Marcada volatilidad del mercado local

 
   Buenos Aires, 20 enero (Especial para NA, por Gustavo López*)– Mientras en los mercados internacionales, en un marco de abundante oferta, demanda estable y una inevitable acumulación de stocks, las cotizaciones de la mayoría de los granos no encuentran su piso, en el mercado local, producto de la incertidumbre por la falta de precipitaciones adecuadas en gran parte de la región productora en la fase final de la siembra y el desarrollo de los cultivos, los precios evolucionan con firmeza.
   En efecto, tanto en soja como en maíz, las caídas en el Mercado de Chicago a lo largo de las últimas cuatro semanas, para la posición mayo/18, coincidente con la salida de la cosecha argentina, superaron los 22 y 7 dólares la tonelada respectivamente, en tanto que en el mercado interno –con alta volatilidad- los precios tendieron a consolidarse, producto de las condiciones climáticas adversas, que permiten inferir menores volúmenes de producción para el ciclo 2017/18.
   Ello llevó a que los productores continúen reteniendo parte de la cosecha 2016/17 y realizaran escasas operaciones de la nueva zafra.
   Hacia mediados de enero todavía faltaba por vender aproximadamente el 28% del total recolectado de la soja del ciclo que está por finalizar, lo cual representa algo más de 16 millones de toneladas.
   En ese marco los operadores, ávidos de mercadería para su procesamiento, incrementaron los precios para las entregas inmediatas hasta niveles de 275 dólares la tonelada, cuando se negociaba tan sólo un mes atrás a 255 a 260 dólares la tonelada.
   Esto sin duda afecta los márgenes de la industria que si bien redujo su volumen de procesamiento, incrementado en forma considerable su ociosidad, debe seguir operando, dado los altos costos que implica la inmovilización de las plantas y la necesidad de cubrir sus compromisos de exportación.
   Si el análisis se realiza en la moneda local, se llegó a operar soja con descarga inmediata y pago a 60 a 90 días a un valor récord de 5.350 pesos la tonelada, versus 4.200 a 4.500 pesos la tonelada un mes atrás.
   En tal sentido las variaciones de los últimos días en la cotización del dólar, también colaboró al incremento de los precios internos.
   Sin duda, el productor ante las fluctuaciones de los precios citadas, opta por esperar aún mejores cotizaciones, aunque los negocios para la nueva cosecha se realicen en niveles por debajo de los actuales en torno a 265 a 270 dólares la tonelada para las posiciones mayo/julio del corriente año.
   Algo similar se dio en los dos últimos ciclos, donde se registraron marcados atrasos en la comercialización de este oleaginoso, modalidad que sin duda representa un "resguardo de valor" para el productor, privilegiando retener su mercadería, ante la posibilidad de optar por otro tipo de inversiones.
   En maíz, si bien el flujo de ventas es muy superior, también se observaron mejoras significativas con valores similares tanto para la entrega inmediata como para las posiciones de nueva cosecha en torno a 151 a 152 dólares la tonelada.
   El trigo no es la excepción, habiendo mejorado su precio local notablemente en los últimos días, como consecuencia de una muy dinámica demanda de la exportación y de la industria.
   Valores actuales de 170 a 172 dólares la tonelada tienden a consolidarse en el tiempo, dada la menor oferta esperada, y la necesidad de contar con mercadería de calidad negociándose los meses de junio y julio por encima de 175 a 176 dólares la tonelada.
 
   (*) Agritrend SA .
 
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Las erróneas interpretaciones del mensaje del Papa

 

A quien tuvo formación superior se le debe exigir que, cuando escriba algo que pueda afectar a otro, no se base en meras suposiciones. Por eso llama la atención hasta qué punto las afirmaciones periodísticas sobre el Papa están plagadas de imaginación, al mismo tiempo que todo se interpreta como si Francisco estuviera permanentemente pensando en Macri. El ego argentino es grande.
 
Esto se vio exacerbado días atrás en una llamativa andanada de notas periodísticas, todas dedicadas a atribuirle a Francisco ciertas intenciones políticas. Si uno leyera este hecho con la misma imaginación, podría deducir que hay un plan organizado de desprestigio. Pero es más adecuado pensar con la mente en frío y otorgar el beneficio de la duda.
 
 
Muchas veces se supone que todos los que tienen alguna tarea en instituciones católicas están ejecutando órdenes del Papa cada vez que hablan. Sin embargo, esto ni siquiera ocurre con los cardenales del Vaticano, ya que siguen pensando y hablando como quieren, como si Francisco no fuera papa.
 
¿Acaso no nos preguntamos muchas veces por qué no se sacaba de encima al cardenal Müller, quien no ocultaba una línea de pensamiento muy diferente e incluso lo criticaba? Y miremos al cardenal Sarah, que sigue proponiendo volver a celebrar la misa de espaldas al pueblo.
 
 
Por lo tanto, no se puede sostener que lo que diga la pastoral social de Córdoba, que podría hablar incluso sin consultar al obispo del lugar, venga digitado desde el Vaticano. Por la misma razón, deberían respetar a Grabois, que es un laico adulto e inteligente y puede tener pensamiento propio sobre temas políticos y sociales, sin suponer que repite lo que le ordena el Papa. Él como ciudadano libre puede opinar lo que quiera sobre el presidente o sobre la oposición.
 
No es realista decir que alguien, por ser asesor o consultor de una oficina vaticana, como es Justicia y Paz, esté marcando o representando el pensamiento del Papa sobre temas sociales.
 
 
Muchos de esos consultores jamás son consultados y a otros se los consulta solo sobre algún tema en particular: la trata de personas, el narcotráfico, etcétera. Es más, algunos de ellos pueden estar a favor de la eutanasia o del aborto en algunos casos, y esa no es la línea del Papa o del Vaticano. Entonces permítanle a Grabois que tenga el respeto del Papa, pero libérenlo del peso de estar representándolo.
 
Esto se vuelve más complejo todavía en las academias del Vaticano, donde una puede opinar lo contrario de otra. Así ocurrió, por ejemplo, en temas como los transgénicos, las células estaminales, etcétera. Sánchez Sorondo convoca a su academia a quienes quiere, sin pedir permisos del Papa ni certificados de buena conducta. Les da lugar en su foro de discusión porque desde su cargo pueden aportar algo sobre algún tema acotado, y así como invitó a Macri invitó también a Gils Carbó. Pero aquí dicen falsamente que "el Papa mandó llamar a Gils Carbó".
 
Hoy, con Francisco, la Iglesia goza de una inédita libertad de expresión y no es necesario estar pensando qué diría el Papa para poder opinar. Ahora muchos católicos pueden tratar irresponsablemente a Francisco de hereje o de cismático, sin que les llegue siquiera un pedido de aclaración desde el Vaticano. Pocos años atrás recibíamos sanciones graves por mucho menos.
 
De todos modos, cualquier opinión que defienda los derechos de los más débiles podrá tener semejanzas con el mensaje de Francisco, que siempre habla desde las heridas de los más frágiles. Es improbable que él se dedique a reclamar a favor de las grandes empresas o de los poderes concentrados, por más racionales que suenen. Los poderosos ya tienen recursos de sobra para defender sus intereses y difundir su visión de la realidad. Los débiles de este mundo ya escucharon muchas veces que hay que seguir esperando.
 
Es en la sociedad civil donde han crecido la intolerancia y nuevos modos de censura. Por eso muchos optan por no opinar acerca de graves temas sociales, porque opinar es verse expuesto a una catarata de descalificaciones y de sospechas.
 
Esto no le hace bien a nuestro querido país. Solo empobrecerá más y más el ya limitado debate público, y no habrá progreso económico que supla la decadencia cultural y social.
 
*Rector de la Universidad Católica Argentina (UCA)
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Un estatus sanitario internacional que hay que proteger

   Buenos Aires, 13 enero (Especial para NA, por Juan Pablo Giménez*) — La Argentina tiene un estatus sanitario que muchos países querrían tener y que amerita ser cuidado en forma permanente.
   Mucho más si se tiene en cuenta que hoy la aspiración es convertirse en el supermercado del mundo, lo que obliga a mantener -o incluso a mejorar- ese estatus si pretende acceder a nuevos mercados internacionales.
   Ser un país que produce alimentos y que estos sean reconocidos a nivel mundial es una ecuación posible solo trabajando en un aspecto que no puede ser descuidado: el de controlar con mucho esmero todo lo que ingresa al país.
   Y aquí hay que detenerse a observar un detalle nada desdeñable: la Argentina posee 15 mil kilómetros de frontera, y a lo largo de ellos el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) está presente en 93 puntos de ingreso donde cumple sus funciones junto con otros organismos de control.
   Todas las medidas de prevención que se disponen en las fronteras intentan sostener esta fortaleza, de ahí la importancia de que el viajero comprenda el rol de esta labor y colabore con el país, ingresando sólo aquellos alimentos que no revisten riesgo sanitario.
   Por eso los pasajeros que vuelven al país por pasos terrestres, aeropuertos o por vías fluviales o marítimas deben tener presente que no se pueden ingresar determinados productos y subproductos de origen animal y vegetal sin la autorización correspondiente, precisamente como medida de prevención contra plagas y enfermedades que si ingresaren pueden afectar la producción agropecuaria nacional.
   Es importante asesorarse para evitar situaciones comprometedoras e identificar aquellos productos o alimentos que tienen permiso para ingresar al país por no revestir ningún riesgo, siempre que sean cantidades acordes para un consumo personal o familiar y cuenten con la debida rotulación del país de origen.
   En 20 aeropuertos con arribos internacionales y arribos en territorio nacional, 48 puertos fluviales y marítimos y 25 puntos de ingreso terrestres, los agentes del Senasa se encargan de verificar que los pasajeros no ingresen animales vivos sin su correspondiente documentación sanitaria y aquellos agroalimentos de riesgo tales como embutidos, chacinados y frutas, así como también flores y semillas.
   Si se permitiera ingresar al país alimentos no autorizados o no rotulados (artesanales o caseros) se estaría poniendo en riesgo la sanidad animal o vegetal, o la salud de los consumidores al no contar con la calidad y la inocuidad adecuada.
   Es por esto que, si como resultado de las inspecciones se detecta la presencia de cualquier mercadería que pudiese implicar un riesgo potencial a la salud pública, animal y/o vegetal –cuyo ingreso no esté permitido de conformidad con la normativa vigente o no cumpla con los requisitos necesarios para ingresar como equipaje acompañado– se procede de inmediato a su decomiso, desnaturalización y posterior destrucción en presencia del pasajero.
   Todo esto genera un momento incómodo para el pasajero que en muchos casos adquirió el producto en cuestión sin saber que no podía ingresarlo al país, o incluso lo recibió de regalo en el lugar donde estuvo de visita.
   Pero es una tarea esencial para el agente del Senasa tener que proceder a la destrucción del producto, ya que es la única forma en que se puede sostener el estatus sanitario del país.
   Es por eso que el Senasa recomienda a los viajeros que se informen previamente acercándose a cualquiera de las 368 oficinas del Organismo distribuidas en todo el país, llamando a la línea gratuita 0800-999-2386 o ingresando al sitio web www.senasa.gob.ar, a fin de evitar problemas a la hora del regreso.
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   (*) Ingeniero agrónomo de Coordinación de Fronteras y Barreras del Senasa 
 
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Futuro cercano aún sin despegue

El cambio de año tradicionalmente obliga a un balance y el campo, como cualquier sector empresario, cae en las generales de la ley del resto de la economía productiva del país, es decir que, si bien aún se mantiene algo del mejor humor que implicó el cambio de Gobierno a fines de 2015, sigue sin aparecer una marcada reacción al crecimiento que, hasta ahora, y en el mejor de los casos, en el campo es apenas “vegetativo”. Por el contrario, rubros que ya venían complicados durante la Administración K, profundizaron la crisis, tal es el caso de la lechería, o la fruticultura, a la que luego se le agregó la avicultura en estos últimos dos años.

Suba de costos, mayores impuestos, combustibles y salarios, confluyeron durante el año pasado para constituir un combo complejo, al que se le sumó el debilitamiento de las cotizaciones internacionales de los granos, y el exceso de lluvias local (por 4º año consecutivo), lo que también limitó la producción.

Aún la ganadería vacuna, que es la que ostenta los relativamente mejores indicadores, sigue en un estado de muy lento crecimiento, muy alejada aún de las posibilidades de recuperar, al menos, el stock que tenía en los primeros años del 2000.

Sin embargo, es la falta de liquidez y el alto costo del dinero lo que más limita la posibilidad de crecimiento y recuperación. Por otra parte, el tipo de cambio y el costo de los fletes, terminan de sacar de competencia a la mayoría de los rubros que, tradicionalmente, constituyeron el fuerte de las exportaciones locales.

De tal forma, con un consumo interno amesetado, y tal vez, en sus máximos posibles por el poder adquisitivo de la población (hace 9 años que no crece el ingreso per capita), y con exportaciones acotadas por el costo de los fletes y el nivel del dólar, es difícil pensar en un crecimiento genuino -y justificado- de la producción, ya que resulta imposible colocarla, dentro o fuera del país.

Según los analistas financieros, tanto la salida de dólares (baratos) por turismo, como el nivel de atesoramiento, por la misma y otras razones, son récord. A su vez, la IED (inversión extrajera directa) no se mueve y parece estar cada vez más lejos de los ´90, mientras que las colocaciones locales tampoco despegan, más allá de la obra pública con endeudamiento, y el crédito inmobiliario que mueve la construcción (al margen, claro está, del sector financiero).

Conclusión: ¿para que producir si no hay más consumo y no se puede exportar?

Por otra parte, si se tiene capital la renta financiera es mucho más atractiva que la de la producción y, por el contrario, si falta el capital, conseguirlo es carísimo.

En ese contexto no puede extrañar el estancamiento productivo del campo, probablemente el sector más activo de la economía que, desde hace 5-6 años está prácticamente detenido, aunque el potencial de crecimiento agroecológico sigue existiendo.

El “campo” es, además, el principal inversor que tiene el país, ya que cada año aplica al menos U$S 25.000 millones para la producción que luego abastece al mercado interno y a la exportación.

Pero en granos, se mantienen los 35-37 millones de hectáreas y las 123-128 millones de toneladas (reales), más allá de los supuestos “récords” de los que siguen hablando funcionarios, y algunos medios “más papistas que el Papa”.

En lechería siguió disminuyendo la cantidad de tambos y el volumen, ahora a alrededor de 9.000 millones de litros, mientras que en frutas ocurrió exactamente lo mismo.

La madera, uno de los rubros más expectantes a nivel internacional, sigue anclada en poco más de un millón de hectáreas, aunque hay más de 20 millones forestables, y así sucesivamente.

Aún la ganadería, que parece concentrar las buenas noticias oficiales, todavía está 4-6 millones de cabezas por debajo de los guarismos de hace 12-14 años; el nivel de producción de carne apenas supera las 2,5 millones de toneladas, y las exportaciones solo alcanzan 5-8% del volumen total, y hace más de 10 años que no se completan siquiera las 31.000 toneladas de la Cuota Hilton, de cortes premium, de alta calidad, sin arancel, para la Unión Europea. Tal vez en este ciclo se acerque un poco más a esa cifra, pero seguramente sin totalizarla tampoco. Muy lejanos parecen aquellos tiempos en que la mayor discusión del año era como distribuirla…

Con este escenario no puede extrañar entonces que la balanza comercial haya arrojado un alarmante déficit de alrededor de U$S 9.000 millones, que pueden ascender a U$S 14.000 millones en 2018, de no mediar cambios de envergadura. De hecho, la producción del sector se prevé muy similar a la del año pasado, y eso si la seca no afecta más los rindes de la próxima cosecha.

Es que si el sector más dinámico del intercambio comercial, el campo y sus agroindustrias, se estancan (como ocurre en la actualidad), el más mínimo crecimiento de las importaciones termina en un gran desfase del comercio negativo para la Argentina, que no se corrige con viajes de funcionarios, ni con declaraciones de amistad de los distintos países, durante visitas oficiales. 

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Fuente: campo 2.0 

¡Hagan bien las cuentas!

 

Me cuenta el diario: “Los diputados kirchneristas Daniel Filmus, Mariano Recalde, Cristina Alvarez Rodríguez, Vanesa Siley, Hugo Yasky y Leopoldo Moreau salieron a cuestionar la rebaja en las retenciones a las exportaciones de soja“. Para denunciar el supuesto daño fiscal, toman en cuenta un cálculo publicado por el diario que tanto odian. En efecto, Clarín había informado que este año ingresarán al fisco unos 20.000 millones de pesos menos por este supuesto beneficio a los productores agrícolas.

¿Será cierto ese dato? Coincide más o menos con otro cálculo previo del diario La Nación, que también hablaba de un perjuicio a la recaudación por esta rebaja de retenciones cercano a 1.000 millones de dólares

Dejemos de lado la discusión filosófica sobre si el de las retenciones es dinero que se le saca al Estado o si es en cambio plata que se le saca al productor y que el Estado ahora está devolviendo. Vamos a concentrarnos en los números de la supuesta pérdida de recaudación durante 2018 por efecto de esta medida.

Juan Manuel Garzón, economista jefe del IERAL, el instituto de estudios económicos de la Fundación Mediterránea, hizo las cuentas de modo muy meticuloso y su conclusión fue que en el escenario de rebaja gradual de medio punto por mes (29,5% en enero, 29% en febrero, 28,5% en marzo, 28% en abril, y así hasta caer a 24% en diciembre de 2018) el impacto sobre las cuentas fiscales no será tan elevado como se anda diciendo. Más bien, que será de la mitad de lo que se anda diciendo.

A su modo de ver, no es tan cierto que “el gobierno le dará a los ricachones del campo 1.000 millones de dólares”, como ahora denuncian los diputados K. A lo sumo, el costo será de la mitad, unos 500 millones, y siempre y cuando se mida en dólares el impacto de la medida. En pesos las cosas cambian bastante. 

Reproducimos textual el completo análisis de Garzón:

En 2017 los envíos de soja grano estuvieron gravados por un derecho de exportación del 30%. En el caso de harina y aceite de soja, la tasa fue del 27%. Por su parte, el biodiesel tuvo alícuotas móviles (de entre 3% y 7%) sólo en los primeros cuatro meses (en los restantes la tasa fue del 0%).

En función de estas alícuotas y de los envíos del complejo sojero, el fisco fue generando recursos. De acuerdo al Ministerio de Hacienda, se llevaban recaudados $62.400 millones en concepto de derechos de exportación al mes de noviembre de este año. Se estima que el 2017 habría cerrado con una transferencia cercana a los $68.000 millones.

Para el 2018 está vigente una baja de 0,5 puntos porcentuales mensuales en las alícuotas que gravan, en principio, a todos los productos del complejo sojero.

Existe cierta duda respecto al tratamiento que recibirá el biodiesel en el nuevo año, considerando que en los últimos meses ha estado sujeto a controversias varias en relación a si debe o no pagar derecho de exportación y a qué tasa en caso que sí corresponda gravarlo. A mediados de diciembre el gobierno se definió por gravar la exportación de este producto y estableció una tasa del 8%. En las simulaciones que se realizan a continuación se considera que esta alícuota sobre el biodiesel es la que se mantiene durante todo el 2018.

Bajo el supuesto que este año las exportaciones del complejo sojero son similares a las de 2017 (valor, composición y estacionalidad) y que el tipo de cambio crece al 1% mensual, se estima la recaudación de retenciones en 2018 bajo tres escenarios diferentes en relación a la estructuración de este impuesto:

  1. Un escenario de status quo, donde se estima lo que se recaudaría de no haber cambios en las retenciones;
  2. El escenario que ha elegido el gobierno, donde se estima lo que se recaudará con una reducción gradual de retenciones (0,5 pp mensuales);
  3. Un escenario que podría haberse dado, donde se estima lo que se recaudaría con una reducción de retenciones de tipo “toda junta a la vez”, que implicaría haber bajado los 6 puntos porcentuales en enero de 2018.

Adicionalmente se agrega un cuarto escenario, donde se estima la recaudación que se lograría con un esquema de reducción gradual de retenciones pero considerando ahora que crecen las exportaciones de soja grano, desde las 7,4 millones de toneladas observadas en 2017 a 9,4 millones de toneladas.

Los resultados son:

En el escenario de status quo el gobierno podría haber recaudado en 2018 unos $83.600 millones por retenciones sobre el complejo sojero.

En el escenario de baja gradual, elegido por el gobierno, el fisco estaría recaudando unos $73.500 millones.

De haberse optado por un escenario de baja “todo a la vez”, la recaudación se aproximaría a $65.000 millones.

Finalmente, en el escenario de baja gradual con mayores exportaciones de soja grano (+2 millones) la recaudación rondaría los $78.400 millones.

De estas estimaciones se deduce que el costo fiscal de la reducción gradual de retenciones se aproxima a los $10.100 millones (US$ 506 millones). Esta cifra surge de la diferencia entre lo que podría haberse recaudado (escenario a, de status quo) y lo que se terminaría recaudando.

Si la reducción de retenciones hubiese sido “toda junta en enero”, el costo fiscal habría sido mayor, como es de esperar. En este caso los ingresos fiscales resignados se habrían aproximado a los $18.600 millones (US$ 944 millones).

Nótese que pasar del esquema de “baja gradualista” al esquema de “baja toda junta” habría tenido un costo fiscal adicional de unos $8.500 millones (US$ 438 millones). Desde otra perspectiva, el esquema de baja “gradual” vs baja “de una sola vez” le permite al fisco reducir en un 46% el costo de la baja para el año 2018.

En el gráfico adjunto se muestra como se distribuiría mensualmente el costo fiscal bajo ambos esquemas (medido en millones de dólares). Puede apreciarse que al mes de diciembre de 2018 ambos esquemas convergen a un mismo costo (lo que es correcto dado que en ese mes las alícuotas de derechos de exportación pasan a ser las mismas).

 

Con el esquema de baja elegido por el gobierno la recaudación 2018 será mayor a la de 2017 en términos nominales. En efecto, la recaudación estimada para este año ($73.500 millones) es 8% superior a la del año previo ($68.000 millones, +$5.500 millones). Lo que está sucediendo es que la recaudación de retenciones -medida en pesos- depende de las alícuotas, los envíos y el tipo de cambio; y en la simulación el tipo de cambio 2018 se encuentra casi un 20% por encima del de 2017. Ahora bien, nótese que, en términos reales, es decir, ajustando por inflación, la recaudación de retenciones 2018 será menor a la de 2017 (la inflación se ubicará probablemente en un rango de entre 15% – 18% este año).

Respecto al biodiesel, es interesante advertir que bajo los supuestos definidos la carga tributaria sobre los envíos de este producto generaría una recaudación estimada en $ 1.800 millones, unos $1.600 millones adicionales a los fondos recaudados en 2017. En función de cómo fue tratado su caso, la recaudación de retenciones estimada en todos los escenarios 2018 (cuadro adjunto) bajaría en $1.800 millones si el biodiesel tuviese tasa cero. Esto haría que costo fiscal de la baja se mantenga en los niveles antes definidos; por caso, el escenario a) pasaría a una recaudación de $81.800 millones y el b) a una de $71.700 millones, y la diferencia seguiría siendo de $10.100 millones. Pero sin el gravamen sobre el biocombustible la recaudación 2018 sería menor y la comparación contra 2017 menos favorable (la suba estimada en $5.500 millones se reduciría a $3.700 millones).

Puede deducirse que si las exportaciones 2018 del complejo fuesen mayores a las de 2017, ya sea por volúmenes y/o precios superiores, la recaudación efectiva 2018 vinculada a este impuesto se resentiría menos respecto de la de 2017. Este es el caso del escenario d) que supone volúmenes de soja grano exportados que pasan de 7,4 millones (2017) a 9,4 millones (2018), lo que es perfectamente factible dados los altos stocks de grano 16/17 que hay en el mercado.

Como ya fuera mencionado, en el escenario d) la recaudación de DE llegaría a $78.400 millones, con un incremento sobre recaudación efectiva 2017 de 15% (+10.400 millones); cada millón de toneladas adicionales de soja exportadas que se agregan a la simulación generan $2.450 millones de recaudación en concepto de retenciones 2018 y mejoran la situación para el fisco.

Nótese que una expansión en las exportaciones de soja grano habría tenido más factibilidad de observarse en el caso en que las retenciones hubiesen bajado “toda de una vez” y no en forma gradual. En el esquema gradual hay un “premio” por demorar la venta, una mejora del 0,5% mensual en el precio de exportación por efecto de la baja secuencial del impuesto. 

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Fuente: Bichos de Campo

 

Producción y Medio Ambiente

 

Argentina tiene en frente un debate que debe ser dado y decidido en el corto plazo en lo que se refiere a la cuestión ambiental.

Para el 2050 seremos en este planeta más de 9.000 millones de habitantes y hoy no existe la tecnología ni la capacidad para darles de comer.

El mismo presidente Macri define el rol de la República Argentina como supermercado del mundo.

Para ello es indispensable que definamos el camino justo que nos lleve a producir en forma sustentable y sostenible con el medio ambiente.

Entre los temas a resolver se encuentran:

– Humedales: Leyes ambientalistas que definen mal y restringen la producción. Como en la provincia de Corrientes que pueden llegar a afectar la mitad de la producción de dicha provincia que incluye conceptos como presencia temporaria de agua superficial o subsuperficial, que conlleva a incluir erróneamente a grandes planicies anegables y valles totalmente productivos a no poder ser utilizados para la producción agropecuaria.

– Ley de Ordenamiento Territorial: Ponen restricción a la producción generando desigualdad ante la ley perjudicando a los productores más chicos. Inviabilidad ambiental que termina en incendios. Malas definiciones: El fachinal no es ni será nunca un bosque. El bosque degradado exige otro camino para recuperar suelos.

– Perros asilvestrados: Destruyen la producción del Sur y Tierra del Fuego y atacan a los ovinos. Así los productores pierden cabezas en sus majadas y tampoco tienen suficientes herramientas para contrarrestar este avance. Un problema que se inicia por una desidia política y social.

– Pumas y Guanacos: Protección a ultranza en el sur. Sumado a las intenciones de crear Parques Nacionales y terminan compitiendo y pastoreando alimento para el ganado ovino. Una población descontrolada que lleva al abandono de los campos.

– Distancias mínimas de aplicaciones: Ordenanzas municipales y decretos que varían de acuerdo a cada partido y departamento, se debe unificar el criterio y avanzar en una homologación nacional para la aplicación de agroquímicos.

– Glifosato y otros agroquímicos: Mala leche en la definición de estos productos como "agrotóxicos", este es un término tendencioso y no real. Los productos que se aplican en su mayoría son inocuos y avanzan en pos de una producción más sustentable y amigable con el medio ambiente.

– Combate de Plagas como Langosta y Lobesia Botrana: Dos de las plagas que más afectan a las economías regionales de nuestro país. Debemos dar una batalla dura y seria para poder contrarrestarlas y defender a los productores.

– Contaminación de napas: Un tema que empieza a ser recurrente y debe ser necesario instalarlo y saber su importancia y las implicancias en el agro.

 

Usar la ciencia y la tecnología con conceptos proactiva a la producción.

Usar la ciencia y la tecnología y no la doctrina.

Tenemos instituciones prestigiosas como INTA, INTI, CONICET, AACREA y AAPRESID que tienen los conocimientos para el tratamiento de estos temas.

El productor es el principal interesado en conservar el medio ambiente, para él y sus descendientes. 

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Fuente CRA