El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional anoche la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y el endurecimiento de sanciones a petroleras que operen en Malvinas. La medida desató una fuerte escalada diplomática y advertencias bélicas desde el Parlamento británico.
Buenos Aires, viernes 4 septiembre (PR/26) — En una fuerte cadena nacional, el presidente Javier Milei ratificó ayer jueves de manera categórica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y lanzó severas advertencias al Reino Unido por la explotación unilateral de recursos naturales en el archipiélago austral, marcando un punto de inflexión en la política exterior de la gestión actual.
El mandatario firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el fin primordial de ampliar los presupuestos y recursos del Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presto, para acelerar la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego y potenciar las capacidades de telecomunicaciones en la zona.

Esta infraestructura estratégica se sustenta sobre la histórica Base Naval Ushuaia (BNUS), fundada en 1950 a orillas del canal Beagle, la cual se consolidará como el puerto y centro logístico más austral del país y la puerta de entrada principal para el apoyo operativo hacia el continente blanco y la Antártida.
El proyecto rememora los cimientos geopolíticos impulsados en 2024, cuando el propio Milei recibió en Ushuaia a la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, para delinear este polo multipropósito destinado a dar soporte a buques comerciales, cruceros y tareas logísticas en el Atlántico Sur.
Acciones concretas y la posición oficial de la Cancillería

El canciller Pablo Quirno respaldó enérgicamente los anuncios presidenciales al señalar que la instalación de este enclave militar y logístico es una necesidad histórica largamente postergada que permitirá fortalecer la presencia soberana de la Argentina frente al peligro del avance británico.
Desde el Palacio San Martin detallaron que la decisión responde a más de medio año de negociaciones y busca frenar de raíz el desarrollo inconsulto de proyectos hidrocarburíferos como el denominado Sea Lion, operado por firmas como Navitas Petroleum, que amenazan con apropiarse de reservas no renovables en el mar argentino.

En esa misma línea, el Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer drásticamente el marco punitivo contemplado en la Ley 26.659, afectando de manera directa a cualquier compañía que participe en actividades extractivas ilegales en el área disputada.
La normativa propuesta estipula la prohibición absoluta de contratar con el Estado o con el sector privado argentino tanto para los infractores directos como para todos sus proveedores, además de introducir la figura jurídica del juicio en ausencia para condenar a las empresas y actores que presten asistencia logística.
Creación del Consejo de Seguridad Nacional

Ex combatiente argentino Eduardo Canitrot haciendo flamear la bandera argentina en Malvinas a mediados de agosto
Como parte de la arquitectura institucional del paquete de medidas, el proyecto enviado al Parlamento contempla la creación formal del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo transversal diseñado para articular de forma coordinada las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
Este nuevo ente estratégico tendrá la responsabilidad de fijar directrices obligatorias para la protección aeroespacial, marítima y de infraestructura crítica, dotando al Estado de herramientas económicas y diplomáticas precisas frente a cualquier amenaza a los intereses vitales de la Nación.
Las repercusiones del mensaje presidencial no tardaron en sacudir el escenario internacional, especialmente tras las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump diciendo que si Reino Unido no aumenta su potencial militar en la OTAN, respaldará los reclamos de Argentina sobre Malvina, y los contundentes cruces registrados en el parlamento británico ante la presión de la agenda soberana.
Repercusiones y escalada bélica verbal en Londres

En el plano político del Reino Unido, las reacciones de la dirigencia conservadora reflejaron un profundo malestar y escalada retórica frente a las determinaciones adoptadas por la administración libertaria en Buenos Aires en materia de defensa de los archipiélagos australes.
El parlamentario británico y fundador de la organización Restore Britain, Rupert Lowe, encendió la polémica al manifestar públicamente que un eventual gobierno de su espacio político estaría dispuesto a ir a la guerra para defender las Islas Falkland, evidenciando el nerviosismo británico.
En sintonía con dicha postura belicista, el diputado conservador y referente en materia de defensa James Cartlidge reafirmó que las islas bajo administración de Londres continuarán bajo su órbita, reivindicando el despliegue militar ejecutado durante el conflicto bélico de 1982.
Mientras tanto, el gobierno argentino redobla su apuesta diplomática y jurídica buscando sumar adhesiones internacionales de peso, incluidos contactos con administraciones extranjeras cuyos capitales participan indirectamente en las cuestionadas concesiones petroleras en disputa.
Primicias Rurales
El discurso completo de Javier Milei sobre Malvinas en cadena nacional






















