Un análisis profundo sobre el modelo económico del Gobierno, que contrasta el orden fiscal con el deterioro del empleo, la informalidad y la vida cotidiana de los argentinos.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, domingo 27 septiembre (PR/26) — El equilibrio fiscal puede ordenar las cuentas públicas. Lo que no puede hacer, por sí solo, es crear trabajo, formalizar a quienes están afuera ni reconstruir una sociedad que empieza a vivir peor.
Hay una pregunta que el Gobierno evita porque no cabe en una planilla de Excel: ¿de qué sirve ordenar las cuentas del Estado si, al mismo tiempo, se desordena la vida de millones de argentinos?
La respuesta oficial es conocida. Primero el equilibrio fiscal. Después la estabilidad. Luego la inversión. Finalmente, algún día, el trabajo. Es una especie de vía crucis económico en el que siempre se le pide sacrificio al mismo creyente y la resurrección queda para el próximo trimestre.
Pero los últimos datos ya no permiten describir lo que sucede como una transición incómoda hacia un futuro luminoso. La economía puede mostrar variables financieras más ordenadas y, al mismo tiempo, ofrecer menos trabajo protegido, más informalidad y una red social cada vez más discrecional. Ésa es la verdad del modelo: el Excel mejora mientras la vida se precariza.
1. El empleo que crece hacia abajo
En el segundo trimestre de 2026, la desocupación llegó al 7,9%, el registro más alto de la gestión de Javier Milei. En el Gran Rosario alcanzó el 11,5%; en el Gran Córdoba, el 10,5%; Mar del Plata llegó al 9,9%; Bahía Blanca al 9,7%, y Comodoro Rivadavia al 9,2%.
No es toda la Argentina la que tiene desempleo de dos dígitos. Conviene decirlo con precisión. El promedio nacional todavía está lejos del 18,4% que el Menemismo alcanzó en mayo de 1995. Pero cuando Rosario y Córdoba dejan de ser motores de empleo para transformarse en los principales centros de desocupación, no estamos frente a una curiosidad estadística. Estamos frente a una advertencia nacional.
El deterioro se explica, en parte, porque cada vez más personas necesitan trabajar y salen a buscar una ocupación que la economía no genera en la misma proporción. La actividad aumentó más que el empleo. Detrás de esa diferencia hay escenas familiares concretas: una esposa que empieza a buscar trabajo porque el sueldo del marido ya no alcanza; un jubilado que vuelve a hacer changas; un joven que acepta repartir durante doce horas; un trabajador que busca una segunda ocupación para pagar la tarjeta.
Por eso pueden crecer al mismo tiempo la cantidad de ocupados y la cantidad de desocupados. No es el milagro del mercado. Es la desesperación de los hogares.
El dato más grave, sin embargo, no es solamente cuántas personas no encuentran empleo. Es qué clase de empleo consiguen quienes todavía logran trabajar. La informalidad alcanzó al 45% de los ocupados: alrededor de 6,1 millones de personas solamente en los 31 aglomerados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares. La formalidad quedó en el 54,9%.
Dicho de otra manera: por cada cien trabajadores formales ya existen aproximadamente ochenta y dos informales. No porque la periferia laboral se haya incorporado al sistema, sino porque el sistema formal retrocede hacia la periferia.
Además, la informalidad ya no puede presentarse como una suma de actividades independientes o pequeños emprendimientos. Casi seis de cada diez informales son asalariados que trabajan para un empleador, pero lo hacen sin registración. El resto incluye una proporción creciente de cuentapropistas, muchas veces de baja calificación, escasa productividad y peores ingresos.
Casi el 17% de quienes tienen una ocupación busca otra. La subocupación ronda el 11,5%. Tener trabajo dejó de ser la frontera entre la integración y la pobreza. Ahora también hay que preguntar cuántas horas se trabajan, cuánto se cobra y qué derecho acompaña ese ingreso.
2. La quimera de la reforma laboral
Frente a este cuadro, el Gobierno ofreció una respuesta casi exclusivamente jurídica. Desde la reforma incluida en la Ley Bases hasta la nueva Ley de Modernización Laboral, presentó cada flexibilización como la llave que abriría las puertas del empleo formal. Menos multas, períodos de prueba más extensos, nuevas modalidades de contratación, menores responsabilidades y una registración supuestamente más sencilla.
Se nos explicó que, una vez liberado del miedo al juicio laboral, el empresario correría a contratar trabajadores. Como advertí entonces, la promesa confundía el costo de contratar con la razón por la cual se contrata.
Es cierto que la reforma más reciente todavía tiene poco tiempo de vigencia y sería intelectualmente deshonesto atribuirle por sí sola todo el deterioro laboral. Pero también es cierto que el proceso de flexibilización comenzó antes y que la dirección prometida no apareció. La informalidad no retrocedió. Avanzó. El empleo formal no desplazó al trabajo en negro. Quedó cada vez más cerca de ser alcanzado por él.
La razón es sencilla y, quizá por eso, insoportable para quienes creen que la economía puede gobernarse con un manual de consignas: nadie incorpora a un trabajador que no necesita. Y mucho menos lo registra si su empresa vende menos, trabaja por debajo de su capacidad, enfrenta tarifas crecientes, crédito escaso y un mercado interno debilitado.
Las reglas laborales importan. La litigiosidad, la carga tributaria, la burocracia y la incertidumbre también. Pero actúan después de que existe la decisión económica de contratar. Primero debe haber producción, inversión, ventas y demanda. Recién entonces el empresario evalúa en qué condiciones incorpora personal. El Gobierno quiso invertir el orden de los factores y descubrió que, en la economía real, el producto sí se altera.
Mientras tanto, el trabajador informal paga la cuenta. El Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET calculó que, comparando personas con igual edad, educación, sexo y región, dentro de la misma actividad y en empresas de tamaño semejante, la penalidad salarial de la informalidad rondaba el 38%. Donde un trabajador formal percibía cien, uno informal recibía apenas sesenta y dos.
Y no se trata solamente del salario. El informal no tiene aportes jubilatorios derivados de su empleo, obra social vinculada a la relación ni protección efectiva frente al despido, el accidente o la enfermedad. En demasiados casos, el aguinaldo, las vacaciones y la licencia dejan de ser derechos para convertirse en favores sujetos al humor o a la capacidad económica de quien contrata.
Una reforma laboral puede simplificar procedimientos, reducir costos y redistribuir riesgos entre empresarios y trabajadores. Lo que no puede hacer es fabricar clientes, reactivar una fábrica, financiar una pyme o reemplazar una política productiva. Para crear empleo hace falta que alguien necesite producir más. Todo lo demás es arquitectura jurídica alrededor de una silla vacía.
3. El espejo de los años noventa
El Menemismo ya había ensayado una ilusión semejante. Durante los años noventa se sucedieron reformas destinadas a flexibilizar la contratación y reducir costos laborales. La convertibilidad frenó la inflación, abrió la economía y llenó las vidrieras de productos importados. Durante un tiempo pareció suficiente.
Después aparecieron las fábricas cerradas, las privatizaciones sin reconstrucción productiva, los pueblos ferroviarios abandonados y la desocupación masiva. En mayo de 1995 el desempleo alcanzó el 18,4%, y continuó en niveles extraordinariamente altos durante el resto de la década.
Esa cifra no demuestra por sí sola que la flexibilización haya causado el desempleo. Pero destruye la ingenuidad de sostener que quitar derechos crea automáticamente puestos de trabajo. La legislación puede facilitar o dificultar una contratación que la economía necesita. No puede inventar esa necesidad.
Milei no es Menem y la Argentina de 2026 no es la de 1995. Tampoco la desocupación nacional actual tiene aquella magnitud. Pero los modelos no necesitan ser idénticos para compartir una lógica: presentar el ajuste como una operación técnica inevitable, convertir la apertura y el equilibrio en fines y no en instrumentos, señalar el costo laboral como obstáculo y prometer que la prosperidad llegará después de que la sociedad soporte el tratamiento.
El problema es que el paciente ya empezó a perder órganos.
4. El presupuesto que confiesa el modelo
La Argentina conoce demasiado bien los desastres provocados por el déficit, la emisión sin respaldo, el endeudamiento irresponsable y la utilización del presupuesto como una ficción destinada a financiar aventuras electorales. Sería absurdo negar la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Но existe una diferencia enorme entre equilibrar el Estado y convertir el equilibrio en una religión pagana, con sus dogmas, sus sacerdotes y, especialmente, sus sacrificios humanos.
El Gobierno acaba de enviar al Congreso el Presupuesto 2027. No es simplemente una estimación de recursos y gastos. Es el último presupuesto completo antes de las elecciones presidenciales y, por lo tanto, la primera plataforma electoral de Javier Milei para intentar su reelección.
Allí está escrito no sólo el programa económico del próximo año. También está expresada una idea de país. Quién importa, quién sobra, quién merece protección y quién puede ser abandonado en nombre de la estabilidad.
El Presupuesto 2027 no es una colección inocente de números. Es la confesión escrita del modelo. Allí se descubre quién importa, quién puede esperar y quién debe pagar.
El Gobierno proyecta crecimiento del 4%, inflación del 18%, salarios aumentando por encima de los precios y un nuevo superávit financiero. Si esas previsiones se cumplen, habrá una mejora macroeconómica indudable. Negarlo sería reemplazar el análisis por la militancia.
Pero un presupuesto no se juzga solamente por lo que promete para mañana. También se juzga desde qué piso parte, qué pérdidas consolida y qué protecciones vuelve discrecionales. Una recuperación porcentual puede lucir importante en una planilla y seguir siendo insuficiente después de tres años de motosierra.
El proyecto original asignó $7,349 billones a las universidades nacionales, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional estimó necesidades cercanas a $11 billones. La diferencia ronda los $3,65 billones. El Gobierno ya admitió que revisará la partida durante la negociación parlamentaria. La concesión no desmiente el problema: lo confirma.
Se podrá discutir la eficiencia universitaria, sus controles, la duración de las carreras y los defectos de algunas administraciones. Todo debe auditarse. Pero una auditoría procura mejorar una institución. El desfinanciamiento busca disciplinarla o reducirla.
Existe, además, una contradicción productiva. Se acusa a la universidad pública de ser un gasto improductivo justo cuando el mercado laboral expulsa jóvenes y premia empleos de baja calificación. ¿Qué futuro imagina un país que abarata el trabajo y encarece el conocimiento? Argentina necesita más técnicos, ingenieros, médicos, científicos y docentes, no una juventud obligada a elegir entre una plataforma y la emigración.
La misma lógica aparece en la Asignación Universal por Hijo. El proyecto pretende eliminar su fórmula de actualización automática sin establecer otra equivalente. Cuando la informalidad alcanza al 45%, cuando más familias dependen de una prestación destinada precisamente a trabajadores informales y desocupados, el Estado se reserva la facultad de decidir cuánto actualizar y cuándo hacerlo.
Es una paradoja demasiado perfecta para ser casual: el modelo produce más informalidad y, al mismo tiempo, debilita la protección destinada a quienes viven en ella.
Con los jubilados ocurre algo parecido. Los haberes se actualizan, pero el bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. En la Argentina, congelar no significa conservar. Significa licuar. Cada mes el Gobierno puede anunciar que el bono continúa existiendo mientras compra menos medicamentos, menos alimentos y menos días de tranquilidad.
En discapacidad, el texto original pretendió reemplazar el valor universal del nomenclador por un sistema en el que cada financiador pudiera fijar sus valores sobre la base de un piso. La propuesta quedó bajo revisión después de provocar rechazo social y resistencia dentro de los propios bloques aliados. Otra vez, el Gobierno retrocede no porque haya advertido espontáneamente el daño, sino porque descubrió su costo político.
Según los análisis presupuestarios disponibles, incluso con algunas mejoras nominales, el gasto educativo proyectado continúa alrededor de un 44% por debajo de 2023; discapacidad, cerca de un 24%; e infraestructura y vivienda, más de un 70%. Un pequeño aumento sobre un piso demolido no reconstruye lo amputado.
La motosierra no corta en todas las direcciones. Tiene GPS.
No estamos discutiendo si el Estado debe gastar sin límites. Estamos preguntando por qué el límite siempre aparece antes frente al débil y después frente al poderoso. Por qué el equilibrio fiscal necesita ajustar a quien cobra una AUH, pero rara vez se anima a revisar integralmente los beneficios tributarios, los regímenes promocionales, las exenciones sectoriales o los privilegios económicos acumulados durante décadas.
Para algunos hay mercado. Para otros, sacrificio.
Y después se pretende que ambos voten con el mismo entusiasmo.
El superávit nacional y el déficit provincial
El presupuesto también confirma otra constante del modelo: una parte sustancial del equilibrio nacional se construye trasladando el desequilibrio hacia las provincias.
La Nación recauda, retiene y ajusta. Las provincias deben mantener hospitales, escuelas, rutas y servicios públicos. Cuando faltan los recursos, el gobernador debe aumentar impuestos, endeudarse, paralizar obras o enfrentar el conflicto social.
Después, desde Buenos Aires, se anuncia que el Estado nacional alcanzó el superávit. Es una contabilidad creativa: el déficit no desaparece, simplemente cambia de domicilio.
Esto resulta particularmente grave para las provincias patagónicas. Las distancias son mayores, el clima encarece cualquier obra, la infraestructura resulta indispensable y las economías regionales necesitan rutas, conectividad, energía y servicios básicos. Gobernar Santa Cruz, Chubut, Río Negro o Tierra del Fuego no cuesta lo mismo que administrar veinte cuadras alrededor del Obelisco.
Pero el Excel libertario desconoce la geografía. Para la planilla, un kilómetro es siempre un kilómetro. Para quien vive en el interior profundo, puede ser la distancia entre recibir atención médica o quedar abandonado.
Ese centralismo fiscal está destruyendo el vínculo con los gobernadores que ayudaron al Gobierno a aprobar sus principales leyes. Gobernadores que acompañaron reformas, prestaron legisladores, garantizaron quórum y aceptaron costos políticos en sus provincias. Ahora descubren algo que muchos sospechaban: para la Casa Rosada, el diálogo no es una construcción política. Es un sistema de alquiler de votos.
Gustavo Sáenz fue uno de los primeros en marcar distancia. Después de reunirse con funcionarios nacionales denunció falta de reciprocidad y deslealtad. No es un gesto menor. Salta había sido una de las provincias que ofrecieron cooperación parlamentaria al oficialismo.
El problema para Milei es que Sáenz puede ser el primero, pero difícilmente sea el último. En un año electoral, ningún gobernador quiere aparecer explicando por qué votó un presupuesto que desfinancia a su provincia, congela obras y recorta prestaciones sociales. Mucho menos cuando el Gobierno nacional pretende competirle territorialmente con candidatos propios.
La alianza era tolerable mientras sus beneficios resultaban recíprocos. Cuando la Nación exige obediencia y, al mismo tiempo, abandona a las provincias, deja de existir una coalición. Queda apenas un sistema de sometimiento.
Patricia cortó los hilos
La crisis adquirió otra dimensión cuando Patricia Bullrich reconoció que los votos no están para eliminar las PASO y dejó trascender su sorpresa frente a modificaciones sensibles del presupuesto, particularmente en discapacidad, que no habría sido discutidas en la mesa política.
El dato es explosivo.
Bullrich fue ministra de Seguridad, candidata presidencial, aliada decisiva de Milei en 2023 y luego jefa del oficialismo en el Senado. Puso su capital político, su partido y una porción importante de su electorado al servicio del proyecto libertario.
Ahora descubre que la enviaban a buscar consensos sobre decisiones que ella misma no conocía.
La figura utilizada fue brutal: sentirse un títere.
Todo títere supone la existencia de un titiritero. Y todo titiritero cree que puede mover los hilos sin que el muñeco descubra quién maneja sus brazos. Durante mucho tiempo, Bullrich aceptó representar el papel que le habían asignado. Defendió decisiones incómodas, contuvo aliados y justificó contradicciones. Pero una cosa es acompañar un Gobierno y otra muy distinta prestar el cuerpo para que otro haga política desde las sombras.
Su advertencia respecto de las PASO tiene además una consecuencia inesperada. El Gobierno pretende eliminarlas porque necesita impedir cualquier competencia interna que cuestione la candidatura presidencial de Milei y el control político de Karina Milei.
La apertura de las colectoras permitiría, a su vez, concentrar detrás del Presidente diferentes ofertas provinciales, aunque esas mismas fuerzas compitan entre sí en cada distrito. Es decir: unidad obligatoria arriba y fragmentación conveniente abajo.
Una ingeniería electoral hecha a medida. Pero si la reforma fracasa y las PASO permanecen vigentes, podría abrirse una puerta que hoy parece improbable, aunque ya no imposible: que alguien decida disputar desde adentro la candidatura presidencial de 2027.
Patricia Bullrich conoce ese camino. Ya compitió en una primaria presidencial, derrotó a Horacio Rodríguez Larreta y obtuvo casi una cuarta parte de los votos en la elección general de 2023.
¿Se animaría a enfrentar a Milei?
Hoy no existe una candidatura lanzada. No obstante, la sola aparición de esa hipótesis revela cuánto cambió el clima dentro del oficialismo. Hace algunos meses parecía imposible imaginar una competencia interna. Ahora comienza a discutirse quién podría encabezarla.
Las PASO que el Gobierno quiere eliminar podrían convertirse en el instrumento para discutir el liderazgo del propio Presidente. La reforma electoral dejó entonces de ser una cuestión institucional. Se transformó en un mecanismo de supervivencia familiar.
5. Cuando el equilibrio desequilibra la vida
Éste es el corazón del debate. El equilibrio fiscal es una condición necesaria. No es una política de desarrollo. Una familia tampoco vive de tener la libreta ordenada si nadie consigue trabajo, los hijos abandonan sus estudios, el abuelo no compra los remedios y la persona con discapacidad pierde al prestador.
La inflación más baja es una conquista valiosa. Negarlo sería una necedad. Pero utilizar esa conquista como permiso para tolerar desempleo, informalidad, degradación salarial y abandono social sería otra necedad, todavía más peligrosa.
La estabilidad sólo puede transformarse en progreso si se combina con producción, crédito para las pymes, infraestructura, educación, ciencia, federalismo y un mercado interno capaz de comprar aquello que las empresas producen. Sin esas condiciones, la reforma laboral no crea empleo: apenas administra la precariedad.
Un gobierno puede equilibrar el Tesoro y desequilibrar la Nación. Puede bajar la inflación y aumentar la incertidumbre. Puede mejorar una planilla y empeorar millones de biografías. Puede incluso ganar tiempo electoral exhibiendo el orden de las variables mientras debajo se desordena todo aquello que no cotiza en los mercados: el trabajo, la educación, la vejez y la dignidad.
El problema del equilibrio fiscal nunca fue el equilibrio fiscal. El problema siempre fue quién paga la cuenta.
La verdadera pregunta no es si el modelo cierra. Claro que cierra. Cierran fábricas, cierran oportunidades, cierra el acceso al conocimiento, cierra la puerta del empleo formal y cierra el futuro de quienes sólo pueden ofrecer su trabajo.
El problema es que, cuando un modelo cierra de esa manera, lo que termina cerrando es el país.
