Cuando los productores dejan de reclamar desde afuera y participan de la gestión, los caminos pueden convertirse en una política concreta. General Madariaga, Magdalena, Marcos Juárez y ahora Chivilcoy muestran que otro modelo es posible.
Por Pedro A. Lobos
Ing. Agrónomo, director de Primicias Rurales y productor
Buenos Aires, martes 8 de septiembre (PR/26) — La Argentina rural lleva décadas atrapada en un problema que parece no tener solución: se pagan tasas e impuestos, se anuncian obras, se multiplican los reclamos y, sin embargo, cuando llega la lluvia muchos caminos vuelven a convertirse en una trampa para productores, trabajadores y transportistas.
Pero algo está empezando a cambiar. En distintos puntos del país aparece una misma idea, sencilla y poderosa: quienes utilizan los caminos todos los días también pueden participar de manera directa en su administración, planificación y control.
El desafío ya no debería ser solamente reclamarle al Estado que haga las obras. La discusión más profunda es otra: ¿por qué no incorporar a los productores a la gestión de los recursos destinados a los caminos rurales?
El ejemplo de Córdoba, y particularmente el departamento Marcos Juárez, demuestra que no se trata de una teoría. Allí, los productores participan activamente de los Consorcios Camineros, administran recursos, conocen las necesidades de cada zona y colaboran en la definición de las prioridades.
El sistema tiene una lógica difícil de discutir: el usuario conoce el camino, conoce el problema y tiene un interés directo en que la solución funcione. Por eso, el productor no aparece como un espectador que espera una respuesta, sino como parte de la estructura que decide y ejecuta.
En el mantenimiento cotidiano, los consorcios permiten atender alteos, cuneteados, reparaciones y trabajos posteriores a las tormentas con una mirada territorial que difícilmente pueda reemplazar una oficina distante del lugar.
Y cuando se necesitan obras mayores, Córdoba desarrolló otra herramienta: el Consorcio Caminero Único y el mecanismo de Contribución por Mejoras. La iniciativa nace desde los propios productores, se evalúa técnicamente y puede terminar transformándose en una obra que luego genera recursos para continuar extendiendo la red.
Es una concepción completamente diferente de la obra pública: el beneficiario deja de ser simplemente receptor y se convierte en protagonista.
La experiencia de Marcos Juárez encuentra ahora un punto de contacto con lo ocurrido en Magdalena, donde vecinos y productores impulsaron una discusión que excedió el estado de los caminos para poner el foco en la transparencia, la afectación específica de los fondos y el control ciudadano.
La enseñanza del departamento de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, resulta especialmente importante. No alcanza con recaudar: hay que saber cuánto se recauda, dónde se necesita invertir, qué obra es prioritaria y cuánto cuesta hacerla.
Cuando esos datos están sobre la mesa, el debate deja de ser una pelea política alrededor de una tasa y pasa a convertirse en una discusión concreta sobre infraestructura, prioridades y resultados.
Cuando la Comisión Administradora de Servicios Rurales (CASER) comenzó a funcionar, el 2 de febrero de 2026, sólo una de las cinco motoniveladoras municipales destinadas al mantenimiento de la red rural estaba disponible. Desde entonces, lograron poner en funcionamiento la totalidad de los equipos.
El organismo está integrado por productores agropecuarios, la Sociedad Rural de Magdalena, usuarios de los caminos, representantes del Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. Bajo este esquema de gestión, la comisión administra el 80% de los fondos recaudados por la tasa vial rural, decidiendo de manera directa las prioridades de reparación, obras hidráulicas e inversión en infraestructura para los caminos del distrito.
La reorganización también permitió distribuir las máquinas y los maquinistas en diferentes sectores del partido, con una planificación territorial de las tareas. A ese despliegue se incorporó una camioneta para trabajos operativos y se avanzó en la compra de un camión para transportar materiales.
En el 2025, también en territorio bonaerense, apareció el modelo original en General Madariaga, un sistema de co-gestión participativa público-privada para el mantenimiento de su red vial de más de 740 kilómetros. Su CASER es considerada un caso de éxito de referencia en la provincia de Buenos Aires porque rompe con el esquema tradicional donde los municipios recaudan la tasa vial y la destinan a rentas generales, dejando los caminos postergados.
Y ahora aparece Chivilcoy.
Durante la Exposición Rural local, el intendente Guillermo Britos hizo una propuesta que merece ser observada con atención: ofreció a la entidad rural participar directamente de la conducción del área vial rural, designar a su responsable y disponer de tres máquinas permanentes, junto con el 70% de la recaudación de la tasa vial.
No es un detalle administrativo. Es una invitación a compartir la responsabilidad.
La propuesta surgió después de un reclamo contundente de la dirigencia rural por la presión fiscal y por el estado de los caminos. La respuesta municipal fue, en lugar de limitarse a defender la gestión, poner sobre la mesa una alternativa de descentralización.
Ahora habrá que ver cómo se implementa, qué mecanismos de auditoría se establecen y cuáles son los resultados. Pero el solo hecho de discutir que los productores puedan participar de la administración de los recursos destinados a los caminos representa un cambio cultural que merece atención.
Porque si la tasa vial tiene como finalidad mantener los caminos rurales, el resultado debería poder verse en los caminos.
El planteo adquiere todavía mayor importancia frente a la advertencia del vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, José Luis Volando, quien señaló las dificultades que enfrentan especialmente los pequeños y medianos productores y alertó sobre el deterioro de las rutas y accesos a los puertos.
Su frase resume con crudeza la dimensión del problema: “Si no hacemos rutas y no arreglamos los caminos, nos morimos”.
No se trata de una exageración. Una cosecha puede ser excelente en el lote y convertirse en un desastre económico si no existe infraestructura para sacarla. El grano que no llega al puerto, la leche que no puede retirarse, el camión que queda enterrado y el trabajador que no puede llegar al establecimiento forman parte de una misma ecuación.
La infraestructura rural es producción. Es logística. Es empleo. Es arraigo. Y también es competitividad.
Por eso, la discusión sobre los caminos debería dejar de ser una pelea estacional que aparece después de cada tormenta. Tiene que convertirse en una política permanente de gestión, planificación y control.
Y allí está quizás la mayor enseñanza de estas experiencias.
Magdalena aporta participación y control ciudadano. Marcos Juárez muestra que los productores pueden administrar y priorizar obras dentro de estructuras organizadas. Chivilcoy acaba de poner sobre la mesa la posibilidad de transferir responsabilidades, recursos y herramientas al propio sector productivo.
Son experiencias diferentes, pero comparten una misma idea: acercar la decisión a quienes conocen el territorio y padecen diariamente las consecuencias de una mala gestión.
Esto no significa que el Estado deba desaparecer. Todo lo contrario. El Estado debe garantizar reglas claras, controlar, auditar, aportar recursos cuando corresponda y asegurar que el sistema funcione.
Pero también debería animarse a compartir la gestión con quienes tienen conocimiento directo del territorio.
El productor no pide manejar una caja sin controles. Pide que los recursos tengan destino, que las prioridades sean discutidas con quienes conocen cada camino y que exista una rendición de cuentas que permita saber dónde terminó cada peso.
La participación privada, cuando está acompañada por transparencia y control público, no debilita al Estado: puede hacerlo más eficiente.
Quizás sea hora, entonces, de dejar de preguntarnos por qué los caminos rurales siempre están mal y empezar a preguntarnos qué ocurriría si quienes necesitan que estén bien pudieran participar realmente de su administración.
La respuesta puede estar frente a nosotros.
Primero fue Magdalena. Córdoba y Marcos Juárez vienen demostrando desde hace tiempo que el productor puede ser parte activa de la gestión vial. Ahora Chivilcoy abre una nueva puerta.
Lo que hace falta es que el ejemplo se contagie.
Porque cuando el productor deja de mirar el camino desde la tranquera y toma el volante de la gestión, el reclamo puede transformarse en planificación, la tasa puede transformarse en obra y el camino rural puede volver a ser lo que nunca debió dejar de ser: la primera infraestructura de la producción argentina.
