Buenos Aires, domingo 31 agosto (PR/25) — El pasado 7 de agosto se presentó el Primer Informe de Regresiones Ambientales durante el gobierno de Javier Milei, elaborado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial.
Si bien ninguno de los gobiernos anteriores se ha lucido por su agenda ambiental, y ésta no suele protagonizar, ni mucho menos, los debates parlamentarios o las páginas de los medios dominantes, la novedad del gobierno libertario es haber hecho del negacionismo climático y de la destrucción del medio ambiente su motivo de orgullo y su bandera: lejos de hacerse los sotas, como era costumbre antes, le imprimen a esta cuestión (como a tantas otras) un giro copernicano: se ufanan en destruir no solo nuestra naturaleza y medio ambiente, sino la idea misma de que requieren nuestra atención, amor y cuidado.
Se trata, justo es decir, de medidas del gobierno nacional pero también de los distintos gobiernos provinciales, que envalentonados, avalados o presionados por aquel, se han dedicado en este escaso año y medio a desarmar, destruir y escarnecer lo que se construyó llevó décadas construir.
Es imposible resumir en el espacio de esta columna las ochenta páginas del informe, así que lo que sigue debe considerarse apenas una muestra ilustrativa:
2024. “Se quemaron 100 mil hectáreas de bosque nativo en Córdoba y 100 mil en Corrientes”. | NA
El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) otorga a las empresas beneficiadas la prioridad –por encima de la población local– del acceso al agua y la energía; cualquier normativa provincial vigente que obstaculice los beneficios otorgados a estas empresas es declarada nula de nulidad absoluta.
El RIGI asegura que todas las ventajas otorgadas no podrán ser modificadas durante los próximos 30 años y establece que las posibles controversias se resolverán exclusivamente en instituciones internacionales como el Ciadi.
Ante la eventualidad de provincias díscolas, el Ministerio de Patricia Bullrich creó una “unidad de seguridad productiva” que puede enviar fuerzas federales a imponer los proyectos amparados por el RIGI.
En los trámites de autorizaciones críticas en materia ecológica se establece el principio del “silencio positivo”: si el organismo estatal no responde a la solicitud en el plazo legal establecido, esta se da por aprobada (antes era al revés).
Muchas de estas medidas violan el acuerdo Escazú, firmado por la Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos en 2018, en particular los principios de no regresión y de progresividad, que establecen que no pueden eliminarse medidas de protección ya aceptadas, y deben aumentarse y mejorarse las existentes. Sin tomarse ni siquiera el trabajo de denunciar este acuerdo jurídicamente vinculante, el gobierno libertario simplemente lo ignora.
Entre enero y junio de 1924 (apenas un tercio del periodo que estamos tratando) se deforestaron en Chaco, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero 59.557 hectáreas de bosque nativo, un área equivalente a tres veces la ciudad de Buenos Aires, y se disolvió el Fondo de Protección de Bosques Nativos (Fobosque).
En 2024 se quemaron 100 mil hectáreas de bosque nativo en Córdoba, 100 mil en Corrientes y 50 mil en la Patagonia andina; la respuesta del gobierno nacional ante la serie de catástrofes, justo es decir, fue contundente: desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), despidió brigadistas y pasó a la mayor parte de los empleados de parques nacionales a contratos temporarios. Durante el año 2024 no se realizó ningún gasto relacionado con la adquisición de equipamiento para los brigadistas que arriesgan su salud y sus vidas para combatir los incendios.
Tres días antes de la inundación de Bahía Blanca, el gobierno desguazó la Dirección Nacional de Emergencia y echó a sus 485 empleados. Lejos de rever su decisión, la respuesta del presidente, tres meses después de la inundación que dejó 17 muertos y la ciudad y zonas aledañas arrasadas, fue vetar la Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la zona.
El 10 de diciembre de 2024, en coincidencia con el día de los Derechos Humanos, Javier Milei derogó la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, sancionada en 2006, que suspendía los desalojos y reconocía la posesión de tierras por parte de pueblos originarios, tierras que ahora pueden serles arrebatadas para dedicarlas al turismo, el agronegocio y la sobre todo la explotación minera.
El INTA y el INTI perdieron su autonomía y pasaron a depender de la Secretaría de Agricultura y del Ministerio de Economía respectivamente. Como señala el informe, “el vaciamiento del INTI forma parte de la estrategia del gobierno para asfixiar a todo el sistema científico, tecnológico y productivo, privatizar todo lo que sea posible, y convertir a la Argentina en un país netamente exportador de materia prima.”
El gobierno eliminó la Dirección Nacional de Agroecología (DNA), el resultado de décadas de trabajo de un gran número personas vinculadas al movimiento agroecológico, conjugando saberes ancestrales con los científicos promovidos por ingenieros agrónomos y ofreciendo una alternativa al modelo agroindustrial dominante. También desmanteló programas esenciales como el Pro Huerta y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, despidiendo a 900 técnicos que asistían a 250 mil pequeños productores en todo el país.
El ajuste en los programas vinculados a la agricultura familiar fue del 97%, agudizando la tendencia a la desaparición de las pequeñas unidades de producción de alimentos, la concentración de la producción y de la tierra en empresas del agro y la migración de la población hacia centros los urbanos. Además, el Gobierno desreguló por completo la producción de agrotóxicos en la Argentina, y su importación.
El gobierno habilitó la exportación de ganado vivo en Argentina, prohibida desde 1973, permitiendo el transporte de animales en condiciones de hacinamiento, falta de alimento y agua y sin atención veterinaria. El gobierno nacional también emitió una disposición que habilita la caza, el tráfico interprovincial y la exportación de fauna silvestre, eliminando más de tres décadas de normativas que protegían a las especies autóctonas y abriendo una puerta al tráfico de animales.
El gobierno derogó 21 artículos de la Ley N° 27.424, que promovían las energías renovables integradas a la red eléctrica pública. “Es importante destacar que los instrumentos citados no representaban un gasto público significativo: incluso exhortaba a la incorporación de fondos privados y provenientes de redes de financiamiento multilateral, permitiendo al país atraer inversiones verdes”, señala el Informe. Es decir que es falaz el argumento de achicar el gasto del estado. El estado emprendedor, el estado que estimula la inversión privada, también parece ser nefasto y debe ser eliminado.
En el plano internacional, la Argentina se retiró de la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 29) en 2024. En su primer discurso de Davos, el presidente Milei denunció la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, firmada por 197 países. Argentina se desvinculó también del “Pacto Futuro” aprobado en la Asamblea de las Naciones Unidas en 2024.
En la presentación pública hablaron la socióloga y activista ambiental Maristella Svampa, cuyo más reciente libro, Policrisis, es de lectura esencial para entender el vínculo entre negacionismo climático y la expansión de las derechas autoritarias, el abogado ambientalista Enrique Viale, coautor junto a Svampa del también imprescindible El colapso ecológico ya llegó; la economista y activista feminista Candelaria Botto y Celeste Fernández, abogada y Codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. El informe completo puede consultarse en https://bit.ly/regresionesambientales.
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Fuente: Perfil
