Ago 24, 2026 | Actualidad, Economía / Economía del Agro
Cada mes, una flota de más de 4.000 camiones cruza el país para llevar arena silícea hasta los yacimientos neuquinos. La demanda podría trepar a 8 millones de toneladas en 2027 y el desafío logístico crece al mismo ritmo que la fractura hidráulica.
Buenos Aires, lunes 24 agosto (PR/26)– Vaca Muerta no se explica solo por la cantidad de pozos perforados ni por los récords de petróleo y gas que va batiendo.
Detrás de cada etapa de fractura hidráulica hay una cadena logística silenciosa pero enorme, que tiene una sola misión: garantizar que la arena llegue a tiempo a los yacimientos neuquinos.
Una flota que no para de crecer
Hoy son miles los camiones que trasladan arena entre Entre Ríos y Neuquén, en un movimiento que crece al ritmo de la actividad de fractura y de las largas distancias que deben recorrer las unidades.
La demanda del insumo no deja de subir. Según un informe de Planeta Camión, Vaca Muerta habría consumido unas 5,5 millones de toneladas de arena durante 2025.
Para este año se esperan 7 millones de toneladas, y en 2027 la cifra podría acercarse a los 8 millones. El crecimiento va de la mano del número de etapas de fractura: unas 25.000 en 2025, cerca de 30.000 en 2026 y alrededor de 35.000 en 2027.
Como el set de fractura es uno de los equipos más críticos de toda la operación, el abastecimiento de arena tiene que sostenerse de manera prácticamente permanente, sin margen para cortes en la cadena.
La mayor parte del material llega desde Entre Ríos
Uno de los puntos que más complica la logística es el origen del material: alrededor del 75% de la arena que se usa en Vaca Muerta proviene de Entre Ríos, mientras que el resto sale de fuentes más cercanas a la cuenca neuquina.
Dentro de esa provincia, las canteras de Ibicuy, en el sur, concentran el material de mayor calidad para las tareas de fractura. También se usa arena de río entre-rriana, mientras que los recursos de zonas más próximas —sobre todo en Río Negro— todavía son una porción menor del total.
Esa concentración de la oferta obliga a cubrir distancias de más de 1.000 kilómetros hasta los yacimientos. Por eso, cualquier demora en el camino termina impactando directamente sobre la cantidad de camiones que hacen falta para sostener la operación.
En condiciones normales, el viaje entre las zonas de extracción de Entre Ríos y Neuquén podría hacerse en unas 48 horas. Sin embargo, hoy algunos recorridos llegan a demandar entre 70 y 75 horas, según el informe citado.
Las demoras pueden aparecer en distintos tramos de la cadena: desde las canteras y los centros de carga hasta los puntos de descarga. También pesan el clima, el estado de las rutas y los procedimientos que exige cada operadora.
El problema no es menor: si un camión tarda más en completar un ciclo, hace menos viajes por mes. Para sostener el mismo volumen transportado, entonces, se necesita una flota más grande.
Acompañar el ritmo de la expansión
Hoy, cada camión destinado al traslado de arena hace en promedio seis viajes mensuales. Con una flota de hasta 4.300 camiones, la operación implica un movimiento constante de transporte pesado entre las provincias proveedoras y Vaca Muerta.
Las proyecciones indican que, hacia 2028, el crecimiento de la actividad podría demandar entre 1.000 y 1.500 camiones adicionales, lo que representaría una expansión cercana al 30% de la flota actual.
El desafío no se agota en sumar vehículos: también hará falta más conductores profesionales, mejor infraestructura para las tareas de carga y descarga, y una reducción de los tiempos improductivos que hoy afectan los recorridos.
El aumento del tránsito pesado también pone bajo presión a las rutas que conectan los centros productores de arena con Vaca Muerta. En La Pampa, por caso, un estudio del Consejo Federal de Inversiones —pedido por el gobierno provincial— analizó el impacto de ese tránsito sobre la infraestructura vial.
A partir de ese diagnóstico, empezaron a evaluarse alternativas para financiar el mantenimiento de las rutas, entre ellas un posible sistema de peajes para el transporte pesado que atraviesa la provincia sin estar radicado allí. El debate de fondo es quién debe pagar la conservación de corredores usados por una actividad que excede, en escala, a las provincias por donde circula.
El desafío de los viajes de vuelta
Otro punto pendiente es el aprovechamiento de los viajes de regreso. Hoy, los camiones que llevan arena hacia Neuquén suelen volver vacíos, lo que genera kilómetros improductivos y encarece toda la operación.
Una alternativa posible es vincular esta logística con la actividad agropecuaria y usar esas mismas unidades para transportar cereales u otras cargas en el viaje de vuelta. Así, un mismo recorrido podría servir para dos operaciones distintas.
Para que eso funcione hace falta coordinación entre transportistas, cargadores y operadores logísticos, además de garantizar que las unidades sean compatibles con las distintas cargas y puedan cumplir con los procesos de limpieza correspondientes.
El crecimiento de Vaca Muerta está llevando a que la logística de insumos gane cada vez más peso dentro de la actividad hidrocarburífera. En el caso de la arena, las distancias, el volumen transportado y la necesidad de abastecer sin pausa a los sets de fractura convierten al transporte en un eslabón estratégico.
El horizonte de los próximos años combina una mayor demanda de arena con la necesidad de hacer más eficientes los recorridos. Para Planeta Camión, sumar unidades será parte de la respuesta, pero también será clave reducir las esperas, mejorar la infraestructura vial y aprovechar mejor los viajes de vuelta.
Con una demanda que podría llegar a 8 millones de toneladas de arena en 2027, la logística tendrá que acompañar el ritmo de expansión de Vaca Muerta. La disponibilidad del insumo y la capacidad para trasladarlo hasta los yacimientos serán, cada vez más, factores determinantes para sostener el crecimiento de las operaciones de fractura.
Primicias Rurales
Fuente: rionegro
Ago 23, 2026 | Actualidad, Economía / Economía del Agro
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la adjudicación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un programa financiado íntegramente por el sector privado que se divide en ocho tramos estratégicos para completar más de 9.000 kilómetros en total bajo obras y gestión.
Buenos Aires, domingo 23 agosto (PR/26) — El proceso de adjudicación fue comunicado formalmente por el titular del Palacio de Hacienda tras concluir los plazos administrativos del sistema licitatorio de la Red Federal de Concesiones. Esta iniciativa responde de manera directa a los intensos reclamos de infraestructura vial que manifestaron los gobernadores provinciales durante sus distintas exposiciones en el Consejo de las Américas.
El ministro Caputo subrayó que con esta adjudicación se completan más de 9.000 kilómetros de las principales rutas nacionales que estarán todas en obra a partir de fines de septiembre. En total, el esquema abarca 16 tramos estratégicos por donde circula cerca del 80% del tránsito vehicular y comercial de todo el país.
Los ocho tramos adjudicados en la Etapa III
La nueva etapa del plan federal se encuentra estructurada estrictamente en ocho tramos geográficos distribuidos en distintas provincias argentinas:
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Centro: comprende las Rutas Nacionales 9, 19 y 34, distribuidas entre las jurisdicciones de Santa Fe y Córdoba.
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Mesopotámico: abarca las Rutas Nacionales 12 y 18, ubicadas en la provincia de Entre Ríos.
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Centro Norte: incluye la traza de la Ruta Nacional 34, atravesando las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero.
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Noroeste: integra las Rutas Nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, conectando Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
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Litoral: comprende las Rutas Nacionales 12 y 16, situadas en las provincias de Corrientes y Chaco.
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Noreste: engloba las Rutas Nacionales 12 y 105, abarcando los territorios de Misiones y Corrientes.
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Chaco–Santa Fe: incluye de forma exclusiva la Ruta Nacional 11, uniendo ambas provincias.
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Cuyo: comprende de manera estratégica la Ruta Nacional 7, ubicada en la provincia de Mendoza.
Empresas adjudicatarias y antecedentes de las licitaciones
La ejecución de las obras, el mantenimiento y la posterior administración de los corredores estarán a cargo de distintas uniones transitorias de empresas y consorcios privados que resultaron adjudicatarios tanto en esta etapa como en las fases previas del plan vial:
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Tramo Noroeste: fue adjudicado al consorcio conformado por Autovía Construcciones y Servicios, asociada en UTE con las firmas Vapeu y Guigivan.
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Corredor Mediterráneo y Puerto Sur: quedaron en manos del Grupo Corven, integrado por Creditech S.A. junto a Plantel S.A., encargados de las Rutas 7, 35, 9 y 188.
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Corredor Portuario Norte: resultó adjudicada la firma CPC S.A., vinculada al Grupo Indalo, para administrar las Rutas 9, 33 y A-008.
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Corredor Puntano: fue asignado a BASAA Construcciones S.A. en conjunto con CECOSA S.A., gestionando las Rutas 8, 36, 193 y A-005.
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Tramo Pampa: quedó a cargo de Construcciones Electromecánicas del Oeste, operando la traza de la Ruta 5 en el trayecto comprendido desde Luján hasta Santa Rosa.
Primicias Rurales
Fuente: Varios / NA
Ago 9, 2026 | Economía / Economía del Agro, Opiniones
La inflación se derrumbó del 25% mensual a menos del 2%, pero el empleo privado no acompaña: perdió 235 mil puestos entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. El Gobierno relanza su agenda de reformas, aunque todavía faltan las dos más pesadas: la impositiva y la previsional.
Buenos Aires, domingo 9 agosto (PR/26)–La macroeconomía respira aliviada, pero el mercado de trabajo no. Mientras la estabilización se consolida y la tormenta financiera queda cada vez más atrás, crece un reclamo distinto: generar empleos de calidad.
Los números lo confirman. La inflación bajó del 25% mensual en diciembre de 2023 a menos del 2%, con tendencia decreciente. Pero en el camino inverso, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 el empleo privado registrado perdió 235 mil puestos.
Ese contraste no es un detalle menor. El malestar que genera un mercado laboral que no repunta puede erosionar el sustento político del programa económico, algo especialmente sensible de cara a las elecciones del año próximo.
Las reformas vuelven a acelerar
Después de las elecciones del año pasado, el Congreso había mostrado señales positivas en el proceso de reformas estructurales. El hito más importante fue la sanción de la Ley de Modernización Laboral.
Pero las controversias en torno al jefe de Gabinete frenaron el envión. El ritmo y la secuencia de las reformas volvieron a desalinearse con las urgencias del programa económico.
El recambio en Jefatura de Gabinete abre ahora una ventana distinta. No se trata solo de una renovación de funcionarios: aparece como la oportunidad de retomar el impulso reformista, con varios gobiernos provinciales dispuestos a jugar un rol más activo.
A los proyectos que ya están en tratamiento se suma ahora un paquete con foco en el sector financiero: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que derogaría los cambios de 2012 y volvería a reglas similares a las de los años 90.
El objetivo central de esa iniciativa es prohibir el uso del Banco Central para financiar excesos de gasto. En la misma línea se anunció un proyecto de reglas fiscales de emergencia para cuando el sector público acumule varios meses de desequilibrio, además de cambios en el mercado de capitales y en los seguros.
¿Con esto alcanza?
La necesidad de dinamizar el empleo ya no se discute. Lo difícil es responder cómo lograrlo: ¿qué instrumentos existen realmente para revertir un deterioro tan crónico y profundo?
Un PBI que crezca más y de manera más pareja entre sectores es una condición necesaria. Pero no alcanza frente al intenso proceso de reconversión que atraviesa la producción argentina.
Es revelador que incluso sectores en expansión, como la intermediación financiera y los hidrocarburos, muestren caída del empleo. La destrucción de puestos ya no es un problema exclusivo de la industria, la construcción o el comercio.
La explicación de fondo es que, con estabilidad y más competencia, las empresas atraviesan un proceso de adaptación para bajar costos y ganar productividad. Eso, en muchos casos, implica destruir empleo.
Es un proceso tan necesario como costoso: eliminar las ineficiencias que se acumularon durante años de alta inflación y baja competencia es clave. Pero subestimar su costo social —y político— es un riesgo real.
El crédito, el fisco y la reforma que falta
En términos generales, el camino para dinamizar el empleo de calidad pasa por construir más rápido un entorno favorable a la producción, eliminando los factores que traban la generación de puestos de trabajo.
Esa es la vía para lograr un crecimiento más alto y más parejo entre sectores, moderando al mismo tiempo el costo social de la reconversión. No toda la destrucción de empleo responde a ineficiencias insalvables; buena parte responde a un entorno que sigue conspirando contra la producción.
En ese sentido, el paquete de reformas anunciado va en la dirección correcta. Su columna vertebral es fortalecer la confianza en que el equilibrio fiscal no es negociable, algo que junto con los cambios en seguros y mercado de capitales apunta a expandir el crédito.
Ampliar el crédito es clave para dinamizar la producción, en especial en los sectores más golpeados, y facilitar su reconversión. Pero incluso si el Congreso aprueba rápido estos proyectos, queda pendiente el tema más pesado: la reforma previsional.
Ninguna regla fiscal, por estricta que sea, será sostenible si no se ordena el sistema previsional, tanto en Nación como en las provincias. La historia enseña que sin ese respaldo cualquier regla termina revertida: la propia autonomía del Banco Central, perdida en 2012, es prueba de eso.
El crédito ayuda, pero no alcanza solo. Falta además una reforma esencial y transversal: la impositiva. Buena parte de los proyectos que hoy no son rentables lo son por el peso de una carga tributaria distorsiva.
Las iniciativas anunciadas ayudan a sostener el rumbo. Pero aun si se instrumentan rápido, no bastan para recuperar la capacidad de generar empleos de calidad. El camino hacia un mercado laboral sano todavía tiene varios tramos por recorrer.
Primicias Rurales
Fuente: ieral
Ago 5, 2026 | Actualidad, Política
A contrarreloj y con la sesión del jueves en el Senado como límite, La Libertad Avanza ablandó el proyecto de Ley de Tierras para sumar los votos que le faltaron en julio. El techo de extranjerización pasa del 15% al 25%, y las provincias ganan poder de veto.
Buenos Aires, miercoles 5 agosto (PR/26)–El Gobierno nacional volvió a mover fichas sobre la hora. A contrarreloj, aceptó ofrecerles a sus aliados nuevos retoques al proyecto que modifica la Ley de Tierras, a cambio de conseguir los votos que le permitan lograr, este jueves en el Senado, la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El texto ya había sido retocado unas 15 veces, pero hasta este lunes conservaba una idea de fondo: liberar por completo la venta de tierras rurales a manos extranjeras, eliminando el tope del 15% del territorio nacional que fija la normativa vigente.
Eso cambió. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, recibió el visto bueno oficial para ofrecerles a gobernadores y legisladores aliados una propuesta más moderada: un techo de extranjerización del 25%.
También se acordó un sistema de doble conforme para autorizar la venta de tierras a extranjeros, que exigirá el visto bueno tanto de la provincia donde está el inmueble como del Estado nacional.
Así, según los últimos borradores que circulan por los despachos, el oficialismo deja atrás la idea de eliminar todo límite a la extranjerización de tierras. Este martes por la tarde, Bullrich encabezará una conferencia de prensa para detallar el texto definitivo que se llevará al recinto.
La carrera por los votos
El jueves se retomará el cuarto intermedio en el que había quedado varada la sesión del 16 de julio, cuando el oficialismo frenó el debate al no contar con los votos necesarios. Fue el cuarto intento fallido del Gobierno para modificar la Ley de Tierras, la Ley de Expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.
Para este quinto intento el panorama sigue siendo incierto, aunque hay una variable a favor del oficialismo: en caso de empate, quien desempatará no será Victoria Villarruel, que ya había anticipado su rechazo a los cambios en la Ley de Tierras con argumentos nacionalistas.
Es que Javier Milei estará de gira oficial por Ecuador y Colombia, así que la vicepresidenta quedará a cargo del Poder Ejecutivo. Y en un mismo movimiento, será el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien presida la sesión y, llegado el caso, desempate en sintonía con el Gobierno.
El verdadero desafío sigue siendo llegar a los 37 votos, partiendo de una base de 21 libertarios propios más los tres senadores del PRO. El resto hay que salir a buscarlo entre los bloques aliados, que suelen mostrar un comportamiento fluctuante.
Del bloque de diez senadores radicales, tres venían inclinándose por el rechazo (Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger), aunque ahora esperan los anuncios de Bullrich. Y los dos representantes de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, enfrentan fuertes presiones en su provincia para votar en contra.
El resto de los dialoguistas estaría, en principio, más cerca de acompañar al oficialismo, pero los compromisos son frágiles y podrían aparecer sorpresas que compliquen los planes de la Casa Rosada.
Qué dice la ley vigente y qué más se negoció
La normativa actual se aprobó en diciembre de 2011, en pleno kirchnerismo. Además del límite del 15%, fija un tope de mil hectáreas vendibles a personas físicas o jurídicas extranjeras en la zona núcleo de la Pampa Húmeda o zonas equivalentes.
Tampoco permite comprar tierras junto a espejos de agua o riberas, y restringe al máximo la extranjerización en zonas de frontera, consideradas de seguridad nacional. Por último, pone un cupo máximo del 30% para ciudadanos extranjeros de una misma nacionalidad en una misma jurisdicción.
Como parte de la estrategia de acercamiento a los gobernadores, Bullrich logró que el autor intelectual del proyecto, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, aceptara a regañadientes un cambio clave: que las provincias conserven la potestad de aceptar o rechazar las solicitudes de extranjerización, e incluso fijar sus propios topes.
También se aceptó prohibir la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros, y someter a controles burocráticos más estrictos la venta de inmuebles a empresas con participación estatal extranjera.
Primicias Rurales
Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA)
Ago 5, 2026 | Actualidad, Economía / Economía del Agro
El Ejecutivo reorganizó el sistema de control alimentario del país y disolvió el Instituto Nacional de Alimentos. Sus funciones se reparten ahora entre el Senasa, que se queda con la fiscalización, y el Ministerio de Salud, que define la política sanitaria.
Buenos Aires, miércoles 5 agosto (PR/26)–El decreto lleva el número 697/2026 y se publicó este lunes en el Boletín Oficial. Con esta medida, el Instituto Nacional de Alimentos (Inal) deja de existir tal como se lo conocía y sus funciones pasan a otras dos casas.
Por un lado, el Senasa absorbe todo lo que tiene que ver con el registro, el control y la fiscalización de los alimentos en todo el país. Por otro, el Ministerio de Salud concentra la definición de las políticas alimentarias.
La lógica detrás del reparto no es casual: el Senasa ya cuenta con laboratorios, inspectores y presencia territorial en todo el país, algo que el Inal nunca llegó a desarrollar con esa escala. Es una cuestión de capacidad operativa, no de jerarquías.
Menos papeles, más agilidad
Uno de los objetivos centrales de la reforma es simplificar un sistema que hasta ahora obligaba a pasar por controles duplicados. Ahora, la fiscalización de importaciones queda concentrada en un solo organismo.
Además, se reconocerán por equivalencia las certificaciones de aditivos, coadyuvantes tecnológicos e ingredientes que ya cuenten con el aval de países con sistemas de control reconocidos, o que apliquen el Codex Alimentarius. Esto evita trámites redundantes.
También nace una Base Única de Datos, a cargo del Senasa, que centralizará la información de productos y establecimientos. La idea es agilizar la gestión y fortalecer la trazabilidad de los alimentos.
Por primera vez, además, se fija un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino, algo que hasta ahora no tenía un límite temporal definido.
La salud pone la mira en colorantes y saborizantes
El Ministerio de Salud suma a su estructura la definición de política alimentaria que antes manejaba el Inal, con un trabajo centrado en la evidencia científica sobre la composición de los alimentos.
La primera medida de esta nueva agenda apunta a la eliminación de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados, en sintonía con estándares internacionales de alimentación saludable.
Esta función no compite con el trabajo del Senasa, sino que lo complementa: mientras uno fiscaliza que se cumpla la norma, el otro decide qué debe decir esa norma.
Más facilidades para el comercio exterior
La reforma también busca destrabar el comercio de alimentos. Se agilizan las importaciones de productos envasados para venta directa, con controles que ahora se realizarán después del ingreso al país, para evitar demoras innecesarias.
Del lado de las exportaciones, los productos deberán cumplir los requisitos del país de destino, y las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional.
Un sistema más parejo entre provincias
El Senasa impulsará convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar hacia un sistema armonizado de registros, requisitos, aranceles y sanciones en todo el territorio.
También se crea un registro único para los establecimientos, con una identificación clara que servirá para la comercialización en todo el país, simplificando así la identificación de cada planta o local.
Primicias Rurales
Fuente: Rosario3
