Abr 2, 2026 | Actualidad, Columnas
Tres leyes, dos años y una avalancha de cautelares. La reforma laboral más ambiciosa —y más cuestionada— de la historia reciente argentina se hunde ante los tribunales artículo por artículo, mientras el Gobierno festeja victorias que no existen y los trabajadores esperan sentencias que no llegan.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia. Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut.
Buenos Aires, lunes 6 abril (PR/26) — Hoy, ya comenzado el mes de abril de 2026, un juez laboral porteño suspendió más de ochenta artículos de la llamada Ley de Modernización Laboral. Ochenta artículos.
No uno, no cinco: prácticamente la columna vertebral de la reforma que el Presidente Milei presentó como la gran revolución del mercado de trabajo argentino. La noticia debería haber sacudido titulares, encendido debates, movilizado consultas de urgencia en Balcarce 50.
En cambio, llegó casi en silencio, como suelen llegar en este país las catástrofes que se construyen ladrillo a ladrillo, decreto a decreto, artículo inconstitucional tras artículo inconstitucional.
No se trata de un hecho aislado ni de la venganza de un juez díscolo. Se trata del desenlace previsible —y previsto por todos los que quisieron ver— de una estrategia política que confundió velocidad con solidez, audacia con legalidad, y voluntad ideológica con texto constitucional. La historia de la reforma laboral argentina entre 2023 y 2026 es la historia de un gobierno que salió a pelear con la Constitución como si fuera un obstáculo burocrático, y descubrió demasiado tarde que los jueces se toman en serio su trabajo.
«Confundió velocidad con solidez, audacia con legalidad, y voluntad ideológica con texto constitucional.»
El pecado original: gobernar por decreto en materia de trabajo
Todo empezó la madrugada del 20 de diciembre de 2023. Recién instalado en la Casa Rosada, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, un mamotreto de más de trescientos artículos que pretendía refundar la economía argentina de un plumazo. En el Título IV, entre los artículos 53 y 97, dormía una reforma laboral completa: se eliminaban las multas por trabajo en negro, se liquidaban los recargos indemnizatorios, se flexibilizaba la jornada, se alargaba el período de prueba hasta ocho meses. Todo ello, sin pasar por el Congreso. Sin debate. Sin votación. Sin que un solo representante del pueblo tuviera que defender ese texto ante sus electores.
La Constitución Nacional es explícita —no ambigua, no interpretable, sino explícita— en que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo cuando se trate de materias que exceden la urgencia genuina y estructural. Y si hay algo que el derecho del trabajo no es, es urgente en el sentido del artículo 99 inciso 3°: las relaciones laborales existen desde que existe el capitalismo, y no van a colapsar si se espera que el Congreso debata durante algunas semanas. La CNAT lo dijo sin rodeos, apenas cuarenta días después: inconstitucional. Nulidad absoluta e insanable. El capítulo laboral del DNU duró en pie lo que un castillo de naipes en una tormenta de verano.
Lo notable no fue que la justicia actuara. Lo notable fue la velocidad: la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo suspendió la norma antes de que terminara el mes de enero de 2024. Eso no es activismo judicial. Eso es que la inconstitucionalidad era tan evidente que no admitía demora. Cuando un tribunal actúa con esa premura, es porque está diciendo algo más que un fallo: está diciendo que el Poder Ejecutivo cruzó una línea que no se puede cruzar.
«Cuando un tribunal actúa con esa premura, está diciendo algo más que un fallo: está diciendo que el Poder Ejecutivo cruzó una línea que no se puede cruzar.»
La Ley Bases: el Congreso aprueba lo que la Constitución prohíbe
Derrotado en los tribunales con el DNU, el Gobierno recauchutó su reforma y la llevó al Congreso. El resultado fue la Ley N° 27.742, bautizada con el pomposo nombre de ‘Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’. El título suena a manifiesto filosófico. El contenido laboral era más prosaico: eliminar multas, reducir indemnizaciones, extender el período de prueba, y —la joya de la corona— incorporar al art. 277 de la LCT la posibilidad de pagar las condenas laborales en cuotas. Hasta doce cuotas. Para las empresas chicas.
Tomemos un segundo para procesar eso. Un trabajador que lleva años pleiteando por su indemnización, que atravesó un juicio laboral que en Argentina demora entre tres y cinco años en promedio, que obtuvo finalmente una sentencia firme —esa sentencia que el ordenamiento jurídico llama ‘cosa juzgada’ y que se supone sagrada— podría cobrar su dinero en doce cuotas mensuales. Sin actualización. En un país con inflación de dos dígitos mensuales. Es decir: el trabajador ganaría el juicio y perdería el dinero.
La Sala VII de la Cámara del Trabajo de Córdoba lo declaró inconstitucional en marzo de 2026 con una contundencia que rara vez se lee en un fallo judicial. Sus palabras merecen repetirse: ‘Es absurdo castigar el ejercicio de los derechos. Si el trabajador reclama judicialmente, sabrá que luego del largo derrotero judicial deberá someterse al pago fraccionado. La norma constitutiva de una extorsión no puede sostenerse y su inconstitucionalidad luce evidente.’ Los jueces no suelen usar la palabra ‘extorsión’. Cuando la usan, hay que prestarle atención.
Pero la Ley Bases trajo también otro regalo envenenado: el artículo 245 bis, que reguló el despido discriminatorio tarifándolo como si fuera una mercancía más en el mercado. Un porcentaje de la indemnización ordinaria, y listo: queda saldada la dignidad del trabajador que fue echado por su religión, su militancia, su embarazo o su discapacidad. La Corte Suprema había dicho, en ‘Álvarez c/ Cencosud’, que el trabajador discriminado tiene derecho a elegir entre la reinstalación y la compensación económica. La Ley Bases ignoró alegremente ese fallo y lo puso patas arriba. Los jueces de primera instancia respondieron de la única manera que corresponde: declarando su inconstitucionalidad.
«El trabajador ganaría el juicio y perdería el dinero.»
La Ley 27.802: la reforma más grande y más frágil de la historia
Y entonces llegó la Ley N° 27.802. Sancionada el 27 de febrero de 2026, promulgada el 6 de marzo, presentada como la obra maestra del reformismo laboral libertario. Más de treinta y ocho leyes modificadas. Un nuevo Fondo de Asistencia Laboral. Cambios en el cálculo indemnizatorio. Reforma del fuero laboral. Restricción de la ultraactividad de los convenios colectivos. Tope del 2% a los aportes solidarios sindicales. La lista es larga. La ambición, desmesurada. La durabilidad judicial, al día de hoy, todavía incierta.
Veintidós días después de su promulgación, el Juzgado Federal N° 2 de San Martín ya estaba suspendiendo dos de sus artículos clave. El sindicato de empleados de comercio había demostrado sin dificultad que los artículos 131 y 133 —los que liquidaban la ultraactividad y cercenaban los aportes— amenazaban la supervivencia financiera de las obras sociales sindicales y vaciaban de contenido los derechos consagrados en los Convenios N° 87 y N° 98 de la OIT sobre libertad sindical. No es una lectura marxista de la Constitución: es el texto expreso del artículo 14 bis, que garantiza la organización sindical libre y democrática.
Y hoy, exactamente veinticuatro días después, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 72 suspendió más de ochenta artículos de la ley. Ochenta. El Gobierno había construido su gran reforma laboral sobre arena, y la marea judicial la está arrastrando artículo por artículo, capítulo por capítulo.
¿Qué queda en pie de la Ley 27.802 mientras duren las cautelares? Casi nada de lo que el Gobierno presentó como sus logros centrales. No el nuevo cálculo indemnizatorio. No las reglas sobre actualización de créditos. No la reforma del fuero laboral. No los cambios al régimen sindical. El Fondo de Asistencia Laboral ni siquiera había entrado en vigor: debía arrancar el 1° de junio. Queda en pie, esencialmente, la foto de la promulgación.
«El Gobierno había construido su gran reforma laboral sobre arena, y la marea judicial la está arrastrando artículo por artículo.»
El mapa de las inconstitucionalidades: un recorrido por el desastre
Para entender la dimensión del naufragio, conviene hacer el recorrido artículo por artículo. El art. 56 —pago de condenas en cuotas— fue declarado inconstitucional por violar el carácter alimentario de los créditos laborales y el derecho de propiedad. El art. 55 —nuevo índice de actualización— fue suspendido junto con el resto de la avalancha cautelar del 30 de marzo. Los arts. 131 y 133 —ultraactividad y aportes— suspendidos en San Martín. Los arts. 1, 3 y 6 —corazón del régimen indemnizatorio— incluidos en la cautelar del Juzgado N° 72. Los arts. 30 al 57 —reforma del fuero— congelados.
No es casualidad que todas estas disposiciones encuentren la misma resistencia judicial. Lo que une a estos artículos es una lógica común: reducen la protección del trabajador sin justificación razonable, sin compensación proporcional, sin demostrar que el recorte de derechos es la única vía posible para alcanzar un objetivo legítimo. El principio de no regresividad, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con jerarquía constitucional, no prohíbe absolutamente al Estado dar marcha atrás en derechos sociales. Pero sí le exige que pruebe que no había otra alternativa. Y esa prueba, en ninguno de los casos analizados, fue siquiera intentada.
El Gobierno dirá —ya lo está diciendo— que los jueces son kirchneristas, que el fuero laboral es un nido de ideología, que la cautelar del Juzgado 72 es una maniobra política disfrazada de sentencia. Tal vez. Pero hay un problema con ese argumento: la inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU 70/2023 fue declarada por jueces de distintos fueros, de distintas provincias y de distintos perfiles ideológicos. La Sala VII de Córdoba no es exactamente una trinchera peronista. El Juzgado Federal N° 2 de San Martín tampoco. Cuando jueces de todo el mapa político-judicial llegan a la misma conclusión, la pregunta que hay que hacerse no es qué tiene de malo la justicia, sino qué tiene de malo la norma.
«Cuando un juez de todo el mapa político-judicial llega a la misma conclusión, la pregunta que hay que hacerse no es qué tiene de malo la justicia, sino qué tiene de malo la norma.»
Lo que nadie quiere decir sobre el mercado de trabajo argentino
Seamos justos. El mercado de trabajo argentino tiene problemas reales y gravísimos. La informalidad laboral afecta a más de cuarenta por ciento de los trabajadores. La litigiosidad laboral es una de las más altas del mundo. Los costos de despido son una variable que los empleadores pequeños sencillamente no pueden gestionar con certeza. Hay convenios colectivos que llevan décadas sin actualización y cuya ultraactividad perpetua genera rigideces genuinas. Existen multas cuya aplicación mecánica produce indemnizaciones astronómicas que nada tienen que ver con el daño real sufrido por el trabajador.
Todo eso es verdad. Y nada de eso justifica la metodología elegida. Reformar el derecho del trabajo en Argentina es posible. Otros países lo han hecho, incluso en forma ambiciosa, incluso recortando algunos derechos a cambio de otros beneficios verificables, con procesos de diálogo social, con gradualidad, con compensaciones. Lo que no se puede hacer —lo que la Constitución prohíbe y la jurisprudencia castiga— es tomar el código laboral como un botín de guerra, reformarlo a los tiros desde el Poder Ejecutivo y luego quejarse de que los jueces no acompañan.
La reforma laboral de Milei no fracasó porque los jueces son kirchneristas. Fracasó porque fue diseñada para el debate en Twitter, no para el escrutinio constitucional. Fracasó porque sus autores creyeron que la velocidad era una virtud en sí misma, que pasar una ley a las corridas era suficiente para que fuera válida. Fracasó porque confundieron mayoría parlamentaria con constitucionalidad, y porque decidieron ignorar que en Argentina —desde 1853— existe un sistema de control de constitucionalidad difuso que le da a cada juez la facultad y el deber de declarar inconstitucional lo que viola la Constitución, sin importar cuántos legisladores lo hayan aprobado.
«Fue diseñada para el debate en Twitter, no para el escrutinio constitucional.»
Lo que viene: años de litigio, décadas de incertidumbre
El Gobierno apelará. La CGT celebrará. Los abogados laboralistas facturarán. Los trabajadores esperarán. Los empleadores no sabrán a qué atenerse. Y mientras tanto, el mercado laboral argentino —ese mercado que la reforma prometía ordenar, modernizar, dinamizar— seguirá siendo exactamente lo que era: un sistema complejo, conflictivo, lleno de tensiones irresueltas, que necesita reformas inteligentes y que en cambio recibe, una y otra vez, reformas urgentes.
Las cautelares van a las cámaras. Las cámaras van a la Corte Suprema. La Corte va a tardar años. Para cuando la Corte diga su última palabra sobre la Ley 27.802, habrá cambiado el gobierno, habrán cambiado los convenios, habrán cambiado los índices de inflación. Habrá habido, muy probablemente, otra reforma laboral encima de esta. El ciclo argentino de reformar sin reformar continuará su marcha perfectamente circular.
El daño más profundo no es ni siquiera para los trabajadores ni para los empleadores: es para el sistema jurídico en su conjunto. Cada vez que el Estado dicta normas que la justicia suspende masivamente, se erosiona la confianza en el derecho como herramienta de previsión de conductas. Cada vez que un empresario no sabe si la ley que rige hoy el despido será la misma mañana, la informalidad se vuelve más racional que la formalidad. Cada vez que un trabajador descubre que sus derechos dependen no de la ley sino del juzgado que le toque, la fe en el Estado de Derecho pierde un escalón más.
El final que nadie cuenta
Hay una imagen que resume mejor que cualquier análisis jurídico lo que ocurrió en Argentina entre diciembre de 2023 y hoy. Un gobierno llega al poder convencido de que el Estado es el problema, que las regulaciones son el problema, que los jueces son el problema. Decide entonces reformar todo a la vez, rápido, sin consultar, sin negociar, sin construir consensos. Dicta un decreto. Los jueces lo anulan. Dicta una ley. Los jueces la declaran inconstitucional en partes. Dicta otra ley, más grande, más ambiciosa, más urgente que las anteriores. Y los jueces, artículo por artículo, letra por letra, la van desmontando con la misma paciencia infinita con que el río deshace la roca.
Lo que ese gobierno nunca entendió —o eligió no entender— es que la Constitución no es un obstáculo para gobernar. Es el contrato que hace posible que haya gobierno. Es el pacto por el cual los ciudadanos aceptan ser gobernados a cambio de ciertas garantías mínimas, entre ellas la de que sus derechos laborales no serán destruidos por decreto entre la medianoche y el amanecer. Violar ese contrato no es audacia reformista. Es simplemente violar un contrato.
Hoy, con más de ochenta artículos de la Ley de Modernización Laboral suspendidos judicialmente, con el capítulo laboral del DNU 70/2023 sepultado en el cementerio de los decretos inconstitucionales, con el artículo 56 de la Ley Bases declarado nulo en Córdoba, y con el Juzgado del Trabajo N° 72 actuando como dique de contención de una ley que se desbordaba sobre los derechos de millones de trabajadores, la pregunta que queda flotando en el aire es siempre la misma, la de siempre en Argentina, la pregunta que se repite como un eco entre las paredes de Tribunales:
¿Cuántas veces va a ser necesario que la justicia le explique al poder que en este país existe una Constitución—antes de que el poder decida, por fin, leerla?
Primicias Rurales
Abr 2, 2026 | Actualidad, Columnas
Buenos Aires, lunes 13 abril (PR/26) — Hace unas semanas decidí hacer algo que ninguna consultora de moda, ningún índice del INDEC y ningún spin gubernamental puede reemplazar: preguntarle a la gente cómo está. No a «la gente» en abstracto. A la gente concreta. A la que tiene nombre, delantal y mirada cansada.
Empecé por las personas que trabajan en casa. La que poda el jardín. La que arregla lo que se rompe. Seguí por los comercios de Carpintería, en San Luis. Luego aproveché mi viaje rutinario a la Patagonia —más de tres mil kilómetros de ida— para seguir preguntando. La Pampa. Río Negro. Neuquén. El Hoyo, Chubut. Gobernador Gregores. Puerto Deseado. Rada Tilly. Comodoro Rivadavia. Sin querer, había recorrido más de la mitad del país. Más de ocho mil kilómetros de rutas deterioradas, de asfalto roto, de paisajes que cambian y respuestas que no.
Cambiaban los acentos. Cambiaban los paisajes. La angustia era siempre la misma.
El comerciante vende menos. El empleado recorta hasta el límite de la dignidad. El jubilado no compra remedios. El emprendedor resiste, sin saber muy bien por qué ni hasta cuándo. Amigos que ya no pueden pagar el alquiler de sus hijos estudiando en Buenos Aires. Comerciantes que se están fundiendo en silencio, sin que nadie los cuente en ninguna estadística. Absolutamente nadie —ni uno solo en ocho mil kilómetros— me dijo que le estaba yendo mejor.
Y mientras tanto, desde el poder, el relato es otro. Se nos dice que la inflación está bajo control. Que lo peor ya pasó. Que estamos en la antesala de un despegue histórico. Que esta vez sí. Que ahora sí. Que sí. El Presidente celebra en cadena nacional. Los funcionarios exhiben gráficos en redes sociales. Los voceros del modelo hablan de «paciencia» y de «procesos que llevan tiempo». Y tienen razón en una cosa: los procesos llevan tiempo. Lo que no dicen es quién paga ese tiempo. Y en qué moneda.
Hay algo profundamente inquietante en esa disociación. No es una diferencia de enfoque ni un sesgo subjetivo. Es una fractura. De un lado, los indicadores. Del otro, las personas. De un lado, la macroeconomía que se «ordena». Del otro, la microeconomía que se desangra. El Gobierno puede tener razón en los números. Y estar completamente equivocado en la realidad. Ambas cosas son posibles al mismo tiempo. Y esa simultaneidad es exactamente el corazón del problema.
Aun cuando la inflación baje, el problema no se resuelve si los ingresos llegan tarde, si el consumo se desploma y si la economía cotidiana se convierte en una carrera de supervivencia.
Porque hay algo que los modelos macroeconómicos no capturan y que cualquier almacenero de Gobernador Gregores entiende mejor que un economista de Palermo: la confianza no se recupera con un índice. Se recupera con la experiencia cotidiana de que las cosas mejoran. Y esa experiencia, hoy, simplemente no existe. El salario real sigue por debajo de donde estaba. El consumo masivo no repunta. La destrucción de empleo privado en los sectores más sensibles no se detiene. Los datos del INDEC sobre canasta básica y los del BCRA sobre depósitos en pesos cuentan historias que no cierran con el relato oficial. Pero esos datos no salen en los actos de gobierno.
Y aquí aparece el verdadero riesgo. No es solo económico. Es político. Es social. Es cultural. Cuando una sociedad deja de sentir mejora en su vida concreta, deja de creer. Y cuando deja de creer, no hay relato que alcance, no hay narrativa que sostenga, no hay épica que resista. Ni la del cambio ni la de la resistencia. Ninguna. El escepticismo no elige banderas: las corroe a todas por igual.
La oposición, por su parte, no está en condiciones de celebrar nada. Porque esta crisis no empezó en diciembre de 2023. Viene de antes. Viene de mucho antes. De gobiernos que gastaron lo que no tenían, de acuerdos que no se cumplieron, de promesas que se repitieron hasta vaciarse de sentido. El drama argentino no tiene un solo culpable. Tiene una larga lista de cómplices. Y muchos de ellos hoy posan de víctimas.
La Argentina ha entrado demasiadas veces en este juego perverso: números que mejoran en los papeles mientras la vida empeora en la calle. El desenlace, siempre, es el mismo.
Ruta Nacional 3
Recorrí esas rutas rotas —literalmente rotas, con tramos donde uno no pierde la vida casi por milagro— y pensé que eran una metáfora perfecta del país. Infraestructura abandonada. Parches sobre parches. La apariencia de una ruta donde ya no hay ruta. Avanzás igual porque no hay otra opción. Pero sabés que en cualquier momento el asfalto se acaba.
Dirán los fanáticos que mi experimento carece de rigor. Que no elegí bien la muestra. Que el universo es insuficiente. Puede ser. Pero lo curioso es que hasta los fanáticos sienten lo mismo. Solo que su fanatismo les impide la espontaneidad. El problema no se mide. Se vive. Y lo que vive la Argentina hoy no coincide con ningún PowerPoint presentado en ningún foro internacional.
Un país no mejora cuando sus ciudadanos no llegan a fin de mes. Punto. Sin asteriscos, sin aclaraciones técnicas, sin el auxilio de ningún índice que explique por qué lo que uno siente no es lo que debería sentir. Y cuando la distancia entre lo que celebra el poder y lo que padece la sociedad se vuelve tan obscena como la que recorrí en esos ocho mil kilómetros, la pregunta ya no es si el modelo funciona. La pregunta es cuánto tiempo más puede el país aguantar creyendo que la culpa de no llegar a fin de mes es propia.
Mar 30, 2026 | Actualidad, Columnas, Política
A semanas del fuerte discurso ético de Javier Milei ante el Congreso, el «caso LIBRA» y las inconsistencias patrimoniales en el entorno oficialista ponen en jaque la promesa de excepcionalidad libertaria. Entre el ajuste económico y el desgaste judicial, el Gobierno enfrenta el desafío de no terminar pareciéndose a la «casta» que juró combatir.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, lunes 30 marzo (PR/26) — El 1 de marzo, Javier Milei decidió que no bastaba con gobernar: había que predicar. Subió al Congreso no como jefe de Estado sino como apóstol de una nueva moral pública. Durante noventa minutos desplegó una catequesis libertaria donde la economía y la ética eran indistinguibles, donde el mercado no solo asignaba recursos sino también virtudes. Citó a Ulpiano, habló de justicia como si fuera una función matemática y prometió una Argentina donde hacer lo correcto sería, finalmente, rentable.
Era un discurso ambicioso. También era, visto en perspectiva, un acto de riesgo.
En efecto, cuando un presidente decide elevar la vara moral de su gobierno, deja de competir contra sus adversarios y empieza a competir contra sus propios hechos. Tres semanas después, esa revolución ética ya no se mide en promesas sino en inconsistencias.
El caso LIBRA dejó de ser una incomodidad marginal para convertirse en un problema estructural. No por su espectacularidad —Argentina tiene tolerancia alta al escándalo— sino por su densidad. Llamadas en momentos críticos. Documentos que aparecen después de haber sido negados. Transferencias sugeridas, borradores sospechosamente oportunos, reuniones que no figuran pero que ocurrieron. No es un escándalo limpio. Es peor: es un escándalo viscoso.
El Gobierno ensayó todas las respuestas previsibles. Primero, la negación. Después, la minimización. Finalmente, la estrategia más sofisticada: la saturación. Convertir el caso en una nube de información tan espesa que resulte imposible distinguir qué es central y qué es accesorio. Y en ese barro, apostar al desgaste.
Pero hay un problema con esa táctica: funciona cuando hay un solo frente abierto. No cuando los frentes empiezan a acumularse. Si bien LIBRA se estira en los tiempos judiciales, aparece otra dimensión del problema: la cotidiana. La que no necesita millones de dólares ni operaciones internacionales. La que alcanza con una declaración jurada incompleta y un vuelo mal explicado.
Ahí entra Manuel Adorni, convertido en mucho más que un vocero. Su evolución política es, en sí misma, un síntoma: de cara mediática a engranaje central. Y en ese salto, también cambian las exigencias.
Las propiedades que no aparecen, los gastos que no cierran, los vínculos comerciales que rozan —o cruzan— zonas de conflicto de intereses. Nada de esto sería extraordinario en otro gobierno. Ese es, precisamente, el problema. Porque este no era “otro gobierno”.
La promesa fundacional del mileísmo no era solo eficiencia. Era excepcionalidad. No venían a administrar mejor el mismo sistema: venían a romperlo. A reemplazar la lógica de la política tradicional por una ética distinta, superior, inmune a las tentaciones del poder.
Dos años después, la anomalía no es la corrupción. Es la normalización. El oficialismo insiste en que todo es parte de una operación. Y, como toda buena narrativa política, tiene algo de cierto: siempre hay operaciones. Pero también hay hechos. Y cuando los hechos empiezan a repetirse, dejan de ser excepciones y pasan a ser patrón.
El caso LIBRA, las inconsistencias patrimoniales, los vuelos financiados por terceros, las consultoras vinculadas al Estado. Cada elemento por separado puede explicarse, relativizarse o incluso desmentirse. El problema es la suma. La política no se define por un dato. Se define por la tendencia. Y la tendencia empieza a ser incómoda.
En paralelo, la Justicia avanza con una parsimonia que ya no sorprende, pero sí condiciona. El fiscal Eduardo Taiano parece moverse en otra temporalidad, una donde los meses no pesan y los expedientes no urgen. La lentitud no es nueva, pero en este contexto adquiere otra lectura: no es solo ineficiencia, es funcionalidad. Cada día que pasa sin definiciones es un día ganado para el Gobierno. El mileísmo, que llegó denunciando la connivencia entre política y Justicia, empieza a beneficiarse de ella. No necesariamente por diseño, pero sí por resultado.
Mientras tanto, la economía —ese territorio donde Milei se sentía invencible— empieza a mostrar fisuras. El rebote inicial ya quedó atrás y lo que emerge es algo más complejo: una estabilización frágil, sostenida más por ajuste que por crecimiento. El cierre de empresas dejó de ser un dato aislado para convertirse en un goteo constante. El consumo no reacciona. El salario real sigue corriendo detrás de los precios. Y la famosa promesa de prosperidad futura empieza a chocar con la paciencia presente.Milei lo dijo sin rodeos: hay sectores que van a desaparecer.El problema es que esos sectores tienen nombre, trabajadores y votos.Dicho de otro modo, la “destrucción creativa” funciona mejor en los libros que en las encuestas.Y las encuestas, lentamente, empiezan a registrar ese cambio de clima. No hay un derrumbe, pero sí un desgaste. No hay rechazo masivo, pero sí dudas crecientes. La imagen positiva deja de ser un activo automático y pasa a ser un capital en disputa.
En este contexto, el discurso moral del 1 de marzo empieza a adquirir un tono involuntariamente irónico. Cuanto más alto se coloca el estándar ético, más visibles se vuelven las desviaciones. Milei habló de “vivir honestamente, sin causar daño a nadie”. Una frase potente, casi universal. Pero gobernar implica algo más que formular principios: implica sostenerlos bajo presión.
¿Qué significa “no causar daño” cuando miles pierden su empleo en nombre del equilibrio fiscal? ¿Qué significa “dar a cada uno lo suyo” cuando hay sospechas de beneficios selectivos? ¿Qué significa “moral como política de Estado” cuando el propio Estado aparece envuelto en zonas grises? No son preguntas cómodas.Tampoco son preguntas ideológicas.Son preguntas de consistencia.
Milei no es un político tradicional. Su capital no está en la construcción territorial ni en la negociación parlamentaria. Está en la coherencia discursiva. En la idea de que, a diferencia de los demás, él cree en lo que dice. Por eso, cada contradicción pesa el doble.
El mileísmo puede tolerar errores económicos, incluso retrocesos tácticos. Lo que no puede permitirse es la sospecha de que, en el fondo, es igual a aquello que prometió destruir.
La casta no desapareció. Mutó. Adoptó un nuevo lenguaje, una nueva estética, una nueva justificación teórica. Pero en su funcionamiento empieza a parecerse demasiado a su versión anterior. La diferencia es que ahora se presenta como virtud.
La pureza, en política, es un estándar implacable. No admite matices. No tolera excepciones. No sobrevive al poder. Por eso, la revolución ética de Milei no se está derrumbando en un gran escándalo que la destruya de golpe. Se está desgastando en una serie de pequeñas inconsistencias que, acumuladas, la vacían de contenido. No es una caída. Es una dilución.
Milei todavía tiene tiempo. Tiene poder, tiene base social, tiene narrativa. Pero también tiene un desafío que no se resuelve con tweets ni con discursos: alinear lo que dice con lo que hace. Porque en política, a diferencia de la economía, no todo se ajusta.Hay cosas que, una vez que se pierden, no vuelven.Y la confianza es una de ellas.
Visto así, la revolución ética, si alguna vez existió fuera del discurso, empieza a parecerse cada vez más a una promesa que se ahogó antes de aprender a nadar.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
(Autor del libro La Reforma laboral que no fue, que se puede descargar en este portal)
Primicias Rurales
Mar 14, 2026 | Actualidad, Columnas
Argentina es uno de los mayores productores y exportadores de granos del mundo. Sin embargo, su sistema logístico para llevar esa producción a los puertos sigue dependiendo de manera abrumadora del camión. Esa característica, que muchas veces pasa desapercibida fuera del sector, representa uno de los principales factores que elevan los costos de transporte y reducen la competitividad del agro argentino.
Por Ing Agr Pedro A Lobos, director de Primicias Rurales
Buenos Aires, sábado 14 de marzo (PR/26) .- En países como Estados Unidos o Brasil, el traslado de granos se distribuye entre camiones, trenes y barcazas. Los tres sistemas se complementan: el camión se usa para distancias cortas, el tren para grandes volúmenes en trayectos largos y las barcazas para aprovechar ríos navegables.
Argentina, en cambio, funciona de otra manera. La gran mayoría de la cosecha llega a los puertos por carretera. Cada campaña agrícola moviliza millones de viajes de camión hacia el complejo agroexportador del Paraná, lo que genera congestionamientos, altos costos logísticos y una fuerte presión sobre la infraestructura vial.
El contraste con el sistema fluvial estadounidense es elocuente. En el corredor del Río Misisipi, enormes volúmenes de granos viajan en barcazas desde el interior del país hasta los puertos del Golfo de México. Ese sistema reduce costos y permite transportar cargas masivas con una eficiencia energética muy superior a la del camión.
Argentina posee un corredor natural comparable: la Hidrovía Paraná-Paraguay. Sin embargo, su uso para transportar granos desde el interior es limitado. La hidrovía funciona principalmente como vía de salida de exportaciones desde los puertos, pero no como una verdadera autopista fluvial que conecte el interior productivo con esos mismos puertos.
Algo similar ocurre con el ferrocarril. Redes como Belgrano Cargas o Nuevo Central Argentino continúan operando, pero su participación en el transporte total de granos sigue siendo reducida frente al predominio del camión.
Detrás de esta estructura logística hay una combinación de factores históricos, económicos y políticos. Durante décadas, la red ferroviaria perdió ramales, inversiones y capacidad operativa. Al mismo tiempo, el transporte automotor se consolidó como el actor dominante del sistema de cargas.
Ese predominio no es sólo económico. El transporte por camión cuenta con un peso sindical, empresarial y territorial considerable. Miles de empresas de transporte, centros logísticos y servicios asociados dependen de ese esquema, lo que convierte cualquier intento de modificar la matriz logística en una discusión políticamente sensible.
El resultado es un sistema donde el país paga más caro transportar su producción. Diversos estudios del sector estiman que mover granos por tren o por barcaza puede costar significativamente menos por tonelada que hacerlo por camión, especialmente en distancias largas. Sin embargo, la falta de infraestructura y la estructura actual del sistema mantienen el modelo vigente.
La paradoja es evidente: Argentina tiene uno de los complejos agroexportadores más grandes del mundo y una de las principales vías navegables de Sudamérica, pero sigue trasladando la mayor parte de su producción como si no contara con esas ventajas.
Reactivar el ferrocarril de cargas, ampliar su capacidad y convertir la hidrovía en un verdadero corredor logístico interno podría reducir costos, aliviar la infraestructura vial y mejorar la competitividad del agro. Pero hacerlo implicaría algo más que inversiones: supondría alterar un equilibrio de intereses que lleva décadas moldeando el transporte de cargas en el país.
Mientras esa discusión no avance, el camión seguirá siendo el protagonista absoluto de la logística agrícola argentina. Y el país seguirá pagando un costo que, aunque no siempre visible, pesa sobre toda su economía.
Primicias Rurales
Mar 11, 2026 | Actualidad, Columnas
La inteligencia artificial y la robótica reabren el debate sobre la relación laboral: entre la subordinación histórica, las nuevas formas de empleo y la posibilidad de reemplazar al trabajador humano.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia. Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, martes 24 marzo (PR/26) — De la esclavitud al empleo no hay una ruptura tan total como le gusta contar a la modernidad.
Hay, sí, un cambio decisivo: el esclavo era una cosa y el trabajador es una persona libre. Ya no puede comprárselo, venderlo, marcarlo ni matarlo.
Pero en el corazón de la relación productiva subsiste una continuidad inquietante: uno manda y el otro obedece. Uno organiza, dispone, controla y sanciona; el otro compromete su tiempo, su cuerpo, su saber y, muchas veces, su supervivencia.
Con esto solo quiero hacer notar algo más que importante: En toda relación laboral hay una desigualdad originaria. Ese poder de dictar órdenes, fijar reglas, organizar el trabajo y juzgar el cumplimiento, los laboralistas lo denominamos subordinación técnica, jurídica y económica. Es la razón por la que concluimos que no se trata de un vínculo entre iguales, ni de un simple contrato civil entre partes autónomas. Se trata de una relación atravesada por el poder.
La diferencia con la esclavitud, por supuesto, es moral y jurídicamente importante. El trabajador no ha dejado de ser persona, no pertenece a nadie, conserva derechos fundamentales y puede, al menos en teoría, romper el vínculo. Pero esa libertad formal convive con una dependencia material muchas veces brutal. El viejo amo debía alimentar, vestir y alojar a su esclavo porque era su propiedad.
El empleador moderno ya no tiene esa carga: paga un salario y traslada al trabajador todo el riesgo de su existencia. Le paga y se desentiende. Si no le alcanza para comer, vivir, curarse o criar a sus hijos, el problema deja de ser del empleador y pasa a ser del propio trabajador. Allí aparece una de las paradojas más crueles de la modernidad: el hombre fue declarado libre en el mismo momento en que quedó librado a su suerte.
Por eso nació el derecho del trabajo. No para embellecer un contrato entre iguales que ya estaba suficientemente contemplado por el derecho civil. En otras palabras: el derecho del trabajo no nació para consagrar la igualdad, sino para proteger al débil frente al abuso del fuerte. Derribarla no significa liberar al trabajador. Significa, simplemente, dejarlo otra vez solo frente al poder.
Está claro que en el mundo del trabajo esa igualdad es una ficción. Porque en la práctica solo uno contrata realmente: el empleador. El trabajador, en cambio, rara vez contrata algo. Lo que hace es aceptar o rechazar una oferta. Y muchas veces ni siquiera tiene verdaderamente esa opción.
No conozco a ningún trabajador que haya salido al mercado a contratar un empleador. Los trabajadores no contratan empresas; buscan trabajo para subsistir. La diferencia es decisiva .
Tampoco conozco ningún contrato donde uno puede modificarlo a su antojo y el otro no. Y casi sin consecuencias. El denominado ius variandi solo existe en el contrato de trabajo, sólo que ahora, el trabajador no puede resistirlo. Solo le queda irse.
En definitiva, no existe ninguna relación jurídica, salvo en la vieja esclavitud, donde uno tiene todo el poder y el otro solo puede obedecer. Quien quiera ver ahí una relación entre iguales debería analizar seriamente sus convicciones ya no jurídicas sino morales.
Por eso el derecho del trabajo nunca tuvo como objetivo celebrar la libertad contractual. No se creó para garantizar contratos. Se creó para limitar el poder. Tampoco se creó para dar empleo o solucionar una crisis económica o devolverle al trabajador una libertad perdida.
La pregunta entonces, si miramos la nueva ley de modernización laboral, es ¿hasta dónde puede llegar el legislador al redefinir quién queda dentro o fuera del derecho del trabajo? Acaso es suficiente el voluntarismo dellegislador para modificar la realidad?
Ahora viene el Partido de revancha.
El trámite legislativo, la sanción y promulgación de la ley, fue, por así decirlo, un partido que se jugó de local, con hinchada propia y árbitro elegido a dedo árbitro neutral. Ignoro el resultado, pero seguro no será igual.
Está claro que el Congreso puede legislar, pero no puede desnaturalizar la Constitución. Ese poder no es absoluto.
Por eso nuestros Tribunales han dicho que el legislador puede regular el trabajo, pero no puede vaciar de contenido la protección laboral. No se trata deninguna “casta Judicial”, sino de lo que se trata es de la primacía de la realidad frente a la ficción.
Cada vez que el legislador utiliza como técnica cambiar el nombre jurídico para evitar la protección jurídica, los Tribunales aplican la primacía de la realidad.
Es decir, si hay subordinación, hay relación laboral, aunque la ley o el contrato intenten llamarla de otra forma.
El legislador puede crear regímenes especiales, puede modificar reglas, puede incluso reducir protecciones. Sin embargo, los jueces —y eventualmente la Corte— deben decidir si esa redefinición legislativa es una regulación legítima o una forma de eludir la protección constitucional del trabajo. Y qué posibilita ello. Nada más y nada menos que la “industria del juicio” que también se pensó en evitar.
La gran estrategia histórica para eludir el derecho del trabajo: cambiar el nombre del trabajador.
Cuando pedís un viaje en Uber, no estás contratando con el conductor. Vos abrís la aplicación, pedís el viaje, aceptas el precio, pagas a la plataforma. Ella fija las
condiciones del servicio, determina el precio o su algoritmo, selecciona al conductor, procesa el pago, administra la reputación y puede desactivar al conductor. Dicho de otro modo, desde el punto de vista económico y funcional, la plataforma organiza el servicio de transporte. El conductor aparece como la persona que ejecuta materialmente la prestación.
Ese conductor presta un servicio personal con todos los rasgos muy característicos del trabajo dependiente: es personal, es insustituible (no puede mandar a otro conductor en su lugar), está organizada por un tercero (la plataforma) y está sujeta a reglas de funcionamiento. Incluso existe un mecanismo disciplinario indirecto de calificaciones, algoritmos y posibilidad de desconexión o bloqueo.
Sin embargo, la ley o las plataformas lo llaman “independiente”. Aquí aparece la ficción jurídica. Las plataformas sostienen que no son empresas de transporte y solo intermedian. Los conductores son “socios independientes” o “prestadores autónomos”. Ellos carecen de salarios mínimos, aportes sociales, vacaciones, indemnización por despido, responsabilidad laboral, etc.
Lo mismo ha ocurrido con falsos autónomos, monotributistas dependientes, contratistas independientes, cooperativas ficticias, etc. Todos esos casos responden a la misma lógica jurídica: cambiar la forma para evitar la protección. Es una estrategia histórica del sistema productivo frente al derecho del trabajo.
El mecanismo es siempre el mismo: no se discute la protección laboral; se redefine al trabajador. Y en todos estos casos ocurre lo mismo: la relación económica es laboral, pero el ropaje jurídico intenta ocultarlo.
Por eso el derecho del trabajo desarrolló uno de sus principios más importantes: la primacía de la realidad. No importa cómo se llame el contrato, ni qué forma jurídica se utilice. Si en los hechos existe subordinación, integración a la organización productiva y dependencia económica, entonces estamos frente a trabajo.
El retorno de la esclavitud: la robótica junto a la I.A.
Nuestra sociedad siempre extrañó la esclavitud. De hecho, fue una de las instituciones que se mantuvo desde que el hombre vive en sociedad -más de 30 siglos-. Su decadencia no se debió a su “inutilidad” sino a nuestra vergüenza. La de esclavizar a otro ser humano. Precisamente por eso, creamos la ficción del contrato de trabajo.
Sin embargo, la modernidad y la revolución tecnológica nos da revancha. En efecto, la robótica y la I.A. nos brinda la posibilidad de recrear el sueño perdido: un nuevo esclavo sin culpa moral: el robot dotado de inteligencia artificial.
Hace lo mismo que los viejos esclavos, pero mejor. Sus movimientos se perfeccionan día a día, pero su inteligencia es exponencialmente más poderosa. Ahora pueden ser médicos, ingenieros, abogados, poetas, maestros y además pueden trabajar en una fábrica o en nuestros hogares o incluso hacer las compras, cuidar a nuestros hijos o a nuestros adultos mayores. Incluso algunos hasta exploran nuestra satisfacción sexual.
La pregunta que flota, todos la imaginarán. Qué haremos con la ficción de la relación laboral, frente a una esclavitud tan perfecta, que solo consume energía eléctrica?
La humanidad tardó más de tres mil años en admitir que la esclavitud era una vergüenza. Cuando finalmente la abolimos, no eliminamos la subordinación.
Simplemente la disfrazamos de contrato. Así nació el trabajador.
El derecho del trabajo fue el intento de civilizar esa ficción. Pero hoy el proceso parece invertirse en contra de nosotros mismos.
Primero expulsamos trabajadores del derecho laboral cambiándoles el nombre. Después descubrimos que ni siquiera necesitamos trabajadores. La robótica y la inteligencia artificial nos devuelven el sueño más antiguo del poder: un esclavo que no sea humano. Uno que trabaje sin descanso. Sin salario. Sin derechos. Sin conflictos. Un esclavo perfecto.
Tal vez por eso el verdadero título de esta historia no sea “modernización laboral”. Tal vez sea algo mucho más simple y honesto: el largo camino de la humanidad para volver, finalmente, a la esclavitud… pero esta vez sin esclavos humanos.
Primicias Rurales
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
(Autor del libro La Reforma laboral que no fue, que se puede descargar en este portal)
Mar 3, 2026 | Columnas, Especial
Del paisaje como personaje a los silencios que dicen más que las palabras, el cine rural argentino construye una mirada pausada, federal y profundamente identitaria sobre el territorio, el tiempo y las tensiones sociales del interior del país.
Por Gonzalo Fierro, médico, especialista en cine, especial para Primicias Rurales
Buenos Aires, sábado 28 febrero (PR/26) — El cine rural en Argentina constituye un campo fértil y profundamente identificatorio dentro de la producción audiovisual nacional. A lo largo de las últimas décadas, ha funcionado como una ventana hacia territorios, culturas y problemáticas que rara vez ocupan el centro de la escena mediática. Lejos del ritmo vertiginoso de las grandes ciudades, este tipo de cine propone una mirada pausada, contemplativa y, muchas veces, íntima sobre la vida en el interior del país.
Características:
Una de las características más distintivas del cine rural argentino es su fuerte anclaje en el paisaje. La pampa, el monte, la cordillera o las zonas áridas del norte no son meros escenarios, sino elementos narrativos que condicionan la vida de los personajes.
El entorno natural influye en sus decisiones, en sus silencios y en sus conflictos. En este sentido, la geografía se convierte en un personaje más, cargado de simbolismo y potencia visual.
Un ejemplo muy claro de esto se ve en La ciénaga de Lucrecia Martel (2001).
La película transcurre en una finca rural del noroeste argentino, en un clima sofocante, húmedo y estancado. La naturaleza —el calor, la vegetación densa, el agua turbia de la pileta— no solo rodea a los personajes, sino que refleja su deterioro físico, emocional y moral. El ambiente condiciona su apatía, su violencia contenida y su imposibilidad de cambio.
Lo podemos ver en este diálogo
—Hace calor… no se puede respirar.
—Siempre hace calor acá.
—La tormenta nunca llega.
—No va a llegar.
(Este intercambio ocurre mientras los personajes miran un cielo cargado, inmóvil. La tensión climática refleja la tensión interna: todo parece a punto de estallar, pero nada cambia.)
En esta escena, el clima no es sólo contexto:
El calor opresivo simboliza el estancamiento social y familiar.
La tormenta que no llega funciona como metáfora de una transformación que nunca ocurre.
Escena: https://youtu.be/WDlBxSifvpc?si=GAu5Lxxk4TWeDkNw
Trailer: https://youtu.be/en3Gw7SSsbg?si=WQ_c7uwW-nN-4_Z5
El tratamiento del tiempo también es particular. A diferencia del cine comercial, donde la acción suele ser constante, el cine rural privilegia los ritmos lentos, los planos largos y los espacios de contemplación. Este enfoque permite al espectador sumergirse en una experiencia más sensorial, donde lo cotidiano adquiere una dimensión poética. Las tareas rurales, los vínculos familiares y las tradiciones locales se presentan sin artificios, muchas veces con una estética cercana al documental.
Un ejemplo representativo es la película Jauja de Lisandro Alonso (2014).
Ambientada en la Patagonia del siglo XIX, la película se caracteriza por sus planos largos, silencios prolongados y una narrativa mínima. El tiempo parece dilatarse: caminar, esperar o simplemente observar el paisaje son acciones que ocupan gran parte del metraje. La experiencia no pasa por lo que “ocurre”, sino por cómo se percibe ese transcurrir.
Se puede ver en este diálogo:
—¿Cuánto falta para llegar?
—En estas tierras… no se llega. Se sigue.
—Todo parece igual.
—No es igual. Es el tiempo… que no apura.
(Los personajes avanzan lentamente por un paisaje casi inmóvil. El viento y el silencio pesan más que las palabras.)
Los planos largos obligan al espectador a habitar el tiempo de los personajes. La escasez de diálogo refuerza una experiencia sensorial más que narrativa. Las acciones cotidianas (caminar, orientarse, esperar) adquieren una dimensión casi existencial. La estética cercana al documental (poca música, actuaciones contenidas) genera una sensación de autenticidad.
Trailer: https://youtu.be/t4FHN8nkDnM?si=obTsEcVC9eQV0oKj
Lo vemos en una película más “costumbrista”, centrado en los vínculos familiares y el trabajo rural, es Las acacias de Pablo Giorgelli (2011).
El film sigue a un camionero que transporta madera desde Paraguay hacia Buenos Aires y, casi sin proponérselo, termina compartiendo el viaje con una mujer y su bebé. Aunque gran parte transcurre en la ruta, el universo que construye es profundamente rural: el trabajo, los tiempos muertos, la rutina y los silencios.
En este tipo de cine, el tiempo no “empuja” la historia: la deja respirar. Y en esa respiración aparecen lo afectivo, lo humano y lo profundamente cotidiano del mundo rural.
Trailer: https://youtu.be/3vJMCmEtCwg?si=TdWQBoEBixNspEKA
Otro rasgo clave es la exploración de identidades y tensiones sociales.
El cine rural argentino aborda temas como el arraigo, el desarraigo, la migración hacia las ciudades, el trabajo en el campo, la desigualdad y la relación con la tierra. En muchos casos, las historias reflejan el choque entre lo tradicional y lo moderno, entre generaciones o entre formas distintas de habitar el territorio.
Un claro ejemplo de este es La deuda interna de Miguel Pereira (1988).
Ambientada en una comunidad rural del noroeste argentino, la película muestra la vida de un niño indígena y su maestro, en un contexto atravesado por la pobreza, la desigualdad estructural y el abandono estatal. Allí se evidencian tensiones entre el mundo rural tradicional y las promesas —muchas veces incumplidas— de la modernidad.
Se observa en este diálogo.
—¿Para qué sirve aprender todo esto, maestro?
—Para que puedas elegir.
—¿Elegir qué?
—Quedarte… o irte.
—Acá no hay nada.
—Hay tierra. Hay historia.
—Pero allá dicen que hay futuro.
(Silencio. El viento en la puna, la inmensidad del paisaje.)
El conflicto entre arraigo y desarraigo aparece en la decisión de migrar o permanecer.
La desigualdad social se refleja en las limitadas oportunidades del entorno rural.
El choque entre tradición y modernidad se encarna en la escuela: promesa de progreso, pero también de ruptura cultural. La relación con la tierra no es sólo económica, sino de identidad y pertenencia.
Trailer: https://youtu.be/eJ_9A4Xnung?si=Gb8pzlnGQRIQfqgg
Asimismo, este tipo de cine ha sido una plataforma importante para visibilizar voces regionales. Directores provenientes de distintas provincias han logrado plasmar miradas auténticas, alejadas de los estereotipos centralistas. Esto ha contribuido a diversificar el panorama cinematográfico argentino y a construir una narrativa más federal.
Un ejemplo claro de cómo el cine argentino ha funcionado como plataforma para visibilizar voces regionales puede verse en directores de distintas provincias que filman desde sus propios territorios:
El invierno – Emiliano Torres (Patagonia, 2016)
Retrata la vida en una estancia patagónica, donde el clima extremo y el aislamiento moldean las relaciones laborales y humanas. La mirada surge desde el sur profundo, lejos de los imaginarios urbanos tradicionales.
Trailer: https://youtu.be/YM6NHUXCHhs?si=ByuNH9w1RI0ggP2H
Nosilatiaj. La belleza – Daniela Seggiaro (Salta, NOA, 2012). Aborda la identidad indígena y las tensiones culturales en el norte argentino, incorporando lengua y cosmovisión wichí. Ofrece una perspectiva íntima y situada, poco representada en el cine centralista.
Trailer: https://youtu.be/h5NPtQRJfhI?si=d5wdAwYUBz8G-5YA
La mujer sin cabeza – Lucrecia Martel (Salta, NOA, 2008)
Aunque con mayor proyección internacional, mantiene un fuerte anclaje regional. Expone las desigualdades sociales y raciales del norte argentino desde una mirada sensorial y crítica.
Trailer: https://youtu.be/YZuZ06rmdqI?si=JYOdw2bcgWqtkBAI
El movimiento – Benjamín Naishtat (interior / mirada federal, 2015)
Reinterpreta conflictos históricos en territorios rurales, aportando una visión descentralizada de la construcción política y social del país.
Trailer: https://youtu.be/XJrhY22eWvc?si=LXFBb-HwoTt8Sjw6
En conjunto, estos directores construyen relatos desde sus propios territorios, no desde una mirada externa.
Incorporan lenguajes, problemáticas y culturas locales.
Rompen con el predominio de Buenos Aires como único centro narrativo.
Contribuyen a un cine argentino más federal, diverso y representativo.
Este conjunto de miradas demuestra cómo el cine rural y regional amplía la identidad cinematográfica del país, integrando múltiples voces y experiencias.
Estética:
En términos estéticos, el cine rural suele apoyarse en actuaciones naturalistas, muchas veces con actores no profesionales, y en el uso de locaciones reales.
La iluminación natural, el sonido ambiente y la economía de recursos refuerzan la sensación de autenticidad. Este minimalismo formal no implica falta de complejidad; por el contrario, exige una gran precisión en la construcción narrativa.
Un par de ejemplos ilustrativos:
La libertad – 2001
Dir. Lisandro Alonso
Protagonizada por un hachero real (no actor), filmada en locaciones rurales con mínima intervención. Predomina el sonido ambiente y casi no hay diálogo.
Trailer: https://youtu.be/9STM-CUrrDA?si=ANjz23bkIwRx_k_l
Los muertos – 2004
Dir. Lisandro Alonso
Actor no profesional en un entorno selvático del Litoral. Uso de luz natural y largos silencios que refuerzan la sensación documental.
Trailer: https://youtu.be/4dCRxW6_hec?si=OJY4G8ZAgIv_yryq
Los últimos años:
En los últimos años, el cine rural ha ganado reconocimiento en festivales internacionales, consolidándose como una de las vertientes más valoradas del cine argentino contemporáneo. Su capacidad para narrar lo local con una sensibilidad universal le permite conectar con públicos diversos, más allá de las fronteras.
Premios y reconocimientos:
Jauja – 2014 Dir. Lisandro Alonso. Premio FIPRESCI en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes.
Nosilatiaj. La belleza – 2012. Dir. Daniela Seggiaro. Reconocida en festivales como Berlín.
En definitiva, el cine rural en Argentina no sólo documenta formas de vida, sino que también interpela al espectador sobre su relación con el territorio, el tiempo y la identidad.
En un mundo cada vez más urbanizado, estas historias ofrecen una pausa necesaria y una oportunidad para redescubrir la riqueza cultural y humana del ámbito rural.
No podemos dejar de referirnos a los clásicos fundacionales
Cine rural ligado a lo social y a la construcción de identidad nacional (gaucho, trabajo, tierra).
- Prisioneros de la tierra (1939) – Dir. Mario Soffici-
Trailer: https://youtu.be/CYtz74yQ9Ag?si=DhxPs4l6NBRTLxBA
- La guerra gaucha (1942) – Dir. Lucas Demare
Trailer: https://youtu.be/Ng2WSTD13lE?si=bAc5p_Gdo0AjeJmD
Transición y modernidad (años 60–80) Ruralidad más simbólica, marginalidad y figuras míticas.
- El dependiente (1969) – Dir. Leonardo Favio
Trailer: https://youtu.be/nENzsuvLHIY?si=Ep2PByDvJt0_y0Uy
Nuevo Cine Argentino (los 90–2000): Aparición del paisaje como protagonista y narrativas mínimas.
- La libertad (2001) – Dir. Lisandro Alonso (arriba mencionado)
- Historias mínimas (2002) – Dir. Carlos Sorín
Trailer: https://youtu.be/1vB3bXPwNbM?si=pNF7CHFYhqxytXRh
- Los muertos (2004) – Dir. Lisandro Alonso (arriba mencionado)
- El viento (2005) – Dir. Eduardo Mignogna
Trailer: https://youtu.be/r1FMMZ-cmxw?si=rSWHEueOqayHTWYA
Cine rural contemporáneo (2010–2020s): Ruralidad como experiencia sensorial, política y existencial.
- Las acacias (2011) – Dir. Pablo Giorgelli (arriba mencionado)
- La patota (2015) – Dir. Santiago Mitre
Trailer: https://youtu.be/iwrOi36_XEo?si=Hm-Z5kNP1ctwgrm3
- El invierno (2016) – Dir. Emiliano Torres (arriba mencionado)
- Zama (2017) – Dir. Lucrecia Martel
Trailer: https://youtu.be/XZLXAnVZT3k?si=LNlMvrbtJmfFvPu5
Plataformas clave para cine rural argentino:
- AR PLAY (INCAA)
- Retina Latina
- TV
- MUBI
- Amazon Prime Video (alquiler/compra)
- Apple TV
- Google TV
- YouTube
Especial para Primicias Rurales por Gonzalo Fierro, médico, especialista en cine
