Por Jorge Vasconcelos
La inercia inflacionaria cede terreno, apuntando a perforar el 2% mensual. Desde el 11 de abril se pasó a un esquema de bandas, pero el tipo de cambio sigue pautado a través de los futuros, aportando al escenario de desinflación, pero manteniendo abiertos los interrogantes vinculados con la acumulación de reservas y bajas adicionales de riesgo país. El Tesoro volvió a colocar deuda en el exterior, pero deberían bajar los costos para nuevas emisiones, que se utilizarían como sustituto de la compra directa de divisas en el mercado para reducir la brecha entre la evolución de las reservas netas del BCRA y la meta comprometida en el acuerdo con el FMI. En cuanto al nivel de actividad, se advierte amesetamiento en la evolución trimestre a trimestre, confirmando que el crecimiento pasa a depender cada vez más de productividad e inversiones, lo que requiere avanzar en el otro frente: las reformas estructurales pendientes. Mientras tanto, el fuerte dinamismo de importaciones de bienes y servicios reales, incluido turismo, está llevando el resultado de la cuenta corriente del balance de pagos de un superávit de 1% del PIB en 2024 a un déficit que podría acercarse a los 2 puntos del PIB en 2025.
Buenos Aires, jueves 12 junio (PR/25) — Un “libro abierto” sobre las peculiaridades de la economía argentina. Ese apunta a ser el segundo trimestre del año en curso. Por un lado, la posibilidad cierta de perforar el piso del 2% mensual para la inflación, por el otro, las dificultades para mantener el ritmo de recuperación del nivel de actividad, que según el IGA del Estudio Ferreres rebotó un 6,6% interanual en el primer cuatrimestre respecto a igual período de 2024, pero ahora parece chocar contra el “techo de cristal” impuesto por la pérdida de productividad de la economía a lo largo de más de una década, que deja insatisfechas por igual las expectativas de rentabilidad empresarial y de mejoras adicionales del salario real.
Informes sectoriales reflejan escasa rentabilidad en la actividad agrícola y en el sector construcciones, mientras los balances del primer trimestre de las empresas que cotizan en bolsa parecen haber defraudado expectativas de los inversores, tanto de firmas industriales como del segmento bancario. Pese al abandono del crawl y el paso al esquema de bandas, el índice Merval en dólares ha caído 13,6% entre el 26 de mayo y principios de junio, acumulando un retroceso de 26% respecto del pico de principios de año. Hay quienes adjudican este comportamiento a las incertidumbres políticas, pero éstas no han cambiado demasiado en lo que va del año. En todo caso, el precio de las acciones podría estar sintetizando el hecho de que, por un lado, la economía parece perder dinamismo y, al mismo tiempo, reformas urgentes (laboral, impositiva, entre ellas), necesarias para pasar a crecer sobre nuevas bases, todavía no tienen fecha cierta de materialización. La cuestión política importa, pero esto no tiene que ver sólo con el grado de acompañamiento de los votantes a los dirigentes identificados con los cepos; también son relevantes las alianzas y el programa que el oficialismo sea capaz de forjar.
Hay un hilo conductor entre los avances del plan de estabilización y las dificultades para empalmar la recuperación del nivel de actividad con el crecimiento, y es la morfología del mercado de trabajo. Los asalariados privados formales en la Argentina representan actualmente apenas el 29% del total del empleo, siendo el resto trabajadores informales, cuentapropistas y estatales. Con esta desagregación, la firmeza fiscal del gobierno, por un lado, y la pérdida de representatividad del mundo sindical por el otro, hicieron que la llamada “inercia inflacionaria” ofreciera menos resistencia.
La actualización de los salarios basada en la “inflación pasada” ha requerido en otros programas de estabilización (Plan Austral, Real brasileño) mecanismos explícitos de desindexación; instrumentos que no fueron necesarios en la Argentina de fin de 2023. Esta peculiaridad ya había sido advertida, porque la tasa de inflación antes del último cambio de gobierno, si bien elevada, no era comparable con las situaciones previas del Austral y del Real. Asimismo, la importancia que necesitaba alcanzar el ajuste fiscal como verdadera ancla para el eventual plan de estabilización podía en ese caso ser complementada con algún tipo de “política de ingresos” que cuidara la consistencia de la política cambiaria y salarial. Las condiciones estructurales del mercado de trabajo (junto con una relación de fuerzas inédita en términos políticos) terminaron de armar el “rompecabezas” del proceso de estabilización, siempre sobre los cimientos del ancla fiscal.
Como se ha subrayado en informes anteriores, aun después del levantamiento parcial del cepo del 11 de abril, y la sustitución de la política cambiaria de deslizamiento preanunciado (el crawl al 1% mensual) por un esquema de bandas de intervención, el gobierno procura mantener una suerte de “ancla cambiaria” a través de las ventas en el mercado de futuros, con el objetivo inmediato de llegar a las fechas electorales con la inflación bajo control.
Esta política no puede evitar el costo de expectativas de inflación que no terminan de ser ancladas para el “día después” de los comicios de octubre, más cuando la tarea de desmontar los cepos no ha sido terminada. A su vez, la marcada diferencia de velocidad entre la evolución de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios está llevando la economía a un escenario en el que, para mantenerse en equilibrio, habrá de requerir mayor nivel de reservas, menor riesgo país para el “rollover” de los vencimientos de capital de la deuda y mayor ingreso de capitales por inversión extranjera directa. Son tres requisitos que no se han completado.
Si la morfología descripta del mercado de trabajo contribuyó a desindexar la economía sin necesidad de utilizar algún tipo de “desagio” como el del “Plan Austral”, esa configuración del empleo es la imagen en espejo de una economía de baja productividad que, además, se ha deteriorado en los últimos 15 años. Este cuadro de situación es un obstáculo para el relanzamiento del país hacia un sendero de crecimiento sostenido. Tomando como referencia 2011, el año en el que se instalaron los “cepos” al cambio y al comercio exterior, la productividad laboral ha caído un 12% en la Argentina, un problema que no enfrentan países comparables de la región, y constituye un verdadero lastre para el crecimiento.
A su vez, los datos de recaudación de tributos ligados a la evolución del mercado interno hacen presumir amesetamiento del nivel de actividad después del pico de principios de año, fenómeno a confirmar por datos oficiales que salen con rezago. La posibilidad cierta de un segundo trimestre con variación marginal respecto del primero tiene que ver con la forma en la que se ha configurado la política macro, pero fundamentalmente con el hecho de que el empalme de la reactivación al crecimiento depende de reformas estructurales pendientes, que recreen condiciones propicias para la inversión y la productividad.
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Fuente: Fundación Mediterránea
