La teoría económica y la historia argentina permiten refutar fácilmente el argumento de que antes de dolarizar hay que hacer una reforma laboral
Buenos Aires, 29 de enero (PR/24) .- Algunos periodistas supuestamente versados en temas económicos repiten insistentemente que antes de dolarizar habría que hacer otras reformas, especialmente flexibilizar el mercado de trabajo. Caso contrario, sostienen, la economía no podría absorber shocks externos sin provocar una fuerte recesión. En apoyo de este argumento, se cita a veces el caso de la Argentina en 1999, cuando luego de que Brasil devaluara fuertemente la moneda, se produjo una fuerte apreciación del peso que, supuestamente, empujó a la economía una recesión, y, también supuestamente, provocó el colapso del régimen de Convertibilidad (sobre el impacto de la devaluación del real en enero-febrero de 1999 ver este post).
Esta línea de argumentación no sólo se basa en supuestos teóricos erróneos, sino que además es refutada por la evidencia, especialmente en el caso argentino. Ya hemos escrito sobre el efecto de los shocks bajo dolarización aquí y aquí, pero dada la insistencia con la que se repite el argumento en los medios es necesario agregar algunas consideraciones teóricas y datos poco conocidos.
Antes de avanzar, aclaro que es obvio que sería más conveniente dolarizar la economía con un mercado laboral flexible y desregulado.Eso no se discute. Las dos cuestiones a dilucidar son las siguientes: 1) si dolarizando perderíamos una herramienta valiosa que las autoridades han empleado en el pasado para amortiguar shocks externos, y 2) si en las circunstancias actuales una reforma laboral de fondo es viable políticamente si no se elimina antes la inflación.
Empecemos con algunas consideraciones teóricas sobre el primer punto. Como explicó muy bien Rudi Dornbusch en su último paper –Fewer Monies, Better Monies publicado en 2001– desde el punto de vista teórico el argumento de la flexibilidad cambiaria en contra de la dolarización es muy endeble. En primer lugar, la mayoría de los shocks son temporarios y no permanentes. Esto quiere decir que desde una perspectiva de optimización inter-temporal, en vez de forzar un ajuste de precios relativos es más conveniente financiar el impacto sobre la cuenta corriente a través de los mercado de capitales.
Además, tal como lo explica Dornbusch en ese mismo artículo, un régimen cambiario con “opción de devaluación” impone un costo de capital más elevado a la economía ya que agrega una prima de devaluación a la tasa de interés nominal doméstica. Dado este mayor costo de capital, para que la economía sea competitiva, los salarios reales de equilibrio deben ser más bajos que bajo una dolarización o un régimen de tipo de cambio fijo.
“La idea de que se puede utilizar el tipo de cambio para compensar un cambio en los términos de intercambio es una falacia que sería suficiente para reprobar a cualquier estudiante de posgrado de economía en un examen. Pero la falacia tiene una durabilidad perversa» Robert Mundell (1999)
En el caso de que el shock sea permanente y fuera necesario un ajuste permanente de los precios relativos, el tipo de cambio puede ser una herramienta para facilitar ese ajuste, especialmente si hay rigideces en el mercado laboral. Sin embargo, es ilógico pensar que, dadas esas rigideces, una devaluación de la moneda puede resolver el problema de manera permanente. Como decía Robert Mundell, otro gigante de la macroeconomía, el argumento a favor de un régimen de cambio flexible se asienta sobre el supuesto de una “ilusión monetaria» que no existe. La experiencia de nuestro país demuestra que las devaluaciones del peso tienen muy corta vida debido a un efecto pass-through relativamente elevado en comparación con el resto de los países de América Latina.1
Al final, tal como lo predice la teoría y lo confirma la evidencia argentina, los principales perjudicados bajo un régimen de tipo de cambio flexible con devaluaciones sorpresivas y recurrentes son los trabajadores. La devaluación del peso termina siendo una devaluación del poder adquisitivo de los salarios. Es decir, una transferencia de ingresos no legislada de los trabajadores a los empresarios. No es casual que el gran adalid de la estabilidad monetaria a fines del siglo XIX fuera Juan B. Justo, el líder socialista.
“Hay que salir cuanto antes de la ilusión y el fraude monetarios que hunden al pueblo trabajador en la miseria”, Juan B. Justo (1865-1928)
En la Argentina, el tipo de cambio nominal (TCN) es la variable de política que más incide sobre los precios internos en el corto y mediano plazo; más que la tasa de interés o que la tasa de expansión de la base monetaria. Consecuentemente, la devaluación alimenta la inflación y termina siendo desestabilizadora. Creer que devaluando se resuelve el problema de competitividad es absurdo. De ser así, la Argentina sería el país más competitivo del mundo.
Por otro lado, el argumento de la flexibilidad cambiaria como amortiguadora de shocks presupone que un régimen de tipo de cambio flexible con plena movilidad de capitales es una opción asequible para la Argentina. Pero nuestra historia y la de muchos países en desarrollo demuestra que en la práctica no lo es. La realidad incontrastable es que desde enero 2002 nunca tuvimos un régimen de tipo de cambio flotante con plena movilidad de capitales. Si hubo flotación cambiaria, como entre 2016 y 2017, fue una flotación “sucia” con intervención activa del banco central. A la larga esta intervención casi siempre resulta desestabilizadora, ya que, excepto entre septiembre de 1992 y marzo de 2001, desde 1943 el banco central nunca ha sido verdaderamente independiente.
Sólo alguien que vive en el último piso de la torre de marfil puede argumentar que la opción contra la que hay que comparar una dolarización es un régimen de tipo de cambio flexible con un banco central competente e independiente que aplica reglas de intervención óptima. Hay que volver a la realidad y comparar la dolarización con un régimen asequible teniendo en cuenta las restricciones que impone la realidad. Nuestra historia nos demuestra de manera muy contundente que el régimen asequible con el peso nos condena a una inflación alta, persistente y volátil, que a su vez nos acelera el estancamiento y aumenta la pobreza. Creer otra cosa es un voluntarismo peligroso. Los experimentos voluntaristas siempre han terminado mal.
Habiendo repasado la teoría vayamos ahora a la práctica. ¿Qué tipo de shock externo supuestamente se puede amortiguar con un tipo de cambio flexible? El más típico es una caída significativa de los términos del intercambio (TDI), es decir el precio de las exportaciones con relación al precio de las importaciones.
Una manera fácil de testear si esta flexibilidad ha permitido amortiguar shocks externos es observar que pasó con el tipo de cambio real (TCR), que mide los precios de los bienes y servicios transables con relación a los precios de los no transables. Los primeros se fijan en dólares en el mercado internacional y son convertidos a pesos al tipo de cambio nominal (TCN) mientras que los segundos se fijan en pesos en el mercado doméstico. Si una devaluación del peso no tuviera impacto sobre el nivel de salarios y los precios de los bienes no transables (domésticos) generaría un aumento permanente de la competitividad (un aumento del TCR). Es decir, la política cambiaria podría “amortiguar” plenamente el impacto de un shock externo. Pero la evidencia indica que la Argentina, debido a la alta dolarización real y financiera, exhibe coeficientes de pass through relativamente elevados.2 Además, la sensibilidad de los precios a una devaluación aumenta a medida que se espiraliza la inflación y cuando la autoridad monetaria pierde credibilidad. En tales escenarios, tal como advertía Dornbusch, la devaluación de la moneda resulta desestabilizadora.
Es posible testear si la flexibilidad cambiaria ha servido para amortiguar shocks a los TDI de una manera muy simple. Desde abril de 1991 hasta diciembre de 2001 la Convertibilidad impuso una paridad fija entre el dólar y el peso y desde enero de 2002 hemos experimentado con una variedad regímenes cambiarios con distintos grados de flexibilidad. Teniendo en cuenta que la distribución y la magnitud de los shocks al TDI fue similar en ambos períodos, ceteris paribus, una fuerte apreciación del peso (es decir, una fuerte caída del TCR) debería haber sido más frecuente entre abril de 1991 y diciembre de 2001 que entre enero de 2002 y noviembre de 2023.3
Sin embargo, los datos muestran lo contrario. Las caídas más fuertes del TCR (o las apreciaciones más fuertes del peso) –de entre 10% y 20% en períodos de doce meses– ocurrieron en el segundo período (sólo un 16% de las observaciones corresponde al período 1991-2001). Además, la volatilidad del TCR también fue significativamente más alta en el período 2003-2023. La evidencia es muy contundente: una mayor volatilidad del TCR genera incertidumbre y mayor costo del capital, lo cual a su vez desalienta la inversión en el sector de bienes transables e incide negativamente sobre el crecimiento del PBI.
La evidencia también muestra algo que sorprenderá a algunos lectores: la apreciación del peso fue mayor entre marzo de 2005 y noviembre de 2015 que entre abril de 1991 y diciembre de 2001 (el valor real del peso es la inversa del TCR).
Otra manera simple de verificar la hipótesis de la flexibilidad cambiaria como amortiguadora de shocks es analizar que pasó desde 2008 con el TCR en los períodos en los que hubo caídas más pronunciadas en los TDI. Supuestamente, bajo el escenario de amortiguación de shocks deberíamos observar signos opuestos. Es decir, si el banco central intervino para amortiguar una caída de los TDI, esto debería coincidir con un aumento del TCR. Como se puede apreciar en la tabla, esto sólo ocurrió entre enero y agosto de 2018. Sin embargo, en este caso, la depreciación del peso (aumento del TCR) no fue una decisión deliberada del BCRA para amortiguar la caída de los TDI, sino consecuencia del sudden stop de marzo de 2018 que provocó una profunda crisis externa.
Resulta evidente que desde 2008 hasta hoy el BCRA no ha empleado la política cambiaria para amortiguar el impacto de los shocks externos (caida de los TDI) sino todo lo contrario. La política cambiaria en realidad agudizó la pérdida de competitividad del sector exportador que generaron esos shocks. Es decir, que con una dolarización no estaríamos perdiendo una herramienta valiosa de política económica para amortiguar shocks externos sino más bien quitándole a los políticos “un arma de destrucción masiva” del poder adquisitivo de los argentinos.
Esto no debería sorprender a ningún estudioso de nuestra historia económica. La política cambiaria generalmente ha sido empleada para reprimir la inflación, no para amortiguar shocks externos. Y esta propensión es más común y más intensa, cuando gobierna el populismo. Pretender que es posible modificar esta realidad es puro voluntarismo.
Además, como explicó Tinbergen hace décadas, un instrumento de política no alcanza para conseguir dos objetivos no necesariamente consistentes: reducir la inflación y amortiguar shocks externos.
Sobre la dolarización y los shocks externos también es interesante la comparación con Ecuador. Supuestamente, una dolarización es desaconsejable para países exportadores de materias primas como la Argentina y Ecuador porque cuando el dólar se fortalece a nivel global tienden a caer los precios de aquellas.4 Es decir, una dolarización introduciría una pro-ciclicalidad en el TCR que agravaría los problemas de competitividad justo en el momento que caen los precios de las exportaciones.
Sin embargo, la evidencia demuestra de manera contundente que, en los últimos dos ciclos de apreciación del dólar, la apreciación de la moneda doméstica (caída del TCR) fue mayor en la Argentina que en Ecuador. Dicho de otra manera, el populismo ha sido mucho más pro-cíclico con relación al TCR que una dolarización o una convertibilidad.
El argumento de las pre-condiciones a una dolarización también se puede refutar desde la perspectiva de la economía política de las reformas. Como ya señalé, es obvio que sería más conveniente dolarizar la economía con un mercado laboral flexible y desregulado.La segunda cuestión a dilucidar es si en las circunstancias actuales una reforma laboral de fondo es viable políticamente si no se elimina antes la inflación.
Las dificultades que hoy enfrenta el gobierno de Javier Milei para conseguir la aprobación de su paquete de desregulación en el Congreso demuestran que sin capital político es muy difícil avanzar con reformas de fondo de manera sostenida. Mientras la inflación se mantenga elevada, el capital político del gobierno se depreciará rápidamente y su capacidad de introducir reformas se verá limitada.
La historia argentina y de otros países confirma que primero hay que eliminar la inflación, porque es la única reforma que genera capital político en el corto plazo. Esto es lo que permite a un gobierno reformista avanzar luego con las otras reformas necesarias (laboral, impositiva, etc.). Obviamente, nada garantiza que esto último ocurra. Sin embargo, queda claro es que si no se elimina la inflación, no habrá capital político para hacer otras reformas.
Recordemos que las reformas más importantes de los noventa se hicieron después del lanzamiento de la Convertibilidad. Sin ella, Menem seguramente hubiera sufrido una dura derrota en las elecciones legislativas de 1991 y 1992, abriendo la puerta a una reversión de las reformas realizadas hasta entonces y dejando trunco el programa de reformas más exitoso de la historia argentina.
En cierto sentido la dolarización es la “reforma madre” porque elimina rápidamente la inflación y eliminar la inflación es la única política gubernamental que, por razones obvias, el electorado argentino apoya mayoritariamente sin distinción de ideologías. Eliminar la inflación con una dolarización generaría un círculo virtuoso, ya que al reactivar la economía reforzaría el impacto positivo sobre el capital político del gobierno.
Un voluntarismo que permanentemente ignora las lecciones de nuestra historia y niega nuestra realidad imaginando la Argentina del “como sí” nos condena a repetir los ciclos de la ilusión al desencanto, que cada vez expulsan más jóvenes de nuestro país.
El pass through es el efecto que tiene una devaluación sobre los precios internos. Se mide como la elasticidad de los segundos con relación a variaciones en el tipo de cambio.
La dolarización espontánea o de facto puede tomar tres formas: transaccional, real o financiera. La primera indica que el dólar reemplaza al peso como medio de cambio. En la Argentina tanto las propiedades como las obras de arte y algunos servicios especializados se cotizan y pagan en dólares. La dolarización real es cuando el dólar se convierte en unidad de cuenta. Los agentes económicos ajustan sus precios utilizando al dólar como referencia. La dolarización financiera ocurre cuando el dólar sustituye al peso como reserva de valor. Es decir, cuando la gente ahorra en dólares y las empresas y el mismo Estado se endeudan en dólares.
La relación que prevaleció históricamente entre el valor del dólar y el precio de los commodities cambió con la crisis del Covid-19 y la guerra con Ucrania. Es posible que en el futuro ya no exista esta relación ya que el valor del dólar está positivamente relacionado con los TDI de Estados Unidos que ha pasado de ser un importador neto a ser un exportador neto de petróleo (para más sobre esta cuestión ver este estudio publicado por el BIS). De consolidarse este cambio el argumento de la pro-ciclicalidad de una dolarización perdería fuerza.
Buenos Aires, 26 de enero (PR/24) .- La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa en el marco de su Comisión de Granos y Medios Ambiente debatió en el día de ayer la posición del Gobierno de adherir al acta UPOV 91 y decidieron RECOMENDAR LA NO ADHESION AL UPOV 91y excluir dicho artículo de la Ley de Bases que está en tratamiento en el Congreso de la Nación.
Motiva esta decisión la falsa argumentación de que dicha adhesión conllevara a un acceso a la mejor tecnología genética disponible para todos los productores, la cual igual puede lograrse con una Ley de Semillas consensuada sin necesidad de adherir al UPOV 91, tal como lo ha realizado en los últimos años Brasil.
Además, la adhesión al Acta de UPOV 1991 incluye la necesidad de solicitar autorización a los obtentores (algo que puede ser denegado) para el uso propio de semillas por parte de los agricultores, algo que no está incluido en el acta UPOV 78, además de otorgarle una mayor extensión de derechos a los obtentores hasta el producto de la cosecha (lo cosechado), lo cual implicaría una avance sobre la apropiación de la renta del productor y una ampliación en la duración del derecho de propiedad.
Tal como está planteado, UPOV 91 beneficia principalmente a desarrolladores comerciales de variedades uniformes, y limita los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación.
Desde CARBAP entendemos que entre todos los actores de la actividad agrícola debemos consensuar una actualización de la Ley de Semillas, sin imposiciones ni atajos, manteniendo el respeto y el equilibrio por los derechos de cada eslabón de la cadena.
Durante la campaña 2022/2023 las pérdidas económicas del productor superaron los 15.000 millones de dólares y a pesar de la dureza de la sequía, y las consecuentes pérdidas económicas, el productor mediante los derechos de exportación (DEX) tributó más de 4.500 millones de dólares.
Buenos Aires, 24 de enero (PR/24) .- De cara a la campaña 2023/2024, el productor tuvo que refinanciar esas deudas y se endeudó para poder sembrar nuevamente.
Producto de distintos factores a mediados del 2023, los precios de los insumos se incrementaron con aumentos en dólares del 40% y hasta el 90% entre mayo y noviembre, como el caso de la urea y fósforo. Todos estos elementos fueron impacto directo al bolsillo de los productores.
Con el nuevo tipo de cambio, el productor tuvo una mejora del 28% en los ingresos, pero sus costos en pesos pasaron de un dólar de 360 a 800 $/Tn, lo que es un aumento de más del doble. Si analizamos las relaciones insumo / producto vemos que el poder de compra de los granos -a pesar de la devaluación- cayó significativamente.
A nivel internacional nos encontramos en un momento en que los precios del maíz, trigo y soja están en franco descenso, lo que hace más gravoso el impacto de los DEX.
En el caso del maíz, la recaudación extra por el aumento de los DEX sería de 120 millones de dólares aproximadamente. Una cifra insignificante, si se compara con los más de 6.500 millones que ya aporta el sector agropecuario.
El maíz, no sólo es muy importante en la rotación para la mejora de los suelos, sino que, a su vez, es un claro motor de muchas economías que dependen de este insumo para su funcionamiento.
El girasol es una «economía regional», que es única alternativa agrícola, económicamente viable, en varias zonas y que no compite con otros cultivos por producirse en tierras más «marginales». Esta situación amerita un tratamiento preferencial. Elevar los DEX de 7% a 15% volvería inviable el cultivo, sobre todo en un año en que hay abundancia de aceite en los mercados internacionales, los cuales han deprimido los precios, en especial el de girasol.
El impuesto País, elevará los costos de los insumos en un 5%, y el aumento de los DEX a 15%, hará caer un 10% los ingresos del productor. Dicha combinación implica una caída de un 30/35% de la renta esperada, haciendo que en muchos lugares dicha renta pase a ser negativa.
La conclusión es que el aumento de los DEX no aumentará la recaudación y solo traerá un menor precio al productor en un año de altísimos costos, y una pésima señal hacia el futuro.
La libertad no puede estar atada a una mochila impositiva que nos termine ahogando.
Por Alejandro Schuff, Gerente de Comercial y Nuevos Negocios de PRIDE Canning.
Hace apenas dos décadas las zonas rurales presentaban niveles poblacionales más altos que las zonas urbanas. En la actualidad, esto se ha modificado. Según datos de la ONU, +55% de la población mundial vive en ciudades y esta tendencia sigue en alza. Se estima que dos terceras partes de las casi 10.000 millones de personas que poblarán el planeta para 2050, tendrán su hogar en las urbes.
En la búsqueda constante de soluciones para los desafíos urbanos, la propuesta de las «Ciudades de 15 minutos» emerge como una visión transformadora que redefine la manera en que concebimos y experimentamos la vida en estos entornos. Acuñado en 2016 por el urbanista y profesor en La Sorbona de París, Carlos Moreno, la iniciativa invita a pensar en la formación de comunidades más saludables, justas y habitables, asegurando que los residentes cuenten con servicios esenciales a una distancia mínima de sus hogares.
Importantes urbes como las de París, Barcelona, Bogotá, Shanghái o Melbourne son algunas de las 20 ciudades alrededor del mundo que ya abrazaron este modelo de cronourbanismo. Algunas adoptan el concepto en toda su extensión y otras, eligen el desarrollo de distritos específicos.
La premisa es sencilla pero poderosa: disminuir la dependencia del automóvil y promover la movilidad sostenible al facilitar el acceso cercano a todos los requerimientos necesarios para la vida cotidiana. Además de mejorar la eficiencia logística, este enfoque aspira a fortalecer el entramado social y revitalizar los espacios urbanos. Para ello, la descentralización de servicios esenciales, como negocios, supermercados, escuelas, plazas y oficinas, emerge como uno de los pilares fundamentales de estas propuestas.
Revitalización y mejora en la calidad de vida
La implementación de este modelo de proximidad implica repensar la planificación urbana, con el objetivo de crear comunidades autosuficientes y cohesionadas. Al impulsar el diseño de espacios públicos accesibles, se busca no solo optimizar el tiempo de desplazamiento, sino también fomentar una mayor interacción social. Estos cambios podrían tener un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes al reducir el estrés asociado con largos traslados y la congestión del tráfico.
Surgida de la necesidad de optimizar tiempo y calidad de vida al evitar traslados extensos entre áreas residenciales, laborales y de esparcimiento, la iniciativa promueve la formación de pequeños núcleos donde todos los habitantes puedan no solo disfrutar de los espacios verdes sino contar con infraestructura que se erijan como epicentros de la comunidad y donde puedan: para trabajar, estudiar, realizar sus compras o ir al médico y encontrar ofertas de ocio y cultura. De este modo, la ciudad de los 15 minutos se contrapone a los modelos tradicionales de urbes descentralizadas.
“A partir de lo aprendido en tiempos de pandemia, hoy día, las personas le dan mayor importancia a su calidad de vida y el contacto con la naturaleza, en este contexto el surgimiento de propuestas con estas características vanguardistas pero tan esenciales, se vuelven atractivas para invertir en la construcción de un hogar”, comenta Alejandro Schuff, Gerente Comercial de Pride Canning.
En Acción: Movilidad Sostenible y Conciencia Ambiental
Además, las Ciudades de 15 minutos tienen el valor agregado de abordar los desafíos ambientales al impulsar el desplazamiento a pie o en bicicleta, lo que tiene efectos positivos sobre su salud pero además el potencial de –al reducir la necesidad del uso de transporte- disminuir la contaminación por emisiones de carbono, mejorando la calidad del aire en las áreas urbanas. Esto se alinea con los esfuerzos globales de organismos públicos y privados para combatir el cambio climático y crear entornos más sostenibles y resilientes.
“Impulsar propuestas .espacial y arquitectónicamente pensadas con una mirada de vanguardia ofrece una visión inspiradora y pragmática para abordar los desafíos urbanos contemporáneos. Al redefinir la proximidad como una piedra angular del desarrollo de las ciudades, podemos aspirar a comunidades con mayor igualdad y cohesión social. La implementación exitosa de este modelo podría transformar la forma en que vivimos, interactuamos y experimentamos la vida en las ciudades del futuro”, concluye Schuff.
Rosario, lunes 22 enero (PR/24) — El consenso de mercado es que finalmente Brasil no tendrá un problema significativo con la soja, y sus mermas se compensarán con mejoras en el resto de Sudamérica. Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, indica que de todas formas, pronosticadores privados hablan de cosecha mucho menor, y mantienen expectativas. «La siembra tardía demora el desenlace.»
Romano destaca que “Los precios de maíz y soja en Argentina cayeron a niveles por debajo del punto de equilibrio, aún teniendo en cuenta los mejores rindes que prometen las lluvias. Muy poco grano vendido localmente, podría forzar ventas en cosecha.”
El experto de la Universidad Austral advierrte: «Es importante tener en cuenta que los precios que estamos viendo para cosecha nueva no son rentables. Muchos productores van a diferir sus ventas. Pero con niveles de ventas a precio muy atrasados, muchos compromisos del año de la seca trasladados a este, y la necesidad de cubrir vencimientos entre marzo y junio, deberíamos ver un nivel de oferta que convalide los precios bajos.» Y agrega que quien necesite vender para asegurar financiamiento, no puede darse el lujo de esperar, los demás deberán prever cómo almacenar sus granos.
Respecto al contexto internacional, Romano señala que después del reporte del USDA, donde para la soja la oferta de EEUU y Argentina en su conjunto sorprendieron con 3 millones de toneladas (mill.tt) más, y la caída de producción de Brasil no fue tan grande, «el mercado se nota muy pesado. Con especuladores que tenían una posición vendida menor vimos ventas fuertes y mermas de precio.»
En lo que hace a maíz, a nivel internacional Romano señala que la oferta es abundante, y «en Argentina, las lluvias aseguran una muy buena productividad de temprano, que no sólo contrarresta, sino que mejora las perspectivas que teníamos, teniendo en cuenta que la siembra temprana se realizó en muy malas condiciones».
Sin embargo, Romano analiza que localmente, «la revancha de precios puede venir por menor producción de maíz sobre soja (safrinha) en Brasil. Los lotes sembrados tarde con soja, podrían demorar en liberarse, generando una siembra tardía de safrinha, que sería muy riesgosa.»
Respecto al trigo, Romano detalla que había bajado mucho antes de las mermas descritptas, por lo que «no sorprende que haya estado más estable durante la semana pasada. Pero ahora veremos qué ocurre con la demanda externa, en un momento donde los embarques están subiendo, y vemos a Brasil necesitando que una parte grande del saldo exportable argentino se destine a su país».
Buenos Aires, lunes 22 de enero (PR/24) .- Hace 140 años en la actual localidad de Llavallol, Provincia de Buenos Aires, el Ingeniero Agrícola Eduardo Olivera solicitaba al gobernador Dardo Rocha la importancia de iniciar la formación agraria en nuestro país, visto la enorme capacidad agraria y productiva que nuestro territorio asomaba disponer. De ese Ingeniero precursor de nuestra profesión surgieron los primeros Ingenieros Agrónomos de nuestro país, titulación que luego a lo largo de años supo difundirse por todas las universidades a lo largo y a lo ancho de la patria. Hoy a casi un siglo y medio después, nuestro país es líder en materia de producción agroindustrial siendo competitivos y primeros en el ranking de exportación de muchos cultivos y derivados. 7 de cada 10 dólares son aportados por nuestro sector, lo que implica el 72 % de las exportaciones nacionales. 1 de cada 4 pesos de nuestro PBI se originan en el campo argentino. Esto sin dudas que no es producto del azar, o por todo lo que se siembre en nuestro suelo crece y se exporta. Esto no sería posible sin la presencia de los miles de profesionales Ingenieros Agrónomos y afines, que se encuentran en permanente formación y capacitación, evaluando y tomando decisiones tan transcendentales para los destinos macroeconómicos de nuestra patria como lo es la fecha de siembra, la elección de la variedad genética a sembrar, la correcta fertilización, o el momento justo de cosecha. Ninguna deuda se podría pagar sin ese capital humano producto de nuestro elevado nivel de competitividad internacionalen producción agropecuaria. Sin embargo, los profesionales nos encontramos limitados por el marco institucional que, a pesar de los grandes consensos nacionales e incluso internacionales, las normativas no acompañan o limitan al momento de hablar un mismo idioma. La semilla y su mejoramiento genético resulta uno de los elementos fundamentales para el progreso de la producción y, por tanto, el aumento de la exportación y la generación de trabajo profesional y calificado. A pesar de que somos lideres en maquinaria agrícola, no somos lideres el fomento a la innovación tecnológica en materia vegetal y esto es debido fundamentalmente a las restricciones impuestas o mas bien, a la ausencia de actualizaciones necesarias para el libre desenvolvimiento de nuestra actividad profesional. La Adhesión de la Argentina a la Convención Internacional Sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV) Acta 1991 es una de las grandes deudas que nuestro país tiene, esta adhesión daría impulso al desarrollo genético de variedades tales como arvejas, lentejas, garbanzos, lechuga, tomate, maní, porotos, entre otros. Claves para mejorar la seguridad alimentaria donde nuestro país dispone del potencial para ser líder global. Como profesionales del mejoramiento genético vegetal no podemos dejar de mencionar que la adhesión de nuestro país al UPOV 91 significaría un salto cualitativo y cuantitativo, permitiendo incrementar el rendimiento por unidad de superficie de muchos cultivos, eficientizar el uso de los recursos como agua y suelo, incrementar el valor nutricional de los cultivos, ampliar la diversificación en variedades y por tanto, la biodiversidad de los cultivos norecayendo en el monocultivo, mejorar la rentabilidad al productor y sin dudas, aportar a nuestro balance de carbono con sus consecuentes efectos positivos sobre el calentamiento global. Adherir al UPOV 91 implicaría que los profesionales del sector podamos sugerir mejorar o simplemente actualizar las variedades genéticas que utiliza el productor, incrementando solo en Soja el ingreso de divisas a nuestro país por mas de 1.000 millones de dólares anuales, lo que implica un retorno promedio superior de entre 2.5 y 3 dólares por dólar invertido bajo las condiciones actuales, mejorando el ingreso del productor y potenciando la capacidad de trabajo de los profesionales de toda la cadena de valor. Resaltamos a su vez, que UPOV 91 no restringe el uso de los agricultores según se manifiesta en su Art 15 la cual incorpora (a diferencia de UPOV 78) la excepción facultativa permitiendo a los agricultores utilizar a fines de reproducción o multiplicación en su propia explotación el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo en su propia explotación, creando por tanto el derecho de uso propio. Así como tampoco regula temas comerciales, esto es que ninguna empresa podrá cobrar regalías por el uso industrial derivado del cultivo. Asimismo, destacamos que UPOV 91 solo se aplica en aquellas especies que haya algún tipo de mejoramiento y no es aplicable en especies nativas o criollas que de manera permanente los agricultores de pequeña, mediana escala o campesinos mejoran y utilizan. Naciones productoras y exportadoras, competidoras directas de nuestro suelo como Estados Unidos y Australia se encuentran adheridas, así como 29 de los 38 países que integran la Unión Europea. Sumado a que nuestro país es referente desde la investigación básica en el desarrollo de nuevas variedades de semillas, diferenciarnos de nuestros competidores locales de América Latina adhiriendo al Acta 91 seria una oportunidad de comenzar a liderar el desarrollo productivo a nivel regional. Adherir a UPOV 91 potenciaría el rol de organismos del estado abocados a mejoramiento genético como el INTA que es el principal obtentor de variedades de nuestro país con inversión pública, el CONICET y demás pymes y fitomejoradores resultando un desarrollo federal y abarcativo de las necesidades ecológicas y productivas de nuestro país. Asimismo, y en virtud de lo dispuesto por el Articulo 17 de nuestra Constitución Nacional, es importante mencionar que UPOV 91 no es un sistema de patentes ni se relaciona con la misma, que se encuentra regulada por la Ley 24.481 y en función de las directrices del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) no se patentan plantas, sino que se protegen por derechos del obtentor. UPOV 91 no cambia el sistema de patentes y sus principios, sino que regula el del obtentor. Adherir al Acta 1991 de UPOV significa un enorme salto institucional para nuestro país, que nos permitiría a los profesionales y fitomejoradores desarrollar con mayor amplitud y libertad el mejoramiento genético vegetal de modo de poder dar ese salto de calidad que le permita a nuestra nación volver a estar en la vanguardia, hablar el mismo idioma y poder incluso liderar la industria alimentaria internacional y para esto la sociedad Argentina demostró que no hay mas tiempo, la adhesión a UPOV 91 es necesario que no se postergue y que sea incluida en el dictamen de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
