El proyecto SPRINT encontró residuos de plaguicidas en agua, ambiente y personas en una región agrícola argentina. La evidencia internacional también plantea interrogantes sobre algunos de estos productos y el cáncer renal. No alcanza para afirmar una relación causal, pero sí para exigir más controles, más investigación y una vigilancia que continúe mucho después de la cosecha.
Por Ing. Agr. Pedro A. Lobos, director de Primicias Rurales
Buenos Aires, jueves 24 de septiembre (PR/26) .- La discusión sobre los agroquímicos en Argentina suele quedar atrapada entre dos posiciones: quienes sostienen que son indispensables para producir alimentos y quienes advierten sobre sus consecuencias ambientales y sanitarias. Pero existe un espacio intermedio que merece mucha más atención: el de las preguntas que todavía no tienen respuesta suficiente.
Una de esas preguntas surge de los resultados del proyecto científico internacional SPRINT, en el que participó la investigadora del INTA y CONICET Virginia Aparicio. El objetivo del proyecto no fue demostrar que los plaguicidas producen cáncer, sino estudiar su presencia y circulación entre el ambiente, los animales y las personas. El protocolo incluyó análisis de suelo, agua, sedimentos, aire, alimentos y muestras humanas, precisamente porque los investigadores consideran que la exposición puede producirse por múltiples vías.
Y allí aparece una señal que no debería ser ignorada.
No estamos hablando de una sola sustancia
En los ambientes agrícolas estudiados por SPRINT se buscaron numerosos plaguicidas y sus metabolitos. En el agua se detectaron mezclas de residuos, no simplemente una sustancia aislada. En el estudio que incluyó sitios argentinos se analizaron 193 residuos diferentes y se encontraron mezclas en todos los cuerpos de agua estudiados; Argentina presentó el mayor nivel total de pesticidas entre los sitios comparados. El glifosato tuvo la mayor concentración mediana, seguido por 2,4-D y MCPA.
Esto es importante porque la exposición real de una persona no necesariamente consiste en entrar en contacto con «un agroquímico».
Puede ser:
herbicida + insecticida + fungicida + metabolitos + residuos ambientales + contaminación del agua + exposición alimentaria.
La propia metodología SPRINT fue diseñada para estudiar precisamente esas mezclas y su distribución entre ambiente, animales y seres humanos.
El caso del clorpirifós merece una vigilancia especial
El clorpirifós ocupa un lugar particular en esta discusión.
En la Pampa Húmeda argentina se midieron concentraciones de clorpirifós en agua que llegaron hasta 10,8 µg/L, con una mediana de 0,013 µg/L. En ese estudio, los investigadores estimaron que las concentraciones ambientales podían superar valores de referencia considerados protectores para organismos acuáticos, especialmente en exposiciones crónicas.
Esto no significa que esas concentraciones produzcan cáncer en las personas. El estudio citado analiza fundamentalmente riesgo ambiental para organismos acuáticos, no cáncer humano.
Pero sí demuestra algo que debería preocuparnos desde el punto de vista de la vigilancia ambiental: los plaguicidas aplicados en tierra pueden terminar en los sistemas de agua y permanecer allí en concentraciones medibles.
Y hay otra cuestión relevante: Argentina prohibió el uso de clorpirifós etil y metil. SENASA completó en 2023 la baja de esos productos después de revisar información toxicológica y actualizar sus parámetros de riesgo.
Por eso, si actualmente apareciera clorpirifós en agua, suelo, alimentos o personas en zonas agrícolas, la pregunta ya no sería solamente «¿cuánto se aplicó?», sino también:
¿De dónde proviene?
¿Es contaminación histórica?
¿Persistencia ambiental?
¿Existencias antiguas?
¿Transporte desde otro lugar?
¿O existe utilización ilegal?
Son preguntas que deberían poder responder los organismos de control mediante muestreos sistemáticos y trazabilidad.
El cáncer renal: una señal que exige investigación, no conclusiones apresuradas
Aquí es donde debemos ser especialmente responsables.
Una revisión científica de estudios epidemiológicos encontró una asociación entre exposición a pesticidas y cáncer renal, aunque con heterogeneidad entre los estudios. El riesgo relativo combinado fue aproximadamente 1,10; en un subgrupo de estudios de mayor calidad la asociación fue mayor. PPubMed
Más específicamente, el Agricultural Health Study, una gran cohorte prospectiva de trabajadores agrícolas de Estados Unidos, encontró asociaciones entre la exposición acumulada a determinados plaguicidas y carcinoma de células renales. Entre ellos apareció clorpirifós, además de atrazina, paraquat, clordano, cianazina y 2,4,5-T. Los propios investigadores señalaron que estos resultados necesitan confirmación y más investigación sobre sus mecanismos biológicos. PubMed
Esto no autoriza a decir:
«El clorpirifós causa cáncer de riñón en Argentina».
Pero tampoco parece razonable decir:
«No hay ninguna razón para investigarlo».
La posición responsable está en el medio: existe una señal científica que justifica profundizar la investigación argentina.
¿Y qué pasa con las personas?
Antes incluso de hablar de cáncer, existen investigaciones argentinas que encontraron exposición humana a plaguicidas.
En una población de 40 hombres de una región agrícola de Córdoba se detectó el metabolito de clorpirifós en el 85% de las muestras de orina. También se encontraron metabolitos de otros organofosforados y piretroides. Los investigadores observaron asociaciones entre algunos biomarcadores y actividad de la acetilcolinesterasa, aunque se trató de un estudio piloto y no de un estudio de cáncer.
Este tipo de resultados vuelve a plantear una cuestión elemental:
¿Cuánto estamos expuestos realmente los habitantes de las zonas agrícolas y qué ocurre cuando la exposición es múltiple y sostenida durante años?
Todavía no tenemos una respuesta completa.
La investigación no debería terminar cuando termina la cosecha
Existe otro capítulo que merece mucha más atención pública: la poscosecha.
Una vez que el cultivo abandona el campo, comienza otra etapa: transporte, acondicionamiento, secado, almacenamiento y eventualmente tratamientos contra insectos en silos y depósitos.
El INTA señala que el control de humedad y temperatura es fundamental para evitar deterioro, hongos y micotoxinas durante el almacenamiento. También recomienda monitorear periódicamente los granos y mantener condiciones adecuadas de conservación.
Esto debería complementarse con una pregunta sanitaria:
¿Qué residuos quedan en el grano después de los tratamientos poscosecha y qué sustancias llegan finalmente al consumidor?
Y no se trata solamente de controlar al productor.
Hay que controlar toda la cadena:
campo → cosecha → transporte → acopio → silo → tratamiento poscosecha → industria → alimento → consumidor.
SENASA mantiene un registro de productos fitosanitarios y establece límites máximos de residuos, además de prohibiciones específicas para determinadas sustancias. Actualmente, por ejemplo, también existen restricciones para ciertos productos utilizados en granos almacenados.
Por eso sería razonable reclamar un sistema de trazabilidad química de la poscosecha, especialmente para granos destinados a alimentación humana.
¿Estamos controlando solamente el producto o también la mezcla?
Esta puede ser una de las preguntas más importantes.
Los límites regulatorios suelen establecerse para sustancias individuales. Pero la población puede estar expuesta a varias sustancias simultáneamente.
El proyecto SPRINT fue diseñado justamente para estudiar ese fenómeno: las mezclas de plaguicidas y su distribución entre suelo, agua, animales y seres humanos.
La ciencia todavía conoce mucho menos sobre determinadas exposiciones combinadas que sobre sustancias individuales.
Por eso sería razonable que Argentina fortalezca el monitoreo no solamente buscando:
«¿Hay glifosato?»
sino también:
«¿Qué conjunto de residuos hay, en qué concentración, durante cuánto tiempo y por qué vía está llegando a las personas?»
Una alerta, no una acusación
La preocupación no debería convertirse en una acusación general contra el productor agropecuario.
Tampoco debería utilizarse la falta de evidencia definitiva como argumento para dejar de investigar.
Hay agricultores que trabajan siguiendo las normas, técnicos que desarrollan buenas prácticas y organismos científicos que llevan años estudiando el problema.
Precisamente por eso, el reclamo debería ser más concreto:
más ciencia, más controles y más transparencia.
Argentina necesita conocer qué sustancias circulan actualmente en sus suelos y aguas, qué queda de los productos prohibidos, qué residuos aparecen en alimentos y silos, qué exposición tienen los trabajadores y poblaciones cercanas y si existen diferencias de incidencia de determinados cánceres entre zonas de distinta exposición.
Una investigación que todavía falta
Sería necesario desarrollar estudios epidemiológicos de largo plazo en la Región Núcleo que relacionen:
- exposición individual a plaguicidas;
- agua de consumo;
- suelo y sedimentos;
- residuos en alimentos;
- ocupación;
- distancia a áreas cultivadas;
- cantidad y tipo de aplicaciones;
- exposición poscosecha;
- y enfermedades desarrolladas durante los años siguientes.
En particular, sería importante estudiar cáncer renal, pero también otros tumores y enfermedades potencialmente relacionadas con exposiciones crónicas.
Y habría que incorporar otros contaminantes ambientales, como arsénico y nitratos del agua, para no atribuir a los agroquímicos lo que podría tener múltiples causas.
El principio de precaución también es una herramienta científica
No se trata de afirmar que «los agroquímicos provocan cáncer».
Se trata de reconocer que ya existen suficientes señales para formular una pregunta legítima:
¿Estamos midiendo adecuadamente la exposición acumulada de la población argentina a mezclas de plaguicidas?
Si la respuesta es no, necesitamos medirla.
Si encontramos residuos, necesitamos saber de dónde provienen.
Si encontramos concentraciones preocupantes, necesitamos investigar sus efectos.
Y si encontramos una mayor incidencia de determinadas enfermedades en poblaciones expuestas, necesitamos estudiarla con métodos epidemiológicos rigurosos.
Porque cuando hablamos de agua, alimentos y salud, la ausencia de una prueba definitiva no debería convertirse en ausencia de investigación.
La evidencia disponible no permite afirmar hoy que los plaguicidas sean responsables de una determinada proporción de los cánceres argentinos. Pero sí permite sostener que existe una señal ambiental y epidemiológica que justifica una vigilancia mucho más profunda, especialmente en las regiones agrícolas intensivas y a lo largo de toda la cadena, incluida la poscosecha y el almacenamiento.
La pregunta ya no debería ser solamente cuánto producimos. También debería ser cuánto sabemos sobre lo que queda después de producir.
Por Ing. Agr. Pedro Lobos, director de Primicias Rurales
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Fuentes Varias
