La Justicia ordenó la intervención de su órgano de administración, suspendiendo en forma provisoria los mandatos del actual directorio y designando en su lugar a dos interventores judiciales, quienes asumirán el control total de la firma durante 120 días hábiles.
Se trata de Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, quienes hasta ahora se desempeñaban como veedores del proceso.
La resolución, firmada por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, señala que la empresa no tiene caja, acumula una deuda posconcursal de más de $30.000 millones, y sus principales plantas industriales fueron cerradas por decisión de sus directivos.
“La justicia concursal no ha sido pensada para gerenciar empresas, pero resulta necesario intervenir para prevenir daños mayores“, señala el magistrado en el fallo.
La intervención fue dispuesta en los términos del artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras y busca evitar la “aniquilación total de la actividad productiva” y proteger “una empresa económicamente viable”.
La resolución fija tres objetivos centrales: prevención del daño en curso, protección efectiva de la empresa y anticipación ante una eventual quiebra liquidativa.
El juez también dictó una medida inhibitoria anticautelar, ordenando que ningún proveedor podrá cortar servicios esenciales como electricidad, gas, seguridad o transporte. Incluso ordenó el restablecimiento de los que ya hayan sido interrumpidos.
La medida también alcanza a organismos estatales como ARCA y gobiernos municipales, aunque no impide el inicio de ejecuciones, sí suspende medidas cautelares que afecten el giro operativo.
Los directivos Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain quedaron suspendidos sin goce de sueldo y deberán colaborar con los nuevos interventores.
Estos, por su parte, tienen un plazo de diez días para presentar un plan de trabajo, identificar áreas críticas, convocar equipos de gestión y articular con la sindicatura y acreedores.
La medida se fundamenta en la inacción del directorio ante el agravamiento de la crisis, la falta de propuestas para frenar la caída y la decisión unilateral de cerrar las plantas de Ricardone, Avellaneda y San Lorenzo sin prever medidas alternativas.
“El actual directorio naturalizó la parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de un salvataje”, sostiene la resolución.
La medida judicial se tomó días después de que la empresa lograra reactivar parcialmente las plantas de Avellaneda y Ricardone, gracias a un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías S.A.
Esta empresa anticipó pagos por fasones de girasol y etanol.
Ese esquema permitió abonar el 40% de los salarios adeudados de marzo y comprometió otros pagos para fin de mes.
Los trabajadores aceptaron un cronograma que prevé cobrar el 80% en total, aunque el 20% restante sigue sin garantía.
Pero el juez Lorenzini concluyó que la estructura actual no podía continuar.
“Se ha tornado evidente la falta de condiciones mínimas de previsibilidad y responsabilidad por parte del directorio, lo que impone esta intervención como única salida razonable para proteger los intereses de todos los involucrados”, escribió el juez.
Además, señaló la necesidad de evitar “el deterioro del patrimonio, la deserción de clientes y la posible pérdida de los pocos contratos aún vigentes”.
En ese marco, los interventores deberán presentar un plan de acción urgente y rendir cuentas mensualmente.
Vicentin arrastra un default por más de US$ 1.500 millones desde diciembre de 2019.
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Fuente: NA
