La jueza Preska de Nueva York ordenó a la Argentina depositar el 51% de las acciones de YPF en una cuenta. Le dio un plazo de 14 días para cumplir el fallo.
Buenos Aires, 30 junio (PR/25) — La jueza federal de Nueva York Loretta A. Preska firmó una orden de ejecución que pone a la República Argentina contra la pared: en catorce días deberá depositar la totalidad de su paquete accionario mayoritario de YPF S.A. (51 % Clase D) en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon para saldar una sentencia firme de US$ 16.100 millones a favor de Petersen Energía y Eton Park, fondos que demandaron al Estado por la expropiación de 2012.
Según supo Noticias Argentinas, la magistrada aplicó la excepción comercial de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los artículos de ejecución del CPLR y el UCC neoyorquinos, rechazó los argumentos de inmunidad planteados por el Gobierno y consideró plenamente transferibles las acciones, pese a la prohibición contenida en la Ley 26.741 de expropiación.
10 claves del fallo de Loretta Preska contra YPF
- Monto y causa. El fallo “Petersen Energía Inversora v. Argentine Republic” condena al país a US$ 16,1 mil millones por incumplir la cláusula de oferta pública tras la estatización.
- Paquete a entregar. Son el 51 % de las acciones Clase D que controla el Estado a través de la Anses y el Tesoro.
- Plazos estrictos. Depósito en BNYM dentro de 14 días y traspaso a los fondos en 1 día hábil posterior.
- Base legal. Orden emitida bajo la Regla 69 FRCP, CPLR § 5225(c) y UCC § 8-112(e) de Nueva York.
- FSIA sin amparo. Excepción comercial (§ 1610(a)(2)): el paquete accionario se usa para dirigir YPF en EE. UU. (ADR en NYSE, registros SEC, deuda 144A).
- Valores no certificados. Las acciones, asentadas en Caja de Valores, son libremente transferibles; su situs pasa a Nueva York al entrar en BNYM.
- Ley argentina sin efecto. El art. 10 de la Ley 26.741 no bloquea la transferencia: prevalece la normativa federal estadounidense.
- Comidad internacional. EE. UU. tiene un interés superior en hacer cumplir sus sentencias; no hay “conflicto real” con la ley argentina.
- Rechazo de audiencia. Preska resolvió sin vista oral y desestimó la postergación solicitada por la defensa.
- Riesgo de desacato. Si la Argentina incumple, los demandantes pueden pedir sanciones civiles y nuevos embargos sobre activos soberanos.
El devastador impacto del fallo por YPF: se hunden las acciones
Tras la orden de la Justicia de EEUU de entregar YPF, se desplomaron las acciones de la petrolera. Cayeron hasta 7% en Wall Street.
Luego de que la justicia de los Estados Unidos le ordenara a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, las acciones de la petrolera cayeron y se desplomaron hasta un 7% en Wall Street.
Así, los papeles de la empresa petrolera que cotizan en la Bolsa de Nueva York se hundieron entre un 6,6% y 7%, cotizando en torno a los US$31,57 por acción.
La reacción del fallo también impactó en la Bolsa porteña. Pasado el mediodía, pasó a caer 2,4% en dólares, a pesar del buen inicio que había registrado este lunes.
Los bonos soberanos de deuda también registraron bajas, mientras que los distintos tipos de cambio aumentaron hasta $10.
El dólar oficial cerró a $ 1.165 para la compra y $ 1.215 para la venta.
Por su parte, el dólar “blue” culminó a $ 1.200 para la compra y $ 1.220 para la venta.
El dólar mayorista operó en $ 1.196 y $ 1.205 para ambas puntas.
En tanto, el MEP cerró en $ 1.210,15 y el Contado con Liquidación (CCL) en $ 1.212,71.
YPF: la increíble historia de cómo una empresa se compró con su propia plata y generó un juicio millonario
Los Eskenazi entraron a YPF de la mano de Néstor Kirchner y no pusieron un dólar. El Grupo Petersen compró acciones con la promesa de pagar con las ganancias.
Ahora que la justicia estadounidense ordenó que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía por parte de la entonces presidenta Cristina Kirchner, se renueva la polémica sobre cómo se llegó a este escenario.
En este juicio, la Argentina ya fue condenada a pagar US$16.100 millones.
Los antecedentes de un caso ruinoso para el país
En 2008, YPF estaba en manos de la petrolera española Repsol, cuando Petersen Energía -una sociedad conformada en España- recibió un préstamo de US$ 1.018 millones de un grupo de bancos integrado por Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa, y otro de 1.015 millones de Repsol para adquirir 14.9% de YPF.
Para pagarlo, Repsol le permitió que fuera usando las propias utilidades de la petrolera.
En 2011, la familia Eskenazi -dueña de Petersen- tomó otros US$ 670 millones de un consorcio formado por Banco Itaú, Standard Bank, Credit Suisse y Citi, y una suma igual de Repsol para adquirir otro 10% de la petrolera.
En todos los casos, los créditos se pagarían con las utilidades generadas por YPF. Al estatizar Cristina Kirchner la empresa, los bancos declararon el “default” sobre el pago del préstamo.
Los Eskenazi ya habían pagado casi la totalidad del primer crédito y parte del segundo. Sin embargo, por el formato del contrato los bancos se quedarían con la totalidad de su tenencia accionaria.
Entonces, Petersen Energía pidió la quiebra en España. Y allí apareció el fondo Burford, que compró los derechos para litigar en 15 millones de euros.
El liquidador español de la quiebra aceptó, pero a cambio se reservó el 30% de lo que reciba Burford como compensación.
En círculos políticos y empresariales circula una antigua versión, nunca confirmada, de que la familia Eskenazi, dueña de Petersen Energía, podría recibir dinero de esa compensación, pero voceros de la compañía lo niegan en forma tajante.
La posición del Grupo Petersen
A continuación, lo que sostiene el Grupo Petersen, en un comunicado enviado a Noticias Argentinas:
El Grupo Petersen ingresó como accionista de YPF con una operación entre socios privados que respondió a parámetros de mercado y para cuya ejecución contó con el apoyo financiero de bancos internacionales de primer nivel.
Dicha operación fue acordada con Repsol SA, entonces accionista mayoritario de YPF SA, e incluyó la adquisición por parte del Grupo Petersen del 25 por ciento del capital social de YPF SA en dos tramos, uno inicial del 14,9% y una ampliación posterior con la compra de un 10,1% adicional.
La totalidad de la operación cumplió con todos los requisitos de transparencia y regulación exigidos por los organismos de control de la Argentina (CNV), España (CNMV) y Estados Unidos (SEC); se trata de información pública que sigue estando disponible para su consulta.
La ingeniería financiera para el ingreso del Grupo Petersen en YPF demandó más de un año de negociaciones y para el primer tramo se realizó con un préstamo de US$ 1.018 millones de un pool de bancos integrado por Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa, y otro de US$ 1.015 millones de Repsol a través del denominado “vendor’s loan” (préstamos de vendedor), una modalidad habitual en operaciones de esta magnitud.
Para el segundo tramo (2011) se tomó un crédito por US$ 670 millones de un consorcio formado por Banco Itaú, Standard Bank, Crédit Suisse, Santander y Citi, y una suma igual de Repsol.
Todas las informaciones referidas al uso de los “fondos de Santa Cruz” y su supuesta relación con el ingreso del Grupo Petersen como accionista de YPF son absolutamente disparatadas, falaces y carentes de todo fundamento.
Sobre el juicio
El ingreso del Grupo Petersen en YPF se realizó a través de 2 sociedades creadas y radicadas en España (condición establecida por los prestamistas). Esas 2 sociedades son Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.
Con posterioridad a la toma de control de YPF SA por parte del Estado Nacional, Petersen Energía SA y Petersen Energía Inversora SA procedieron a desprenderse de la totalidad de las acciones que mantenían de dicha compañía en garantía de los préstamos recibidos para su adquisición, razón por la cual desde ese momento no poseen ninguna tenencia accionaria en YPF SA.
Las 2 sociedades Petersen fueron concursadas y se inicia un proceso de liquidación en la justicia comercial española (Juzgado Mercantil Nº 3), que designa un administrador concursal.
El administrador concursal argumenta que al expropiarle a Repsol su 51 por ciento en YPF, el Estado argentino debió haber lanzado una Oferta Pública (OPA) por el 100 de la compañía, según indican los estatutos de la empresa, algo que no sucedió. Por lo tanto, argumenta que las 2 sociedades Petersen deberían haber recibido una oferta por su 25 por ciento, lo que no sucedió, y por lo tanto tienen derecho a litigar contra el Estado argentino porque se vieron perjudicadas económicamente.
El Grupo Petersen renunció expresamente a ese derecho a litigar contra el Estado argentino. No inició el juicio, ni le vendió los derechos a Burford. Es totalmente ajeno a la demanda.
Fue la justicia española, que administra la quiebra, la que remató/subastó esos derechos a litigar, los que fueron adquiridos por Burford (el mismo fondo que ganó el juicio contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas).
Es decir, Burford compró a la justicia española la quiebra y con ella los derechos a litigar contra la Argentina y presentó en 2015 la demanda en los tribunales de Nueva York (que aceptó el reclamo porque las acciones de YPF cotizan en Wall Street).
El 9/4/15, cuando se conoció la noticia de la demanda presentada por Burford el día anterior, y ante informaciones erróneas que comenzaron a circular en algunos medios, el Grupo Petersen emitió un comunicado de prensa aclarando que está totalmente al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial vinculado con YPF.
Primicias Rurales
Fuente: Agencia NA
