Mar 30, 2026 | Actualidad, Columnas, Política
A semanas del fuerte discurso ético de Javier Milei ante el Congreso, el «caso LIBRA» y las inconsistencias patrimoniales en el entorno oficialista ponen en jaque la promesa de excepcionalidad libertaria. Entre el ajuste económico y el desgaste judicial, el Gobierno enfrenta el desafío de no terminar pareciéndose a la «casta» que juró combatir.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, lunes 30 marzo (PR/26) — El 1 de marzo, Javier Milei decidió que no bastaba con gobernar: había que predicar. Subió al Congreso no como jefe de Estado sino como apóstol de una nueva moral pública. Durante noventa minutos desplegó una catequesis libertaria donde la economía y la ética eran indistinguibles, donde el mercado no solo asignaba recursos sino también virtudes. Citó a Ulpiano, habló de justicia como si fuera una función matemática y prometió una Argentina donde hacer lo correcto sería, finalmente, rentable.
Era un discurso ambicioso. También era, visto en perspectiva, un acto de riesgo.
En efecto, cuando un presidente decide elevar la vara moral de su gobierno, deja de competir contra sus adversarios y empieza a competir contra sus propios hechos. Tres semanas después, esa revolución ética ya no se mide en promesas sino en inconsistencias.
El caso LIBRA dejó de ser una incomodidad marginal para convertirse en un problema estructural. No por su espectacularidad —Argentina tiene tolerancia alta al escándalo— sino por su densidad. Llamadas en momentos críticos. Documentos que aparecen después de haber sido negados. Transferencias sugeridas, borradores sospechosamente oportunos, reuniones que no figuran pero que ocurrieron. No es un escándalo limpio. Es peor: es un escándalo viscoso.
El Gobierno ensayó todas las respuestas previsibles. Primero, la negación. Después, la minimización. Finalmente, la estrategia más sofisticada: la saturación. Convertir el caso en una nube de información tan espesa que resulte imposible distinguir qué es central y qué es accesorio. Y en ese barro, apostar al desgaste.
Pero hay un problema con esa táctica: funciona cuando hay un solo frente abierto. No cuando los frentes empiezan a acumularse. Si bien LIBRA se estira en los tiempos judiciales, aparece otra dimensión del problema: la cotidiana. La que no necesita millones de dólares ni operaciones internacionales. La que alcanza con una declaración jurada incompleta y un vuelo mal explicado.
Ahí entra Manuel Adorni, convertido en mucho más que un vocero. Su evolución política es, en sí misma, un síntoma: de cara mediática a engranaje central. Y en ese salto, también cambian las exigencias.
Las propiedades que no aparecen, los gastos que no cierran, los vínculos comerciales que rozan —o cruzan— zonas de conflicto de intereses. Nada de esto sería extraordinario en otro gobierno. Ese es, precisamente, el problema. Porque este no era “otro gobierno”.
La promesa fundacional del mileísmo no era solo eficiencia. Era excepcionalidad. No venían a administrar mejor el mismo sistema: venían a romperlo. A reemplazar la lógica de la política tradicional por una ética distinta, superior, inmune a las tentaciones del poder.
Dos años después, la anomalía no es la corrupción. Es la normalización. El oficialismo insiste en que todo es parte de una operación. Y, como toda buena narrativa política, tiene algo de cierto: siempre hay operaciones. Pero también hay hechos. Y cuando los hechos empiezan a repetirse, dejan de ser excepciones y pasan a ser patrón.
El caso LIBRA, las inconsistencias patrimoniales, los vuelos financiados por terceros, las consultoras vinculadas al Estado. Cada elemento por separado puede explicarse, relativizarse o incluso desmentirse. El problema es la suma. La política no se define por un dato. Se define por la tendencia. Y la tendencia empieza a ser incómoda.
En paralelo, la Justicia avanza con una parsimonia que ya no sorprende, pero sí condiciona. El fiscal Eduardo Taiano parece moverse en otra temporalidad, una donde los meses no pesan y los expedientes no urgen. La lentitud no es nueva, pero en este contexto adquiere otra lectura: no es solo ineficiencia, es funcionalidad. Cada día que pasa sin definiciones es un día ganado para el Gobierno. El mileísmo, que llegó denunciando la connivencia entre política y Justicia, empieza a beneficiarse de ella. No necesariamente por diseño, pero sí por resultado.
Mientras tanto, la economía —ese territorio donde Milei se sentía invencible— empieza a mostrar fisuras. El rebote inicial ya quedó atrás y lo que emerge es algo más complejo: una estabilización frágil, sostenida más por ajuste que por crecimiento. El cierre de empresas dejó de ser un dato aislado para convertirse en un goteo constante. El consumo no reacciona. El salario real sigue corriendo detrás de los precios. Y la famosa promesa de prosperidad futura empieza a chocar con la paciencia presente.Milei lo dijo sin rodeos: hay sectores que van a desaparecer.El problema es que esos sectores tienen nombre, trabajadores y votos.Dicho de otro modo, la “destrucción creativa” funciona mejor en los libros que en las encuestas.Y las encuestas, lentamente, empiezan a registrar ese cambio de clima. No hay un derrumbe, pero sí un desgaste. No hay rechazo masivo, pero sí dudas crecientes. La imagen positiva deja de ser un activo automático y pasa a ser un capital en disputa.
En este contexto, el discurso moral del 1 de marzo empieza a adquirir un tono involuntariamente irónico. Cuanto más alto se coloca el estándar ético, más visibles se vuelven las desviaciones. Milei habló de “vivir honestamente, sin causar daño a nadie”. Una frase potente, casi universal. Pero gobernar implica algo más que formular principios: implica sostenerlos bajo presión.
¿Qué significa “no causar daño” cuando miles pierden su empleo en nombre del equilibrio fiscal? ¿Qué significa “dar a cada uno lo suyo” cuando hay sospechas de beneficios selectivos? ¿Qué significa “moral como política de Estado” cuando el propio Estado aparece envuelto en zonas grises? No son preguntas cómodas.Tampoco son preguntas ideológicas.Son preguntas de consistencia.
Milei no es un político tradicional. Su capital no está en la construcción territorial ni en la negociación parlamentaria. Está en la coherencia discursiva. En la idea de que, a diferencia de los demás, él cree en lo que dice. Por eso, cada contradicción pesa el doble.
El mileísmo puede tolerar errores económicos, incluso retrocesos tácticos. Lo que no puede permitirse es la sospecha de que, en el fondo, es igual a aquello que prometió destruir.
La casta no desapareció. Mutó. Adoptó un nuevo lenguaje, una nueva estética, una nueva justificación teórica. Pero en su funcionamiento empieza a parecerse demasiado a su versión anterior. La diferencia es que ahora se presenta como virtud.
La pureza, en política, es un estándar implacable. No admite matices. No tolera excepciones. No sobrevive al poder. Por eso, la revolución ética de Milei no se está derrumbando en un gran escándalo que la destruya de golpe. Se está desgastando en una serie de pequeñas inconsistencias que, acumuladas, la vacían de contenido. No es una caída. Es una dilución.
Milei todavía tiene tiempo. Tiene poder, tiene base social, tiene narrativa. Pero también tiene un desafío que no se resuelve con tweets ni con discursos: alinear lo que dice con lo que hace. Porque en política, a diferencia de la economía, no todo se ajusta.Hay cosas que, una vez que se pierden, no vuelven.Y la confianza es una de ellas.
Visto así, la revolución ética, si alguna vez existió fuera del discurso, empieza a parecerse cada vez más a una promesa que se ahogó antes de aprender a nadar.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
(Autor del libro La Reforma laboral que no fue, que se puede descargar en este portal)
Primicias Rurales
