Un nuevo informe de la UCA revela que en los últimos 15 años el mercado laboral funcionó como un «refugio»: la gente encuentra puestos para subsistir, pero son tareas de baja calidad, sin aportes y con ingresos que no alcanzan.
Buenos Aires, jueves 9 de julio (PR/26) — En los últimos quince años, Argentina logró mantener niveles de desocupación llamativamente bajos. Sin embargo, lejos de ser una buena noticia, esta cifra esconde una realidad preocupante: el trabajo ya no es una garantía para salir de la pobreza o progresar.
Así lo demuestra el nuevo documento de trabajo presentado hoy por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), titulado “Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina (2010-2025)”. El estudio revela una paradoja central de nuestra economía: la gente trabaja más, pero en peores condiciones.
Trabajar para sobrevivir en un contexto difícil
El informe analiza las transformaciones del mercado laboral urbano tras una década y media marcada por el estancamiento económico, la volatilidad de la macroeconomía y un sistema cada vez más fragmentado.
Al no generarse suficientes empleos estables, protegidos y bien remunerados (ya sea en empresas grandes o en el Estado), los ciudadanos se vieron obligados a buscar alternativas por su cuenta.
Esto provocó un fuerte aumento del sector microinformal, que funciona como un espacio de «refugio» y está compuesto por changas, autoempleo, pequeños comercios familiares y puestos no registrados (en negro). El gran problema es que estas tareas carecen de cobertura social (como obra social o jubilación) y ofrecen ingresos insuficientes que se licúan rápidamente.
Las 5 claves del deterioro laboral
A partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbana y del seguimiento de las trayectorias de los trabajadores, la UCA identificó las principales conclusiones de este proceso:
Más empleo, menos calidad: Que haya poca desocupación no significa que el mercado esté sano. La fuerza de trabajo fue absorbida bajo una dinámica «regresiva»: hay más personas trabajando, pero con mayor peso de puestos precarios y de bajos ingresos.
Leyes que no alcanzan: Aunque el país mantiene formalmente leyes que protegen al empleado asalariado, su alcance real quedó recortado por el fuerte avance del trabajo independiente y los puestos en negro.
Una trampa productiva: Existe una desconexión persistente entre el crecimiento económico y la creación de empleo protegido. Reconciliar el dinamismo de la producción con puestos de trabajo de calidad se ha vuelto una meta esquiva.
La precarización salpicó al sector formal: El daño es tan profundo que ya no afecta solo a la informalidad. También se observan claras muestras de precarización y pérdida de poder adquisitivo dentro de las empresas del sector privado formal.
El fin del ascenso social: Antes, cambiar de trabajo solía significar una mejora. Hoy, la movilidad laboral funciona como un «ajuste defensivo»: la gente cambia de puesto simplemente para no quedar desocupada, aceptando mayores riesgos y peores salarios.
La conclusión de los expertos: La Argentina logró sostener niveles bajos de desocupación, pero al costo de una creciente precarización, informalización y una pérdida casi total de la capacidad del trabajo como el gran motor de integración y progreso social que supo ser.
La caída del empleo formal en la industria impulsa una fuerte precarización laboral, un escenario sostenido únicamente por el aumento de la informalidad y el monotributo.
La industria textil argentina sufre la creciente pérdida de empleos.
Buenos Aires, lunes 29 junio (NA) — El mercado laboral argentino atraviesa un escenario complejo por el crecimiento de la precariedad a partir del aumento del empleo informal y del monotributo mientras se reducen los puestos de trabajo formales.
Aunque la tasa de desocupación se ubicó en el 7,8% en el primer trimestre del año, mostrando estabilidad respecto al 2025, el dato oculta una degradación en la calidad del empleo y una consolidación del aumento de desempleados desde finales de 2023.
Al analizar el panorama actual, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostuvo que “las cifras netas de empleo no están mostrando un escenario de dinamismo laboral sino más bien lo contrario, contracción del sector formal y un incremento del emprendedurismo de supervivencia”.
El empleo en el sector formal viene evidenciando una caída continua. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la economía argentina sufrió la pérdida de 216.321 puestos de trabajo privados registrados, lo que representa una merma del 3,4%.
Una fuerte ola de aumentos en servicios esenciales golpeará el bolsillo en julio
Entre las actividades más golpeadas, sobresale la crisis del sector industrial, donde se observó una duplicación de la población desocupada cuyo último empleo fue en manufactura, lo cual no sucede en ningún otro rubro analizado.
El último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) a cargo de la UBA-Conicet, en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), detalló que desde septiembre de 2023 se perdieron casi 81.000 puestos en la industria, de los cuales alrededor de 48.000 corresponden a los últimos doce meses y casi 5.000 al último mes.
El declive del empleo protegido fue compensado parcialmente por un incremento de 165.542 nuevos monotributistas, lo que implica un crecimiento del 8% en el periodo analizado de la gestión de Javier Milei.
Al respecto, desde CEPA indicaron que dicho incremento “no debe leerse como un aumento del espíritu emprendedor sino de una necesidad creciente de los trabajadores de complementar ingresos en algunos casos, o directamente suplir la pérdida de puestos de trabajo”.
En paralelo, en lo que va del gobierno libertario se viene registrando una expansión de la informalidad. En el primer trimestre de 2026, la tasa de empleo no registrado escaló al 44,2%, el nivel más alto de los últimos años.
Entre el primer trimestre de 2024 y el de 2026, se crearon 603.600 empleos informales, mientras que se perdieron 246.000 puestos registrados, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En este sentido, desde CEPA indicaron que “esto significa que más de cuatro de cada diez trabajadores ocupados se desempeñan en condiciones de informalidad, sin acceso a derechos laborales básicos, aportes jubilatorios, cobertura de salud, licencias pagas o mecanismos de protección frente al desempleo”.
Asimismo, el informe sostiene que las economías de plataforma (apps de delivery y movilidad) distorsionan las estadísticas oficiales. Al respecto, señala que debido a que la metodología del INDEC considera «ocupado» a quien trabaje al menos una hora semanal, estas plataformas funcionan como un «efecto amortiguador» que invisibiliza el desempleo real.
Sobre este aspecto, la entidad expresó que “esta relación de dependencia encubierta permite a las empresas de plataforma operar sin las responsabilidades propias de un empleador, mientras que estadísticamente los trabajadores son registrados como autónomos, fragmentando aún más las identidades laborales”.
La crisis laboral afecta mayormente a la población femenina (8,3%), que sigue superando a la de los varones (7,5%). Por otro lado, aunque la desocupación juvenil bajó levemente (a 15,5% en mujeres y 14,6% en hombres), sus guarismos aún triplican los de la población adulta de entre 30 y 64 años (6,2% en mujeres y 5,2% en hombres).
Además, la presión sobre el mercado de trabajo, que suma a desocupados, subocupados y ocupados que buscan otro empleo, alcanzó al 30,7% de la población en el primer trimestre del año, lo que implica un incremento interanual del 3,5%.
Entidades del sector lechero alertan que la elevada carga tributaria —con al menos 37 impuestos— empuja la informalidad en los tambos hasta el 40% y pone en riesgo la rentabilidad y continuidad de la actividad.
Córdoba, lunes 9 febrero (PR/26) — Hay 37 impuestos anuales que el productor lechero debe afrontar cada año con las ganancias de se estructura productiva, lo que imposibilita llevar una economía empresarial en regla. Piden cambios en el sistema tributario.
«Realmente pensamos que la presión fiscal no justifica estos delitos, pero un empresario tambero en Argentina debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal», esgrimieron desde Carsfe, gremial afiliada a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tras un relevamiento realizado en conjunto con Meprolsafe.
Las entidades señalaron que a enero de 2026, el sector tambero argentino enfrenta una situación mixta, que incluye un crecimiento productivo sostenido impulsado por eficiencia de los productores, tecnología y clima favorable (con proyecciones de alza para el año); pero con una creciente alerta sobre la rentabilidad, ya que los costos (incluyendo impuestos) presionan los márgenes y al desaparecer poco a poco la inflación, se ve amenazada la sustentabilidad a pesar de la mayor producción y el impulso a la inversión a través de financiamiento especial.
Meprolsafe y Carsfe detectaron en las charlas con productores y demás eslabones de la cadena una realidad dramática: informalidad superior al 40%, en ventas, en compras y en RRHH y presencia de productos fraudulentos en el mercado, todo esto con el justificativo de la alta presión fiscal.
«Realmente pensamos que la presión fiscal no justifica estos delitos, pero un empresario tambero en Argentina debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal», esgrimieron desde Carsfe, gremial afiliada a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Una carga insoportable
La carga impositiva promedio para una empresa puede representar hasta el 42% de sus ventas. En ese cóctel que invita al abandono, hay tributos de diversa índole: nacionales, provinciales y municipales.
Dentro de los impuestos nacionales (gestionados por ARCA, ex-AFIP) se destaca el Impuesto a las Ganancias (Sociedades y Personas Físicas) que se aplica una escala progresiva que varía entre el 25% y el 35% sobre la utilidad neta. En 2026, la alícuota máxima del 35% aplica a rentas superiores a aproximadamente $347 millones. «Lo consideramos un impuesto que si todo el sistema impositivo está bien controlado es justo», sostienen las entidades.
En tanto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) «posee una alícuota general es del 21% sobre las ventas, con tasas reducidas del 10,5% para ciertos sectores. Pedimos que se disminuya de manera que se favorezca el consumo de lácteos».
En la lista también figura el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como «impuesto al cheque», que grava los movimientos en cuentas corrientes «Cuando las operaciones se repiten o superponen generan impuesto sobre impuesto. Pedimos su eliminación», afirmaron. «Otro ejemplo es el Impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Se paga cada vez que se carga nafta o gasoil. Consideramos que se deben eliminar respecto de los consumidores ya que esto favorecería los sistemas productivos y favorecería el consumo y el turismo por parte de los consumidores finales».
Algo parecido sucede con los Impuestos internos a tecnología y electrónicos. La eficiencia y la innovación productiva está directamente relacionada con poder acceder a estas herramientas. Solicitamos se eliminen directamente para favorecer su incorporación al proceso productivo».
Respecto de las Cargas Sociales se plantearon modificaciones hacia un sistema más moderno y sobre Retenciones y Percepciones -que actúan como pagos a cuenta de Ganancias e IVA aplicados en diversas transacciones comerciales- se consideró literalmente su eliminación: «Que cada contribuyente pague lo que le corresponda, evitando retenciones indebidas y facilitando a ARCA en control por contribuyente directo», afirmaron, al tiempo que rescataron la importancia del Monotributo, aunque solicitaron mayores controles ante maniobras de evasión».
En el rubro de los impuestos provinciales, emergen como los de mayor impacto, los Ingresos Brutos (IIBB), que gravan la facturación bruta con alícuotas que suelen oscilar entre el 1,5% y el 5%, dependiendo de la actividad y la jurisdicción; el Impuesto de Sellos y el Inmobiliario Rural.
Asimismo, las Tasas Municipales son aplicadas por municipios, casi siempre con el compromiso de prestar servicios que no se prestan.
Desafíos para 2026
Meprolsafe y Carsfe coincidieron en que es indispensable corregir algunos aspectos para sostener la actividad tambera que hoy enfrenta un grave problema de rentabilidad. En ese sentido, debe propenderse a mantener la rentabilidad y la sustentabilidad de los tambos frente a la escalada de costos y la presión fiscal; mejorar la competitividad, tanto para el mercado interno (consumo) como para la exportación y asegurar financiamiento y rentabilidad para seguir invirtiendo en tecnología y eficiencia.
«Como conclusión, el sector tambero argentino, que generó el mayor aumento mundial de producción en el 2025, hoy muestra dinamismo productivo hacia 2026, pero la matriz impositiva, junto con factores macroeconómicos y de mercado, genera un escenario de alerta sobre la rentabilidad, requiriendo políticas de apoyo y alivio fiscal para sostener la actividad y que dejen de cerrar tambos», finalizaron.
Entre discursos cruzados y negociaciones de cúpulas, la reforma laboral vuelve al centro del debate con promesas de modernización que, según miradas críticas, podrían traducirse en mayor precariedad, menos protección social y un cambio profundo en el rol del Estado frente al trabajo.
Por Sergio Marcelo Mammarelli – Especial para Primicias Rurales
Introducción: Una farsa en horario central
Buenos Aires, viernes 30 enero (PR/26) — Como en todo buen culebrón argentino, la reforma laboral tiene buenos, malos, traidores… y espectadores que no entienden el guión.
El Congreso se prepara para debatir una supuesta modernización del sistema laboral, mientras la opinión pública se divide en bandos futboleros: los que «están con el gobierno» y los que «no lo quieren», sin detenerse un segundo a revisar qué se está discutiendo en realidad. Empresarios, sindicalistas, gobernadores, bloques parlamentarios negocian como en una timba. Y los trabajadores, los reales, los de a pie, ni siquiera fueron invitados al circo.
La reforma laboral que se impulsa no tiene como objetivo central mejorar las condiciones del trabajo ni resolver el flagelo de la informalidad. Como advirtió la OIT en su «Panorama Laboral 2023», las reformas que buscan aumentar la «flexibilidad» sin una red de protección social tienden a generar más precariedad, no más empleo digno.
Pero aquí vamos otra vez: una discusión entre cúpulas que venderán sus pactos como un avance histórico.
La obsesión empresaria: despedir barato y pagar menos
El «costo laboral» es el cuco de siempre. El empresariado nacional no quiere pagar menos porque no pueda, sino porque no quiere cargar con responsabilidades colectivas. Su prioridad, expresada sin pudor, es doble: despedir sin consecuencias judiciales y pagar lo menos posible en cargas sociales. Como dice el jurista italiano Luigi Ferrajoli, «una democracia sin garantías laborales es una democracia de baja intensidad». En nombre de la eficiencia, se pide impunidad.
El modelo que se plantea para reemplazar la indemnización por despido -como el fondo de cese laboral tipo UOCRA- pretende transformar al trabajador en una póliza. La relación laboral deja de ser un vínculo jurídico para convertirse en un contrato de riesgo: si te despido, ya está cubierto. Pero como bien indicó el laboralista argentino Julio Neffa, «la función social del trabajo no puede ser reemplazada por lógicas actuariales.»
El “costo laboral” que no es laboral
El gran malentendido deliberado: lo que se llama «costo laboral» incluye aportes que no son estrictamente laborales. Se trata de contribuciones a la Seguridad Social: jubilaciones, salud, asignaciones familiares. Reducir estos «costos» implica asfixiar los pilares del Estado de Bienestar. Lo explicaba él mismo Perón, con brutal claridad: «Donde se debilita la Justicia Social, se fortalece el privilegio».
La pregunta clave: si esos aportes desaparecen, ¿quién paga la salud, la vejez, la infancia vulnerable? ¿Lo hará el Estado con impuestos generales? ¿O se pretende que cada individuo se financie su jubilación y su cobertura sanitaria? Es el modelo libertario de la selva: cada quien sobrevive con su bolsillo. Guy Standing, en «El precariado», lo denunció como el «capitalismo de la inseguridad estructural».
La mentira fundacional: que esto formaliza a los informales
«La reforma permitirá formalizar millones de trabajadores». Falso. El trabajo informal no se formaliza por decreto ni por quitar derechos. Se necesita crecimiento, fiscalización, y políticas activas. Brasil, con la reforma de Temer, prometió lo mismo en 2017. Cinco años después, según el IBGE, más del 40% del empleo sigue siendo informal y aumentaron los subocupados.
La informalidad en Argentina es estructural. Incluye desde cartoneros hasta freelancers con título universitario. No es un problema legal, es económico. Como recuerda Saskia Sassen, «el trabajo expulsado del sistema no desaparece; se reinventa en las orillas de la legalidad». Esta reforma no ataca ese problema: apenas legaliza la precariedad.
Sindicatos: guardianes de sus propios privilegios
¿Y los sindicatos? Bien, gracias. Las centrales obreras se oponen a algunos aspectos de la reforma, pero defienden con fervor sus cajas: obras sociales, aportes obligatorios, retenciones automáticas. No representan al trabajador informal ni al desocupado. En muchos casos, ni siquiera al registrado. Como denunció Rubén Giustiniani hace más de una década, «el modelo sindical argentino está hecho para administrar poder, no para ampliarlo».
La reforma no los inquieta por su contenido, sino por su impacto en sus finanzas. El conflicto real no es ideológico, es presupuestario. Se pelean por quién administra el botín. El trabajador, como siempre, afuera del despacho.
El Estado: el mayor de los farsantes
El Estado sabe todo esto. Sabe que la reforma no resolverá la informalidad, ni aumentará el empleo, ni mejorará la productividad. Pero necesita mostrar eficiencia ante los organismos multilaterales. Es el precio del aplauso del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE. Cambiar algo para que todo siga igual, como en «El Gatopardo».
Como advertía Hannah Arendt, «cuando todos mienten al mismo tiempo, la consecuencia no es que se acepten las mentiras como verdad, sino que nadie cree ya en nada». Esa es la verdadera crisis: no laboral, sino de sentido. La política se ha convertido en una gestión de ficciones.
Todos mienten (y vos también)
Todos mienten. Los empresarios, los sindicatos, el gobierno, los opositores. Pero también mentís vos, que creés que esto no te toca. Que total sos monotributista, o independiente, o estás en blanco y esto es un tema de otros. Mentís cuando repetís sin pensar lo que dicen los que tienen micrófono. Mentís cuando decís que no importa.
Esta reforma no es técnica. Es ideológica. Define qué tipo de sociedad queremos: una donde el trabajo sea un derecho o una molestia. Una donde el Estado proteja o se borre. Una donde el mercado tenga límites o se vuelva soberano.
Y si después de leer esto seguís creyendo que es una buena idea… bueno, entonces tené cuidado. Porque la próxima reforma podría ser sobre vos.
Y no digas que no sabías. Estaba en el diario. O al menos, en este editorial.
Por Sergio Marcelo Mammarelli – Especial para Primicias Rurales
Primicias Rurales
Por Sergio Marcelo Mammarelli – Especial para Primicias Rurales
Buenos Aires, jueves 11 diciembre (PR/25) El jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, adelantó que en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral que en los próximos días será debatido por el Congreso Nacional, se introducirán modificaciones en el actual régimen de trabajo agrario.
En todo este tiempo, la Sociedad Rural Argentina (SRA) participó de un trabajo conjunto con funcionarios y legisladores nacionales, como así también con integrantes del Consejo de Mayo, donde expresó que la reforma laboral debe reducir la informalidad, ampliar derechos y disminuir costos para empleadores y trabajadores.
En ese marco, el sector agropecuario —motor de empleo regional, exportaciones y desarrollo tecnológico— no debe quedar fuera del debate.
Ignorar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario en un proceso de modernización que conduciría a una propuesta incompleta y a una oportunidad perdida para alinear toda la economía laboral con una visión de futuro.
La SRA opina que el agro no es una variable marginal: es una actividad con ritmos propios, costos específicos y desafíos regionales que requieren reglas diferenciadas. Ciclos climáticos, estacionalidad y diversidad geográfica crean un escenario donde la contratación, la previsibilidad y la seguridad social deben contemplar particularidades que no caben en un marco urbano único.}
Advierte que mantener normas desvinculadas del campo podría disuadir la formalidad o impulsar la informalidad, con costos para trabajadores y productores. El campo argentino necesita una reforma laboral moderna y equilibrada para seguir siendo motor de la economía.
Es por eso que la Sociedad Rural Argentina propone una reforma laboral orientada a actualizar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario (Ley 26.727) para reflejar la realidad tecnológica, estacional y productiva del agro actual, sin detrimento de derechos fundamentales. El objetivo es generar un marco legal más eficiente, previsible y competitivo que impulse la producción, el empleo rural y la inversión, al tiempo que garantiza condiciones dignas para los trabajadores.
A partir de lo anteriormente expresado, la SRA presentó una iniciativa de reforma laboral destinada a modernizar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario, con el objetivo de alinear sus disposiciones a las realidades actuales del sector agropecuario, sin sacrificar derechos laborales.
Las propuestas han sido recibidas favorablemente y recibimos el compromiso de que serán integradas al proyecto de Ley de Modernización Laboral. «Y además seguiremos realizando el seguimiento legislativo en las respectivas comisiones del Congreso de la Nación», adelantó la entidad.
Las propuestas que ha presentado para que sean incluidas en el texto oficial, son las siguientes:
1 – Eliminar la responsabilidad solidaria indiscriminada entre el dueño de la tierra que alquila y el arrendatario que produce. Esta medida reduciría costos y riesgos para quien aporta la tierra, maquinaria o equipamiento, evitando cargas desproporcionadas.
2 – Eliminación de la figura de “trabajador permanente discontinuo”. La actividad es estacional; mantenerla genera costos altos y complicaciones para contratos por ciclos.
3 – Período de prueba de ocho meses, ya que permite evaluar aptitudes de forma razonable antes de confirmar la relación laboral.
4 – Negociación salarial bilateral entre el Sindicato y la Mesa de Enlace sin participación estatal. Se busca una negociación más directa y adecuada a las realidades del sector, reduciendo la intervención estatal en la negociación.
5 – Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones a cargo del empleador. Se ofrece un mecanismo de respaldo ante costos laborales, aportando previsibilidad.
6 – Actualización de créditos laborales de forma razonable. Se evita sentencias desproporcionadas e irrazonables.
Por último, consideramos que los impactos que se esperan de dichas iniciativas serían los siguientes:
1 – Empleo e inversión: mayor previsibilidad y marco regulatorio adaptado podría atraer inversiones y generar empleo estacional.
2 – Costos laborales: reconfiguración de indemnizaciones y mecanismos de financiación (FAL).
3 – Formalidad: menor informalidad si se mejora la claridad y la eficiencia del marco legal.
