Sep 25, 2026 | Agricultura, Especial, Ganadería, Lechería
Por Manuel Jaramillo – Director general de Fundación Vida Silvestre
A simple vista, un pastizal puede parecer apenas una extensión de pasto. Detrás de ese paisaje hay un ecosistema en el que predominan los pastos y otras plantas herbáceas, y donde conviven numerosas especies. También cumple funciones fundamentales: provee alimento y forraje, ayuda a regular el agua, conserva los suelos y almacena carbono.
Buenos Aires, viernes 25 de septiembre (PR/26) .- En Argentina, hablar de pastizales es también hablar de territorio. Estos ambientes ocupan cerca de la mitad de nuestro país y sostienen una parte importante de la producción de alimentos, especialmente a través de la ganadería. Las Pampas son el ejemplo más conocido, aunque también están presentes en regiones como Campos y Malezales, el Espinal y el Chaco Húmedo. Son paisajes diferentes, pero todos forman parte de un entramado natural que sostiene especies, actividades productivas y comunidades.
Las Pampas representan alrededor del 60% del área de pastizales de Argentina y albergan especies emblemáticas como el venado de las pampas. A lo largo de las últimas décadas, sin embargo, este paisaje cambió profundamente: alrededor del 80% de los pastizales pampeanos fue transformado para actividades agrícolas y ganaderas, mientras que solo una pequeña proporción se encuentra bajo alguna categoría de protección.
¿Por qué debería importarnos?
Porque lo que sucede en los pastizales también nos afecta directamente. En la Pampa Deprimida y los Bajos Submeridionales, por ejemplo, estos ambientes cumplen un papel importante en la regulación del agua: sus suelos y su vegetación pueden absorber excedentes y ayudar a amortiguar inundaciones. Cuando se degradan o se transforman, los territorios pueden volverse más vulnerables frente a eventos de lluvias intensas.
También son fundamentales para la producción. Los pastizales naturales forman parte de la historia de la ganadería argentina y siguen sosteniendo buena parte de esta actividad. Por eso, el desafío es compatibilizar la producción con la conservación de estos ambientes.
Desde Fundación Vida Silvestre trabajamos junto con productores, comunidades, universidades y otros actores para promover buenas prácticas ganaderas y formas de producción que cuiden los pastizales.
Un paisaje que está cambiando
En las últimas décadas, Argentina perdió más de 3 millones de hectáreas de pastizales naturales, principalmente como consecuencia de cambios en el uso del suelo, la intensificación productiva y manejos inadecuados. Y menos del 4% de los pastizales pampeanos cuenta con protección formal.
Son números difíciles de imaginar. Detrás de ellos hay algo concreto: paisajes que se transforman, especies que pierden su hábitat y procesos naturales que dejan de funcionar de la misma manera.
El venado de las pampas permite dimensionar lo que significa esa transformación. Es una especie emblemática de nuestras llanuras y sus poblaciones quedaron reducidas a determinados sectores del país. En la provincia de Buenos Aires, el Parque Nacional Campos del Tuyú protege uno de los últimos remanentes de pastizales pampeanos y constituye un refugio para esta especie.
Pero proteger al venado implica también conservar el ambiente que necesita para alimentarse, reproducirse y desplazarse. Y ese mismo ambiente sostiene a muchas otras especies y procesos que no siempre vemos.
Quizás ahí esté una de las claves para entender el valor de los pastizales: detrás de un paisaje que puede parecer simple hay un ecosistema del que dependen especies, producción y comunidades.
Una oportunidad para mirar los pastizales
En 2026 tenemos una oportunidad para poner estos paisajes en el centro de la conversación. Las Naciones Unidas declararon este año como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, una iniciativa coordinada por la FAO para destacar la importancia de estos territorios y de las comunidades que dependen de ellos.
Para Argentina, esta conversación tiene un significado particular. Los pastizales están profundamente ligados a nuestra producción, nuestra historia y nuestros territorios. También sostienen procesos naturales que impactan directamente en la vida de las personas.
Tal vez el primer paso sea sencillo: aprender a mirarlos.
Porque cuando dejamos de ver solamente un campo y empezamos a reconocer un ecosistema, cambia también la pregunta. Ya no se trata solamente de cuánto territorio ocupa un pastizal, sino de qué vida, qué recursos y qué futuro estamos protegiendo cuando decidimos conservarlo.
Primicias Rurales
FUente: Fundación Vida Silvestre
Sep 24, 2026 | Agricultura, Agua, Columnas, Especial, Salud
El proyecto SPRINT encontró residuos de plaguicidas en agua, ambiente y personas en una región agrícola argentina. La evidencia internacional también plantea interrogantes sobre algunos de estos productos y el cáncer renal. No alcanza para afirmar una relación causal, pero sí para exigir más controles, más investigación y una vigilancia que continúe mucho después de la cosecha. (Traducido al inglés)
Por Ing. Agr. Pedro A. Lobos, director de Primicias Rurales
Buenos Aires, jueves 24 de septiembre (PR/26) .- La discusión sobre los agroquímicos en Argentina suele quedar atrapada entre dos posiciones: quienes sostienen que son indispensables para producir alimentos y quienes advierten sobre sus consecuencias ambientales y sanitarias. Pero existe un espacio intermedio que merece mucha más atención: el de las preguntas que todavía no tienen respuesta suficiente.
Una de esas preguntas surge de los resultados del proyecto científico internacional SPRINT, en el que participó la investigadora del INTA y CONICET Virginia Aparicio. El objetivo del proyecto no fue demostrar que los plaguicidas producen cáncer, sino estudiar su presencia y circulación entre el ambiente, los animales y las personas. El protocolo incluyó análisis de suelo, agua, sedimentos, aire, alimentos y muestras humanas, precisamente porque los investigadores consideran que la exposición puede producirse por múltiples vías.
Y allí aparece una señal que no debería ser ignorada.
No estamos hablando de una sola sustancia
Virginia Aparicio Ingeniera del INTA
En los ambientes agrícolas estudiados por SPRINT se buscaron numerosos plaguicidas y sus metabolitos. En el agua se detectaron mezclas de residuos, no simplemente una sustancia aislada. En el estudio que incluyó sitios argentinos se analizaron 193 residuos diferentes y se encontraron mezclas en todos los cuerpos de agua estudiados; Argentina presentó el mayor nivel total de pesticidas entre los sitios comparados. El glifosato tuvo la mayor concentración mediana, seguido por 2,4-D y MCPA.
Esto es importante porque la exposición real de una persona no necesariamente consiste en entrar en contacto con «un agroquímico».
Puede ser:
herbicida + insecticida + fungicida + metabolitos + residuos ambientales + contaminación del agua + exposición alimentaria.
La propia metodología SPRINT fue diseñada para estudiar precisamente esas mezclas y su distribución entre ambiente, animales y seres humanos.
El caso del clorpirifós merece una vigilancia especial
El clorpirifós ocupa un lugar particular en esta discusión.
En la Pampa Húmeda argentina se midieron concentraciones de clorpirifós en agua que llegaron hasta 10,8 µg/L, con una mediana de 0,013 µg/L. En ese estudio, los investigadores estimaron que las concentraciones ambientales podían superar valores de referencia considerados protectores para organismos acuáticos, especialmente en exposiciones crónicas.
Esto no significa que esas concentraciones produzcan cáncer en las personas. El estudio citado analiza fundamentalmente riesgo ambiental para organismos acuáticos, no cáncer humano.
Pero sí demuestra algo que debería preocuparnos desde el punto de vista de la vigilancia ambiental: los plaguicidas aplicados en tierra pueden terminar en los sistemas de agua y permanecer allí en concentraciones medibles.
Y hay otra cuestión relevante: Argentina prohibió el uso de clorpirifós etil y metil. SENASA completó en 2023 la baja de esos productos después de revisar información toxicológica y actualizar sus parámetros de riesgo.
Por eso, si actualmente apareciera clorpirifós en agua, suelo, alimentos o personas en zonas agrícolas, la pregunta ya no sería solamente «¿cuánto se aplicó?», sino también:
¿De dónde proviene?
¿Es contaminación histórica?
¿Persistencia ambiental?
¿Existencias antiguas?
¿Transporte desde otro lugar?
¿O existe utilización ilegal?
Son preguntas que deberían poder responder los organismos de control mediante muestreos sistemáticos y trazabilidad.
El cáncer renal: una señal que exige investigación, no conclusiones apresuradas
Aquí es donde debemos ser especialmente responsables.
Una revisión científica de estudios epidemiológicos encontró una asociación entre exposición a pesticidas y cáncer renal, aunque con heterogeneidad entre los estudios. El riesgo relativo combinado fue aproximadamente 1,10; en un subgrupo de estudios de mayor calidad la asociación fue mayor. PPubMed
Más específicamente, el Agricultural Health Study, una gran cohorte prospectiva de trabajadores agrícolas de Estados Unidos, encontró asociaciones entre la exposición acumulada a determinados plaguicidas y carcinoma de células renales. Entre ellos apareció clorpirifós, además de atrazina, paraquat, clordano, cianazina y 2,4,5-T. Los propios investigadores señalaron que estos resultados necesitan confirmación y más investigación sobre sus mecanismos biológicos. PubMed
Esto no autoriza a decir:
«El clorpirifós causa cáncer de riñón en Argentina».
Pero tampoco parece razonable decir:
«No hay ninguna razón para investigarlo».
La posición responsable está en el medio: existe una señal científica que justifica profundizar la investigación argentina.
¿Y qué pasa con las personas?
Antes incluso de hablar de cáncer, existen investigaciones argentinas que encontraron exposición humana a plaguicidas.
En una población de 40 hombres de una región agrícola de Córdoba se detectó el metabolito de clorpirifós en el 85% de las muestras de orina. También se encontraron metabolitos de otros organofosforados y piretroides. Los investigadores observaron asociaciones entre algunos biomarcadores y actividad de la acetilcolinesterasa, aunque se trató de un estudio piloto y no de un estudio de cáncer.
Este tipo de resultados vuelve a plantear una cuestión elemental:
¿Cuánto estamos expuestos realmente los habitantes de las zonas agrícolas y qué ocurre cuando la exposición es múltiple y sostenida durante años?
Todavía no tenemos una respuesta completa.
La investigación no debería terminar cuando termina la cosecha
Existe otro capítulo que merece mucha más atención pública: la poscosecha.
Una vez que el cultivo abandona el campo, comienza otra etapa: transporte, acondicionamiento, secado, almacenamiento y eventualmente tratamientos contra insectos en silos y depósitos.
El INTA señala que el control de humedad y temperatura es fundamental para evitar deterioro, hongos y micotoxinas durante el almacenamiento. También recomienda monitorear periódicamente los granos y mantener condiciones adecuadas de conservación.
Esto debería complementarse con una pregunta sanitaria:
¿Qué residuos quedan en el grano después de los tratamientos poscosecha y qué sustancias llegan finalmente al consumidor?
Y no se trata solamente de controlar al productor.
Hay que controlar toda la cadena:
campo → cosecha → transporte → acopio → silo → tratamiento poscosecha → industria → alimento → consumidor.
SENASA mantiene un registro de productos fitosanitarios y establece límites máximos de residuos, además de prohibiciones específicas para determinadas sustancias. Actualmente, por ejemplo, también existen restricciones para ciertos productos utilizados en granos almacenados.
Por eso sería razonable reclamar un sistema de trazabilidad química de la poscosecha, especialmente para granos destinados a alimentación humana.
¿Estamos controlando solamente el producto o también la mezcla?
Esta puede ser una de las preguntas más importantes.
Los límites regulatorios suelen establecerse para sustancias individuales. Pero la población puede estar expuesta a varias sustancias simultáneamente.
El proyecto SPRINT fue diseñado justamente para estudiar ese fenómeno: las mezclas de plaguicidas y su distribución entre suelo, agua, animales y seres humanos.
La ciencia todavía conoce mucho menos sobre determinadas exposiciones combinadas que sobre sustancias individuales.
Por eso sería razonable que Argentina fortalezca el monitoreo no solamente buscando:
«¿Hay glifosato?»
sino también:
«¿Qué conjunto de residuos hay, en qué concentración, durante cuánto tiempo y por qué vía está llegando a las personas?»
Una alerta, no una acusación
La preocupación no debería convertirse en una acusación general contra el productor agropecuario.
Tampoco debería utilizarse la falta de evidencia definitiva como argumento para dejar de investigar.
Hay agricultores que trabajan siguiendo las normas, técnicos que desarrollan buenas prácticas y organismos científicos que llevan años estudiando el problema.
Precisamente por eso, el reclamo debería ser más concreto:
más ciencia, más controles y más transparencia.
Argentina necesita conocer qué sustancias circulan actualmente en sus suelos y aguas, qué queda de los productos prohibidos, qué residuos aparecen en alimentos y silos, qué exposición tienen los trabajadores y poblaciones cercanas y si existen diferencias de incidencia de determinados cánceres entre zonas de distinta exposición.
Una investigación que todavía falta
Sería necesario desarrollar estudios epidemiológicos de largo plazo en la Región Núcleo que relacionen:
- exposición individual a plaguicidas;
- agua de consumo;
- suelo y sedimentos;
- residuos en alimentos;
- ocupación;
- distancia a áreas cultivadas;
- cantidad y tipo de aplicaciones;
- exposición poscosecha;
- y enfermedades desarrolladas durante los años siguientes.
En particular, sería importante estudiar cáncer renal, pero también otros tumores y enfermedades potencialmente relacionadas con exposiciones crónicas.
Y habría que incorporar otros contaminantes ambientales, como arsénico y nitratos del agua, para no atribuir a los agroquímicos lo que podría tener múltiples causas.
El principio de precaución también es una herramienta científica
No se trata de afirmar que «los agroquímicos provocan cáncer».
Se trata de reconocer que ya existen suficientes señales para formular una pregunta legítima:
¿Estamos midiendo adecuadamente la exposición acumulada de la población argentina a mezclas de plaguicidas?
Si la respuesta es no, necesitamos medirla.
Si encontramos residuos, necesitamos saber de dónde provienen.
Si encontramos concentraciones preocupantes, necesitamos investigar sus efectos.
Y si encontramos una mayor incidencia de determinadas enfermedades en poblaciones expuestas, necesitamos estudiarla con métodos epidemiológicos rigurosos.
Porque cuando hablamos de agua, alimentos y salud, la ausencia de una prueba definitiva no debería convertirse en ausencia de investigación.
La evidencia disponible no permite afirmar hoy que los plaguicidas sean responsables de una determinada proporción de los cánceres argentinos. Pero sí permite sostener que existe una señal ambiental y epidemiológica que justifica una vigilancia mucho más profunda, especialmente en las regiones agrícolas intensivas y a lo largo de toda la cadena, incluida la poscosecha y el almacenamiento.
La pregunta ya no debería ser solamente cuánto producimos. También debería ser cuánto sabemos sobre lo que queda después de producir.
Por Ing. Agr. Pedro Lobos, director de Primicias Rurales
Primicias Rurales
Fuentes Varias
Versión en inglés
What Remains After Spraying: A Warning Argentina Should Not Ignore (English version)
By agricultural engineer Pedro A. Lobos
Sep 24, 2026 | Agriculture, Water, Columns, Special, Health
The SPRINT project found pesticide residues in water, the environment, and people in an agricultural region of Argentina. International evidence also raises questions about some of these products and renal cancer. It is not enough to claim a causal relationship, but it is enough to demand more controls, more research, and monitoring that continues long after the harvest.
By Agronomist Pedro A. Lobos, Director of Primicias Rurales
Buenos Aires, Thursday, September 24 (PR/26).– The debate on agrochemicals in Argentina often becomes trapped between two positions: those who argue they are indispensable for producing food, and those who warn about their environmental and health consequences. But there is an intermediate space that deserves much more attention: the space of questions that still lack sufficient answers.
One of those questions arises from the results of the international scientific project SPRINT, in which INTA and CONICET researcher Virginia Aparicio participated. The project’s goal was not to prove that pesticides cause cancer, but to study their presence and circulation among the environment, animals, and people. The protocol included analyses of soil, water, sediments, air, food, and human samples, precisely because researchers consider that exposure may occur through multiple pathways.
And here appears a signal that should not be ignored.
We Are Not Talking About a Single Substance
In the agricultural environments studied by SPRINT, numerous pesticides and their metabolites were investigated. In water, mixtures of residues were detected—not just isolated substances. In the study that included Argentine sites, 193 different residues were analyzed, and mixtures were found in all water bodies studied; Argentina showed the highest total pesticide level among the compared sites. Glyphosate had the highest median concentration, followed by 2,4-D and MCPA. This matters because real human exposure does not necessarily consist of contact with “one agrochemical.”
It may be:
herbicide + insecticide + fungicide + metabolites + environmental residues + water contamination + dietary exposure.
SPRINT’s methodology was designed precisely to study these mixtures and their distribution among the environment, animals, and humans.
The Case of Chlorpyrifos Deserves Special Monitoring
Chlorpyrifos occupies a particular place in this discussion.
In Argentina’s Pampas region, chlorpyrifos concentrations in water reached up to 10.8 µg/L, with a median of 0.013 µg/L. In that study, researchers estimated that environmental concentrations could exceed reference values considered protective for aquatic organisms, especially under chronic exposure.
This does not mean these concentrations cause cancer in humans. The cited study primarily analyzes environmental risk for aquatic organisms, not human cancer.
But it does demonstrate something that should concern us from an environmental monitoring perspective: pesticides applied on land can end up in water systems and remain there at measurable concentrations.
Another relevant point: Argentina banned the use of ethyl and methyl chlorpyrifos. SENASA completed the withdrawal of these products in 2023 after reviewing toxicological information and updating risk parameters.
Therefore, if chlorpyrifos were currently found in water, soil, food, or people in agricultural areas, the question would no longer be simply
“How much was applied?” but also:
Where does it come from?
Is it historical contamination?
Environmental persistence?
Old stock?
Transport from elsewhere?
Or illegal use?
These are questions that control agencies should be able to answer through systematic sampling and traceability.
Renal Cancer: A Signal That Demands Research, Not Rash Conclusions
Here we must be especially responsible.
A scientific review of epidemiological studies found an association between pesticide exposure and renal cancer, although with heterogeneity among studies. The combined relative risk was approximately 1.10; in a subgroup of higher-quality studies, the association was stronger. PubMed
More specifically, the Agricultural Health Study—a large prospective cohort of U.S. agricultural workers—found associations between cumulative exposure to certain pesticides and renal cell carcinoma. Chlorpyrifos appeared among them, along with atrazine, paraquat, chlordane, cyanazine, and 2,4,5-T. The researchers themselves noted that these results require confirmation and further investigation into biological mechanisms. PubMed
This does not authorize us to say: “Chlorpyrifos causes kidney cancer in Argentina.”
But it also does not seem reasonable to say: “There is no reason to investigate it.”
The responsible position lies in the middle: there is a scientific signal that justifies deepening Argentine research.
And What About People?
Even before discussing cancer, Argentine studies have found human exposure to pesticides.
In a population of 40 men from an agricultural region of Córdoba, the chlorpyrifos metabolite was detected in 85% of urine samples. Metabolites of other organophosphates and pyrethroids were also found. Researchers observed associations between some biomarkers and acetylcholinesterase activity, although this was a pilot study—not a cancer study.
This type of result raises a basic question:
How much are inhabitants of agricultural areas truly exposed, and what happens when exposure is multiple and sustained over years?
We still do not have a complete answer.
Research Should Not End When the Harvest Ends
Another chapter deserves much more public attention: post-harvest.
Once the crop leaves the field, another stage begins: transport, conditioning, drying, storage, and eventually insect treatments in silos and warehouses.
INTA notes that controlling humidity and temperature is essential to prevent deterioration, fungi, and mycotoxins during storage. It also recommends periodic monitoring of grains and maintaining adequate conservation conditions.
This should be complemented with a health question:
What residues remain in grain after post-harvest treatments, and which substances ultimately reach consumers?
And it is not only about controlling the producer.
The entire chain must be controlled:
field → harvest → transport → storage → silo → post-harvest treatment → industry → food → consumer.
SENASA maintains a registry of phytosanitary products and sets maximum residue limits, along with specific prohibitions for certain substances. Currently, for example, restrictions also exist for some products used in stored grains.
Therefore, it would be reasonable to demand a chemical traceability system for post-harvest processes, especially for grains intended for human consumption.
Are We Controlling Only the Product, or Also the Mixture?
This may be one of the most important questions.
Regulatory limits are usually set for individual substances. But the population may be exposed to several substances simultaneously.
SPRINT was designed precisely to study this phenomenon: pesticide mixtures and their distribution among soil, water, animals, and humans.
Science still knows far less about certain combined exposures than about individual substances.
Therefore, it would be reasonable for Argentina to strengthen monitoring not only by asking:
“Is there glyphosate?” but also: “What set of residues is present, at what concentration, for how long, and through which pathway is it reaching people?”
A Warning, Not an Accusation
Concern should not become a blanket accusation against agricultural producers.
Nor should the lack of definitive evidence be used as an argument to stop investigating.
There are farmers who follow regulations, technicians who develop good practices, and scientific institutions that have been studying the issue for years.
Precisely for this reason, the demand should be more concrete: more science, more controls, and more transparency.
Argentina needs to know which substances currently circulate in its soils and waters, what remains of banned products, what residues appear in food and silos, what exposure workers and nearby populations have, and whether differences exist in the incidence of certain cancers between areas with different exposure levels.
A Study That Is Still Missing
Long-term epidemiological studies should be developed in the core agricultural region to relate:
- individual pesticide exposure • drinking water • soil and sediments • residues in food • occupation • distance to cultivated areas • quantity and type of applications • post-harvest exposure • and diseases developed in subsequent years
It would be particularly important to study renal cancer, but also other tumors and diseases potentially related to chronic exposures.
Other environmental contaminants—such as arsenic and nitrates in water—should also be included, to avoid attributing to agrochemicals what may have multiple causes.
The Precautionary Principle Is Also a Scientific Tool
It is not about claiming that “agrochemicals cause cancer.”
It is about recognizing that enough signals already exist to ask a legitimate question:
Are we adequately measuring the accumulated exposure of the Argentine population to pesticide mixtures?
If the answer is no, we need to measure it. If residues are found, we need to know where they come from. If concerning concentrations are found, we need to investigate their effects. And if higher incidence of certain diseases is found in exposed populations, we need to study it with rigorous epidemiological methods.
Because when we talk about water, food, and health, the absence of definitive proof should not become an absence of investigation.
Current evidence does not allow us to claim that pesticides are responsible for a specific proportion of Argentine cancers. But it does allow us to assert that there is an environmental and epidemiological signal that justifies much deeper monitoring, especially in intensive agricultural regions and throughout the entire chain, including post-harvest and storage.
The question should no longer be only how much we produce. It should also be how much we know about what remains after producing.
By agronomist Pedro Lobos, Director of Primicias Rurales
Primicias Rurales
Traducción: María Marta Cafiero
Sep 23, 2026 | Desarrollo Humano, Economía / Economía del Agro, Especial
Con más de un millón de hectáreas ya sumadas a proyectos de carbono en el país y una demanda creciente de profesionales especializados, el CPIA lanza un curso para formar a quienes quieran diseñar e implementar estos proyectos en el sector agropecuario.
Buenos Aires, miércoles 23 de septiembre (PR/26)– El mercado de carbono se está convirtiendo en un verdadero aliado para el campo argentino. Permite agregar valor, mostrar el compromiso con la sostenibilidad y generar nuevas fuentes de ingreso para la actividad agropecuaria.
Se trata de un sistema de comercio basado en la compra y venta de créditos de carbono, pensado para que las empresas, organizaciones o gobiernos compensen sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para el ingeniero agrónomo Sebastián Vangeli, el potencial es enorme tanto en la Argentina como en toda Latinoamérica.
«Aún hay que desarrollar el mercado y para eso necesitamos profesionales especializados en la temática», advierte Vangeli. Junto a la licenciada Azul Popper, dictará el curso «Mercado de carbono 2026: diseño e implementación de proyectos en el sector agropecuario», organizado por el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA).
Cómo funciona y qué gana el productor
El objetivo central del mercado de carbono es incentivar proyectos con impacto climático favorable: iniciativas que logren reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o remover carbono de la atmósfera. Así lo explica el propio agrónomo.
A través de la validación y certificación de esa captura, el productor obtiene créditos que luego puede vender a quienes buscan compensar sus propias emisiones. De esa venta surge un ingreso económico adicional para el campo.
Sin embargo, los créditos de carbono no funcionan como un commodity de precio único. Su valor depende de las características particulares de cada proyecto.
Según Vangeli, hoy un crédito generado por un proyecto ganadero puede ubicarse entre 15 y 25 dólares, mientras que uno vinculado a la conservación de bosques oscila entre 5 y 10 dólares por tonelada de dióxido de carbono evitada o capturada. Desde 2020, cuando la iniciativa empezó a tomar fuerza, los precios muestran una tendencia ascendente, con proyecciones de que seguirán subiendo.
Pero el rédito económico no es lo único que importa. Para Vangeli, el verdadero incentivo del financiamiento climático está en generar un cambio respecto de las prácticas habituales: mejorar el manejo agrícola o ganadero para capturar más carbono en el suelo, incorporar forestaciones en sistemas silvopastoriles, reforestar montes o evitar la deforestación.
«Los ingresos provenientes de los créditos pueden contribuir a financiar inversiones productivas, como alambrados, aguadas u otras mejoras de infraestructura necesarias para avanzar hacia un manejo más eficiente», comparte el especialista.
La demanda de profesionales también crece
El desarrollo del mercado plantea al mismo tiempo un desafío ineludible: contar con profesionales capacitados capaces de comprender cómo funcionan los proyectos, evaluar su viabilidad y acompañar cada una de sus etapas.
Tras una primera edición del curso en 2025, los organizadores detectaron una demanda sostenida de formación. La nueva propuesta académica arrancará el 22 de septiembre y abordará los mercados regulados y voluntarios, las metodologías, los estándares, la certificación, la medición y la verificación.
También incluirá casos vinculados con agricultura, bosques, forestaciones, biochar y proyectos de uso de la tierra, además de la certificación adicional de co-beneficios que agrega valor al crédito de carbono.
«Los asistentes podrán conocer cómo funciona hoy el mercado, cómo se lleva a cabo un proyecto, qué es un crédito de carbono, cómo se mide y cómo se certifica», indica Vangeli, quien coordinará el curso junto a Popper y un equipo de tres profesores más.
El curso está dirigido a profesionales, técnicos y estudiantes de disciplinas vinculadas con las ciencias agropecuarias, ambientales, forestales y la gestión de recursos naturales, aunque también está abierto al público en general. Se desarrolla de manera virtual y sincrónica, en cinco encuentros de dos horas cada uno.
Su costo total es de $170.000, con un 50% de descuento para los matriculados del CPIA. Quienes quieran más información o inscribirse pueden hacerlo en https://acortar.link/wrhwbE
Un mercado con potencial para Argentina y Latinoamérica
De acuerdo con Vangeli, en la Argentina ya existen más de 40 proyectos de carbono en implementación, muchos de ellos vinculados con los sectores agropecuario y forestal. En conjunto, representan más de un millón de hectáreas, aunque el especialista advierte que todavía se está lejos de aprovechar todo el potencial disponible.
La disponibilidad de recursos naturales y la posibilidad de desarrollar iniciativas ligadas a la agricultura, la ganadería, los bosques y las forestaciones posicionan a la región frente a un mercado que, según el especialista, seguirá expandiéndose en los próximos años.
Al mismo tiempo, Vangeli enfatiza que el crecimiento del mercado requiere reglas claras y mecanismos que garanticen que los créditos representen efectivamente una reducción o captura de carbono. «Todos los proyectos de mercado de carbono deberían atravesar auditorías y certificaciones de terceras partes. Sin esa validación independiente, los créditos no pueden comercializarse», remarca. El proceso implica registrar las prácticas realizadas, compartir información y medir el carbono involucrado en el proyecto.
«Hay una oportunidad muy grande para los países de Latinoamérica de insertarse en este mercado, que les va a permitir a la vez mejorar la sustentabilidad de la producción y del manejo agropecuario y forestal, recibiendo ingresos adicionales que diversifiquen la producción», concluye Vangeli.
Primicias Rurales
Fuente:www.expoagro.com.ar
