Por primera vez en 14 años, la Legislatura mendocina avanzó con una ley que habilita la explotación de cobre en Uspallata. La decisión desató una de las movilizaciones sociales más grandes desde 2019, con marchas que recorrieron más de 100 kilómetros en defensa del agua. Organizaciones, asambleas y especialistas denuncian que el proyecto no cuenta con licencia social y que pone en riesgo el recurso más escaso y vital de la provincia.
Mendoza, jueves 11 diciembre (PR/25) — Mendoza vivió en las últimas horas un nuevo capítulo de un conflicto que atraviesa a la provincia desde hace décadas: la tensión entre la minería metalífera y la defensa del agua.
Con 29 votos a favor, seis en contra y una abstención, el Senado provincial aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, habilitando así la explotación de cobre en Uspallata.
La decisión cayó como un balde de agua fría en el corazón del movimiento socioambiental.
Desde Uspallata, Valle de Uco, San Rafael, Lavalle y distintos puntos de la provincia, miles de personas marcharon hasta la capital para frenar el avance de la iniciativa. La caminata más extensa, de más de 100 kilómetros, llegó a las puertas del Senado en medio de cánticos, banderas celestes y consignas históricas: “El agua de Mendoza no se negocia”.
“Es impresionante ver que nuestras democracias están tan enfermas”
Daniel Funes, referente provincial de la Asamblea por el Agua Pura, fue una de las voces más escuchadas durante la vigilia frente al edificio legislativo. Con la emoción quebrada, expresó:
“Los legisladores del pueblo, que deberían representar la voluntad de la gente, abiertamente se declaran funcionarios del Estado provincial. Defienden los intereses del Ejecutivo. Es gravísimo”.
Funes llegó a la marcha tras dos días prácticamente sin dormir, caminando desde Uspallata con cientos de vecinos. Para él, el contraste entre la masividad de la protesta y la indiferencia legislativa es doloroso.
“La alegría fue ver que el agua vuelve a unir a Mendoza, más allá de grietas políticas. Pero la tristeza es enorme: nos demuestran que pueden votar contra la gente sin consecuencias”.
Una provincia que marchó unida por un recurso que vale más que el cobre
El rechazo social al proyecto San Jorge no es nuevo. En 2019, una movilización histórica logró frenar la modificación de la Ley 7.722, que prohibía sustancias químicas peligrosas en minería. Para muchos, lo ocurrido esta semana revive ese antecedente.
En esta ocasión, la protesta tuvo un eje aún más claro: la defensa del agua. Mendoza tiene sólo un 4% de territorio irrigable. La vida del oasis —económica, agrícola y urbana— depende del equilibrio hídrico de sus ríos y glaciares. Por eso, cualquier proyecto minero en zonas de nacientes despierta alarma.
“Un solo proyecto pone en riesgo el agua de 1.400.000 personas”, advirtió Funes.
Instituciones como el Conicet, la Universidad Nacional de Cuyo e incluso organizaciones religiosas cuestionaron la solidez del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por los legisladores. Según los especialistas, el documento tiene inconsistencias técnicas y no responde a estándares mínimos de evaluación.
Represión, estigmatización y un conflicto que crece
La protesta llegó también cargada de memoria reciente. En octubre, durante otra movilización contra la minería, la policía provincial detuvo a dos manifestantes durante 50 horas sin explicar los motivos. Las imágenes mostraron golpes y detenciones arbitrarias.
“El gobierno ha desplegado una estrategia de estigmatización de la protesta, intentando instalar que el silencio social es licencia para avanzar”, denunció Funes.
A pesar de ese clima, las marchas de esta semana exhibieron una masividad inesperada, con familias, productores, docentes, jóvenes, adultos mayores y organizaciones sociales reclamando en un mismo grito: “El agua vale más que el cobre”.
La postura del Gobierno: inversión y “uso controlado del agua”
Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo
Mientras la protesta crecía, el Gobierno y la empresa PSJ Cobre Mendocino celebraban la aprobación legislativa. Aseguran que el proyecto contempla una inversión inicial de USD 559 millones y la creación de hasta 3.900 puestos de trabajo en la etapa de construcción.
La empresa también sostuvo que el proceso usará flotación mecánica con reactivos biodegradables, recirculará el 80% del agua y no afectará los cauces de uso humano ni agrícola.
Sin embargo, especialistas como el abogado ambientalista Enrique Viale advierten que estos proyectos se aprueban “sin licencia social, con antecedentes negativos en la provincia y ubicados en cabeceras de ríos fundamentales como el Mendoza”. Y remarcan que en provincias con megaminería, como Catamarca y San Juan, los indicadores de pobreza no han mejorado.
El agua como límite social y político
La votación legislativa marca un giro político, pero la calle parece indicar otra cosa. La memoria ambiental de Mendoza es profunda y activa: cada vez que una decisión amenaza el recurso hídrico, la sociedad reacciona.
La imagen de miles de personas caminando desde Uspallata, atravesando la montaña a pie para defender el agua, resume esa identidad colectiva. Para muchos, la sanción de la norma no cierra el conflicto: lo abre.
La pregunta que resuena hoy en la provincia es la misma que hace 15 años:
¿Puede Mendoza habilitar minería metalífera sin poner en riesgo su recurso más escaso y vital?
A juzgar por las movilizaciones, la respuesta de gran parte de la sociedad mendocina sigue siendo la misma:
El agua no se negocia.
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