En una definición muy ajustada en el Senado, el oficialismo cedió ante la oposición constructiva para fijar nuevos límites, eliminar trabas al sector agropecuario y destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Buenos Aires, miércoles 5 de agosto agosto (PR/26)–A menos de dos días de retomar el debate en la Cámara alta, la senadora Patricia Bullrich confirmó que el proyecto final eleva el tope a la extranjerización de tierras del 15% al 25% a nivel nacional. La líder de la bancada oficialista reconoció abiertamente que el escenario para la votación en el recinto es extremadamente parejo y confesó: «Se gana por un voto».
Para destrabar el tratamiento de la norma, el oficialismo aceptó incluir un «límite razonable» solicitado por sectores dialoguistas, inspirándose en el modelo legal de Brasil. Asimismo, la propuesta incorpora el mecanismo de doble conforme, exigiendo el aval de la provincia y de un alto funcionario nacional para la venta de terrenos en zonas de seguridad de frontera.
Uno de los puntos clave es la eliminación del límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, restricción que Bullrich tildó irónicamente de «Ley Máximo Kirchner». Además, se quitaron las restricciones específicas por municipio, departamento y provincia por considerarlas inviables, dejando en claro que los Estados extranjeros no podrán comprar hectáreas rurales bajo ningún término.
Soberanía, expropiaciones y alivio para el sector rural
La legisladora marcó una clara diferencia entre la titularidad del suelo y la soberanía nacional, remarcando que el control de las leyes sigue en manos del Estado sin importar el origen del comprador. Remarcó que los niveles de extranjerización siguen en un 5% histórico desde 2011, desmintiendo que exista un riesgo real sobre la integridad del territorio argentino.
La reforma introduce mejoras sustanciales en materia de expropiaciones e incentivos a la propiedad, garantizando pagos previos indemnizatorios con un lucro cesante de hasta el 30%. También implementa un mecanismo exprés de escrituración para poseedores pacíficos con más de diez años de residencia, sumado a un protocolo ágil de desalojo para ocupantes ilegales.
Por último, se elimina la polémica sanción de 60 años de inactividad de la Ley de Manejo del Fuego para aquellos campos siniestrados de forma involuntaria. La medida busca evitar la doble condena al productor damnificado, manteniendo el castigo estricto únicamente sobre quienes originen incendios intencionales con fines de especulación inmobiliaria.
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