Abr 11, 2026 | Actualidad, Ganadería, Salud
El SENASA informó el hallazgo en ejemplares reproductores pertenecientes a establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos.
Buenos Aires, sábado 11 abril (PR/26) — El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó el resultado positivo a scrapie clásico en ovinos reproductores importados, luego de registrarse la muerte natural sin sintomatología asociada de tres animales en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos.
El scrapie clásico tiene sintomatología parecida al de la «vaca loca» en vacunos.
Los ovinos involucrados habían sido importados en 2021 y 2022 desde Paraguay, conforme a los requisitos sanitarios y el modelo de Certificado Veterinario Internacional vigente, superando los controles postingreso requeridos.
En cumplimiento con la Resolución N° 733/2019, se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Reproductores Rumiantes Importados y, desde su ingreso al país, habían cumplido con las inspecciones clínicas anuales realizadas por veterinarios oficiales del SENASA, sin presentar novedades sanitarias ni signos clínicos.
Los ovinos en los que se detectó scrapie clásico en Argentina, según la información más reciente de abril de 2026, corresponden a animales de raza Dorper, importados desde Paraguay, alimentados con una dieta que no ha sido especificada en los primeros reportes, pero que provocó el contagio y la alerta del SENASA.
En el marco de esta vigilancia activa, el Organismo detectó la enfermedad por prueba de tamizaje (ELISA).
Manteniendo protocolos específicos para respetar los tiempos diagnósticos, las muestras fueron remitidas a un laboratorio de referencia en España, que mediante la técnica Western Blot confirmó la presencia de scrapie clásico, ausente hasta la fecha en la Argentina.
Ante el primer resultado, el Servicio Nacional incorporó a los establecimientos en un programa oficial de control y seguimiento, que contempla la restricción de movimientos de las unidades productivas afectadas, junto con una vigilancia intensificada y la implementación de medidas sanitarias de contención, destinadas a evitar la diseminación de la enfermedad.
Todas estas medidas siguen en curso luego de la reconfirmación del segundo análisis.
En línea con los protocolos internacionales, se notificó oficialmente la detección a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) de Paraguay, con el que se acordó ahondar en la investigación epidemiológica.
A partir del cambio en la situación sanitaria de nuestro país, el SENASA se encuentra trabajando en la adecuación de los certificados de exportación, a fin de garantizar la continuidad de los mercados internacionales y evitar disrupciones en los envíos.
Para esta adecuación, se tendrán en cuenta las recomendaciones internacionales previstas por la OMSA para la exportación de mercancías de origen ovino y caprino procedentes de socios comerciales con distinta condición a país libre.
Argentina manifestará a los países su intención de continuar exportando productos seguros, a fin de sostener los mercados internacionales bajo condiciones sanitarias adecuadas, como embriones, cueros y pieles, gelatina, colágeno, sebo y sus derivados, así como lana y fibra ovina.
En cuanto a la carne ovina y caprina, también se las considera mercancías seguras siempre que se retiren previamente los tejidos de riesgo, conforme a los estándares sanitarios internacionales.
Para el resto de los productos, como ovinos y caprinos en pie, harinas proteicas y lácteos de estas especies, se propondrá la aplicación de medidas de mitigación específicas, de acuerdo con las recomendaciones de la OMSA para cada tipo de mercancía.
¿Qué es el scrapie y cuáles son sus síntomas?
El scrapie —también conocido como tembladera o prúrigo lumbar— es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal que afecta a ovinos y caprinos, con presencia en Brasil, Estados Unidos, Canadá, países de la Unión Europea y África.
Está incluida dentro de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) y es causada por proteínas anormales (priones) que inducen la transformación de proteínas normales del sistema nervioso central.
La patología se transmite de manera vertical, principalmente durante el parto, y se caracteriza por la aparición de signos clínicos como prurito intenso (rascado), ataxia (alteraciones de la marcha), temblores, pérdida de peso, aislamiento y cambios de comportamiento.
Cabe destacar que no se trata de una enfermedad zoonótica, por lo que no representa riesgo para la salud pública, ya sea por contacto directo con animales infectados o por el consumo de productos de origen animal. Tampoco afecta a bovinos ni se transmite por su carne o leche.
Al tratarse de una enfermedad de notificación obligatoria, es fundamental dar aviso inmediato ante la observación de síntomas compatibles.
Cualquier persona puede notificar al Organismo en su oficina más cercana; por WhatsApp, al (11) 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; o través del Formulario “Avisá al SENASA”, disponible en el sitio web oficial.
Primicias Rurales
Fuente: SENASA
Abr 11, 2026 | Actualidad, Especial, Política
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) manifestó ante el Senado su respaldo a la modificación de la Ley de Tierras. La entidad sostiene que eliminar las restricciones a la inversión extranjera privada no afecta la soberanía ni el medio ambiente, sino que fomenta la competitividad y el desarrollo productivo del sector foresto-industrial.
Buenos Aires, sábado 11 abril (PR/26) — En el marco del debate legislativo sobre el régimen de tierras rurales, la Asociación Forestal Argentina (AFoA) presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado su posición sobre la modificación de la Ley N.º 26.737, incluida en el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Exp. PE 13/26).
Desde la entidad señalaron que el régimen vigente parte de un diagnóstico equivocado: restringir la inversión privada por su origen no ha fortalecido la soberanía ni mejorado los estándares ambientales, pero sí ha limitado el desarrollo productivo y la competitividad del país.
Un cambio hacia una regulación más precisa
La propuesta en discusión introduce un criterio más focalizado: mantener restricciones en casos vinculados a entes gubernamentales extranjeros o situaciones que puedan comprometer la seguridad nacional, eliminando en cambio las limitaciones generales sobre inversores privados. Este enfoque —destacaron— resulta más consistente con los principios constitucionales de propiedad, igualdad ante la ley y razonabilidad de las regulaciones.
Soberanía: control real sobre el territorio
Uno de los ejes centrales del planteo es revisar cómo se interpreta la soberanía en este debate. “La tierra es un bien inmueble que no puede trasladarse fuera del país. Su titular, cualquiera sea su nacionalidad, está sujeto a la Constitución, a las leyes argentinas y a todos los controles vigentes. Las inversiones, el empleo y la actividad económica se desarrollan en el territorio nacional”, explicó Claudia Peirano. Desde AFoA advierten que asociar inversión extranjera privada con pérdida de soberanía no refleja el funcionamiento real del sistema jurídico argentino.
Ambiente: la protección depende de las reglas, no del origen del capital
Otro de los puntos destacados es que la protección ambiental está garantizada por el cumplimiento de la normativa vigente —como la Ley General del Ambiente y la Ley de Bosques Nativos— que aplica por igual a todos los actores. En ese sentido, la reforma no implica una reducción de estándares ambientales, sino que mantiene intacto el marco regulatorio existente.
Agua y acceso: sin modificaciones
AFoA también aclaró que la reforma no afecta el régimen de acceso a ríos, lagos ni otros recursos hídricos. La titularidad de la tierra no otorga derechos sobre el agua pública, que continúa regulada por el Código Civil y Comercial y las normativas provinciales.
Impacto en la inversión y el desarrollo regional
Para sectores como el forestal, donde las decisiones se estructuran a largo plazo, la previsibilidad es un factor determinante. Según AFoA, las restricciones actuales han operado como una barrera para inversiones de escala, afectando la competitividad frente a otros países de la región. “La actividad foresto-industrial requiere superficie, continuidad y financiamiento de largo plazo. Sin esas condiciones, se limitan proyectos que generan empleo, exportaciones y desarrollo en las economías regionales”, señaló Peirano. Países como Brasil, Uruguay y Paraguay han logrado atraer inversiones en este sector bajo marcos normativos que no discriminan el origen del capital privado.
Mejor regulación, mayor previsibilidad
Desde la entidad sostienen que un esquema regulatorio más preciso permite mejorar la calidad de las políticas públicas, reducir arbitrariedades y fortalecer la seguridad jurídica.
Una oportunidad para dar claridad normativa
El tratamiento legislativo se da en un contexto de incertidumbre sobre la vigencia del régimen actual, tras el DNU 70/23 y las medidas judiciales posteriores. En este escenario, AFoA considera que el Congreso tiene la oportunidad de establecer un marco claro, estable y constitucionalmente sólido. “Defender la soberanía y el interés nacional no es cerrar la economía, sino contar con reglas claras, controles inteligentes y condiciones para el desarrollo productivo”, concluyó Peirano.
80 años promoviendo desarrollo forestal
En el año de su 80° aniversario, AFoA reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del sector foresto-industrial, impulsando políticas que integren producción, ambiente e inversión como motores del crecimiento del país.
→ ACCESO A LA NOTA ORIGINAL COMPLETA ENVIADA AL SENADO: Nota_Claudia_Peirano_al_Senado_por_modificacion_Ley_de_Tierras_-_abril_2026.pdf ←
Primicias Rurales
Fuente: AFoA
Abr 11, 2026 | Actualidad, Economía / Economía del Agro
Las principales entidades del agro exigen la intervención de las autoridades para garantizar la libre circulación de granos, mientras los transportistas amenazan con un paro nacional por el costo del gasoil.
Buenos Aires, sábado 11 abril (PR/26) — Las Bolsas de Cereales y de Comercio de todo el país emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su máxima preocupación ante las crecientes dificultades en el transporte de cargas de granos.
Las entidades subrayaron que las medidas de fuerza, localizadas en puntos estratégicos de las zonas productivas y accesos portuarios, están provocando una afectación directa en la actividad agroindustrial.
Según las Bolsas, las demoras e interrupciones en el flujo de mercaderías no son sólo un problema logístico, sino que golpean el funcionamiento de los mercados en un momento del año que es «fundamental para la economía en su conjunto».
El pedido de las Bolsas: Instan de manera urgente a las autoridades competentes a restablecer las condiciones de normalidad, recordando que la libre circulación es un principio constitucional básico para el desarrollo económico.
Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su preocupación «ante el avance de autoconvocados y algunas entidades de transportistas que practican acciones extorsivas a la vera de las rutas y caminos para amedrentar a los transportistas que buscan cumplir su trabajo trasladando granos y otros productos a diferentes puntos del país, incluyendo fábricas, semillas, insumos acopios y puertos».
El comunicado del CAA señala:
«No se llegó a acuerdos entre las partes esta semana en el marco de la Mesas provinciales. Es urgente, que se alcancen acuerdos para normalizar el transporte de carga agrícola en el país. Hoy estamos todos afectados, productores que no cobran por no poder cargar, acopiadores y cooperativas, semilleros, insumos fábricas, puertos y demás operadores comerciales, transportistas que pierden viajes, Estados provinciales y municipios que no recaudan, y finalmente el Estado nacional dado que ya existen embarques que están siendo atendidos por países competidores ante la falta de mercadería en Argentina».
Desde el CAA promueven que «prontamente se normalice la circulación del transporte de cargas y se celebren los acuerdos provinciales donde las partes realmente tengan la vocación de cumplir con los mismos».
Los motivos del conflicto: Combustibles y tarifas
El malestar de los transportistas tiene una raíz económica clara: el desfasaje entre los costos operativos y las tarifas de fletes.
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El reclamo: Las agrupaciones exigen un ajuste de entre el 30% y el 35% en las tarifas de referencia.
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El detonante: El precio del combustible, que ha trepado más de un 20% impulsado por la inestabilidad internacional tras el inicio de la guerra en Medio Oriente.
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El ultimátum: De no abrirse una mesa de diálogo en las próximas 48 horas, el sector pasará de las manifestaciones actuales a un paro nacional de transporte, lo que vaciaría de granos las terminales portuarias.
La posición del Gobierno: «Libre negociación»
A pesar de la gravedad del cuadro, el Gobierno Nacional ha tomado una postura de no intervención. La Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía, aclaró que no tiene responsabilidad en la fijación de precios desde que se disolvió la «Mesa de Negociación» en 2025.
La postura oficial se resume en tres puntos clave:
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Desregulación: El sistema actual busca afianzar el principio de libertad económica, permitiendo que las partes pacten sus precios sin intermediación estatal.
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Desburocratización: El Gobierno sostiene que la mesa anterior era percibida como una «instancia obligatoria que complejizaba el sistema» y no reflejaba las realidades regionales.
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Responsabilidad Privada: El comunicado oficial de la Secretaría enfatiza que el arreglo es exclusivo entre productores y prestadores del servicio.
Consecuencias inmediatas
La falta de coordinación amenaza con generar un cuello de botella en la liquidación de divisas. Con los barcos esperando en las terminales y los camiones detenidos en las rutas, el sector agroindustrial advierte que la «capacidad de anticipación y planificación comercial» del país —que venía batiendo récords de ventas en marzo— podría verse severamente comprometida si no se restablece el diálogo de manera inmediata.
El Gran Rosario es el nodo agroexportador más importante del mundo, y cualquier interrupción en el flujo de camiones impacta de manera desproporcionada en esta región. Cuando los transportistas cortan las rutas o cesan actividades, el perjuicio no es solo económico, sino operativo y social.
Granos se cargan en un barco en un puerto cerca de la ciudad de Rosario, Argentina, . Fotografía tomada con un dron REUTERS/Miguel Lo Bianco/File Photo
Algunas de las consecuencias son:
Desabastecimiento de las terminales portuarias
Las plantas procesadoras y terminales del Gran Rosario trabajan con un sistema de «justo a tiempo». Al no ingresar camiones, las terminales agotan sus reservas en silos en pocas horas. Esto puede obligar a frenar la molienda en las fábricas de aceite, lo que genera costos altísimos por parada y arranque de maquinaria industrial.
El «Costo de Espera» de los buques (Demurrage)
Este es quizás el perjuicio financiero más directo.
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Los barcos que esperan en el Río Paraná para cargar tienen un costo diario de u$s 30.000 a u$s 50.000.
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Si los granos no llegan al puerto por los cortes, el barco queda fondeado y el costo de esa espera lo terminan asumiendo los exportadores o, en última instancia, se traslada al precio que se le paga al productor.
Colapso logístico y riesgo vial
Cuando el conflicto se destraba, se produce el efecto «embudo»:
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Saturación de accesos: Miles de camiones intentan ingresar simultáneamente a las terminales de San Lorenzo, Puerto Gral. San Martín y Timbúes.
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Caos en la A012 y Ruta 11: Estas arterias quedan totalmente colapsadas, afectando la vida diaria de los vecinos de las localidades del Gran Rosario, impidiendo el tránsito de servicios de emergencia y aumentando el riesgo de accidentes.
Pérdida de calidad y cumplimiento
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Incumplimiento de contratos: La imposibilidad de cargar en fecha genera multas internacionales y daña la reputación de los puertos argentinos como proveedores confiables.
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Deterioro de la mercadería: Los granos que quedan varados en camiones a la vera de la ruta, expuestos a la humedad o al calor, pueden sufrir mermas en su calidad comercial.
Caída en la recaudación local
Muchos municipios del cordón industrial dependen de las tasas por el ingreso de camiones y la actividad portuaria. Una parálisis de 48 a 72 horas representa una pérdida directa en las arcas municipales que se utiliza para el mantenimiento de los propios caminos rurales y accesos.
Primicias Rurales
Fuente: Varias
