Una encuesta de CREA reveló que el 29% de las empresas agropecuarias tiene saldos técnicos de IVA a favor, la cifra más alta desde 2021. Ese dinero queda inmovilizado en manos del Fisco y le resta liquidez justo cuando más se necesita para financiar la campaña.
Buenos Aires,domingo 26 julio (PR/26)–Hay una deuda que casi nunca se menciona en las charlas de café del campo, y sin embargo está ahí, año tras año: la que el Estado nacional mantiene con buena parte de las empresas agropecuarias. No aparece en ningún discurso oficial, pero figura, negro sobre blanco, en las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado.
La última Encuesta SEA CREA, realizada en julio de este año, puso un número concreto a ese fenómeno: el 29% de los empresarios consultados dijo tener saldos técnicos de IVA a favor, el porcentaje más alto desde julio de 2021.
Todavía más llamativo: un 38% reconoció directamente que no sabe si tiene o no ese saldo a favor. Es decir que casi cuatro de cada diez empresas del campo desconocen si el Estado les debe plata.
Por qué se genera este desequilibrio
El mecanismo, en el fondo, es bastante simple de explicar. El saldo técnico de IVA surge de la diferencia entre lo que el productor cobra de IVA cuando vende (débito fiscal) y lo que paga de IVA cuando compra insumos (crédito fiscal).
Las ventas de granos, hacienda y leche cruda tributan una alícuota reducida del 10,5%. Pero buena parte de las compras que necesita cualquier campo para producir pagan mucho más.
Un seguro agrícola paga 24% de IVA (21% de impuesto más 3% de percepción). Los fitosanitarios, las semillas y los silobolsas pagan 21%, igual que servicios como el acondicionamiento de granos, los fletes, el asesoramiento profesional y los intereses de deuda.
Solo dos ítems quedan equiparados con la alícuota reducida del 10,5%: los fertilizantes y las labores agrícolas. Todo lo demás paga más IVA del que el productor puede descontar con sus ventas, y ahí nace el saldo a favor que queda atrapado.
Plata que no circula: el impacto en los números
El monto no es un detalle menor. Las empresas que dijeron tener saldos técnicos a favor registraron, en promedio, 36.500 pesos por hectárea, una cifra que equivale a casi 25 dólares por hectárea al tipo de cambio BCRA A3500.
Multiplicado por la escala de cualquier campo mediano o grande, ese dinero inmovilizado deja de ser una anécdota contable y se convierte en un problema real de capital de trabajo que no está disponible para financiar la próxima siembra.
“Por el diferencial de alícuotas, se origina un saldo a favor inmovilizado que afecta a la toma de decisión de los empresarios, ya que es un factor que quita liquidez y rentabilidad a las empresas del sector”, explicó Esteban Barelli, líder del área de Economía de CREA, en un artículo publicado por la entidad.
Una carga más sobre la competitividad del sector
Existen mecanismos para recuperar estos saldos, pero según Barelli son parciales, anuales y acotados, además de sumar una carga administrativa extra para las empresas que quieren acceder a ellos.
“Esta situación es una muestra más de que la presión tributaria es hoy uno de los factores de competitividad más relevantes de las actividades agroindustriales”, agregó el especialista de CREA.
El dato cobra especial relevancia porque la misma encuesta muestra que las compras de fertilizantes y fitosanitarios están retrasadas en términos históricos, mientras que las de semillas, aunque más avanzadas, tampoco son holgadas. Menos liquidez, menos margen para planificar.
“Además, la presión tributaria se debe gestionar en un contexto de costos creciente —medidos en dólares— y resultados proyectados ajustados”, señaló Barelli.
“La necesidad de seguir trabajando en la profesionalización de la gestión de la empresa agropecuaria es un aspecto clave ante la complejidad que presenta el sistema tributario argentino”, resumió.
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Fuente: Valor Soja
