Buenos Aires, 17 de noviembre (PR/20) .- La Bolsa de Cereales saluda el inicio de las negociaciones gubernamentales con el organismo multilateral de crédito en la búsqueda de un programa de facilidades extendidas para refinanciar las deudas en el período 2021-2024. Dado el horizonte de tiempo más largo, este tipo de programa generalmente coincide con un plan plurianual
económico y fiscal.
Creemos oportuno que nuestro gobierno plantee durante las negociaciones con el FMI
una discusión de fondo que le permita implementar políticas necesarias para recuperar
un modelo de crecimiento inclusivo basado en mayor producción, exportaciones
crecientes con más valor agregado e inversión privada sostenible en el tiempo. El país
enfrenta complejas dificultades económicas y sociales, en el contexto de una crisis
sanitaria por la pandemia de COVID-19. La profunda recesión ha provocado un aumento
de los ya elevados niveles de desempleo y pobreza, cuyos efectos se ven agravados
por las importantes presiones en el mercado cambiario. Estos son desafíos
excepcionalmente complejos, sin soluciones fáciles. Creemos que una política de
estabilidad macroeconómica debe estar acompañada de un programa de desarrollo
económico a través de estímulos e incentivos que promuevan la inversión productiva.
Desde la Bolsa de Cereales reforzamos nuestra disposición al diálogo y nuestro espíritu
de colaboración para el desarrollo de la nueva agenda. Los acuerdos con el FMI deben
tener como condición alcanzar el diseño de un programa de estabilización
macroeconómica que promueva el ordenamiento de las cuentas públicas, así como el
crecimiento económico, la reducción de la inflación y el impulso del empleo, la inversión
y las exportaciones. Por ello consideramos que el acuerdo con el FMI debe estar
validado por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación para lograr
sostenibilidad económica y fiscal de largo plazo.
En este sentido, manifestamos nuestra preocupación ante el proyecto de ley “Aporte
solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, conocido
como “impuesto a la riqueza”. En el marco de una economía que posee una alta presión
impositiva, no hay espacio en Argentina para incrementar impuestos. De aprobarse este
nuevo impuesto impactará sobre las empresas agropecuarias, gravando sus activos,
incluso aquellos destinados a la producción. Empresas que además deben soportar la
carga de altos derechos de exportación, cuyas alícuotas aumentaron en el inicio de la
campaña 2019/20, afectando negativamente las decisiones de siembra e inversión en
tecnología. Como consecuencia, el sector se enfrenta ya a dos campañas consecutivas
de caída en sus principales indicadores. Debe agregarse que, debido a la sequía que
estamos enfrentando, la coyuntura se presenta desfavorable para la mayor parte de las
empresas agropecuarias.
Estamos convencidos de que el sector agroindustrial puede constituirse en pilar de la
recuperación de la economía argentina y del tránsito hacia una sociedad más sostenible,
equitativa y federal. El camino no es el que propone este proyecto de ley. Debemos
construir un marco que propicie la producción, el consumo y las exportaciones, con
reglas de juego claras y previsibles, una macroeconomía estable, una vuelta a los
mercados internacionales, y una estructura impositiva que promueva la inversión y las
exportaciones. Las decisiones de política tributaria que se tomen en este momento
pueden condicionar el enorme potencial que tiene el agro en la Argentina. Busquemos
otros caminos en base al diálogo y las propuestas.
Primicias Rurales
Fuente: Aldo Massó
