Destruir la lógica institucional del INTA es más grave que cualquier supuesta ganancia presupuestaria que parezca obtenerse hoy.
Aunque no se lo denomina formalmente “intervención”, esta concentración de poder en un único funcionario, sin contrapesos, es funcionalmente equivalente a una intervención, y contradice el mandato explícito del Congreso.
Además, el decreto deroga el artículo 1° de la Ley 25.641, que establecía la autarquía del INTA y su sujeción exclusiva a su ley orgánica. Modificar esta ley especial sin intervención del Congreso constituye un exceso en el uso de las facultades delegadas. No hay fundamento de necesidad ni urgencia que habilite esta alteración del marco normativo.
El desconocimiento del conocimiento como insumo estratégico. Más allá del marco legal, el Decreto 462/2025 expresa una incomprensión profunda sobre qué es el conocimiento, cómo se produce y qué condiciones institucionales se requieren para que tome valor. Esto implica que además de generarlo hace falta que se gestione, se aplique y se apropie en las variadas formas posibles. Es decir, tenga impacto.
El decreto propone una recentralización del INTA bajo una lógica que prioriza la eficiencia contable y la reducción de estructuras colegiadas. Sin embargo, las instituciones de conocimiento no pueden organizarse ni gestionarse como entes burocráticos verticales. Su funcionamiento depende de estructuras distribuidas, de deliberación técnica y de vínculos territoriales sólidos.
El conocimiento no es un insumo neutro, ni lineal, ni homogéneo, ni exógeno. Su valor reside en su apropiabilidad y en su capacidad de ser transformado por actores concretos en contextos específicos.
Eliminar los mecanismos que aseguran su arraigo territorial articulan saberes técnicos, demandas territoriales y decisiones institucionales, como el Consejo Directivo, los Consejos Regionales y la conducción colegiada, no moderniza: desarma.
El artículo 63 del decreto, que crea un “Consejo Técnico ad honorem”, no compensa esa pérdida: se trata de una figura sin capacidad operativa ni anclaje institucional, que no articula con el territorio ni con los actores relevantes del ecosistema.
Desmontar la arquitectura participativa. Desde su creación por el Decreto-Ley 21.680/56, el INTA ha sostenido una estructura de gobernanza plural, reforzada por el Decreto 287/1986, que institucionalizó el Consejo Nacional y los Consejos Regionales. Estos espacios garantizaban la participación de provincias, entidades productivas, universidades, organismos públicos y referentes técnicos en la definición de políticas y prioridades.
La eliminación de estos mecanismos rompe la capacidad del Estado de articular políticas con base técnica y legitimidad social.
Reemplazar inteligencia colectiva por verticalismo administrativo no corrige fallas: las profundiza.
Subejecución presupuestaria: una restricción estructural y una oportunidad desaprovechada
El INTA no subejecuta por ineficiencia, sino porque nunca tuvo acceso pleno a los recursos que le corresponden por ley. Desde 1956, el organismo debía contar con un Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, concebido como instrumento de financiamiento estable. Sin embargo, ese fondo nunca fue puesto realmente a disposición del INTA: los recursos se depositan en cuentas bajo control del Tesoro Nacional, sin acceso operativo por parte del Instituto.
Desde 2002, sus fuentes de financiamiento, reorientadas al 0,45% del valor CIF de las importaciones y el 31,3% de la Tasa de Estadística, volvieron a reafirmarse por ley. Pero el presupuesto asignado (aprobado o no por el congreso) siguió siendo mucho menor a lo recaudado, y los fondos que llevan el nombre del INTA no pueden ser gestionados por el propio organismo.
Al cierre de 2024, el fondo acumulaba más de $450.000 millones, proyectados por encima de $600.000 millones en 2025. Estos recursos permanecen inmovilizados, sin trazabilidad, ni ejecución directa.
La transformación del INTA en un organismo desconcentrado no corrige esta distorsión: la institucionaliza.
Lo más grave es que este Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, hoy inactivo, podría transformarse en una herramienta estratégica, al estilo de los fondos patrimoniales (endowments) que financian a universidades como Harvard o a centros científicos como el Wellcome Trust. Organismos internacionales y académicos de referencia utilizan estos mecanismos para garantizar estabilidad, autonomía y planificación de largo plazo. En lugar de avanzar hacia esa solución, el decreto refuerza una lógica que bloquea el desarrollo en lugar de habilitarlo.
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Fuente: Revista Noticias
