Jul 9, 2026 | Economía / Economía del Agro, Informes Técnicos
Eliminar las retenciones, Ingresos Brutos o el impuesto al cheque suena a sentido común. Pero un análisis muestra que, sin animarse a una reforma más profunda, esa promesa puede demorar entre una y dos décadas en cumplirse.
Buenos Aires, jueves 9 de julio (PR/26) –Casi nadie discute el diagnóstico: la Argentina necesita ordenar su sistema tributario cuanto antes. El país no puede crecer con impuestos que le quitan competitividad a la producción y desalientan la inversión.
Los principales sospechosos ya son conocidos: derechos de exportación, impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales que gravan las ventas. Son los impuestos más distorsivos de la economía.
El problema es que no se pueden borrar de un plumazo: entre todos representan más del 7% del PBI en recaudación, y son la principal fuente de financiamiento de Nación, provincias y municipios.
Ahí aparece la segunda premisa, tan lógica como la primera: ninguna baja de impuestos puede poner en riesgo el equilibrio fiscal. Después de años de descontrol, regalar alivios sin financiamiento sería un boomerang.
Un plan que choca con la realidad del gasto
La idea que más adeptos consigue es la más intuitiva: primero bajar el gasto público, después usar ese ahorro para compensar lo que se deje de recaudar. Es lo que se conoce como “gradualismo tributario”.
El inconveniente es que las cuentas públicas ya no dan mucho más margen. El gasto se redujo de manera inédita desde 2023, y ese esfuerzo apenas alcanzó para un equilibrio fiscal muy ajustado.
No es que falte voluntad de ajustar. Es que el desequilibrio heredado era gigante, y sus secuelas van a seguir pesando durante mucho tiempo.
Hacia adelante, el margen para nuevos recortes es cada vez más angosto. Y hay un actor que juega en contra: el gasto previsional, que se lleva una porción enorme del presupuesto nacional y de al menos 13 provincias.
Mientras la reforma previsional siga esperando en un cajón, mantener el gasto total a raya de la inflación va a exigir un esfuerzo de austeridad cada vez mayor.
Crecer para pagar la cuenta: ¿cuánto hay que esperar?
Si el ajuste del gasto ya no alcanza, queda la otra vía: que el crecimiento económico amplíe la base imponible y genere más recaudación, sin tocar el gasto.
Una simulación permite ponerle números a esa apuesta. En un escenario optimista, con un crecimiento sostenido del 3,3% anual, algo que la Argentina nunca logró sostener en las últimas décadas, los plazos igual son largos.
A nivel nacional, harían falta 11 años de crecimiento ininterrumpido para compensar lo que se dejaría de recaudar al eliminar retenciones e impuesto al cheque.
Si se prioriza el campo, los productores agropecuarios tendrían que esperar casi 4 años para ver eliminadas las retenciones, y otros 7 años más para que desaparezca el impuesto a las transferencias bancarias.
Las provincias, la parte más difícil del rompecabezas
El panorama se complica todavía más al bajar a las provincias, donde Ingresos Brutos y Sellos son pilares de la recaudación local.
Aun congelando el gasto provincial y destinando todo el aumento de la coparticipación a compensar esa baja, los plazos se estiran mucho más allá de una década.
Se necesitarían aproximadamente 14 años en Santa Fe y Mendoza, 16 años en Córdoba y casi 20 años en la provincia de Buenos Aires.
La austeridad no alcanza: hace falta audacia
Nada de esto pone en duda que haya que sostener la prudencia fiscal. El punto es que, incluso siendo prudentes, ese camino solo no alcanza para bajar los impuestos que más dañan a la producción en plazos razonables.
El caso más claro es el de los impuestos que gravan las ventas: hoy un mismo hecho económico paga tres veces, con IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales.
Avanzar hacia un “Súper IVA” permitiría recaudar lo mismo con un impuesto más neutral, transparente y fácil de fiscalizar, reduciendo la evasión y el daño sobre la competitividad.
Con la misma lógica, se podrían eliminar rápido los derechos de exportación mejorando el cobro de Ganancias y Bienes Personales, sin resignar ingresos fiscales.
Estas reformas exigen acuerdos políticos complejos y mucho trabajo técnico. Pero es la manera de no repetir el fracaso del Consenso Fiscal de 2017, que no falló por falta de voluntad, sino por apostar todo al gradualismo.
Confiar en que el crecimiento por sí solo compense la baja de impuestos es, como ya demostró esa experiencia, una apuesta demasiado riesgosa.
Primicias Rurales
Fuente: novedadeseconomicas.ieral
May 6, 2026 | Actualidad, Columnas, Política
Un análisis profundo advierte sobre las tensiones institucionales del ajuste fiscal y la masiva movilización social en defensa de la educación pública. El texto disecciona el peligroso precedente de gobernar por decreto, la erosión ética del oficialismo y el impacto de la recesión en el capital humano.
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Una marcha, un veto incumplido, un caso, una recesión y un decreto que recorta 2,4 billones: el momento en que las cinco grietas se vuelven la misma.
Buenos Aires, martes 19 mayo (PR/26) — Soy orgullosamente egresado de la Universidad de Buenos Aires. Fui orgullosamente docente universitario por más de 30 años en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.
Para el Gobierno, lo que sucedió fue una “marcha política más” la universitaria. En mi caso, creo que no fue así. Fue mucho más que eso y el Gobierno no se da cuenta.
Hay imágenes que no pertenecen al gobierno que las padece, sino al país que las produce. La marcha universitaria de esta semana fue una de esas. No fue una manifestación: fue una asamblea ambulante de la Argentina que todavía cree en algo. Madres con guardapolvos heredados, jubilados que se recibieron en los sesenta, ingenieros que volvieron a la facultad con sus hijos, becarios del CONICET con la mochila llena de papers y vacía de respuestas. La pregunta que esa multitud le hizo al poder no es presupuestaria. Es ontológica: ¿qué clase de país queremos ser cuando esto, lo que sea esto, termine?
Y ahí está el problema del gobierno de Javier Milei. No tiene respuesta porque, en rigor, nunca le interesó formulársela. El proyecto fue siempre aritmético, jamás civilizatorio. Pero la Argentina sigue siendo, para bien y para mal, un país de preguntas civilizatorias. Allí se produce el choque. No es un choque entre modelos económicos. Es un choque entre dos lenguajes que ya no se entienden.
EL VETO INVISIBLE
El primero de esos lenguajes es el republicano. La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada, vetada e insistida por el Congreso con las mayorías agravadas que la Constitución exige. Es decir: el sistema institucional argentino, ese al que el oficialismo despreció en campaña como “la casta”, produjo un consenso parlamentario que ningún veto puede borrar. Y, sin embargo, la ley no se cumple. No por una nueva norma que la derogue, sino por la sencilla técnica administrativa de no ejecutarla.
Eso, en términos jurídicos, se llama desobediencia. En términos políticos, se llama otra cosa: se llama haber decidido que la legitimidad de origen alcanza para todo, incluso para reescribir el contrato republicano por la vía de los hechos. Es el precedente más peligroso que este Gobierno ha introducido en el sistema político argentino, y el menos discutido. El veto invisible entendido como la decisión administrativa de no cumplir lo que el Congreso ratifica.
LA ÉPICA RESFRIADA
El segundo lenguaje es el moral. El mileísmo se construyó, antes que sobre una ortodoxia económica, sobre una promesa de excepcionalidad ética: nosotros no somos como ellos. Sin embargo, el caso Adorni —cualquiera sea su resolución judicial— erosiona esa promesa con una eficacia que ninguna oposición pudo lograr. No importa tanto si hubo delito; importa que ya no se puede sostener, con la cara seria, que se trata de gente distinta.
Son gente igual. Y un gobierno que pidió sacrificios en nombre de su diferencia moral pierde, cuando esa diferencia se diluye, su principal capital político.
Pero ojo, la oposición tampoco puede capitalizar esto. Su propio historial de zonas grises la inhabilita para el sermón. Lo que se erosiona, entonces, es una promesa sin alternativa. Y la pérdida de promesa, sin alternativa, produce desafección, no recambio. Por eso las marchas son grandes pero el Congreso es chico. Por eso la sociedad se mueve, pero la política no. Estamos en el momento exacto en que el malestar es masivo y la representación, ínfima.
LA ARITMÉTICA QUE NO CIERRA
El tercer lenguaje es el económico, y aquí el oficialismo todavía cree tener ventaja. Los números macro mejoran: bajó la inflación, el riesgo país se ordenó, las reservas se acomodaron. Pero la microeconomía —salarios reales, consumo, producción industrial, según los últimos informes del INDEC y los relevamientos privados de FIEL y FIDE— sigue sin recuperar lo perdido.
La promesa fue que el dolor era de tránsito. Veintiocho meses después, una proporción creciente del electorado empieza a sospechar que el dolor es estructural, no transicional.
Las encuestas de Atlas Intel y Zuban-Córdoba muestran lo mismo desde hace seis meses: la imagen del Gobierno se sostiene en una base dura, cada vez más concentrada y pierde, mes a mes, el segmento que lo votó por expectativa, no por convicción.
Ese segmento —que es el votante que decide las segundas vueltas argentinas— es el que hoy marcha por la universidad, aunque no haya pisado un aula en décadas. Porque lo que defiende no es la institución: es la promesa que la institución encarna. Que el esfuerzo individual todavía tiene un piso colectivo donde apoyarse. Que el país, alguna vez, fue una escalera.
DESDE EL INTERIOR.
Desde el interior se ve algo que en Buenos Aires cuesta percibir: la indiferencia federal del proyecto. Las provincias patagónicas o las de cuyo o el norte, producen las divisas que sostienen el experimento —petróleo, gas, pesca, minería— y reciben, a cambio, una desinversión metódica en universidades, hospitales, rutas y conectividad.
La Universidad Nacional de esas provincias, donde se forman los ingenieros que mañana operarán Vaca Muerta, y los geólogos que prospectan el cobre cordillerano, sobrevive con presupuestos que ya no alcanzan ni para pagar la luz.
Es una contradicción operativa, no ideológica: el Gobierno desfinancia, en el sur, en el norte o en la cordillera, exactamente la base productiva de mano de obra calificada que su modelo económico necesita para funcionar. No la resuelve ningún veto. La resuelve, eventualmente, el cierre de carreras, la emigración de talento y un déficit cognitivo que se manifestará no en 2027 sino en 2032 o 2035, cuando esta gestión sea ya un capítulo de manual.
Lo dijo bien Bloomberg en su informe regional de marzo: la Argentina está consumiendo, otra vez, el stock de capital humano que tardó cincuenta años en construir.
Dónde encajan los recortes de la D.A. 20/2026
En “el veto invisible” del que venimos hablando, se agrega otro decreto que entra como prueba escrita de la tesis que proponemos.
El gobierno de Javier Milei, a través de una Decisión administrativa (D.A. 20/2026) oficializada el 11 de mayo de 2026, profundizó el ajuste fiscal con un nuevo recorte neto de 2,4 billones de pesos ($2.439.416 millones) en el presupuesto nacional de 2026.
Este ajuste se suma a la orden dada a mediados de abril a todos los ministerios para reducir un 2% sus gastos corrientes y un 20% sus gastos de capital.
La medida representa una contracción del 1,6% sobre el crédito vigente total de la Administración Pública Nacional, según un informa de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto).
De este modo, se oficializó la reestructuración o eliminación de 211 programas gubernamentales, incluyendo áreas de salud, educación y asistencia social. Se recortaron más de $970.000 millones en transferencias a provincias y municipios, afectando obras de infraestructura y saneamiento.
La única preocupación es clara: mantener el equilibrio fiscal tras nueve meses consecutivos de caída en la recaudación real.
Lo expuesto implica, en la práctica, que «lo que el Congreso vota en sesión, el Boletín Oficial lo desarma en un párrafo.» En la aritmética que no cierra, provocada por los nueve meses consecutivos de caída real de la recaudación, el Gobierno ahora nos vuelve a ajustar con un 1,6% de contracción sobre el crédito vigente, con recortes específicos —Instituto Malbrán, programas oncológicos y de medicamentos (Perfil, Infobae), Fondo de Compensación Salarial Docente y Plan Nacional de Alfabetización—. Dicho de otro modo, el mismo discurso oficial que postula una Argentina educada y sana, recorta, por decreto, los instrumentos concretos para educarla y sanarla.
LA PREGUNTA QUE QUEDA
Hay un dato que ningún encuestador captura. Cuando un gobierno deja de poder explicar por qué pide lo que pide, ya no gobierna. Administra. El mileísmo todavía gobierna, pero la distancia entre las dos categorías se acorta cada semana. La marcha universitaria, el veto incumplido, el caso Adorni, la recesión y el nuevo ajuste que se eterniza, no son cinco hechos separados: son cinco grietas de un mismo edificio.
La pregunta no es si el edificio se cae. Los edificios políticos argentinos rara vez se caen. Se vuelven inhabitables.
La pregunta verdadera —la que tendría que estar haciéndose la dirigencia entera, oficialismo, oposición, sindicatos, empresariado, gobernadores— es otra. Si la Argentina demuestra, una vez más, que es capaz de movilizar consenso social y parlamentario para defender una institución, y aun así el sistema no logra traducir ese consenso en política pública sostenida: ¿qué clase de democracia estamos teniendo? ¿Una donde el voto decide el rumbo, o una donde el rumbo decide el voto y después lo ignora?
Ese, y no otro, es el verdadero veto invisible. No el de Milei sobre la ley universitaria. El que las clases dirigentes argentinas, sucesivas, le vienen imponiendo desde 1983 al mandato democrático: respetamos las urnas, no respetamos lo que las urnas dicen. Cambia el firmante. No cambia la firma.
El profesor de la Casa Rosada, ahora presidente, se quedó, de a poco, sin alumnos. Pero el aula sigue ahí. Llena. Esperando. La pregunta —la única que importa de acá a 2027— ya no es si Milei termina su mandato, ni siquiera si lo termina bien.
Es más cruel y es más vieja: cuando este experimento concluya, gane o pierda, ¿con qué Argentina nos vamos a encontrar? ¿Una que aprendió, por fin, que el problema no era el firmante sino la lapicera? ¿O una que volverá a creer, fiel a su costumbre, que basta con cambiar al profesor para que cambie la clase?
Porque si es lo segundo —y la historia argentina, escrita con esa misma lapicera, sugiere que va a ser lo segundo—, entonces el aula puede seguir esperando todo lo que quiera. No habrá clase. Habrá, otra vez, recreo. Y un país que confunde recreo con futuro es un país que ya no está educando a nadie. Ni siquiera a sí mismo.
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Primicias Rurales
