Las atravesaron más de 21 millones de pasajeros. SENASA verifica el equipaje para proteger los estatus fitozoosanitarios de la producción agropecuaria.
Buenos Aires, 13 de enero (PR/26) .- Durante el año 2025, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) verificó los equipajes de las personas que ingresaron o regresaron al país desde el exterior con el objetivo de prevenir ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agropecuaria argentina.
El año pasado, el organismo sanitario nacional – presente en más de 100 puestos de frontera – registró el paso de más de 21 millones de pasajeros solo en las cinco áreas limítrofes con mayor tránsito de personas.
De ese total de cinco puestos más transitados, tres están ubicados en las provincias de Misiones y de Corrientes y los dos restantes en el AMBA.
Por el puente internacional «Tancredo Neves” – ubicado a 20 km aproximadamente de las Cataratas del Iguazú y que une las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina) con Foz de Iguazú (Brasil) pasaron 7.592.519 personas.
En segundo lugar se ubicó el puente internacional “San Roque González de la Santa Cruz” – que une a Posadas (Misiones) con la ciudad de Encarnación (Paraguay)- por donde transitaron 5.457.732 personas y le siguió el puente Internacional «Agustín P. Justo – Getulio Vargas» – conecta las ciudades de Paso de los Libres (Corrientes) y Uruguaiana (Brasil) – que fue atravesado por 3.016.946 personas.
Las fronteras de estas provincias mesopotámicas, a cargo del personal del Centro Regional Corrientes Misiones del SENASA, se caracterizan por ser fluviales, con tránsito de vehículos y personas a través de balsas y lanchas; terrestres, circulan vehículos por pasos secos o puentes y ferroviaria, un tren con tráfico vecinal fronterizo conecta Posadas y Encarnación.
Los dos lugares restante corresponden a la zona del AMBA. A través del Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, ingresaron 2.979.944 pasajeros y por el Aeroparque «Jorge Newbery» de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 2.530.987.
Estos datos figuran en el Sistema Integrado de Gestión de barreras, fronteras, aeropuertos y tráfico federal (SIG-Barreras) del SENASA y son provistos por las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones.
La presencia del SENASA en las fronteras tiene como objetivo central evitar el ingreso de productos y subproductos de origen animal y vegetal que pudieran contener plagas y/o enfermedades que afecten la producción nacional y, de ese modo, cuidar el estatus zoofitosanitario argentino y mantener abiertos los mercados internacionales.
Quienes deseen conocer qué tipo de productos se pueden ingresar y cuáles no, pueden consultar el apartado “Información para el viajero” en la página web del SENASA, comunicarse al correo electrónico responde@senasa.gob.ar o enviar un mensaje al Whatsapp oficial del SENASA: +541135859810.
Buenos Aires, 16 de diciembre (PR/25) .- Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presenta un paquete integral de propuestas para una reforma tributaria moderna, simple y orientada a la inversión productiva. El documento -ya remitido a funcionarios nacionales- expresa una visión proactiva del sector, que busca contribuir con medidas concretas al diseño de un sistema impositivo que acompañe el crecimiento y no penalice al que produce, invierte y genera empleo.
Entre los ejes centrales, CRA reafirma la necesidad de avanzar hacia la eliminación total y definitiva de las retenciones, entendida como condición indispensable para recuperar rentabilidad, aumentar la producción y potenciar la competitividad exportadora. Pero la entidad subraya que una reforma auténtica no puede limitarse a este punto: deben encararse cambios estructurales que corrijan distorsiones profundas del sistema tributario argentino.
El documento propone medidas clave como el Régimen de Venta y Reemplazo Agropecuario, la amortización acelerada de inversiones, la devolución rápida del IVA técnico, la derogación del Impuesto a los Bienes Personales sobre activos productivos, la actualización del régimen de IVA anual, la mejora en criterios de valuación y un esquema que fomente el uso de fertilizantes. A ello se suma la necesidad de revisar retenciones y percepciones (RG 830), eliminar tributos distorsivos como el impuesto al cheque y el SIRCREB, y establecer reglas claras de estabilidad fiscal.
CRA remarca que se trata de un planteo integral, basado en la neutralidad tributaria, la promoción de la inversión y la formalización. El objetivo no es lograr privilegios sectoriales, sino construir un sistema más equitativo y eficiente, que deje de castigar al capital productivo y otorgue previsibilidad para planificar a largo plazo.
Estas propuestas ya fueron puestas a disposición de las autoridades nacionales y forman parte de una agenda constructiva del campo para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento.
Se enviarán al Congreso las iniciativas del Consejo de Mayo
Buenos Aires, jueves 11 diciembre (PR25)– El Gobierno nacional confirmó que entre las reformas que ingresarán al Congreso en los próximos días se encuentra una profunda modificación a la Ley de Tierras Rurales, vigente desde 2011.
La iniciativa forma parte del paquete de proyectos surgido del documento final del Consejo de Mayo, y según adelantó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, algunas de estas propuestas serán tratadas en sesiones extraordinarias y otras quedarán para el período legislativo 2026.
El Ejecutivo sostiene que los cambios buscan “poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento”, y en ese marco considera clave revisar el régimen de tierras, uno de los más restrictivos de la región en relación al capital extranjero.
¿Qué dice la Ley de Tierras vigente?
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece un conjunto de límites para la adquisición de tierras rurales por personas o empresas extranjeras. Entre sus puntos principales se encuentran:
Tope del 15% del territorio nacional que puede quedar en manos de extranjeros, con igual límite por provincia y por departamento.
Restricción de compra para extranjeros originarios de un mismo país, que no pueden superar el 30% del total permitido.
Límite individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (o su equivalencia productiva según región).
Inhabilitación para compra de tierras con cuerpos de agua o áreas estratégicas.
El Registro Nacional de Tierras Rurales informa periódicamente el nivel de extranjerización por distrito, aunque los datos han variado por reclamos judiciales y revisiones administrativas.
Qué propone la reforma del Gobierno
Según adelantó Manuel Adorni, el proyecto oficial apunta a liberar por completo la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros, eliminando topes y restricciones actuales.
El funcionario consideró que la normativa vigente “ahuyenta inversiones, limita el desarrollo productivo y obstaculiza operaciones inmobiliarias, forestales y agropecuarias”.
Además, la reforma incorpora cambios vinculados al manejo de incendios. El proyecto propone derogar la prohibición que impide modificar el uso productivo de un campo entre 30 y 60 años después de un incendio, restricción establecida por la Ley 26.815 (Ley de Manejo del Fuego), modificada en 2020 impulsada por el diputado Máximo Kirchner.
Según Adorni, la norma actual “penaliza a los productores y bloquea proyectos de inversión aún cuando el incendio no haya sido intencional”, y consideró que su eliminación permitirá “reactivar rápidamente tierras afectadas, recuperar productividad y dar previsibilidad al sector”.
Qué se debate en torno a la reforma
Expertos en derecho agrario advierten que una apertura total podría generar:
Mayor presión del mercado internacional sobre zonas de alto valor agrícola, hídrico o turístico.
Riesgos de concentración en áreas fronterizas o estratégicas.
Pérdida de herramientas de control estatal para monitorear el uso y destino de grandes extensiones rurales.
Por otro lado, sectores del agronegocio y desarrolladores inmobiliarios celebran la iniciativa, argumentando que:
Ampliaría el acceso al crédito y la inversión extranjera directa.
Facilitaría proyectos agroindustriales, forestales y energéticos.
Reduciría la burocracia y los tiempos de autorización para transferencias de dominio.
Lo que viene
El Gobierno enviará el proyecto junto con el paquete de reformas del Consejo de Mayo. Legisladores oficialistas anticiparon que intentarán lograr dictamen antes de fin de año, aunque en la oposición ya se anticipan fuertes debates sobre soberanía territorial, recursos estratégicos y el impacto ambiental y social de los cambios propuestos.
La discusión promete convertirse en uno de los ejes más intensos del próximo período legislativo.
El Consejo de Mayo es un órgano creado por el Gobierno nacional como espacio de diálogo y coordinación de políticas estratégicas. Reúne a representantes del Ejecutivo, empresarios, sectores productivos y expertos para elaborar propuestas de reformas estructurales —económicas, laborales, fiscales e institucionales— que luego son enviadas al Congreso. Su nombre alude a la idea de “refundación” o transformación profunda del Estado y la economía argentina.
Buenos Aires, jueves 11 diciembre (PR/25) El jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, adelantó que en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral que en los próximos días será debatido por el Congreso Nacional, se introducirán modificaciones en el actual régimen de trabajo agrario.
En todo este tiempo, la Sociedad Rural Argentina (SRA) participó de un trabajo conjunto con funcionarios y legisladores nacionales, como así también con integrantes del Consejo de Mayo, donde expresó que la reforma laboral debe reducir la informalidad, ampliar derechos y disminuir costos para empleadores y trabajadores.
En ese marco, el sector agropecuario —motor de empleo regional, exportaciones y desarrollo tecnológico— no debe quedar fuera del debate.
Ignorar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario en un proceso de modernización que conduciría a una propuesta incompleta y a una oportunidad perdida para alinear toda la economía laboral con una visión de futuro.
La SRA opina que el agro no es una variable marginal: es una actividad con ritmos propios, costos específicos y desafíos regionales que requieren reglas diferenciadas. Ciclos climáticos, estacionalidad y diversidad geográfica crean un escenario donde la contratación, la previsibilidad y la seguridad social deben contemplar particularidades que no caben en un marco urbano único.}
Advierte que mantener normas desvinculadas del campo podría disuadir la formalidad o impulsar la informalidad, con costos para trabajadores y productores. El campo argentino necesita una reforma laboral moderna y equilibrada para seguir siendo motor de la economía.
Es por eso que la Sociedad Rural Argentina propone una reforma laboral orientada a actualizar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario (Ley 26.727) para reflejar la realidad tecnológica, estacional y productiva del agro actual, sin detrimento de derechos fundamentales. El objetivo es generar un marco legal más eficiente, previsible y competitivo que impulse la producción, el empleo rural y la inversión, al tiempo que garantiza condiciones dignas para los trabajadores.
A partir de lo anteriormente expresado, la SRA presentó una iniciativa de reforma laboral destinada a modernizar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario, con el objetivo de alinear sus disposiciones a las realidades actuales del sector agropecuario, sin sacrificar derechos laborales.
Las propuestas han sido recibidas favorablemente y recibimos el compromiso de que serán integradas al proyecto de Ley de Modernización Laboral. «Y además seguiremos realizando el seguimiento legislativo en las respectivas comisiones del Congreso de la Nación», adelantó la entidad.
Las propuestas que ha presentado para que sean incluidas en el texto oficial, son las siguientes:
1 – Eliminar la responsabilidad solidaria indiscriminada entre el dueño de la tierra que alquila y el arrendatario que produce. Esta medida reduciría costos y riesgos para quien aporta la tierra, maquinaria o equipamiento, evitando cargas desproporcionadas.
2 – Eliminación de la figura de “trabajador permanente discontinuo”. La actividad es estacional; mantenerla genera costos altos y complicaciones para contratos por ciclos.
3 – Período de prueba de ocho meses, ya que permite evaluar aptitudes de forma razonable antes de confirmar la relación laboral.
4 – Negociación salarial bilateral entre el Sindicato y la Mesa de Enlace sin participación estatal. Se busca una negociación más directa y adecuada a las realidades del sector, reduciendo la intervención estatal en la negociación.
5 – Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones a cargo del empleador. Se ofrece un mecanismo de respaldo ante costos laborales, aportando previsibilidad.
6 – Actualización de créditos laborales de forma razonable. Se evita sentencias desproporcionadas e irrazonables.
Por último, consideramos que los impactos que se esperan de dichas iniciativas serían los siguientes:
1 – Empleo e inversión: mayor previsibilidad y marco regulatorio adaptado podría atraer inversiones y generar empleo estacional.
2 – Costos laborales: reconfiguración de indemnizaciones y mecanismos de financiación (FAL).
3 – Formalidad: menor informalidad si se mejora la claridad y la eficiencia del marco legal.
Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, junto al Canciller Pablo Quirno.
El Secretario de Coordinación Productiva aludió a la propuesta de la diputada kirchnerista Lucía Klug.
Buenos Aires, martes 2 de diciembre (PR/25) — El Gobierno Nacional hizo mención al impuesto que presentó la diputada provincial bonaerense Lucía Lorena Klug (Unión por la Patria) sobre cobrar un impuesto al gas metano que emiten las vacas. “Es pegarse un tiro en el pie”, manifestaron.
“Sería absurdo. Es pegarse un tiro en el pie», indicó el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
El funcionario se refirió al proyecto presentado en la Legislatura bonaerense, que propone cobrar un impuesto a los flatos y eructos de las vacas y busca crear la «Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)».
Según supo la Agencia Noticias Argentinas con declaraciones a Radio Rivadavia, Lavigne se mostró indigando frente al nuevo impuesto que propuso la diputada kirchnerista Klug, cercana a Juan Grabois.
“Están al revés de lo que se intenta hacer”, sostuvo y agregó: “Empezar a hacer todo este tipo de impuestos lo único que genera es impedir al productor tener una certidumbre de cómo va a ser su negocio para los próximos dos años, e intentar incentivar a que no suceda”.
A su vez, respaldó al sector agropecuarioy ganadero del país, y afirmó que “son los que te mueven la economía argentina en general”.
