Buenos Aires, 8 agosto (PR/20) — Argentina es como una casa con una gotera en el techo, cuyos dueños como única solución colocan un balde en el piso, de modo que el agua no se derrame por las
habitaciones. Cuando el balde se llena, se lo cambia por otro, pero la gotera (y el problema) sigue.

Es lo que ocurre con el stock de deuda pública, que se constituye a
partir de los flujos anuales de déficit fiscal: cuando la deuda resulta impagable, defaulteamos y reestructuramos, para obtener quitas y más tiempo para pagar, pero nunca arreglamos el problema de fondo: el déficit fiscal, que sigue alimentando nuevas deudas, o emisiones exageradas de dinero (que también es deuda).

En el año 2008 el sector público nacional (SPN) contaba con un superávit primario de 2,8% del PIB, que se transformó en un déficit de 3,8% del PIB en 2015. Con Cambiemos, en 2017 dicho desequilibrio aún se ubicaba en 3,8%, pero luego vino una
reacción, quizá obligada por la crisis de 2018, y en 2019 se exhibió un déficit primario de sólo 0,4% del PIB.

En 2020, tras los efectos de la pandemia, el desequilibrio primario se podría ubicar en torno al 8%. Y aquí viene el gran interrogante: ¿tal déficit será transitorio como consecuencia de la pandemia, o se convertirá en permanente, en un nuevo ciclo fiscal expansivo?

Rumores de nuevos planes sociales, como el Ingreso
Básico Universal, que podría costar 2,4 puntos del PIB, no permiten ser muy optimistas respecto a que esta vez sí cerraremos la gotera fiscal.

Con los números fiscales de 2020, si bien afectados por el efecto de la pandemia y concomitantes planes de compensación al sector privado (IFE, ATP, etc.), se tiene que este año se perderán los cerca de 6 puntos del PIB de reducción del gasto primario que se habían logrado entre 2015 y 2019, y se pasará a un peso de 25,1% del PIB,
versus 23,7% en 2015.

Resulta vital que la suba del gasto en 2020 resulte transitoria,
y se vuelva el año próximo a un sendero claro de reducción del déficit fiscal.

El hecho que el acuerdo por la deuda de ley extranjera implique que los pagos más pesados serán a partir de 2024, ya con un nuevo período de gobierno, resultarán un fuerte incentivo para no cerrar la gotera fiscal entre 2021 y 2023. Si ello ocurre, y dado que el gasto público tiene cierta inflexibilidad a la baja, será difícil que en 2024 la
nueva administración logre cambiar la dinámica fiscal y obtener superávit. En todo caso, lo que puede inducir una política fiscal cuidadosa para que el año que viene se reduzca fuertemente el desequilibrio, y luego se pase a equilibrio en 2022 y superávit
en 2023, es la negociación con el FMI, de quien necesitamos también un acuerdo que postergue los pesados vencimientos con ese organismo en 2022 y 2023.

El FMI podría poner el ojo sobre el sistema previsional, que tiene un gasto anual de 11% del PIB, sólo superado en LA por Brasil (13%), pero que ya produjo una reforma el año pasado. Si se considera el gasto en jubilaciones y pensiones de ANSES, y sólo los ingresos genuinos por aportes y contribuciones al sistema previsional, el déficit financiero del organismo en 2019 resultó equivalente a 3,1% del PIB. Si se agrega el déficit de las cajas provinciales de jubilación (0,5%), no transferidas a la Nación, se tiene un déficit previsional total de 3,6% del PIB, lo que representa un 81% del déficit fiscal consolidado de Nación y Provincias.

La discusión por la ley de movilidad previsional constituirá una buena muestra de lo que pueda venir después.

El resultado genuino del ANSES se considera como la diferencia entre Aportes/Contribuciones a la Seguridad Social y las prestaciones a la Seguridad Social de dicho organismo

El FMI también podría insistir sobre el gasto en personal del estado, que en Argentina resulta de 12,7% del PIB (tres niveles de gobierno), cuando en países como Chile, Perú, Uruguay y México se ubica entre 6% y 7% del PIB.

Si Argentina tuviera un gasto en personal estatal como el de esos países, con el ahorro podría construir anualmente 625 mil viviendas de 60 m2 cada una.

La situación en materia de empleo no cambia en 2020, ya que en el primer cuatrimestre el empleo público sube 1,4%, cuando el empleo privado formal cae un 3,6%. A futuro se requieren nuevas reglas fiscales que involucren el gasto en personal del Estado. Por ejemplo, que en provincias y municipios, donde se concentra el empleo público, el gasto en agentes estatales no supere un 50% de los ingresos corrientes. Y una restricción similar, a un menor nivel, para el sector público nacional.

En definitiva, llegamos a un nuevo acuerdo por la deuda, ahora se debe generar una política fiscal que permita pagar en los próximos años las obligaciones repactadas por dichas deudas, y signifique además el ingreso de Argentina a una etapa de sustentabilidad fiscal y crecimiento económico.

Arreglar de una vez la gotera, para después mejorar el resto de la casa.

Primicias Rurales

Fuente: Revista Novedades Económicas.Esta publicación es propiedad del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).