Ago 5, 2026 | Actualidad, Desarrollo Humano, Opiniones
El autor analiza la encíclica Magnifica Humanitas y afirma que constituye uno de los pronunciamientos políticos y sociales más valientes de nuestro tiempo.
Por José Pozzoli, especialista en Políticas Públicas
Un nuevo orden mundial
Mendoza, miércoles 5 agosto (PR/26) — Con la encíclica Magnifica Humanitas, León XIV firma uno de los pronunciamientos políticos y sociales más contundentes de la actualidad.
El Pontífice no se limita a ponderar los beneficios ni a alertar sobre los riesgos de la inteligencia artificial.
Su reflexión va mucho más allá: sostiene que la revolución digital está configurando un nuevo orden mundial, donde el poder tecnológico puede condicionar la vida de millones de personas, influir en las políticas públicas y desafiar la soberanía de los Estados.
No estamos ante un gobierno mundial formal, dotado de autoridades visibles o instituciones reconocidas. Estamos ante algo más difícil de identificar: un gobierno fáctico y transnacional, ejercido mediante el control de los datos, los algoritmos, las plataformas digitales y la capacidad de procesamiento.
Un reducido número de corporaciones puede determinar qué información circula, qué contenidos adquieren visibilidad, quién accede al crédito o al trabajo y qué comportamientos son premiados, orientados o excluidos.
Concentración y control
León XIV pone el foco en un fenómeno que, a su juicio, no puede seguir siendo ignorado: la creciente concentración del poder digital.
Advierte que ese poder ya no reside exclusivamente en los Estados, sino que también está en manos de grandes corporaciones tecnológicas y económicas que fijan reglas con impacto sobre millones de personas.
Esto ocurre pese a no haber sido elegidas democráticamente, contar con escasos mecanismos de control y no asumir, en muchos casos, una responsabilidad acorde con la influencia que ejercen.
En este contexto, la inteligencia artificial deja de ser una simple herramienta tecnológica para convertirse en un factor que incide directamente en la vida social, ya que clasifica, predice, recomienda, selecciona y condiciona las decisiones humanas.
La encíclica tampoco cae en un rechazo ingenuo de la tecnología. Reconoce sus enormes posibilidades para la medicina, la producción, el conocimiento, la educación y el cuidado de la tierra como don del creador.
Pero recuerda una verdad fundamental: la técnica no es neutral. Todo sistema tecnológico incorpora decisiones, intereses y una determinada concepción de la persona.
Por eso, la pregunta central no es solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino quién la controla, con qué finalidad y en beneficio de quién.
Doctrina Social y bien común
Gobernar la innovación significa someterla a un orden moral y político.
Para la concepción católica de la política, gobernar no es administrar intereses sectoriales ni acompañar pasivamente las fuerzas del mercado.
Es orientar la vida social hacia el bien común, reconociendo que la persona es principio, sujeto y fin de todas las instituciones. La Doctrina Social de la Iglesia, rescatada por León XIV, proporciona los criterios para esta tarea.
El bien común exige que la innovación beneficie a toda la sociedad. El destino universal de los bienes impide que los datos y el conocimiento queden apropiados por unos pocos.
La subsidiariedad reclama que las comunidades, las familias, los trabajadores y los organismos intermedios participen en las decisiones que los afectan.
La solidaridad obliga a considerar a quienes pueden quedar excluidos. La justicia social exige que la equidad entre los distintos sectores sociales y la dignidad estén presentes desde el diseño mismo de los sistemas tecnológicos.
El rol del Estado y el trabajo
Esto supone recuperar el valor de la política. Los Estados no pueden ser simples espectadores ni consumidores de tecnologías creadas en otros centros de poder.
Deben establecer reglas, proteger los datos personales, exigir transparencia, garantizar el derecho a cuestionar las decisiones automatizadas y evitar la formación de monopolios digitales.
Pero tampoco se trata de reemplazar el poder tecnológico por un Estado que vigile y controle ilimitadamente. La subsidiariedad también protege a la persona frente al poder público.
La cuestión laboral ocupa un lugar central. Si la inteligencia artificial aumenta la productividad, pero destruye empleos, precariza trabajadores o concentra sus beneficios, no puede hablarse de verdadero progreso.
La innovación debe acompañarse de capacitación, participación laboral, protección social y distribución justa de sus frutos.
El trabajo no es un costo que deba eliminarse, sino una dimensión de la dignidad humana.
Verdad, armas autónomas y futuro
También están comprometidas la verdad y el gobierno. Cuando los algoritmos deciden qué vemos y las plataformas premian la polarización, la mentira puede convertirse en instrumento de dominación.
Sin una relación leal con los hechos, la libertad política se vacía. Por eso la encíclica reclama una auténtica comunicación que propicie la construcción y protección de un espacio informativo orientado a la verdad.
Esto incluye la dignidad humana, el diálogo y el bien común mediante una educación que forme ciudadanos capaces de pensar, discernir y decidir cuándo utilizar la inteligencia artificial y cuándo prescindir de ella.
El llamado de León XIV alcanza su máxima gravedad frente a las armas autónomas: ninguna máquina puede recibir la potestad de decidir sobre la vida y la muerte.
La responsabilidad moral nunca puede disolverse dentro de un algoritmo.
Magnifica Humanitas devuelve a la política su misión más elevada. No propone detener el futuro, sino disputarle su orientación a quienes pretenden convertir el poder tecnológico en derecho a gobernar.
Gobernar la innovación es garantizar que la inteligencia artificial permanezca al servicio de la persona, de los pueblos y de la paz.
La alternativa es clara: o reconstruimos pacientemente una comunidad política basada en Dios, la dignidad y el bien común, o levantamos una nueva Babel digital, poderosa, eficiente y profundamente inhumana.
Primicias Rurales
Fuente: El Medio.com
Mar 11, 2026 | Actualidad, Columnas
La inteligencia artificial y la robótica reabren el debate sobre la relación laboral: entre la subordinación histórica, las nuevas formas de empleo y la posibilidad de reemplazar al trabajador humano.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia. Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, martes 24 marzo (PR/26) — De la esclavitud al empleo no hay una ruptura tan total como le gusta contar a la modernidad.
Hay, sí, un cambio decisivo: el esclavo era una cosa y el trabajador es una persona libre. Ya no puede comprárselo, venderlo, marcarlo ni matarlo.
Pero en el corazón de la relación productiva subsiste una continuidad inquietante: uno manda y el otro obedece. Uno organiza, dispone, controla y sanciona; el otro compromete su tiempo, su cuerpo, su saber y, muchas veces, su supervivencia.
Con esto solo quiero hacer notar algo más que importante: En toda relación laboral hay una desigualdad originaria. Ese poder de dictar órdenes, fijar reglas, organizar el trabajo y juzgar el cumplimiento, los laboralistas lo denominamos subordinación técnica, jurídica y económica. Es la razón por la que concluimos que no se trata de un vínculo entre iguales, ni de un simple contrato civil entre partes autónomas. Se trata de una relación atravesada por el poder.
La diferencia con la esclavitud, por supuesto, es moral y jurídicamente importante. El trabajador no ha dejado de ser persona, no pertenece a nadie, conserva derechos fundamentales y puede, al menos en teoría, romper el vínculo. Pero esa libertad formal convive con una dependencia material muchas veces brutal. El viejo amo debía alimentar, vestir y alojar a su esclavo porque era su propiedad.
El empleador moderno ya no tiene esa carga: paga un salario y traslada al trabajador todo el riesgo de su existencia. Le paga y se desentiende. Si no le alcanza para comer, vivir, curarse o criar a sus hijos, el problema deja de ser del empleador y pasa a ser del propio trabajador. Allí aparece una de las paradojas más crueles de la modernidad: el hombre fue declarado libre en el mismo momento en que quedó librado a su suerte.
Por eso nació el derecho del trabajo. No para embellecer un contrato entre iguales que ya estaba suficientemente contemplado por el derecho civil. En otras palabras: el derecho del trabajo no nació para consagrar la igualdad, sino para proteger al débil frente al abuso del fuerte. Derribarla no significa liberar al trabajador. Significa, simplemente, dejarlo otra vez solo frente al poder.
Está claro que en el mundo del trabajo esa igualdad es una ficción. Porque en la práctica solo uno contrata realmente: el empleador. El trabajador, en cambio, rara vez contrata algo. Lo que hace es aceptar o rechazar una oferta. Y muchas veces ni siquiera tiene verdaderamente esa opción.
No conozco a ningún trabajador que haya salido al mercado a contratar un empleador. Los trabajadores no contratan empresas; buscan trabajo para subsistir. La diferencia es decisiva .
Tampoco conozco ningún contrato donde uno puede modificarlo a su antojo y el otro no. Y casi sin consecuencias. El denominado ius variandi solo existe en el contrato de trabajo, sólo que ahora, el trabajador no puede resistirlo. Solo le queda irse.
En definitiva, no existe ninguna relación jurídica, salvo en la vieja esclavitud, donde uno tiene todo el poder y el otro solo puede obedecer. Quien quiera ver ahí una relación entre iguales debería analizar seriamente sus convicciones ya no jurídicas sino morales.
Por eso el derecho del trabajo nunca tuvo como objetivo celebrar la libertad contractual. No se creó para garantizar contratos. Se creó para limitar el poder. Tampoco se creó para dar empleo o solucionar una crisis económica o devolverle al trabajador una libertad perdida.
La pregunta entonces, si miramos la nueva ley de modernización laboral, es ¿hasta dónde puede llegar el legislador al redefinir quién queda dentro o fuera del derecho del trabajo? Acaso es suficiente el voluntarismo dellegislador para modificar la realidad?
Ahora viene el Partido de revancha.
El trámite legislativo, la sanción y promulgación de la ley, fue, por así decirlo, un partido que se jugó de local, con hinchada propia y árbitro elegido a dedo árbitro neutral. Ignoro el resultado, pero seguro no será igual.
Está claro que el Congreso puede legislar, pero no puede desnaturalizar la Constitución. Ese poder no es absoluto.
Por eso nuestros Tribunales han dicho que el legislador puede regular el trabajo, pero no puede vaciar de contenido la protección laboral. No se trata deninguna “casta Judicial”, sino de lo que se trata es de la primacía de la realidad frente a la ficción.
Cada vez que el legislador utiliza como técnica cambiar el nombre jurídico para evitar la protección jurídica, los Tribunales aplican la primacía de la realidad.
Es decir, si hay subordinación, hay relación laboral, aunque la ley o el contrato intenten llamarla de otra forma.
El legislador puede crear regímenes especiales, puede modificar reglas, puede incluso reducir protecciones. Sin embargo, los jueces —y eventualmente la Corte— deben decidir si esa redefinición legislativa es una regulación legítima o una forma de eludir la protección constitucional del trabajo. Y qué posibilita ello. Nada más y nada menos que la “industria del juicio” que también se pensó en evitar.
La gran estrategia histórica para eludir el derecho del trabajo: cambiar el nombre del trabajador.
Cuando pedís un viaje en Uber, no estás contratando con el conductor. Vos abrís la aplicación, pedís el viaje, aceptas el precio, pagas a la plataforma. Ella fija las
condiciones del servicio, determina el precio o su algoritmo, selecciona al conductor, procesa el pago, administra la reputación y puede desactivar al conductor. Dicho de otro modo, desde el punto de vista económico y funcional, la plataforma organiza el servicio de transporte. El conductor aparece como la persona que ejecuta materialmente la prestación.
Ese conductor presta un servicio personal con todos los rasgos muy característicos del trabajo dependiente: es personal, es insustituible (no puede mandar a otro conductor en su lugar), está organizada por un tercero (la plataforma) y está sujeta a reglas de funcionamiento. Incluso existe un mecanismo disciplinario indirecto de calificaciones, algoritmos y posibilidad de desconexión o bloqueo.
Sin embargo, la ley o las plataformas lo llaman “independiente”. Aquí aparece la ficción jurídica. Las plataformas sostienen que no son empresas de transporte y solo intermedian. Los conductores son “socios independientes” o “prestadores autónomos”. Ellos carecen de salarios mínimos, aportes sociales, vacaciones, indemnización por despido, responsabilidad laboral, etc.
Lo mismo ha ocurrido con falsos autónomos, monotributistas dependientes, contratistas independientes, cooperativas ficticias, etc. Todos esos casos responden a la misma lógica jurídica: cambiar la forma para evitar la protección. Es una estrategia histórica del sistema productivo frente al derecho del trabajo.
El mecanismo es siempre el mismo: no se discute la protección laboral; se redefine al trabajador. Y en todos estos casos ocurre lo mismo: la relación económica es laboral, pero el ropaje jurídico intenta ocultarlo.
Por eso el derecho del trabajo desarrolló uno de sus principios más importantes: la primacía de la realidad. No importa cómo se llame el contrato, ni qué forma jurídica se utilice. Si en los hechos existe subordinación, integración a la organización productiva y dependencia económica, entonces estamos frente a trabajo.
El retorno de la esclavitud: la robótica junto a la I.A.
Nuestra sociedad siempre extrañó la esclavitud. De hecho, fue una de las instituciones que se mantuvo desde que el hombre vive en sociedad -más de 30 siglos-. Su decadencia no se debió a su “inutilidad” sino a nuestra vergüenza. La de esclavizar a otro ser humano. Precisamente por eso, creamos la ficción del contrato de trabajo.
Sin embargo, la modernidad y la revolución tecnológica nos da revancha. En efecto, la robótica y la I.A. nos brinda la posibilidad de recrear el sueño perdido: un nuevo esclavo sin culpa moral: el robot dotado de inteligencia artificial.
Hace lo mismo que los viejos esclavos, pero mejor. Sus movimientos se perfeccionan día a día, pero su inteligencia es exponencialmente más poderosa. Ahora pueden ser médicos, ingenieros, abogados, poetas, maestros y además pueden trabajar en una fábrica o en nuestros hogares o incluso hacer las compras, cuidar a nuestros hijos o a nuestros adultos mayores. Incluso algunos hasta exploran nuestra satisfacción sexual.
La pregunta que flota, todos la imaginarán. Qué haremos con la ficción de la relación laboral, frente a una esclavitud tan perfecta, que solo consume energía eléctrica?
La humanidad tardó más de tres mil años en admitir que la esclavitud era una vergüenza. Cuando finalmente la abolimos, no eliminamos la subordinación.
Simplemente la disfrazamos de contrato. Así nació el trabajador.
El derecho del trabajo fue el intento de civilizar esa ficción. Pero hoy el proceso parece invertirse en contra de nosotros mismos.
Primero expulsamos trabajadores del derecho laboral cambiándoles el nombre. Después descubrimos que ni siquiera necesitamos trabajadores. La robótica y la inteligencia artificial nos devuelven el sueño más antiguo del poder: un esclavo que no sea humano. Uno que trabaje sin descanso. Sin salario. Sin derechos. Sin conflictos. Un esclavo perfecto.
Tal vez por eso el verdadero título de esta historia no sea “modernización laboral”. Tal vez sea algo mucho más simple y honesto: el largo camino de la humanidad para volver, finalmente, a la esclavitud… pero esta vez sin esclavos humanos.
Primicias Rurales
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
(Autor del libro La Reforma laboral que no fue, que se puede descargar en este portal)
Ene 23, 2026 | Actualidad, Economía / Economía del Agro
La tecnología de plataformas permite acercar a las empresas las alternativas de fondeo existentes en el mercado de una manera ágil y rápida. Qué hay que tener en cuenta para optar por la alternativa más conveniente
Buenos Aires, viernes 23 de enero (PR/26) — Acceder a financiamiento en tasas y condiciones adecuadas es uno de los grandes desafíos históricos que enfrentan los sectores productivos en la Argentina, y las pequeñas y medianas empresas en particular.
En este contexto, es importante que una PyME conozca todas las alternativas existentes en el mercado y que aproveche todas las facilidades que brinda hoy la tecnología para acercarla a los oferentes de crédito.
“Al momento de salir a buscar fondos tanto en el sistema financiero tradicional como en el mercado de capitales, el tipo de necesidad que enfrenta una PyME será el punto de partida para elegir el instrumento más acorde”, distingue María Laura García Conejero, socia fundadora y CEO de LUC, la plataforma de créditos para MiPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas). Como criterio amplio, las diferentes alternativas pueden clasificarse en dos grandes grupos: a menos de un año y a más de un año de plazo.
¿Qué determina que una PyME se incline por buscar financiamiento de corto o de largo plazo?
Si la empresa debe cubrir su operatoria diaria (por ejemplo, comprar insumos para producir, o pagar a proveedores), necesitará una línea a menos de 12 meses. Para ese tipo de demanda, la más usual para las pequeñas empresas, los bancos ofrecen préstamos para capital de trabajo que permiten hacer frente a ese tipo de erogaciones.
Pero hay otros instrumentos muy usados para el financiamiento de corto plazo, como el descuento de cheques de pago diferido, el descuento de facturas y los pagarés bursátiles. Son opciones que pueden negociarse a través de los bancos (como los casos de los cheques) o en el mercado de capitales, con tasas y condiciones que pueden resultar convenientes para una PyME al momento de buscar fondos para su día a día. El costo de cada uno de ellos reflejado en la tasa de interés determinará cuál es el más conveniente para la firma en cada momento.
“Las PyMEs pueden acceder hoy a través de una plataforma financiera como LUC a la oferta de líneas de financiamiento como descuentos de cheques o descuentos de facturas de parte de entidades financieras y no financieras reguladas por el Banco Central, cuyas opciones crecieron mucho en los últimos años y se transformaron en una alternativa a prestarle atención”, señala García Conejero.
“Se trata de una oferta que está disponible y que muchas PyMEs pueden no conocer, por lo que es importante unir ambas puntas de una manera ágil a través de la tecnología, como buscamos hacer en LUC”, agrega.
Cuando lo que se quiere financiar es un proyecto de inversión (típicamente una compra de maquinaria para ampliar la capacidad de producción, o la incorporación de tecnología), hay
que pensar en opciones más allá del año de plazo, con horizontes promedio de entre tres y cinco años para su devolución. Aquí, los instrumentos pueden ser los créditos para inversión de los bancos (y entre ellos, la opción del leasing) o la emisión de Obligaciones Negociables (ON PyME). La constitución de fideicomisos financieros es otra alternativa dentro del mercado de capitales para obtener recursos de largo plazo que pueden entrar en consideración de una pequeña empresa.
Acerca de LUC LUC : es la primera plataforma integral de créditos para MiPyMEs en Argentina y Latinoamérica, diseñada para que accedan a las mejores opciones de financiamiento disponibles en el mercado y puedan avanzar con el trámite de forma rápida, simple y digital. Es un marketplace estratégico que facilita el encuentro entre las MiPyMEs y los productos de entidades financieras -desde bancos y fintech hasta SGRs, fondos de garantía públicos y agentes de Bolsa, entre otros actores oferentes del ecosistema. Más información en https://www.luc.com.ar/
Primicias Rurales
Fuente: LUC LUC
