La Comisión de Constitución y Justicia aprueba un pago de R$ 100 por ejemplar abatido para frenar los millonarios daños agrícolas y ambientales de la especie invasora, abriendo un debate técnico sobre la gestión de fauna.
Buenos Aires, viernes 29 de mayo (PR/26) .- El avance del jabalí europeo (Sus scrofa) en el sur de Brasil ha dejado de ser un problema puramente ecológico para convertirse en una crisis económica y de salud pública. En respuesta, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Asamblea Legislativa de Santa Catarina (Alesc) aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 287/2026. La propuesta, impulsada por el diputado Camilo Martins, introduce un fuerte componente económico a la gestión de la especie: un pago compensatorio de R$ 100 (aproximadamente 20 dólares) por cada animal abatido.
La medida, aprobada en el marco del Programa Itinerante Alesc en Araranguá, busca aliviar la carga financiera de los cazadores y controladores autorizados, cubriendo costos operativos como combustible, cartuchería y mantenimiento de equipos.
Para acceder al beneficio, los interesados deberán estar estrictamente registrados ante las agencias ambientales, contar con los permisos de manejo al día y presentar autorizaciones explícitas de los propietarios rurales donde operen.
Si bien la justificación del proyecto es sólida —el jabalí destruye cultivos enteros, erosiona el suelo, desplaza a la fauna nativa y es un vector potencial de la peste porcina clásica—, la introducción de recompensas monetarias en el control de especies invasoras despierta serias advertencias entre los expertos en gestión de fauna y caza mayor.
¿Qué puede pasar realmente con esta decisión?
Desde el punto de vista de la gestión cinegética, financiar a los controladores es una herramienta de doble filo. Aunque la intención es masificar el control para proteger al productor rural, la historia global de la conservación demuestra que ponerle precio a la cabeza de una especie invasora suele traer consecuencias inesperadas.
1. El riesgo del «Efecto Cobra» (Incentivo perverso)
El mayor peligro de este proyecto de ley es que se transforme en un negocio a largo plazo. Cuando el sustento de un cazador depende de que existan jabalíes para cobrar la recompensa, el incentivo deja de ser erradicar al animal y pasa a ser mantener la población para asegurar el ingreso. En otros países, sistemas similares provocaron que la gente comenzara a criar la especie invasora en cautiverio de forma clandestina o a soltar ejemplares en áreas nuevas para «cosecharlos» más tarde.
2. Presión sobre la fauna nativa y furtivismo
Un pago en efectivo puede atraer a personas sin la preparación ética ni técnica necesaria. Existe el riesgo de que aumente el ingreso ilegal a propiedades privadas (furtivismo) o que, en la prisa por cobrar el incentivo, se utilicen métodos prohibidos (como venenos) que terminen afectando a especies nativas como el pecarí (cateto o queixada) o depredadores locales.
3. La dispersión de las piaras
El jabalí es un animal extremadamente inteligente. Una presión de caza desorganizada, motivada puramente por el volumen de capturas, suele romper la estructura social de las piaras. Si se abate a la matriarca de forma incorrecta, las hembras jóvenes se dispersan y forman nuevos grupos, colonizando áreas que antes estaban limpias. El control efectivo requiere de cazadores técnicos, no de cazadores de recompensas.
Los aciertos del proyecto y los pasos a seguir
No todo es una señal de alerta. El proyecto tiene puntos muy bien orientados que denotan un intento de blindar la ley:
-
Exigencia de trazabilidad: El texto subraya que los criterios para demostrar el abatimiento serán estrictos y definidos en la reglamentación. Se requerirá el uso de plataformas digitales, geolocalización de las capturas y pruebas biológicas (como la entrega de las orejas o la mandíbula del animal) para evitar fraudes.
-
Foco en áreas críticas: La autorización para que el Poder Ejecutivo delimite «áreas prioritarias» según el nivel de infestación es clave. El dinero público debe ir a donde el daño agrícola sea asfixiante, no a zonas donde la densidad es baja.
El Proyecto de Ley 287/2026 no ha entrado en vigor todavía; ahora deberá ser minuciosamente analizado por las comisiones de Hacienda y Tributación, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Es en estos debates donde los legisladores de Santa Catarina deberán afinar la letra chica: asegurar que los R$ 100 sean una ayuda para el cazador comprometido y no el nacimiento de un mercado negro que perpetúe el problema del jabalí en lugar de solucionarlo.
Primicias Rurales
Fuente: Gerardo Grosso (corresponsal en Brasil)
