A medida que la inflación cede pero las deudas apretan, las urgencias de infraestructura y el especulativo canje político en el Congreso exacerban el desencanto social a las puertas de un nuevo ciclo electoral.
Escribe Susana Merlo 
Buenos Aires miércoles 2 septiembre (PR/26)– Siempre ocurre de la misma manera: en la medida en que se van solucionando ciertos problemas de fondo, comienzan a emerger otros completamente nuevos. Es un proceso muy similar al de las capas de una cebolla.
Cuando la Argentina atravesaba una inflación creciente, desequilibrio fiscal severo, una macroeconomía alterada y la total ausencia de reservas, los cuestionamientos de la sociedad estaban enfocados de forma exclusiva en esas urgencias.
Hoy en día, con varios de esos frentes ya resueltos —aunque no totalmente anclados— y otros en clara vía de mejoramiento, las demandas sociales se van desplazando hacia la necesidad de generar más empleo e infraestructura.
Asimismo, urge solucionar los terribles déficits causados por la falta de obra pública o por el desmanejo directo de los fondos del Estado durante años.
A esto se suma la exigencia del blanqueo de deudas. La baja de la inflación dejó de licuar los pasivos de la gente, algo que no sucedía desde la década de los ’90, hace ya un cuarto de siglo.
Y esa desmemoria colectiva tiene un costo alto. Tras más de dos años y medio de un ajuste inédito, la sociedad se percibe cansada y agotada.
Aunque el gobierno nacional intente mostrar firmeza manteniendo el rumbo, la velocidad real de los cambios no resulta pareja entre los distintos sectores económicos, ni entre legisladores ni entre provincias.
Un país marcha a dos velocidades distintas
Esta discrepancia ocurre porque algunos no creyeron que se avanzarías tan rápido, otros apostaron directamente a un resultado político distinto, y los menos prefirieron la comodidad del inercia histórica.
Así se generan marcadas diferencias de velocidad. Mientras ciertos sectores avanzan favorecidos por el contexto internacional, ventajas competitivas o atracción de inversiones externas, otros registran progresos sumamente moderados.
Incluso hay un porcentaje considerable de actividades que aún lucha a diario para no seguir cayendo, sin tener la certeza de si logrará mantenerse en pie.
En el grupo dinámico se ubican la agroindustria, la energía, la minería, las empresas tecnológicas de punta y firmas estatales como Aerolíneas Argentinas o YPF, que revirtieron déficits históricos.
No se trata de dos repúblicas distintas, sino de diferentes velocidades de desarrollo dentro del mismo territorio nacional.
El freno del Congreso y la falta de seguridad jurídica
Sin embargo, la lógica productiva se quiebra cuando irrumpe la temporada de elecciones. Todo ingresa en un vertiginoso ritmo de canje político y especulación partidaria en el Congreso.
Al equilibrar el balance de 2 años y 9 meses de la administración Milei, se observan transformaciones estructurales, mientras que la labor del Parlamento evidencia casi lo opuesto.
Las propuestas legislativas propias fueron escasas e intrascendentes; la mayoría de las normas aprobadas surgieron del Ejecutivo, mientras que el esfuerzo principal del Congreso estuvo concentrado en los rechazos sistemáticos.
Recién en este tercer ciclo de gobierno se logró contar con un Presupuesto formal. Tampoco se logró avanzar en temas de propiedad privada, patentes, Ley de Semillas, Ley del Fuego o biocombustibles.
Sin seguridad jurídica sólida, ¿Resulta lógico esperar la llegada de inversiones internacionales o el retorno de capitales locales desde el exterior?
Aunque las discrepancias entre partidos sean entendibles, resulta injustificable que los legisladores voten en contra del bienestar de sus representados por meros cálculos partidarios.
Se requiere con urgencia un pacto institucional mínimo y un sincero despeje de intereses particulares para no seguir perjudicando al conjunto de la sociedad.
Logística en crisis y la amenaza climática sobre el campo
Estas graves fallas globales afectan directamente al sector agropecuario. La licitación de la estratégica Hidrovía lleva más de un año y medio de atraso.
Del mismo modo, los pliegos para la red de caminos sufren demoras similares y los ferrocarriles de carga acumulan dos años de paralización.
¿Cuál es el costo real de estas demoras para la economía argentina? ¿Cuánta competitividad se pierde por sobrecostos logísticos y pérdidas directas de producción?
Al entrar en un adelantado clima electoral por la presidencia, gobernaciones e intendencias, los dirimidos políticos cambian su conducta, adoptando posturas contradictorias a las sostenidas desde 2023.
Un ejemplo claro fue el veto de la oposición al DNU de 2025 sobre la Marina Mercante, el cual garantizaba la libre navegabilidad de los ríos.
Hoy, esos mismos mandatarios aguardan una ley que habilite puertos en sus provincias bajo el mismo principio de libre navegación. Se perdió un año entero.
Paralelamente, el malestar en el agro escala vertiginosamente. La llegada inminente de un fenómeno El Niño traerá precipitaciones intensas que complicarán los caminos.
El descontento apunta en primer término a los intendentes por la desastrosa condición de los caminos rurales, que en su gran mayoría siguen siendo de tierra.
De los 600.000 kilómetros de la red vial argentina, el 84% corresponde a tramos municipales de tierra, 200.000 son provinciales precarios y solo 40.000 son nacionales.
¿De qué sirve alcanzar una gran cosecha o buenos precios internacionales si resulta imposible sacar la producción del campo hacia los puertos o mercados de consumo?
En producciones perecederas como la leche o las hortalizas, la falta de transitabilidad obliga a deschar la producción antes de cruzar la tranquera.
El 70% de las carreteras troncales se encuentra destrozado, y la abrupta transferencia de rutas a las provincias llega con marcada demora.
Es muy improbable que se eviten inundaciones y destrozos frente a El Niño cuando obras clave como el Plan Maestro del Salado continúan inconclusas.
Tampoco las entidades del campo han estado a la altura: reclaman sólo por las retenciones, pero descuidan las cuantiosas pérdidas provocadas por el colapso vial.
