Oct 16, 2026 | Actualidad, Agricultura, Agua, Especial
Un equipo del INTA Manfredi probó durante cuatro años un sistema de riego por goteo enterrado alimentado con paneles solares en trigo, soja y maíz. Los ensayos dejaron cifras concretas de caudal, potencia y horas de uso para proyectar instalaciones según la superficie y el cultivo.
Buenos Aires, Viernes 16 octubre (PR/26)– ¿Cómo regar un campo que no tiene acceso a la red eléctrica? Un equipo de especialistas del INTA Manfredi encontró una respuesta: un sistema de riego enterrado por goteo para cultivos extensivos, alimentado con paneles solares y sin conexión a la red, lo que se conoce como sistema off grid.
La propuesta apunta a establecimientos que no disponen de electricidad o a lugares donde extender el tendido resulta demasiado costoso. El estudio permitió avanzar en la definición de los parámetros para implementar estos sistemas, desde el caudal necesario por hectárea hasta la potencia de la bomba y del parque fotovoltaico, además de las horas de riego disponibles a lo largo del año.
El tema formó parte de la 9.ª Reunión Internacional de Riego y la 3.ª Exporiego, que se realizó el 14 y 15 de octubre en el INTA Manfredi, Córdoba. El encuentro incluye actualizaciones técnicas e intercambio de experiencias en innovaciones de sistemas de riego, energía, automatización y agricultura de precisión.
Off grid y on grid: dos maneras de aprovechar el sol
Ignacio Severina, investigador del INTA Manfredi, explicó que el esquema off grid está pensado para campos sin acceso a la red. “Muchas veces llevar la electricidad hasta el establecimiento tiene un costo muy alto”, señaló.
En los sistemas on grid (conectados a la red), en cambio, los paneles complementan el suministro convencional y permiten reducir entre un 20 y un 30 % el costo de la energía.
Más de una década investigando el goteo enterrado
En el INTA Manfredi se investiga el riego por goteo enterrado desde 2012. En una primera etapa se utilizaron equipos eléctricos.
En 2022, mediante un convenio de vinculación tecnológica con Tonka Solar y Rivulis-Conci, se reemplazó una de las dos bombas de la perforación por una bomba solar Lorentz, de origen alemán, y se instalaron los paneles necesarios para abastecerla.
El equipo instalado tiene una bomba que eroga un caudal de 24 metros cúbicos por hora (m³/h) y una potencia de 10 kilovatios (kW) para regar 6 hectáreas, mientras que el parque fotovoltaico alcanza una potencia máxima de 18 kW.
“Esa diferencia permite prolongar el período de uso ante una caída de la radiación, sobredimensionamos el parque solar para tener más horas de riego y poder trabajar también en días nublados”, indicó Severina.
Regar con el sol cambia las reglas del manejo
La fuente de energía también cambió la lógica de manejo. Con electricidad, el riego se activaba de acuerdo con el balance hídrico y la demanda del cultivo.
“La bomba solar, en cambio, comienza a trabajar a partir de un nivel suficiente de radiación y se detiene al oscurecer, regando todos los días del año para aprovechar la luz solar y, de no ser necesario, aplicar al cultivo. En este caso se realizan riegos de recargas del perfil en momentos de baja demanda de los cultivos”, explicó el investigador.
Qué pasó con el trigo, la soja y el maíz
Las seis hectáreas iniciales se dividieron entre dos planteos: tres con rotación trigo y soja de segunda, y otras tres con maíz. Durante los primeros dos años, el objetivo fue determinar la cantidad de lámina posible de aplicar a los cultivos con este sistema, tratando de regar todos los días, y obtener parámetros de diseño como horas de riego mensuales y diarias.
En trigo, la lámina aplicada durante los diez años previos con el sistema eléctrico fue de unos 300 milímetros, frente a 520 milímetros con el sistema solar. En ese período, el rendimiento pasó de 55 a cerca de 70 quintales por hectárea (qq/ha).
“Estamos comparando diez años contra dos, por lo que hay que tomar el dato con cautela. El agua aumentó mucho más que el rendimiento”, advirtió Severina.
En soja de segunda, la lámina pasó de 100 milímetros con el sistema eléctrico a 300 con el solar, mientras que en maíz aumentó de 250 a 500 milímetros. Sin embargo, los rendimientos tuvieron poca variación: la soja se mantuvo en torno de 35 qq/ha y el maíz pasó de 15 a 16 toneladas por hectárea. Se aplicaba mucha más agua, pero la respuesta productiva era muy baja.
“La gran conclusión fue que estábamos aplicando casi el doble de agua y los rendimientos aumentaban poco. Con el sistema eléctrico ya habíamos logrado regar con el agua justa y alcanzar rendimientos altos. Eso indica que nuestra metodología de balance hídrico está bien calibrada y validada para la región”, señaló el investigador.
Un cambio de estrategia: duplicar la superficie
A partir de esa evidencia, durante los dos años siguientes se cambió la estrategia. “Duplicamos la superficie: pasamos de 6 a 12 hectáreas —es decir que ahora tenemos dos metros cúbicos para regar una hectárea con la misma bomba— y obtuvimos niveles de riego más parecidos a los que usábamos con el sistema eléctrico”, detalló Severina.
En trigo aplicaron alrededor de 350 milímetros y obtuvieron 65 qq/ha, unos cinco quintales más que la referencia del sistema eléctrico. En maíz utilizaron cerca de 250 milímetros y alcanzaron 15 toneladas por hectárea. En soja de segunda, la lámina se ubicó en unos 200 milímetros y el rendimiento permaneció alrededor de 35 qq/ha.
El segundo período mostró que la misma infraestructura podía abastecer el doble de superficie sin una caída relevante de los rendimientos. El aprendizaje fue ajustar el agua a los requerimientos de los cultivos y aprovechar la capacidad disponible para ampliar el área bajo riego, en lugar de aplicar toda el agua que permitían las horas de energía solar.
De la experiencia al diseño: los números que necesita el productor
A partir de los cuatro años de ensayos, el equipo pudo generar información para pasar de la experiencia experimental al diseño de instalaciones a campo. Uno de los principales resultados fue establecer como referencia un caudal de 2 metros cúbicos por hora por hectárea a regar.
“Es un gran dato, porque lo primero que necesita saber un productor que quiere instalar este sistema es qué caudal requiere para la superficie que va a regar”, destacó Severina.
Así, para un planteo de 50 hectáreas habría que considerar un caudal cercano a 100 metros cúbicos por hora y, a partir de ese valor, seleccionar la bomba. En el ejemplo planteado por el especialista, un equipo para ese requerimiento podría demandar unos 100 kW y un parque fotovoltaico cercano a 200 kW.
Además, los ensayos mostraron que los paneles deben tener una potencia superior a la demanda de la bomba para ampliar la ventana diaria de trabajo. Como referencia, el parque fotovoltaico se proyecta con cerca del doble de la potencia requerida por el equipo de bombeo. Esa diferencia permite sostener el riego ante niveles de radiación inferiores al máximo.
Cuántas horas de riego da el sol en el año
Otro dato generado por el trabajo es la disponibilidad energética a lo largo del año. En la zona de influencia del INTA Manfredi, el sistema acumula unas 1.950 horas anuales de riego, con un promedio cercano a siete horas diarias durante el período de uso. La cantidad de horas es menor en invierno y aumenta en verano. Es como disponer de unos 80 días de riego eléctrico.
Con ese esquema, las láminas que surgieron como referencia son de alrededor de 300 milímetros para trigo, 250 para maíz y 200 para soja.
El caudal por hectárea, la potencia necesaria, las horas de uso y los requerimientos de cada cultivo conforman así una base técnica para definir cuánta superficie puede abastecer un sistema off grid antes de realizar la inversión.
La capital del riego
El 14 y 15 de octubre de 2026, la EEA INTA Manfredi fue sede de la 9.ª Reunión Internacional de Riego y la 3.ª Exporiego, la mayor muestra de tecnologías de riego a cielo abierto de la Argentina.
Durante las jornadas se reunieron productores, asesores, investigadores, estudiantes, empresas y especialistas nacionales e internacionales. El programa combina actualización técnica, intercambio de experiencias y exposición de tecnologías vinculadas con sistemas de riego, energía, automatización y agricultura de precisión.
Luego de ocho ediciones, el encuentro se consolidó como uno de los principales espacios técnicos del país dedicados al riego.
Primicias Rurales
Fuente: INTA Manfredi
Oct 10, 2026 | Actualidad, Agua
A días del Día Mundial del Agua Subterránea, especialistas advierten que los acuíferos del NEA sostienen el consumo, la ganadería y la agricultura, pero su protección sigue fragmentada, con monitoreo insuficiente y controles desiguales.
Buenos Aires sábado 10 octubre (PR/26)– Debajo del suelo del Nordeste argentino corre una riqueza que rara vez se ve, pero de la que depende buena parte de la vida cotidiana: el agua subterránea. En parajes rurales, escuelas, puestos sanitarios y viviendas aisladas de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, no es un recurso más: muchas veces es la única fuente disponible.
Por eso, a pocos días de una nueva fecha dedicada al cuidado del agua, especialistas y organismos del sector insisten en un mensaje que combina urgencia y esperanza: los acuíferos son estratégicos para la región, pero su futuro depende de decisiones que todavía están pendientes.
El agua que no se ve, pero sostiene todo
A diferencia de un río o una laguna, un acuífero no se percibe a simple vista, y esa invisibilidad muchas veces juega en contra de su cuidado. Sin embargo, su rol es decisivo: funciona como una reserva estable frente a sequías, bajantes y fallas en las redes de distribución.
Eso resulta especialmente valioso en el oeste chaqueño y formoseño, donde la disponibilidad de agua superficial suele ser irregular. Incluso en Corrientes y Misiones, con lluvias más abundantes, el agua subterránea cumple un papel clave cuando una fuente superficial se contamina o se seca de manera localizada.
La calidad, sin embargo, no puede darse por sentada. Los nitratos, que provienen de pozos ciegos, corrales, feedlots o fertilización intensiva, representan un riesgo particular para la salud infantil. El arsénico, de origen natural en ciertos acuíferos, está asociado a enfermedades crónicas cuando la exposición es prolongada.
Que el agua provenga del subsuelo no significa, entonces, que sea automáticamente potable: requiere análisis periódicos. De acuerdo con el Sistema de Información de Aguas Subterráneas, hay registrados 452 pozos en Misiones, 1171 en Chaco, 184 en Corrientes y 44 en Formosa.
Una economía que depende del subsuelo
Más allá del consumo humano, la producción rural del NEA está atada, en gran medida, a la disponibilidad de agua subterránea. Una perforación puede marcar la diferencia entre sostener o perder una huerta familiar, un rodeo, un vivero o el abastecimiento de una comunidad entera.
En Formosa, por ejemplo, la calidad del agua destinada al ganado varía según la profundidad, los sedimentos y la cercanía de ríos y riachos, y la salinidad puede afectar directamente la productividad de los establecimientos ganaderos.
Cuando un acuífero se contamina, el impacto no se limita al ambiente: golpea al mismo tiempo el consumo familiar, la ganadería y la agricultura, con consecuencias económicas que pueden ser difíciles de revertir. A diferencia del agua superficial, que puede aislarse o reemplazarse con relativa rapidez, un contaminante que llega al subsuelo se desplaza lentamente y puede afectar numerosos pozos durante años.
Remediar un acuífero puede implicar clausurar perforaciones, trasladar agua en camiones, instalar plantas de tratamiento o monitorear una zona durante décadas. Son costos que, para una familia rural o un municipio pequeño, suelen resultar inalcanzables.
Normas que existen, pero no alcanzan
Argentina no carece de marco legal. La Ley 25.688 incorpora a los acuíferos dentro de la gestión ambiental del agua y exige permisos para extraer el recurso o introducir sustancias en el subsuelo. A nivel regional, el Consejo Hídrico Federal impulsa un Plan Nacional Federal de Aguas Subterráneas, y provincias como Misiones cuentan con registros de perforaciones y facultades de fiscalización.
El problema no es tanto la ausencia de leyes, sino su aplicación desigual. Todavía no existe un inventario regional completo que permita saber con precisión dónde se recargan los acuíferos, cuánta agua se extrae o hacia dónde podría desplazarse una contaminación.
El monitoreo suele limitarse a proyectos puntuales o a zonas ya problemáticas, en lugar de constituir una red pública y permanente. A esto se suma una fiscalización despareja entre provincias, que se vuelve más difícil en establecimientos rurales dispersos, perforaciones no registradas o municipios con menos recursos técnicos.
Lo que falta para proteger el recurso
Los especialistas coinciden en que el NEA necesita pasar de una gestión reactiva, que interviene cuando el problema ya apareció, a una política preventiva e integral. Entre las medidas más urgentes figuran la creación de una red regional de monitoreo con información pública, la actualización del registro de pozos y acuíferos, la identificación de zonas de recarga y alta vulnerabilidad, y controles más estrictos sobre basurales, pozos ciegos, efluentes y agroquímicos.
También se destaca la necesidad de garantizar agua alternativa y análisis periódicos para las comunidades rurales, que muchas veces no cuentan con los medios técnicos ni económicos para resolver por sí solas un problema de contaminación.
Existe además un proyecto de ley en el Congreso que propone crear un inventario nacional de acuíferos, de actualización periódica y acceso público. La iniciativa evidencia que todavía hay distancia entre lo que la región necesita y las herramientas institucionales disponibles.
En vísperas de una nueva conmemoración del Día del Agua, el mensaje desde el NEA es claro: el agua subterránea no es un recurso secundario ni una reserva infinita. Es, para buena parte de la región, la diferencia entre tener agua segura o no tenerla, entre sostener una producción o perderla. Cuidarla hoy, insisten los especialistas, es mucho más simple y económico que intentar recuperarla después de contaminada.
Primicias Rurales
Fuente: neahoy.com
Sep 24, 2026 | Agricultura, Agua, Columnas, Especial, Salud
El proyecto SPRINT encontró residuos de plaguicidas en agua, ambiente y personas en una región agrícola argentina. La evidencia internacional también plantea interrogantes sobre algunos de estos productos y el cáncer renal. No alcanza para afirmar una relación causal, pero sí para exigir más controles, más investigación y una vigilancia que continúe mucho después de la cosecha. (Traducido al inglés)
Por Ing. Agr. Pedro A. Lobos, director de Primicias Rurales
Buenos Aires, jueves 24 de septiembre (PR/26) .- La discusión sobre los agroquímicos en Argentina suele quedar atrapada entre dos posiciones: quienes sostienen que son indispensables para producir alimentos y quienes advierten sobre sus consecuencias ambientales y sanitarias. Pero existe un espacio intermedio que merece mucha más atención: el de las preguntas que todavía no tienen respuesta suficiente.
Una de esas preguntas surge de los resultados del proyecto científico internacional SPRINT, en el que participó la investigadora del INTA y CONICET Virginia Aparicio. El objetivo del proyecto no fue demostrar que los plaguicidas producen cáncer, sino estudiar su presencia y circulación entre el ambiente, los animales y las personas. El protocolo incluyó análisis de suelo, agua, sedimentos, aire, alimentos y muestras humanas, precisamente porque los investigadores consideran que la exposición puede producirse por múltiples vías.
Y allí aparece una señal que no debería ser ignorada.
No estamos hablando de una sola sustancia
Virginia Aparicio Ingeniera del INTA
En los ambientes agrícolas estudiados por SPRINT se buscaron numerosos plaguicidas y sus metabolitos. En el agua se detectaron mezclas de residuos, no simplemente una sustancia aislada. En el estudio que incluyó sitios argentinos se analizaron 193 residuos diferentes y se encontraron mezclas en todos los cuerpos de agua estudiados; Argentina presentó el mayor nivel total de pesticidas entre los sitios comparados. El glifosato tuvo la mayor concentración mediana, seguido por 2,4-D y MCPA.
Esto es importante porque la exposición real de una persona no necesariamente consiste en entrar en contacto con «un agroquímico».
Puede ser:
herbicida + insecticida + fungicida + metabolitos + residuos ambientales + contaminación del agua + exposición alimentaria.
La propia metodología SPRINT fue diseñada para estudiar precisamente esas mezclas y su distribución entre ambiente, animales y seres humanos.
El caso del clorpirifós merece una vigilancia especial
El clorpirifós ocupa un lugar particular en esta discusión.
En la Pampa Húmeda argentina se midieron concentraciones de clorpirifós en agua que llegaron hasta 10,8 µg/L, con una mediana de 0,013 µg/L. En ese estudio, los investigadores estimaron que las concentraciones ambientales podían superar valores de referencia considerados protectores para organismos acuáticos, especialmente en exposiciones crónicas.
Esto no significa que esas concentraciones produzcan cáncer en las personas. El estudio citado analiza fundamentalmente riesgo ambiental para organismos acuáticos, no cáncer humano.
Pero sí demuestra algo que debería preocuparnos desde el punto de vista de la vigilancia ambiental: los plaguicidas aplicados en tierra pueden terminar en los sistemas de agua y permanecer allí en concentraciones medibles.
Y hay otra cuestión relevante: Argentina prohibió el uso de clorpirifós etil y metil. SENASA completó en 2023 la baja de esos productos después de revisar información toxicológica y actualizar sus parámetros de riesgo.
Por eso, si actualmente apareciera clorpirifós en agua, suelo, alimentos o personas en zonas agrícolas, la pregunta ya no sería solamente «¿cuánto se aplicó?», sino también:
¿De dónde proviene?
¿Es contaminación histórica?
¿Persistencia ambiental?
¿Existencias antiguas?
¿Transporte desde otro lugar?
¿O existe utilización ilegal?
Son preguntas que deberían poder responder los organismos de control mediante muestreos sistemáticos y trazabilidad.
El cáncer renal: una señal que exige investigación, no conclusiones apresuradas
Aquí es donde debemos ser especialmente responsables.
Una revisión científica de estudios epidemiológicos encontró una asociación entre exposición a pesticidas y cáncer renal, aunque con heterogeneidad entre los estudios. El riesgo relativo combinado fue aproximadamente 1,10; en un subgrupo de estudios de mayor calidad la asociación fue mayor. PPubMed
Más específicamente, el Agricultural Health Study, una gran cohorte prospectiva de trabajadores agrícolas de Estados Unidos, encontró asociaciones entre la exposición acumulada a determinados plaguicidas y carcinoma de células renales. Entre ellos apareció clorpirifós, además de atrazina, paraquat, clordano, cianazina y 2,4,5-T. Los propios investigadores señalaron que estos resultados necesitan confirmación y más investigación sobre sus mecanismos biológicos. PubMed
Esto no autoriza a decir:
«El clorpirifós causa cáncer de riñón en Argentina».
Pero tampoco parece razonable decir:
«No hay ninguna razón para investigarlo».
La posición responsable está en el medio: existe una señal científica que justifica profundizar la investigación argentina.
¿Y qué pasa con las personas?
Antes incluso de hablar de cáncer, existen investigaciones argentinas que encontraron exposición humana a plaguicidas.
En una población de 40 hombres de una región agrícola de Córdoba se detectó el metabolito de clorpirifós en el 85% de las muestras de orina. También se encontraron metabolitos de otros organofosforados y piretroides. Los investigadores observaron asociaciones entre algunos biomarcadores y actividad de la acetilcolinesterasa, aunque se trató de un estudio piloto y no de un estudio de cáncer.
Este tipo de resultados vuelve a plantear una cuestión elemental:
¿Cuánto estamos expuestos realmente los habitantes de las zonas agrícolas y qué ocurre cuando la exposición es múltiple y sostenida durante años?
Todavía no tenemos una respuesta completa.
La investigación no debería terminar cuando termina la cosecha
Existe otro capítulo que merece mucha más atención pública: la poscosecha.
Una vez que el cultivo abandona el campo, comienza otra etapa: transporte, acondicionamiento, secado, almacenamiento y eventualmente tratamientos contra insectos en silos y depósitos.
El INTA señala que el control de humedad y temperatura es fundamental para evitar deterioro, hongos y micotoxinas durante el almacenamiento. También recomienda monitorear periódicamente los granos y mantener condiciones adecuadas de conservación.
Esto debería complementarse con una pregunta sanitaria:
¿Qué residuos quedan en el grano después de los tratamientos poscosecha y qué sustancias llegan finalmente al consumidor?
Y no se trata solamente de controlar al productor.
Hay que controlar toda la cadena:
campo → cosecha → transporte → acopio → silo → tratamiento poscosecha → industria → alimento → consumidor.
SENASA mantiene un registro de productos fitosanitarios y establece límites máximos de residuos, además de prohibiciones específicas para determinadas sustancias. Actualmente, por ejemplo, también existen restricciones para ciertos productos utilizados en granos almacenados.
Por eso sería razonable reclamar un sistema de trazabilidad química de la poscosecha, especialmente para granos destinados a alimentación humana.
¿Estamos controlando solamente el producto o también la mezcla?
Esta puede ser una de las preguntas más importantes.
Los límites regulatorios suelen establecerse para sustancias individuales. Pero la población puede estar expuesta a varias sustancias simultáneamente.
El proyecto SPRINT fue diseñado justamente para estudiar ese fenómeno: las mezclas de plaguicidas y su distribución entre suelo, agua, animales y seres humanos.
La ciencia todavía conoce mucho menos sobre determinadas exposiciones combinadas que sobre sustancias individuales.
Por eso sería razonable que Argentina fortalezca el monitoreo no solamente buscando:
«¿Hay glifosato?»
sino también:
«¿Qué conjunto de residuos hay, en qué concentración, durante cuánto tiempo y por qué vía está llegando a las personas?»
Una alerta, no una acusación
La preocupación no debería convertirse en una acusación general contra el productor agropecuario.
Tampoco debería utilizarse la falta de evidencia definitiva como argumento para dejar de investigar.
Hay agricultores que trabajan siguiendo las normas, técnicos que desarrollan buenas prácticas y organismos científicos que llevan años estudiando el problema.
Precisamente por eso, el reclamo debería ser más concreto:
más ciencia, más controles y más transparencia.
Argentina necesita conocer qué sustancias circulan actualmente en sus suelos y aguas, qué queda de los productos prohibidos, qué residuos aparecen en alimentos y silos, qué exposición tienen los trabajadores y poblaciones cercanas y si existen diferencias de incidencia de determinados cánceres entre zonas de distinta exposición.
Una investigación que todavía falta
Sería necesario desarrollar estudios epidemiológicos de largo plazo en la Región Núcleo que relacionen:
- exposición individual a plaguicidas;
- agua de consumo;
- suelo y sedimentos;
- residuos en alimentos;
- ocupación;
- distancia a áreas cultivadas;
- cantidad y tipo de aplicaciones;
- exposición poscosecha;
- y enfermedades desarrolladas durante los años siguientes.
En particular, sería importante estudiar cáncer renal, pero también otros tumores y enfermedades potencialmente relacionadas con exposiciones crónicas.
Y habría que incorporar otros contaminantes ambientales, como arsénico y nitratos del agua, para no atribuir a los agroquímicos lo que podría tener múltiples causas.
El principio de precaución también es una herramienta científica
No se trata de afirmar que «los agroquímicos provocan cáncer».
Se trata de reconocer que ya existen suficientes señales para formular una pregunta legítima:
¿Estamos midiendo adecuadamente la exposición acumulada de la población argentina a mezclas de plaguicidas?
Si la respuesta es no, necesitamos medirla.
Si encontramos residuos, necesitamos saber de dónde provienen.
Si encontramos concentraciones preocupantes, necesitamos investigar sus efectos.
Y si encontramos una mayor incidencia de determinadas enfermedades en poblaciones expuestas, necesitamos estudiarla con métodos epidemiológicos rigurosos.
Porque cuando hablamos de agua, alimentos y salud, la ausencia de una prueba definitiva no debería convertirse en ausencia de investigación.
La evidencia disponible no permite afirmar hoy que los plaguicidas sean responsables de una determinada proporción de los cánceres argentinos. Pero sí permite sostener que existe una señal ambiental y epidemiológica que justifica una vigilancia mucho más profunda, especialmente en las regiones agrícolas intensivas y a lo largo de toda la cadena, incluida la poscosecha y el almacenamiento.
La pregunta ya no debería ser solamente cuánto producimos. También debería ser cuánto sabemos sobre lo que queda después de producir.
Por Ing. Agr. Pedro Lobos, director de Primicias Rurales
Primicias Rurales
Fuentes Varias
Versión en inglés
What Remains After Spraying: A Warning Argentina Should Not Ignore (English version)
By agricultural engineer Pedro A. Lobos
Sep 24, 2026 | Agriculture, Water, Columns, Special, Health
The SPRINT project found pesticide residues in water, the environment, and people in an agricultural region of Argentina. International evidence also raises questions about some of these products and renal cancer. It is not enough to claim a causal relationship, but it is enough to demand more controls, more research, and monitoring that continues long after the harvest.
By Agronomist Pedro A. Lobos, Director of Primicias Rurales
Buenos Aires, Thursday, September 24 (PR/26).– The debate on agrochemicals in Argentina often becomes trapped between two positions: those who argue they are indispensable for producing food, and those who warn about their environmental and health consequences. But there is an intermediate space that deserves much more attention: the space of questions that still lack sufficient answers.
One of those questions arises from the results of the international scientific project SPRINT, in which INTA and CONICET researcher Virginia Aparicio participated. The project’s goal was not to prove that pesticides cause cancer, but to study their presence and circulation among the environment, animals, and people. The protocol included analyses of soil, water, sediments, air, food, and human samples, precisely because researchers consider that exposure may occur through multiple pathways.
And here appears a signal that should not be ignored.
We Are Not Talking About a Single Substance
In the agricultural environments studied by SPRINT, numerous pesticides and their metabolites were investigated. In water, mixtures of residues were detected—not just isolated substances. In the study that included Argentine sites, 193 different residues were analyzed, and mixtures were found in all water bodies studied; Argentina showed the highest total pesticide level among the compared sites. Glyphosate had the highest median concentration, followed by 2,4-D and MCPA. This matters because real human exposure does not necessarily consist of contact with “one agrochemical.”
It may be:
herbicide + insecticide + fungicide + metabolites + environmental residues + water contamination + dietary exposure.
SPRINT’s methodology was designed precisely to study these mixtures and their distribution among the environment, animals, and humans.
The Case of Chlorpyrifos Deserves Special Monitoring
Chlorpyrifos occupies a particular place in this discussion.
In Argentina’s Pampas region, chlorpyrifos concentrations in water reached up to 10.8 µg/L, with a median of 0.013 µg/L. In that study, researchers estimated that environmental concentrations could exceed reference values considered protective for aquatic organisms, especially under chronic exposure.
This does not mean these concentrations cause cancer in humans. The cited study primarily analyzes environmental risk for aquatic organisms, not human cancer.
But it does demonstrate something that should concern us from an environmental monitoring perspective: pesticides applied on land can end up in water systems and remain there at measurable concentrations.
Another relevant point: Argentina banned the use of ethyl and methyl chlorpyrifos. SENASA completed the withdrawal of these products in 2023 after reviewing toxicological information and updating risk parameters.
Therefore, if chlorpyrifos were currently found in water, soil, food, or people in agricultural areas, the question would no longer be simply
“How much was applied?” but also:
Where does it come from?
Is it historical contamination?
Environmental persistence?
Old stock?
Transport from elsewhere?
Or illegal use?
These are questions that control agencies should be able to answer through systematic sampling and traceability.
Renal Cancer: A Signal That Demands Research, Not Rash Conclusions
Here we must be especially responsible.
A scientific review of epidemiological studies found an association between pesticide exposure and renal cancer, although with heterogeneity among studies. The combined relative risk was approximately 1.10; in a subgroup of higher-quality studies, the association was stronger. PubMed
More specifically, the Agricultural Health Study—a large prospective cohort of U.S. agricultural workers—found associations between cumulative exposure to certain pesticides and renal cell carcinoma. Chlorpyrifos appeared among them, along with atrazine, paraquat, chlordane, cyanazine, and 2,4,5-T. The researchers themselves noted that these results require confirmation and further investigation into biological mechanisms. PubMed
This does not authorize us to say: “Chlorpyrifos causes kidney cancer in Argentina.”
But it also does not seem reasonable to say: “There is no reason to investigate it.”
The responsible position lies in the middle: there is a scientific signal that justifies deepening Argentine research.
And What About People?
Even before discussing cancer, Argentine studies have found human exposure to pesticides.
In a population of 40 men from an agricultural region of Córdoba, the chlorpyrifos metabolite was detected in 85% of urine samples. Metabolites of other organophosphates and pyrethroids were also found. Researchers observed associations between some biomarkers and acetylcholinesterase activity, although this was a pilot study—not a cancer study.
This type of result raises a basic question:
How much are inhabitants of agricultural areas truly exposed, and what happens when exposure is multiple and sustained over years?
We still do not have a complete answer.
Research Should Not End When the Harvest Ends
Another chapter deserves much more public attention: post-harvest.
Once the crop leaves the field, another stage begins: transport, conditioning, drying, storage, and eventually insect treatments in silos and warehouses.
INTA notes that controlling humidity and temperature is essential to prevent deterioration, fungi, and mycotoxins during storage. It also recommends periodic monitoring of grains and maintaining adequate conservation conditions.
This should be complemented with a health question:
What residues remain in grain after post-harvest treatments, and which substances ultimately reach consumers?
And it is not only about controlling the producer.
The entire chain must be controlled:
field → harvest → transport → storage → silo → post-harvest treatment → industry → food → consumer.
SENASA maintains a registry of phytosanitary products and sets maximum residue limits, along with specific prohibitions for certain substances. Currently, for example, restrictions also exist for some products used in stored grains.
Therefore, it would be reasonable to demand a chemical traceability system for post-harvest processes, especially for grains intended for human consumption.
Are We Controlling Only the Product, or Also the Mixture?
This may be one of the most important questions.
Regulatory limits are usually set for individual substances. But the population may be exposed to several substances simultaneously.
SPRINT was designed precisely to study this phenomenon: pesticide mixtures and their distribution among soil, water, animals, and humans.
Science still knows far less about certain combined exposures than about individual substances.
Therefore, it would be reasonable for Argentina to strengthen monitoring not only by asking:
“Is there glyphosate?” but also: “What set of residues is present, at what concentration, for how long, and through which pathway is it reaching people?”
A Warning, Not an Accusation
Concern should not become a blanket accusation against agricultural producers.
Nor should the lack of definitive evidence be used as an argument to stop investigating.
There are farmers who follow regulations, technicians who develop good practices, and scientific institutions that have been studying the issue for years.
Precisely for this reason, the demand should be more concrete: more science, more controls, and more transparency.
Argentina needs to know which substances currently circulate in its soils and waters, what remains of banned products, what residues appear in food and silos, what exposure workers and nearby populations have, and whether differences exist in the incidence of certain cancers between areas with different exposure levels.
A Study That Is Still Missing
Long-term epidemiological studies should be developed in the core agricultural region to relate:
- individual pesticide exposure • drinking water • soil and sediments • residues in food • occupation • distance to cultivated areas • quantity and type of applications • post-harvest exposure • and diseases developed in subsequent years
It would be particularly important to study renal cancer, but also other tumors and diseases potentially related to chronic exposures.
Other environmental contaminants—such as arsenic and nitrates in water—should also be included, to avoid attributing to agrochemicals what may have multiple causes.
The Precautionary Principle Is Also a Scientific Tool
It is not about claiming that “agrochemicals cause cancer.”
It is about recognizing that enough signals already exist to ask a legitimate question:
Are we adequately measuring the accumulated exposure of the Argentine population to pesticide mixtures?
If the answer is no, we need to measure it. If residues are found, we need to know where they come from. If concerning concentrations are found, we need to investigate their effects. And if higher incidence of certain diseases is found in exposed populations, we need to study it with rigorous epidemiological methods.
Because when we talk about water, food, and health, the absence of definitive proof should not become an absence of investigation.
Current evidence does not allow us to claim that pesticides are responsible for a specific proportion of Argentine cancers. But it does allow us to assert that there is an environmental and epidemiological signal that justifies much deeper monitoring, especially in intensive agricultural regions and throughout the entire chain, including post-harvest and storage.
The question should no longer be only how much we produce. It should also be how much we know about what remains after producing.
By agronomist Pedro Lobos, Director of Primicias Rurales
Primicias Rurales
Traducción: María Marta Cafiero
Sep 16, 2026 | Actualidad, Agua, Economía / Economía del Agro, Especial
En Posadas, especialistas y autoridades coincidieron en que modernizar las reglas del transporte fluvial puede ayudar a reducir los costos logísticos, fortalecer las economías regionales y conectar la producción del Nordeste con los mercados internacionales.
Buenos Aires, miércoles 16 de septiembre (PR/26) — Argentina cuenta con una extensa red de ríos navegables, pero una parte importante de la producción del Nordeste todavía debe recorrer largas distancias en camión para llegar a los puertos de exportación.
El problema volvió a quedar expuesto durante el seminario organizado por el 80° aniversario de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), realizado en Posadas. Allí, representantes del sector público y privado plantearon la necesidad de actualizar las reglas que regulan el transporte de cargas por los ríos argentinos.
El reclamo tiene especial importancia para Misiones y Corrientes, donde la actividad forestal genera grandes volúmenes de productos como madera, celulosa y tableros. En este tipo de industrias, el costo del transporte puede marcar una diferencia importante a la hora de competir en el mercado interno y en el exterior.
Durante el panel sobre competitividad e infraestructura portuaria, el presidente de AFoA, Pablo Ruival, resumió el desafío: “En la forestoindustria trabajamos con productos voluminosos, estamos lejos de los grandes centros de consumo y necesitamos una logística aceitada con costos muy bajos”.
¿Por qué el transporte fluvial puede ser más barato?
Uno de los principales puntos planteados durante el encuentro fue la diferencia de costos entre trasladar grandes volúmenes por camión y hacerlo por vía fluvial.
Según las estimaciones presentadas, transportar un contenedor desde Eldorado hasta Buenos Aires para luego embarcarlo hacia otros países puede costar alrededor de US$3.600 por carretera. Si se utilizara una alternativa fluvial, ese costo podría bajar a unos US$2.500.
La diferencia también aparece en las cargas a granel. Llevar una tonelada de mercadería desde Clorinda hasta Rosario por camión fue estimado en unos US$100, mientras que una operación fluvial desde Asunción podría ubicarse cerca de US$25.
Estos números muestran por qué el debate no pasa solamente por construir o mejorar puertos. El desafío es conseguir que el sistema completo —ríos, puertos, aduanas, barcos y trámites— funcione de manera sencilla y competitiva.
El director de Transporte Fluvial y Puertos de Corrientes, Adolfo Escobar, sostuvo que tener puertos no alcanza si los costos y los trámites terminan desalentando el uso de los ríos.
El especialista Diego Azqueta resumió esa situación con una frase: “No estamos lejos de los puertos. Estamos cerca del río”.
Una normativa que quedó en el centro del debate
Uno de los principales reclamos está relacionado con las normas que regulan el transporte de cargas dentro del país por vía marítima y fluvial.
El régimen tiene sus orígenes en una norma de 1944 y fue modificado en distintas oportunidades. El debate actual busca adaptar esas reglas a las necesidades de la logística moderna y, especialmente, facilitar que empresas de la región puedan contratar embarcaciones y utilizar los ríos para transportar sus productos.
La discusión cobró fuerza a partir de los cambios regulatorios impulsados durante 2025. El Gobierno nacional intentó modificar las reglas del sector mediante el DNU 340/2025, pero esa medida fue rechazada por ambas cámaras del Congreso y posteriormente quedó sin efecto. En septiembre de ese año, otro decreto restituyó parte del régimen anterior.
Más allá de esa discusión puntual, el planteo de AFoA apunta a una cuestión más amplia: generar más opciones de transporte, aumentar la competencia y reducir los costos para quienes producen lejos de los grandes centros logísticos.
Entre las propuestas analizadas aparecen la simplificación de los trámites para contratar embarcaciones de países de la región, la posibilidad de realizar determinados trámites aduaneros en los puertos de origen y una revisión de los costos que afectan al combustible utilizado por los remolcadores.
Que la carga salga por el río desde el lugar donde se produce
Uno de los objetivos planteados durante el encuentro es que las empresas puedan preparar y concentrar su producción cerca del lugar donde se origina y llevarla hasta un puerto cercano, como Posadas, Ituzaingó o Corrientes.
Desde allí, la carga podría continuar su recorrido por vía fluvial hasta conectarse con los grandes circuitos de comercio internacional.
Actualmente, parte de esa producción debe recorrer cientos de kilómetros —y en algunos casos más de mil— por carretera hasta llegar a los principales centros logísticos del país.
La idea no es eliminar el transporte por camión, sino cambiar su función. El camión podría encargarse de llevar la mercadería desde las fábricas y establecimientos productivos hasta los puertos, mientras que las barcazas realizarían los trayectos más largos.
Ese esquema permitiría combinar ambos medios de transporte y aprovechar las ventajas de cada uno.
La Hidrovía, otra pieza clave
El debate sobre el transporte fluvial también se produce mientras el Gobierno nacional avanza con cambios en la denominada Vía Navegable Troncal, uno de los principales corredores utilizados para transportar cargas por los ríos argentinos.
En junio de 2026 fue aprobada la adjudicación del proceso de concesión para la modernización, operación y mantenimiento de esa vía. Según información oficial, el corredor conecta unas 60 terminales portuarias y concentra aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas.
Para las provincias del Nordeste, contar con una vía navegable en buenas condiciones es importante, pero no suficiente. También se necesita que existan puertos preparados, servicios regulares, embarcaciones disponibles y reglas que permitan mover las cargas de manera eficiente.
A esto se sumaron durante 2026 cambios en las reglas de practicaje y pilotaje, dos servicios vinculados con la navegación de los buques, con el objetivo declarado por el Gobierno de aumentar la competencia y reducir costos.
Una oportunidad para la producción de Misiones
El impacto potencial es especialmente importante para Misiones, donde la actividad forestal tiene un peso significativo en las exportaciones provinciales.
Según datos oficiales, Misiones exportó US$441 millones en 2024, de los cuales US$231 millones correspondieron a la cadena forestal, equivalente al 52,3% de las ventas externas de la provincia.
Para una actividad que moviliza productos pesados y voluminosos, cualquier reducción en los costos de transporte puede mejorar las condiciones para competir en otros mercados.
Además, un mayor uso del transporte fluvial podría reducir la cantidad de camiones necesarios para trasladar grandes volúmenes por las rutas nacionales y disminuir el consumo de combustible y las emisiones por tonelada transportada.
Pero para que eso ocurra no alcanza con reemplazar camiones por barcazas. Se necesita que toda la cadena funcione de manera coordinada: puertos, rutas y vías navegables, aduanas, empresas de transporte y normas claras.
Convertir los ríos en una ventaja
El encuentro realizado en Posadas dejó planteada una discusión que va más allá de la actividad forestal.
El Nordeste argentino tiene producción, puertos y una extensa red de ríos. El desafío es lograr que esa ubicación geográfica se transforme en una ventaja concreta para las empresas y productores de la región.
Para AFoA, modernizar las reglas del transporte fluvial es una de las herramientas que permitirían avanzar en ese sentido. La propuesta forma parte de una agenda más amplia que incluye mejorar los puertos, hacer más eficiente la navegación y facilitar la integración logística entre las provincias del NEA y los países vecinos.
La pregunta de fondo es sencilla: si el río ya está ahí, ¿cómo hacer para que también sea una alternativa real y competitiva para sacar la producción?
Primicias Rurales
Fuente: AfoA
