Buenos Aires, 17 de septiembre (PR/19) – A partir de la resolución 552/19 dispuesta en el día de ayer por la Secretaría de Energía de la Nación, desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) expresamos que:
La transferencia del equivalente a un 6% del precio regulado del biodiesel que regía en el mes de agosto y la consiguiente condición de que las empresas pymes elaboradoras de biocombustibles renuncien a todo derecho de reclamo, no hace más que reflejar una maniobra completamente extorsiva por parte del gobierno, por lo que expresamos nuestro profundo rechazo.
· A la falta de publicación de un precio en tiempo y forma, respetando la fórmula vigente a enero de este año, se suma la omisión intencional por parte de la Secretaría de Energía de la Nación de fiscalizar el cumplimiento del corte obligatorio y la compra de biodiesel a las empresas pymes, conforme lo establece la ley 26.093. Esto quiere decir que tampoco están haciendo cumplir los cupos asignados a las empresas mezcladoras de combustibles.
Estos incumplimientos sistemáticos están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y ocasionando al sector un perjuicio directo que supera los $600.000.000 (pesos argentinos).
Es por eso que para garantizar el normal funcionamiento de las plantas y conservar las fuentes laborales, es prioritario y determinante que el Estado respete la legislación vigente.
Por los motivos expuestos, solicitamos al gobierno con carácter de urgencia que disponga las medidas necesarias para que las empresas mezcladoras de combustibles adquieran el biodiesel a empresas con cupo asignado y ejerza las demás funciones que como autoridad de aplicación les compete.
Acerca de CEPREB
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) nuclea a las empresas pequeñas y medianas transformadoras de aceite de soja en Biodiesel destinado al mercado local. Tiene como objetivo la promoción de la unión empresaria para: el fortalecimiento de la industria, el fomento de la producción sustentable de biocombustible, el crecimiento sostenido de las economías regionales y la promoción de las energías renovables.
Para mayor información contactarse con Salem. Viale. González Villanueva
Por Marcelo Ballerio*.
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Buenos Aires, 14 septiembre (Especial para NA) — La encefalopatía espongiforme bovina (EEB), comúnmente conocida como mal de la vaca loca, es una enfermedad neurodegenerativa del ganado vacuno y la Argentina está libre de su presencia.
Pertenece al grupo de las encefalopatías espongiformes transmisibles (junto a Scrapie, entre otras) y fue descripta por primera vez en Gran Bretaña en 1986.
La Argentina, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), habiendo establecido la prohibición de alimentar rumiantes con proteínas animales desde la década del 90, lleva adelante desde hace más de 25 años la vigilancia epidemiológica para la detección temprana y los controles para la prevención de ingreso, reciclado y amplificación del agente que produce la EEB.
Esto significa que las mercancías de origen rumiante no presentan riesgo de transmitir la enfermedad.
En este sentido, el Senasa mantiene medidas de control pertinentes en las importaciones de mercancías consideradas de riesgo, para evitar el ingreso de esta enfermedad, así como realiza anualmente muestreos en los establecimientos elaboradores de este tipo de alimento.
Junto con las medidas de prevención del ingreso de la enfermedad y las acciones de vigilancia y control, también se lleva a cabo un sistema de difusión y capacitación, el cual forma parte de la estrategia establecida por el Programa Nacional de Prevención y Vigilancia de las Enfermedades Espongiformes Transmisibles (EET) de los Animales del Senasa.
Sus objetivos consisten en consolidar y mantener la privilegiada condición sanitaria de la Argentina respecto de esta enfermedad.
En este marco de prevención y vigilancia, el Senasa actualizó recientemente las categorías de riesgo de animales susceptibles a las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) para la toma de muestras.
La modificación se realizó con el fin de sostener el máximo estatus internacional alcanzado por la República Argentina, como país de riesgo insignificante respecto a la EEB.
En tanto, la medida está contemplada en la Resolución 974/2019, la cual adecua las poblaciones de riesgo a muestrear en relación a las sugeridas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para las EET de los animales.
Las sugerencias de esta Organización se actualizan de acuerdo a los cambios en la presencia de estas enfermedades a nivel mundial y los nuevos conocimientos.
Con la aplicación de estas medidas, la Argentina mantiene su reconocimiento internacional por parte de la OIE como país de riesgo insignificante respecto a la EEB, condición que se ha ido ratificando anualmente ante dicho organismo internacional mediante la información que, cada año, le remite el Senasa.
Esta condición sanitaria tiene, también, el aval de auditorías externas como la realizada en abril de 2014 por la agencia reguladora de normas alimentarias de Australia y Nueva Zelanda FSANZ sobre una evaluación de riesgo de la seguridad alimentaria con respecto a la EEB, que concluyó que la carne y los productos vacunos importados originarios de la Argentina son seguros para el consumo humano.
(*) Director de Planificación y Estrategia de Sanidad Animal del Senasa. Veterinario.
El reciente informe Nº 223 de Ciccra deja en evidencia una triste realidad: la participación de hembras representó un 49,5% de la faena total en lo que va del año. A la vez muestra un dato no menor: el cambio de composición de dicha faena, donde de las 576.000 hembras sacrificadas, el 60% correspondieron a la categoría vaquillonas y el 40% restante a vacas. Mientras la faena de hembras creció a un ritmo del 10,1% anual, la de machos disminuyó a una velocidad del 8,5% anual.
Otro dato interesante es que el número de cabezas sacrificadas aumenta, pero disminuye su peso promedio en 3,7% anual. Por otra parte, el consumo interno –castigado por la devaluación– pierde terreno en kilogramos entregados frente a las exportaciones. Y no se trata de que la carne “esté cara”, sino de la pérdida del poder adquisitivo frente a la misma, llevando a que nuestro principal cliente reduzca su demanda interanual en 7,0 kg/habitante/año.
Ante esto los representantes de los frigoríficos en la última reunión de la Mesa de las Carnes le prometieron al presidente Mauricio Macri no aumentar el precio de la carne (¿en detrimento de lo que recibe el productor?) aún a sabiendas de que el mercado no funciona así y que la cadena minorista se apropiará de ese valor (¿quién podría culparlos?)
Las exportaciones siguen en crecimiento, explicadas en su totalidad gracias al evento sanitario fortuito de la “fiebre porcina africana” registrada en China y su efecto aspiradora, que se lleva tres de cada cuatro kilogramos exportados por la Argentina.
La dinámica de precios en el Mercado de Liniers nos dejó un saldo positivo en términos nominales de papel pintado y muy negativo en moneda dura. Y aunque algunos se esfuercen en hacernos creer que tenemos el precio más competitivo del Mercosur, señores, la realidad es que el valor de nuestra producción se licuó. Se licuó como a mediados de la década del ’80, cuando un par de mocasines Grimoldi representaba el importe de un novillo. ¿Parece una locura? No. Es que los procesos inflacionarios lo distorsionan todo.
Lo hasta aquí expresado nos debería llevar al siguiente análisis, como si se tratase de la crónica de una muerte anunciada: si bien los ciclos de retención y liquidación de hembras han sucedido siempre, lo cierto es que de un tiempo a esta parte no se ha incentivado más que con palabras bonitas a la producción ganadera. Pero a la vista está que por segundo año consecutivo se están faenando hembras por encima del punto de equilibrio y el productor, ante la falta de financiamiento, el ahogo fiscal y eventos climáticos adversos, terminó vendiendo la fábrica a China a precios baratos en detrimento de la producción futura.
Por otro lado, quedó en evidencia el estéril accionar de la Mesa de las Carnes: manosear el peso mínimo de faena no era la medida correcta, sino la salida fácil. Como resultado y para mantener la producción, debemos sacrificar más cabezas, representando esto un mayor costo de faena, menos kilogramos producidos por animal; ineficiente por donde se lo mire.
Tampoco pudieron resolver la protección desmedida que genera la transferencia de valor de la producción y la industria cárnica al sector curtidor (protección que lleva cuatro décadas).
En lugar de discutir una reducción de la carga impositiva que haga atractivo el blanqueo de los distintos participantes del sistema de carnes, se convirtieron en la Gestapo de los controles, sistemas de cámaras, nueva tipificación, remitos electrónicos y aún así es noticia que días atrás fue suspendido un frigorífico por haberse detectado en un container enviado a China una cantidad de materiales extraños como tapitas de gaseosa y papeles de chicle. Algunos gustan de verlo como producto de un ardid conspiratorio de fuerzas siniestras, como si fuera la primea vez que ocurre una argentinada. Eso sí, en llorar cierres somos nivel experto.
Lo que nos lleva a pensar que en cuanto a eventos sanitarios que hacen que las puertas del mundo se abran o cierren, seguimos tan livianos como en los años 2000/01, cuando ocurre el reingreso de la fiebre aftosa, donde, paradójicamente, en Uruguay esa emergencia sanitaria impulsó el nacimiento de un proyecto innovador de trazabilidad completa que involucra al Estado y al productor en partes iguales, utilizando tecnología de información y comunicación para agregar valor, aumentar la credibilidad y abrir mercados
En la Argentina, por esa fecha, en cambio, se abogaba por la creación de un instituto de promoción de carnes (Ipcva) del que el Estado no se debería preocupar, ya que los costos los asumían productores e industrias y hoy más que nunca nos deja ver que para lo único que sirvió fue para que un grupo de representantes viajen a distintos destinos del mundo (que probablemente el grueso de los productores que lo financiamos no lleguemos a conocer nunca).
Los empresarios ganaderos sabemos que a la hora de hacer negocios es deseable “poner los huevos en distintas canastas”. Pero el Estado y las instituciones gordas que supimos conseguir los han puesto en un mercado interno pauperizado y en cortes exportables de bajo valor destinados a un solo mercado.
El camino es el incentivo a la producción y a la productividad en cualquier tipo de bienes o servicios, independientemente de su grado de procesamiento o valor agregado; ese debería ser el objetivo de una política pública para promover el crecimiento económico e incrementar el bienestar general.
Cada vez que se intenta intervenir el mercado se lo daña. Los problemas en la ganadería Argentina ya cumplieron la mayoría de edad, cuando menos lo pensemos estarán en la etapa jubilatoria y, mientras tanto, nosotros seguimos enmarañados en discusiones fútiles y peleando con molinos de viento sin lograr siquiera que se discutan cuestiones estructurales.
Por Virginia Buyatti Giovanovich. C.P.N. Empresaria ganadera del norte de Santa Fe
El Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas rechaza absolutamente una reforma agraria.
Resulta penoso tener que considerar ideas ya muertas, que el mundo rechazó y que los países que lo intentaron fracasaron inexorablemente.
Referentes sociales generan ideas que al no ser desmentidas por la coalición política a la que pertenecen parecieran ser peligrosamente compartidas.
El fuerte entramado de producción primaria, tecnología, industrialización que genera el campo y que mantiene la actividad económica del interior del país, han provisto recursos fiscales, apropiados por los Gobiernos nacionales, provinciales y municipales, para sostener el enorme gasto público.
Estas ideas caducas, sumado al proceso que han seguido entre otras Cuba y Venezuela, cuyos resultados están a la vista del mundo; queremos dejar en claro que los productores asociados a CRA, apostamos a seguir creciendo y aportando recursos y alimentos para mucho más que nuestro mercado interno.
Cuando vemos ideas como estas entendemos, que lejos estamos de encontrar un destino común que nos vincule con el mundo moderno y no con la pretensión de una ideología, felizmente superada.
Argentina enfrenta nuevamente un proceso electoral. Más allá de los debates ideológicos, hay un marco de reglas democráticas que debemos respetar.
La democracia no es solo el proceso eleccionario; los comicios son un proceso democrático para la elección de las autoridades, que las establece y da el marco de participación a las mayorías y minorías.
Democracia es mucho más, es respeto a la constitución, respeto a las libertades individuales, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad a ejercer una industria lícita, libertad de culto, etc.
La libertad de expresión no es solo expresar libremente lo que se piensa, sino también aceptar y respetar los que otros dicen o piensan.
El voto popular no es un cheque en blanco para que el triunfador haga luego lo que se le plazca, hay normas, leyes, consagradas todas ellas por la Constitución Nacional que se deben respetar, porque dan el marco a la convivencia democrática.
Independencia de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, es un principio constitucional básico y no hay poder de ningún voto que lo pueda hacer cambiar.
La lucha contra el delito, ya sea común, de narcotráfico o corrupción, no sólo son deberes, sino obligaciones fundamentales para la protección de la sociedad y la democracia.
El federalismo, principio constitucional básico de la República, debe ser consolidado y defendido para armonizar el desarrollo de las regiones y así evitar las enormes asimetrías socioeconómicas de nuestra gente.
Ante los difíciles momentos que atravesamos y ante el desafío de encontrar el camino, desde CRA refrendamos los principios básicos de la democracia y la República, que son los mismos que fundan nuestra institución, en el convencimiento de que sólo la consolidación institucional, nos llevará finalmente a la consolidación económica.
Se quema buena parte de la selva amazónica. Algunos países donde sobra mucho de lo que falta en Brasil proponen castigar al gobierno de Jair Bolsonaro, sin advertir que tal acción, lejos de contribuir a cuidar uno de los reservorios de biodiversidad más preciados del planeta, promoverá la aceleración de su destrucción.
El ministro de Finanzas de Finlandia, Mika Lintila, solicita a la Unión Europea que “revise urgentemente la posibilidad de prohibir las importaciones de carne bovina brasileña”.
Noruega, principal contribuyente del Fundo Amazônia creado en 2008 –el cual es administrado por la entidad estatal BNDES– anuncia la suspensión de aportes a ese fondo, el cual en 2018 recibió apenas 378,5 millones de reales, una cifra, considerando un tipo de cambio promedio anual de 3,65 R$/u$s, equivalente a poco más de 100 millones de dólares. Sería algo así como darle un dólar por mes a una familia pobre con doce hijos y luego retirarle la “ayuda” al verificar que no están alimentando correctamente a sus hijos.
La ministra francesa de Ultramar, Annick Girardin, dice que es necesario crear un “fondo internacional que no sea directamente dependiente de los Estados”, lo que implica que Francia, aparentemente, ya no se conforma con gestionar la Guyana francesa: quiere apoderarse de buena parte del territorio de Brasil.
Los numerosos focos de incendios presentes en la selva amazónica –que también están ocurriendo en territorio boliviano y peruano– son diminutos si se los compara con el cinismo de los europeos que aseguran estar preocupados por la salud de la selva amazónica.
Si una civilización extraterrestre certificara la gestión ambiental realizada por la humanidad –podría ser con una ISO ALIEN 14.001–, seguramente nos reprobaría al considerar que, aún contando con medios técnicos y recursos económicos para preservar ecosistemas naturales esenciales, no los empleamos porque la propensión a defender al propio clan prevaleció sobre el interés general.
Así como existe el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás instituciones de carácter global, lo verdaderamente ético sería crear un Fondo Ambiental Internacional que, por ejemplo, entregara todos los años 30.000 millones de dólares a Brasil para crear una red de conservación de los 5,5 millones de kilómetros cuadrados que conforman la selva amazónica.
La pregunta adecuada, entonces, no es porqué se quema la selva amazónica, sino porqué las naciones que concentran la riqueza del mundo no hacen nada para evitar que eso ocurra.
