Buenos Aires, lunes 31 agosto (PR/26) — El déficit invisible detrás del equilibrio fiscal mentiroso.

Deuda flotante, infraestructura que se deteriora y familias que ya no pueden pagar

$3,6 billones de deuda flotante al cierre de junio de 2026

+$2,23 billones de aumento de esa deuda sólo durante junio

12,8% mora de las financiaciones a familias en mayo

-77,3% real caída de la inversión pública nacional en 2024

 

Podríamos probar.

Les propongo a las familias argentinas algo muy interesante.

A partir del mes que viene dejamos de pagarle al electricista, al plomero, al mecánico, al proveedor de servicios esenciales y a cualquiera que haya cometido la imprudencia de prestarnos un servicio antes de cobrarlo.

Después suspendemos el mantenimiento de la casa. No arreglamos el techo que pierde, no cambiamos las cubiertas del auto, dejamos avanzar la humedad y, si una pared se raja, ponemos un cuadro adelante.

Obviamente, no pagamos la luz, ni el gas, ni el celular y tampoco internet. Y porque no, también las expensas.

Al finalizar el mes hacemos las cuentas. Ingresamos cien. Pagamos ochenta. ¡Superávit de veinte!

En ese instante, convocamos a toda la familia, encendemos la cámara del celular en el comedor y anunciamos solemnemente que hemos alcanzado el equilibrio fiscal. El pequeño inconveniente sería que seguimos debiendo al plomero, al mecánico y al supermercado, mientras el techo amenaza con caerse y estamos a punto de que nos corten la luz, el gas y ya no tenemos internet. Pero, tranquilos, esos son detalles.

 

La cifra que encendió la alarma

El dato apareció semanas atrás y merece ser tomado con seriedad y algo de alarma. La llamada “deuda flotante” del Estado nacional —obligaciones por bienes y servicios ya devengados, pero todavía no pagados— saltó en junio en más de $2,23 billones y cerró el mes alrededor de $3,6 billones. En mayo había quedado cerca de $1,4 billones. Es decir: en un solo mes prácticamente se multiplicó por 2,6.

Para entenderlo claramente, la deuda flotante es financiamiento. No lleva necesariamente la etiqueta de un bono ni aparece en la pantalla como una nueva emisión de deuda pública, pero tiene acreedores concretos: empresas, contratistas y proveedores que entregaron un bien o prestaron un servicio y esperan cobrar y el Gobierno no les paga.

Sin embargo, una precisión indispensable para no convertir una crítica válida en una consigna fácil es que la Oficina de Presupuesto del Congreso analiza la Administración Nacional con criterio devengado, de modo que una obligación reconocida se registra como gasto, aunque todavía no haya sido pagada.

En contraposición, el resultado fiscal que comunica el Sector Público Nacional suele mirarse, en cambio, con criterio caja. Esta ficción, con la postergación de pagos, permite mejorar la fotografía de caja sin borrar la obligación económica subyacente. Dicho de otro modo, la discusión seria no es si “el gasto desaparece” mágicamente: es cuánto del orden financiero depende del calendario de pagos y qué pasivos se acumulan detrás de la foto.

En conclusión, según la OPC, durante el primer semestre de 2026 la Administración Pública Nacional registró un superávit primario devengado de $8,7 billones. De este modo, el equilibrio fiscal existe como fenómeno contable, sin embargo, nadie se pregunta cuál es su calidad, su sostenibilidad y qué costos patrimoniales se están trasladando hacia adelante. Para decirlo sin tapujos, el Gobierno nos miente con el equilibrio fiscal.

 

La otra deuda: lo que dejamos romper

El segundo problema es todavía más profundo porque no siempre figura como pasivo. Es la descapitalización.

En 2024, primer año completo del ajuste, la inversión pública nacional se desplomó alrededor de 77,3% en términos reales respecto de 2023. Y la contracción no terminó allí. La OPC informó que en 2025 los gastos de capital volvieron a caer 21,3% real interanual. Ese año totalizaron $2,5 billones; las transferencias de capital retrocedieron 48,6% real. El propio portal oficial de Inversión Pública sigue la serie 1995-2026 y reconoce como inversión la Inversión Real Directa, las transferencias de capital y determinados adelantos de proyectos prioritarios.

Esto obliga a introducir una palabra que casi nunca aparece en las conferencias de prensa: patrimonio.

Una ruta no deja de deteriorarse porque Vialidad no tenga presupuesto. Un puente no suspende la corrosión hasta que mejore la recaudación. Una escuela no congela sus techos, baños e instalaciones eléctricas. Un hospital no conserva eternamente sus equipos porque el Tesoro haya decidido priorizar otra partida.

Cuando tomamos conciencia de la magnitud del problema, el mantenimiento diferido tiene una característica brutal: hoy parece ahorro y mañana se transforma en una factura mucho más cara. Una carpeta asfáltica mantenida a tiempo cuesta una fracción de una reconstrucción. Una filtración reparada hoy cuesta una fracción del edificio deteriorado mañana. Es lo mismo que pasa en cada familia argentina con el mantenimiento de su casa o de su auto.

Por eso puede existir equilibrio fiscal y, simultáneamente, desequilibrio patrimonial. O dicho de otra manera más cruda. Se puede gastar menos y empobrecerse. Se puede no emitir y, al mismo tiempo, transferir una obligación económica a la próxima administración. No mediante un bono, sino mediante kilómetros de rutas destruidas, escuelas deterioradas, hospitales envejecidos y obras abandonadas.

 

El déficit invisible

Durante décadas aprendimos a identificar el déficit con una cuenta sencilla: el Estado gasta más de lo que recauda. Es correcto, pero según lo que venimos viendo, incompleto.

Existe también un déficit de mantenimiento. Un déficit de reposición. Un déficit de infraestructura. Un déficit patrimonial.

Supongamos que una familia posee una casa valuada en cien y necesita gastar dos por año para conservarla. Decide durante cuatro años gastar cero. En su flujo financiero ahorró ocho. Pero si al final la propiedad perdió veinte de valor o necesita una reparación de quince, no se enriqueció: se descapitalizó.

Con el Estado ocurre exactamente lo mismo, sólo que la contabilidad política permite esconderlo durante más tiempo.

El próximo gobierno —sea de Milei, de otro libertario, peronista, radical, provincialista o de quien sea— recibirá la infraestructura en el estado en que se encuentre. Y si decide repararla, paradójicamente será acusado de aumentar el gasto. Quien dejó romper aparecerá como austero; quien arregle aparecerá como gastador.

Esta es la trampa y mentira más fabulosa que nos está dejando toda esta etapa que estamos viviendo.

 

Mientras tanto, las familias sí tienen que pagar

Volvamos por unos instantes a la comparación con nuestra vida cotidiana.

El Banco Central acaba de publicar el Informe sobre Bancos correspondiente a mayo de 2026. El dato es demoledor: la mora de las financiaciones a las familias llegó al 12,8%. En enero había sido 10,6%. En apenas cuatro meses subió 2,2 puntos porcentuales. La irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto alcanzó 7,7%, mientras la de las empresas fue 3,5%.

Es decir, el problema no es una sensación de malhumor social. Está en las estadísticas oficiales del propio Banco Central. Y frente a este fenómeno aparece una explicación oficial conocida y casi irresponsable: los bancos prestaron mal, algunos consumidores se endeudaron por encima de sus posibilidades y, finalmente, se trata de contratos entre privados.

Puede haber una parte de verdad en eso. Claro que existe crédito irresponsable. Claro que existe sobreendeudamiento. Claro que cada persona debe evaluar su capacidad de pago. Sin embargo, resulta difícil no advertir la asimetría moral del argumento.

Cuando una familia posterga una cuota porque sus ingresos no alcanzan, es irresponsable. Cuando un comerciante deja de pagar a sus proveedores, está en problemas. Cuando una pyme estira cheques para sostener la caja, nadie llama a eso superávit.

Sin embargo, cuando el Estado demora pagos y simultáneamente posterga mantenimiento, la explicación cambia de idioma. Dicho de otro modo, nos mienten y además no debemos hablar de la mentira porque si no somos tildados de terroristas. Loco, no?

 

Programa Nacional de Equilibrio Fiscal Familiar

Todo este desarrollo debería concluir en la siguiente propuesta que, modestamente, pido que adoptemos todos los argentinos.

Durante seis meses dejamos de pagar las tarjetas. Suspendemos las cuotas de los préstamos. No reparamos la casa. No cambiamos las cubiertas. No hacemos el service del auto. Postergamos al odontólogo. Dejamos vencer el seguro. Y cada fin de mes calculamos solamente cuánto dinero quedó en la cuenta. Probablemente millones de hogares pasarían de déficit a superávit en cuestión de semanas.

Podríamos bautizar la propuesta como “Programa Nacional de Equilibrio Fiscal Familiar”.

Casi con seguridad, el Ministerio de Economía seguramente no lo recomendaría y los bancos, menos. La razón es más que sencilla. Todos sabemos que una economía doméstica no puede evaluarse solamente por el dinero que queda en la caja el día 30. Hay que mirar las deudas, el patrimonio, las obligaciones futuras y aquello que se está deteriorando por falta de mantenimiento.

Exactamente lo mismo deberíamos exigirle al Presidente y al Ministro de Economía, cuando evaluamos al Estado. Sino les gusta, pues que aprueben nuestro programa nacional de equilibrio fiscal familiar.

 

No se trata de volver al déficit

Conviene aclararlo porque la polarización argentina convierte cualquier discusión económica en una caricatura y ya fui catalogado de “terrorista gramsciano”. Criticar la calidad del ajuste no significa defender el déficit fiscal.

Si algo hemos aprendido, es que el equilibrio de las cuentas públicas es una condición necesaria para una economía estable. La Argentina pagó durante décadas las consecuencias de financiar un Estado crónicamente deficitario con emisión, inflación y deuda.

Sin embargo, como tantas veces hemos dicho en estas columnas, condición necesaria no significa condición suficiente.

La primera conclusión válida que podemos extraer es que un buen gobierno no es el que simplemente gasta menos. Es el que gasta lo necesario, elimina lo inútil, paga lo que debe, preserva el patrimonio público y puede demostrar que las cuentas son sostenibles sin trasladar facturas ocultas al futuro.

El verdadero debate debería abandonar la infantil dicotomía entre “Estado presente” y “motosierra”. La pregunta adulta es otra: ¿cuánto Estado podemos financiar y qué funciones no podemos permitirnos destruir? Seguridad, justicia, infraestructura estratégica, rutas, hospitales, escuelas, energía, puertos y conectividad no son adornos ideológicos. Son parte del capital físico e institucional sobre el que funciona una economía privada.

 

El día en que la planilla choque con la ruta

El problema político del gobierno de Milei ha comenzado cuando la macroeconomía y la experiencia cotidiana dejan de hablar el mismo idioma.

Los argentinos, hasta ahora, hemos seguido las encuestas y los vientos favorables de este Gobierno, mientras refinanciamos la tarjeta. Escuchamos que el crédito debe ser responsable mientras la mora familiar llega al 12,8%. Y escuchamos, con malos modos, a un presidente que nos grita que el Estado no puede gastar lo que no tiene mientras observa obligaciones con proveedores que saltan a $3,6 billones. Y lo peor es que debemos escuchar al mismo presidente decir que alcanzamos el equilibrio mientras manejamos por una ruta que hoy está repleta de pozos.

Tal vez en algún momento, que quién sabe, podría ser en 2027, los argentinos le plantemos al próximo gobierno:

¿Cuánto debemos y cuánto estamos dejando romper para mostrar estas cuentas?

Porque si el equilibrio fiscal se consigue eliminando privilegios, bajando costos innecesarios, modernizando el Estado, mejorando productividad y cobrando mejor los impuestos, será una transformación histórica. Pero si una parte relevante se sostiene pateando pagos, consumiendo infraestructura acumulada durante décadas y transfiriendo reparaciones al próximo gobierno, entonces no habremos eliminado el déficit. Lo único que hicimos es mentir.

Lo más interesante de todo este planteo, es que todavía los argentinos no somos conscientes del problema y toleramos la mentira de un presidente que nos miente a los gritos, con malos modales y además tildándonos de conspiradores.

Tal vez, el verdadero déficit no sea el fiscal, sino un déficit que la sociedad descubre demasiado tarde.

Quizás por eso la pregunta inicial no era una broma. ¿Qué ocurriría si los argentinos hiciéramos lo mismo?

Si dejáramos de pagar, dejáramos de mantener nuestras casas y presentáramos el dinero que nos queda en el bolsillo como prueba de prosperidad, probablemente el Gobierno nos explicaría que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y tendría razón. Lo único que estamos pidiendo es que la misma regla valga para todos.

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