La COPROSA de Buenos Aires aprobó por unanimidad un reclamo al SENASA para frenar la Resolución 201/2026, que desregula la vacunación antiaftosa desde 2027. Las entidades alertan que el ingreso de veterinarios privados desfinanciará a los entes sanitarios locales y dejará sin cobertura a la ganadería familiar.
Buenos Aires, domingo 30 agosto (PR/26) — La Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) de Buenos Aires aprobó por unanimidad un reclamo formal al SENASA para que revea la Resolución 201/2026. Esta normativa desregula el sistema histórico de vacunación ganadera y habilita la intervención de veterinarios privados independientes a partir del 1° de enero de 2027.
El pedido fue respaldado por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, el Colegio de Veterinarios provincial, CARBAP, CONINAGRO y la Federación Agraria Argentina, advirtiendo sobre graves riesgos operativos y financieros para el sector productivo de la región.
La Comisión Provincial de Sanidad Animal es el organismo asesor y de coordinación de las políticas sanitarias agropecuarias en el ámbito de cada provincia argentina.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, este espacio reúne tanto a representantes del sector público (como el Ministerio de Desarrollo Agrario) como a entidades del sector privado (asociaciones de productores, sociedades rurales, colegios profesionales y federaciones agropecuarias).
Su función principal es consensuar, coordinar y fiscalizar las estrategias de prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales, destacándose históricamente por administrar y supervisar las campañas obligatorias de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis a través de las fundaciones y entes sanitarios locales.
Puntos clave del reclamo institucional
Las entidades rurales alertan que la medida priorizará establecimientos grandes de cien animales por sobre los pequeños de cinco, encareciendo o dejando sin cobertura a la ganadería familiar de subsistencia.
Advierten que la migración de los grandes productores hacia esquemas particulares provocará el desfinanciamiento de los entes sanitarios locales, rompiendo el principio solidario de cobertura territorial total.
Reclaman definiciones operativas urgentes sobre logística, fiscalización y emisión de actas, exigiendo que las decisiones fundamentales no se posterguen para finales del corriente año.
Detalles estructurales de la Resolución 201/2026
La normativa del SENASA introduce un cambio estructural en las campañas obligatorias contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, modificando radicalmente el modelo sanitario vigente.
Establece la libre elección, habilitando a los titulares de campos con RENSPA a contratar de forma directa a cualquier veterinario privado que se encuentre acreditado ante el organismo nacional.
Implementa una descentralización operativa total, donde el profesional independiente pasa a ser responsable de negociar honorarios, viáticos y costos generales, además de gestionar la compra y aplicación.
Deroga oficialmente la Resolución 368/2011, la cual centralizaba históricamente la logística de la vacunación exclusivamente en los entes locales administrados por los propios productores rurales.
Impacto económico crítico en las fundaciones locales
Los entes sanitarios advierten que el nuevo esquema destruye por completo el principio de solidaridad económica que garantiza la sostenibilidad del sistema sanitario provincial.
Se proyecta un éxodo de grandes aportantes hacia contratos particulares para abaratar costos, privando a las fundaciones de sus ingresos más significativos para operar de forma continua.
El costo por cabeza se disparará, ya que las estructuras administrativas fijas se licuarán en muchos menos animales, obligando a aumentar fuertemente el precio de la tasa local por vacuna.
La quiebra operativa será inminente para muchas oficinas zonales, las cuales perderán la capacidad financiera para sostener personal, vehículos y cadenas de frío indispensables.
La postura oficial a favor de la medida
El Gobierno Nacional y las autoridades del SENASA defienden la desregulación económica bajo los principios del libre mercado y la reducción de costos operativos para el productor.
Sostienen que eliminar el monopolio de las fundaciones permitirá negociar precios más competitivos, otorgando absoluta libertad de elección al titular del campo sin intermediarios obligatorios.
Buscan una modernización del sistema sanitario mediante la desburocratización de los procesos y la integración directa de los profesionales independientes en el circuito oficial.
Sectores críticos insisten en que este esquema descentralizado pone en riesgo la trazabilidad y la estricta sanidad exigida internacionalmente para el mercado de exportación cárnico.
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