durante el encuentro, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial introduce un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente. En particular, señalaron que debilita el carácter nacional de los presupuestos mínimos ambientales y transfiere a las provincias la facultad de decidir qué glaciares y ambientes peri-glaciares deben ser protegidos, fragmentando criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua.
“La Ley de Glaciares es una ley de presupuestos mínimos, una herramienta constitucional que garantiza un piso uniforme de protección ambiental en todo el país. Este proyecto la desmantela”, advirtió Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Según explicó, la reforma propone reducir el área protegida —que actualmente representa apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar proyectos de megaminería de alta montaña hoy expresamente prohibidos.
“No se trata de una mejora técnica, sino de una adecuación de la ley a proyectos que no podrían avanzar bajo el régimen vigente”, sostuvo.
Crisis climática y advertencias científicas
Desde Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra remarcó que el proyecto contradice principios básicos de la gestión ambiental en un contexto de crisis climática e hídrica.
“Cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan. Plantear que hay glaciares que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”, afirmó. Además, subrayó que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol clave como reservas estratégicas de agua dulce y reguladores del clima.
Las organizaciones también cuestionaron que el proyecto no haya sido elaborado con consulta previa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo científico responsable del Inventario Nacional de Glaciares, creado por la ley vigente y finalizado en 2018, que identificó más de 16.000 cuerpos de hielo en el país.
“El desconocimiento del IANIGLA es inadmisible”, sostuvo Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina. “La minería responsable es posible, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial”, enfatizó.
Un precedente regresivo en derecho ambiental
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale alertó sobre el impacto institucional de la reforma.
“Este proyecto destruye la arquitectura constitucional de las leyes de presupuestos mínimos. Hoy son los glaciares, mañana pueden ser los bosques, los ríos o la Ley General del Ambiente”, señaló ante los senadores.
En la misma línea, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA), denunció una fuerte injerencia del sector minero en la elaboración del proyecto. “Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por un interés económico particular, con participación directa o indirecta de un grupo de gobernadores”, afirmó.
Seguridad jurídica y licencia social
Otro de los ejes del debate fue el argumento económico utilizado por el oficialismo para justificar la reforma.
Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, sostuvo que “los flujos de inversión más importantes se dirigen a países con los estándares ambientales más altos” y que “las empresas que apuestan al largo plazo buscan certidumbres, no libertad absoluta”.
Según las organizaciones, lejos de generar seguridad jurídica, la modificación de la Ley de Glaciares profundizaría la incertidumbre normativa y agravaría la ya frágil licencia social para operar en territorios donde la megaminería enfrenta un fuerte rechazo ciudadano.
Una ley vigente y constitucional
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras años de debate y cuenta con avales judiciales que ratificaron su constitucionalidad, incluso frente a demandas de grandes empresas mineras. Establece la prohibición de actividades que puedan afectar glaciares y ambientes periglaciares, por su función esencial en la provisión de agua para consumo humano, agricultura y ecosistemas.
Al cierre de la reunión, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, concluyeron.
El robot pasó ocho meses incomunicado en el fondo del océano. Ha demostrado ser una opción viable para investigar zonas remotas donde la observación directa es imposible
Uno de los flotadores del robot (Australian Antarctic Division/Pete Harmsen)
Por R. Badillo
Buenos Aires, viernes 12 diciembre (PR/25) — Un robot submarino empleado para estudiar las plataformas de hielo del sector oriental antártico ha reaparecido tras permanecer ocho meses sin comunicación bajo los mantos de Denman y Shackleton
. El dispositivo, integrante del programa internacional Argo, regresó con mediciones inéditas que aportan información esencial sobre la vulnerabilidad del hielo y su influencia en el futuro ascenso del nivel del mar.
El vehículo autónomo llevaba más de dos años y medio desplazándose por corrientes extremadamente frías, recogiendo perfiles oceanográficos con datos de temperatura, salinidad, presión, oxígeno, pH y nitratos.
Estas mediciones fueron utilizadas por investigadores del CSIRO y del Australian Antarctic Program Partnership, que publicaron sus hallazgos en la revista Science Advances, destacando la relevancia científica de acceder a zonas remotas donde la observación directa resulta prácticamente imposible.
El tramo más complejo de la misión se produjo cuando el robot quedó atrapado bajo las plataformas de hielo, imposibilitando su ascenso a la superficie para enviar datos vía satélite. A pesar de esa situación, continuó registrando perfiles desde el fondo marino hasta la base del hielo cada cinco días.
La obtención de este material supone el primer transecto completo realizado bajo una plataforma del este antártico, un avance que permite afinar los modelos climáticos utilizados para proyectar la evolución del sistema polar.
Un análisis técnico sin precedentes
Los registros muestran que la plataforma de Shackleton mantiene una mayor estabilidad, al no estar expuesta a aguas suficientemente cálidas como para favorecer un deshielo acelerado desde su base. En contraste, el glaciar Denman presenta señales de entrada de agua templada bajo su estructura. Los especialistas advierten que pequeñas variaciones en el grosor de la capa cálida podrían incrementar la fusión y desencadenar un retroceso inestable con impacto directo en el nivel del mar.
La transferencia de calor entre el océano y el hielo se produce en un estrecho límite de capa de apenas 10 metros. Este entorno, prácticamente inaccesible sin herramientas autónomas, fue monitorizado por el robot durante su deriva. “Tuvimos suerte”, afirmó Steve Rintoul, quien posteriormente matizó que la fortuna permitió obtener mediciones imposibles de conseguir por métodos tradicionales.
Cuando se recuperó el robot, su ruta tuvo que ser reconstruida a través de un método indirecto. Cada vez que el dispositivo chocaba con la base helada, registraba la profundidad del hielo. Los investigadores compararon esos valores con imágenes satelitales para determinar el recorrido exacto del aparato. Este trabajo, descrito por los responsables como un proceso “detectivesco”, permitió situar espacialmente cada medición recogida durante los ocho meses de deriva oculta.
Clave para proyectar la evolución del hielo antártico
Los autores del estudio subrayan que las mediciones obtenidas permiten mejorar la representación de los procesos de fusión en los modelos climáticos. En este sentido, Rintoul señaló que “el despliegue de más flotadores a lo largo de la plataforma continental antártica transformaría nuestra comprensión sobre su vulnerabilidad frente a los cambios en el océano”.
Según la profesora Delphine Lannuzel, quien participó en campañas oceanográficas en la zona, “dada la inmensidad de una región tan salvaje, esta es una historia asombrosa”.
La investigadora destacó que un instrumento de pequeñas dimensiones ha logrado recopilar información imposible de obtener hasta ahora. El conjunto de estos datos permitirá evaluar con mayor detalle la estabilidad de las plataformas de hielo orientales y anticipar escenarios de riesgo para las zonas costeras habitadas.
La medida fue propuesta por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios en atención a la Ley Nº 26.509.
Buenos Aires, jueves 11 diciembre (PR/25) — El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para diversas zonas productivas de la provincia de Buenos Aires, afectadas por inundaciones.
La recomendación se formalizó durante la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), el pasado 20 de noviembre, donde se realizó un análisis técnico sobre el fenómeno climático y sus impactos en el sector agropecuario que motivaron la solicitud de emergencia y/o desastre agropecuario por parte de la provincia.
En este sentido, se convalidó el decreto provincial N° 2.779, de fecha 8 de noviembre de 2025, que prorroga el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundación para las circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del partido de Veinticinco de Mayo; y para las circunscripciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del partido de Saladillo, durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
Asimismo, se convalidó el decreto provincial N° 2.780 de fecha 8 de noviembre de 2025 que declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario también por inundación, por el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, para las circunscripciones V, VI y VII del partido de Bragado; para las circunscripciones IV, V y VI del partido de Veinticinco de Mayo; para las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV y XV del partido de Lincoln; las circunscripciones I y II del partido de Saladillo; las circunscripciones I, II, III, IV, V, VI y VII del partido de General Belgrano; las circunscripciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del partido de Azul; las circunscripciones II, III, IV, V, VI y VII del partido de Pila; y la circunscripción VI del partido de Bolívar, del territorio bonaerense.
La reunión de la CNEyDA contó con la participación de representantes de organismos nacionales como el INTA, el SMN, el Banco Nación, el Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, así como delegados de las principales entidades agropecuarias (CRA, FAA, CAME, SRA, CONINAGRO, FONAF) y representantes de la provincia.
Inundaciones en Buenos Aires: contexto y afectación
Desde mediados de 2025, varias regiones productivas del sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires vienen sufriendo intensas lluvias e inundaciones que provocaron anegamientos persistentes de campos, caminos rurales cortados, retrasos en la siembra y la cosecha, daños en alambrados y pérdidas de infraestructura productiva.
Estas condiciones impactaron especialmente a los cultivos de soja, maíz, trigo y pasturas, así como a la producción ganadera, al impedir el acceso de maquinarias y el traslado de hacienda.
Además, la saturación hídrica afectó a productores de distintos tamaños, con sectores del sudeste y centro de la provincia entre los más comprometidos.
Organismos oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el INTA señalaron que la persistencia del fenómeno está asociada a patrones de circulación que favorecieron precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del territorio bonaerense durante la primavera y principios del verano, generando suelo saturado y desbordes en cuencas menores y principales.
Esto agravó la evacuación del agua acumulada, especialmente en zonas deprimidas de los partidos más afectados.
Qué dispone la Resolución 1974/2025
La Resolución 1974/2025, emitida por el Ministerio de Economía de la Nación, formaliza la declaración de estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación para determinadas circunscripciones rurales de la provincia de Buenos Aires, en aplicación de la Ley N.º 26.509 (que regula situaciones de emergencia y desastre agropecuario).
Los puntos principales de la resolución son:
Convalidación de decretos provinciales:
Aprueba el Decreto Provincial N° 2.779/2025, que prorroga el estado de emergencia y/o desastre por inundación para circunscripciones del partido de Veinticinco de Mayo y Saladillo, por el período del 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.
Aprueba el Decreto Provincial N° 2.780/2025, que declara estado de emergencia y/o desastre por inundación para una serie de circunscripciones de los partidos de Bragado, Veinticinco de Mayo, Lincoln, Saladillo, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar, también para el mismo período.
Alcance territorial: La declaración alcanza a múltiples circunscripciones rurales de los partidos más afectados por las inundaciones, abarcando una porción significativa de la región agrícola bonaerense. Esto habilita a los productores dentro de esas zonas a acceder a los beneficios previstos por la normativa.
Beneficios contemplados para los productores: Si bien el texto de la resolución articula y oficializa la emergencia, la aplicación práctica de la Ley N.º 26.509 habilita medidas como:
Plazos especiales y readecuación de deudas con organismos públicos y privados vinculados a la actividad agropecuaria.
Exenciones o diferimientos impositivos para productores afectados.
Acceso prioritario a líneas de financiamiento y asistencia técnica a través de organismos como el Banco Nación y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Apoyo para recomposición de infraestructura dañada (cercos, caminos rurales, tajamares), en coordinación con los gobiernos provincial y municipal.
Participación técnica y consensuada: La resolución se apoya en el análisis realizado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), donde participaron representantes del INTA, SMN, Banco Nación, Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y principales entidades agropecuarias (CRA, FAA, CAME, SRA, CONINAGRO y FONAF), validando la severidad del impacto y la necesidad de declarar la emergencia.
Por primera vez en 14 años, la Legislatura mendocina avanzó con una ley que habilita la explotación de cobre en Uspallata. La decisión desató una de las movilizaciones sociales más grandes desde 2019, con marchas que recorrieron más de 100 kilómetros en defensa del agua. Organizaciones, asambleas y especialistas denuncian que el proyecto no cuenta con licencia social y que pone en riesgo el recurso más escaso y vital de la provincia.
Mendoza, jueves 11 diciembre (PR/25) — Mendoza vivió en las últimas horas un nuevo capítulo de un conflicto que atraviesa a la provincia desde hace décadas: la tensión entre la minería metalífera y la defensa del agua.
Con 29 votos a favor, seis en contra y una abstención, el Senado provincial aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, habilitando así la explotación de cobre en Uspallata.
La decisión cayó como un balde de agua fría en el corazón del movimiento socioambiental.
Desde Uspallata, Valle de Uco, San Rafael, Lavalle y distintos puntos de la provincia, miles de personas marcharon hasta la capital para frenar el avance de la iniciativa. La caminata más extensa, de más de 100 kilómetros, llegó a las puertas del Senado en medio de cánticos, banderas celestes y consignas históricas: “El agua de Mendoza no se negocia”.
“Es impresionante ver que nuestras democracias están tan enfermas”
Daniel Funes, referente provincial de la Asamblea por el Agua Pura, fue una de las voces más escuchadas durante la vigilia frente al edificio legislativo. Con la emoción quebrada, expresó: “Los legisladores del pueblo, que deberían representar la voluntad de la gente, abiertamente se declaran funcionarios del Estado provincial. Defienden los intereses del Ejecutivo. Es gravísimo”.
Funes llegó a la marcha tras dos días prácticamente sin dormir, caminando desde Uspallata con cientos de vecinos. Para él, el contraste entre la masividad de la protesta y la indiferencia legislativa es doloroso. “La alegría fue ver que el agua vuelve a unir a Mendoza, más allá de grietas políticas. Pero la tristeza es enorme: nos demuestran que pueden votar contra la gente sin consecuencias”.
Una provincia que marchó unida por un recurso que vale más que el cobre
El rechazo social al proyecto San Jorge no es nuevo. En 2019, una movilización histórica logró frenar la modificación de la Ley 7.722, que prohibía sustancias químicas peligrosas en minería. Para muchos, lo ocurrido esta semana revive ese antecedente.
En esta ocasión, la protesta tuvo un eje aún más claro: la defensa del agua. Mendoza tiene sólo un 4% de territorio irrigable. La vida del oasis —económica, agrícola y urbana— depende del equilibrio hídrico de sus ríos y glaciares. Por eso, cualquier proyecto minero en zonas de nacientes despierta alarma.
“Un solo proyecto pone en riesgo el agua de 1.400.000 personas”, advirtió Funes. Instituciones como el Conicet, la Universidad Nacional de Cuyo e incluso organizaciones religiosas cuestionaron la solidez del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por los legisladores. Según los especialistas, el documento tiene inconsistencias técnicas y no responde a estándares mínimos de evaluación.
Represión, estigmatización y un conflicto que crece
La protesta llegó también cargada de memoria reciente. En octubre, durante otra movilización contra la minería, la policía provincial detuvo a dos manifestantes durante 50 horas sin explicar los motivos. Las imágenes mostraron golpes y detenciones arbitrarias.
“El gobierno ha desplegado una estrategia de estigmatización de la protesta, intentando instalar que el silencio social es licencia para avanzar”, denunció Funes.
A pesar de ese clima, las marchas de esta semana exhibieron una masividad inesperada, con familias, productores, docentes, jóvenes, adultos mayores y organizaciones sociales reclamando en un mismo grito: “El agua vale más que el cobre”.
La postura del Gobierno: inversión y “uso controlado del agua”
Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo
Mientras la protesta crecía, el Gobierno y la empresa PSJ Cobre Mendocino celebraban la aprobación legislativa. Aseguran que el proyecto contempla una inversión inicial de USD 559 millones y la creación de hasta 3.900 puestos de trabajo en la etapa de construcción.
La empresa también sostuvo que el proceso usará flotación mecánica con reactivos biodegradables, recirculará el 80% del agua y no afectará los cauces de uso humano ni agrícola.
Sin embargo, especialistas como el abogado ambientalista Enrique Viale advierten que estos proyectos se aprueban “sin licencia social, con antecedentes negativos en la provincia y ubicados en cabeceras de ríos fundamentales como el Mendoza”. Y remarcan que en provincias con megaminería, como Catamarca y San Juan, los indicadores de pobreza no han mejorado.
El agua como límite social y político
La votación legislativa marca un giro político, pero la calle parece indicar otra cosa. La memoria ambiental de Mendoza es profunda y activa: cada vez que una decisión amenaza el recurso hídrico, la sociedad reacciona.
La imagen de miles de personas caminando desde Uspallata, atravesando la montaña a pie para defender el agua, resume esa identidad colectiva. Para muchos, la sanción de la norma no cierra el conflicto: lo abre.
La pregunta que resuena hoy en la provincia es la misma que hace 15 años:
¿Puede Mendoza habilitar minería metalífera sin poner en riesgo su recurso más escaso y vital?
A juzgar por las movilizaciones, la respuesta de gran parte de la sociedad mendocina sigue siendo la misma:
Vecinos y ambientalistas de toda la provincia protestarán en la Legislatura contra la
Vecinos de Mendoza rechazan proyecto minero de cobre.
Agencia NA (Redes)
Buenos Aires, martes 9 diciembre (NA) – La Asamblea por el Agua de Uspallata inició la «Gesta Libertadora por el Agua», una caravana a pie que se dirige hacia la capital provincial, donde mañana la Legislatura buscará aprobar el proyecto minero San Jorge.
El objetivo de la movilización es presionar al Senado provincial para que rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro, que este lunes que acompañado por el presidente Javier Milei, supo la Agencia Noticias Argentinas.
El punto central fue la aprobación de Diputados de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino —también conocido como San Jorge—, que prevé una inversión de u$s 559 millones para la explotación de cobre en Uspallata.
Tras pasar la instancia de Diputados con 32 votos a favor y 13 en contra, la definición final queda en manos del Senado provincial, que tratará el expediente este 9 de diciembre.
La movilización comenzó alrededor de las 8 de este lunes en la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada: “El agua de Mendoza no se negocia”.
Un recorrido de más de cien kilómetros
La caravana seguirá un extenso recorrido de dos días hasta la Legislatura provincial:
Ruta 7: Avanzará hasta la localidad de Potrerillos.
Ruta 82: Continuará por el perilago, atravesando Cacheuta, Blanco Encalada y Luján de Cuyo, para llegar a la capital el martes.
A lo largo del trayecto se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros con agua, alimentos y zonas de descanso, permitiendo que más personas se sumen a la caminata, en bicicleta o en vehículo.
La convocatoria es abierta y ya cuenta con adhesiones confirmadas de asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este de Mendoza, que realizarán caravanas paralelas para unificar las fuerzas en defensa del agua.
Lo que está en juego es una explotación de la minería metalífera a gran escala, de oro y cobre, que atraviesa la cuenca del Río Mendoza y abastece a una población de 1,5 millones de habitantes, a más de 9.000 industrias y riega 250 mil hectáreas de cultivo.
“El agua no se negocia”, la caravana de protesta en Mendoza.
Agencia NA (Redes)
El debate sobre San Jorge
Los manifestantes sostienen que el proyecto San Jorge -recientemente rebautizado como PSJ Cobre Mendocino- representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello, exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa.
Esta movilización se consolida como una de las protestas más significativas del movimiento ambientalista mendocino desde las masivas manifestaciones de 2019 por la Ley 7722.
Se espera que la llegada a la Legislatura se produzca esta mañana, justo cuando los senadores inicien el debate sobre la DIA del proyecto minero.
El respaldo de Milei
El Presidente destacó el proyecto de San Jorge y dijo que “traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre”.
«Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”, enfatizó el jefe de Estado, al cuestionar al peronismo.
