Senado: La Libertad Avanza y bloques dialoguistas consensuaron sesionar el 18 de Junio para tratar propiedad privada y pliegos judiciales
Silvia Rajcher
Periodista de Noticias Argentinas desde junio de 2024. Acreditada en el Congreso desde 1992.
Buenos Aires, miércoles 10 junio (NA).- La Libertad Avanza dio un paso importante en negociaciones con los bloques dialoguistas para sesionar en el Senado el próximo jueves 18 y debatir el proyecto de propiedad privada, que tendrá nuevas cambios sobre la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.
LLA y los bloques dialoguistas mantuvieron una reunión para consensuar los cambios sobre la venta de tierras, donde existen las mayores diferencias entre el oficialismo y las bancadas opositoras que vienen acompañando los proyectos del Gobierno, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
Participaron del encuentro, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich; los presidentes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Martin Goerling Lara; de Provincias Unidas, Carlos «Camau» Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; de Independencia Beatriz Ávila; de Primeros los Salteños, Flavia Royon; y del Frente de la Concordia, Carlos Arce.
Una de las alternativas que estudian que algunos casos donde un estado o una empresa asociada a un gobierno quiera comprar tierras o se trate lugares en la frontera tenga que tener el respaldo del Congreso Nacional.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.Fotografía
De todos modos, en estos nueve días deben escribir los cambios del proyecto para que puedan ir a la sesión con todos los acuerdos cerrados.
En el resto de los casos será el gobernador de una provincia quien deberá resolver si se aprueba o no la venta de tierras, pero para ello también deberá cada legislatura aprobar su propia ley de tierras.
Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.
En la sesión del 18 de junio también podrán sumar los siete pliegos judiciales que hoy obtuvieron dictamen, entre los que figura el camarista Víctor Pesino, quien tuvo fuerte objeciones del peronismo por haber fallado a favor de la aplicación de la reforma laboral.
También se evalúa que se vote un proyecto que hoy obtuvo despacho que impone hasta cárcel de 15 años por graves delitos ambientales y convenios internacionales.
Además consensuaron comenzar la próxima semana con reuniones informativas sobre la ley de Etiquetado Frontal y la ley de reforma de sociedades, la cual busca desregular de la conformación de las mismas, reduce la participación estatal y permite que se puedan armar con inteligencia artificial.
Un ranking de desempeño revela que las provincias volvieron al déficit fiscal en 2025: Santiago del Estero y CABA lideran el podio por su eficiencia, mientras que Chaco y la Patagonia caen en la zona roja.
Evolución fiscal de provincias entre 2023 y 2025
Buenos Aires, miércoles 10 junio (PR/26) — En el año 2025 el conjunto de provincias habría finalizado con un déficit financiero de alrededor de 0,4% del PIB, cuando en 2024 se había observado un superávit del 0,1%.
Debe advertirse que, en el año 2023, previo al actual período de gobierno, se produjo un déficit financiero en el consolidado de provincias equivalente a 0,3% del PIB.
Tras una caída real de ingresos del 12,8% en 2024, y un ajuste en el gasto de 14,9%, en dicho año las provincias pudieron exhibir un superávit financiero de 0,1% del PIB. En cambio, en 2025 revirtieron el ajuste, pues subieron más las erogaciones (6,5%) que los ingresos (2,9%), de modo que volvieron al déficit financiero.
Si se considera la evolución acumulada entre 2023 y 2025, los ingresos totales de provincias cayeron 10,3%, en valores constantes, cuando sus erogaciones bajaron un 9,4%.
En cambio, a nivel del sector público nacional, los ingresos totales disminuyeron un 8,1% con un ajuste del gasto total equivalente a 27,6% Resulta claro que, tras el baja en el gasto provincial observada en 2024, siguió un desajuste fiscal que ahora pone a la mayoría de las provincias nuevamente en el déficit fiscal.
En el acumulado entre 2023 y 2025, el gasto total en provincias habría caído un 9%, en valores constantes, con una reducción del 6% en el gasto corriente y del 30% en el gasto de capital.
En dicho acumulado de dos años, la mayor caída del gasto total ocurrió en San Luis, con -30,3%, seguida por La Rioja (-25,0%) y Catamarca (-20,6%), mientras que sólo 4 provincias subieron sus erogaciones en ese lapso: Neuquén (17,3%), Chubut (7,7%), La Pampa (4,9%) y Río Negro (0,1%).
Por lo general, la mayor parte del ajuste en provincias que redujeron sus erogaciones en los últimos dos años ocurrió en el gasto de capital, porque resulta políticamente más sencillo de recortar, y a partir de la fuerte reducción operada en las transferencias de capital nacionales en ese período, envíos que las provincias deben destinar a gastos de capital.
Ranking de indicadores fiscales de provincias entre 2023 y 2025
Se puede construir un ranking de indicadores fiscales en provincias, a los efectos de evaluar su posición relativa y la evolución en el tiempo. Con ese fin, se construye un ranking de desempeño fiscal en provincias a partir de la ubicación de cada provincia en 10 indicadores fiscales seleccionados.
El procedimiento consiste en ordenar los valores de cada indicador fiscal provincial desde el mejor al peor desempeño, considerando como mejor desempeño los ubicados en las primeras posiciones y como peor desempeño aquellos situados en las últimas. Luego se computa la posición promedio de cada provincia en los 10 indicadores seleccionados, con lo que se tiene un ranking de provincias para el conjunto de indicadores, promedio que exhibe información relevante sobre el desempeño fiscal provincial.
A fin de facilitar la interpretación, los resultados fueron agrupados en tres categorías de desempeño y representados mediante los siguientes colores:
Color Verde: Primer tercio de provincias con mejor desempeño fiscal, entre las posiciones 1° al 8°. Color Amarillo: Segundo tercio de provincias, entre las posiciones 9° y 16°, correspondientes a desempeños intermedios. Color Rojo: Tercer y último tercio de provincias, en las posiciones 17° a 24°, que evidencian los desempeños más deficitarios.
Los indicadores considerados son los siguientes:
Superávit corriente en % del gasto corriente: Mientras mayor, mejor posición en el ranking;
Superávit financiero en % del gasto total: Mientras mayor, mejor posición;
Ingresos propios en % de ingresos totales: Mayor es mejor (correspondencia fiscal);
Ingresos por regalías en % de Ingresos Totales: Mayor es mejor;
Gasto corriente en % del PBG: Mientras menor, mejor posición;
Gasto en personal en % de ingresos corrientes: Menor es mejor;
Cantidad de personal cada 1000 habitantes: Menor es mejor;
Inversión Real Directa y Transferencias de capital en % del gasto total: Mayor es mejor;
Deuda en % de ingresos corrientes: Menor es mejor;
Servicios Deuda en % de ingresos corrientes: Menor es mejor.
En definitiva, se considera como mejor desempeño mientras mayor superávit fiscal exhiban, con mayor grado de correspondencia fiscal (financiamiento con recursos propios), con menor peso del gasto corriente y más inflexible, con mayor inversión pública y menor peso de la deuda y sus servicios.
En la última página del informe puede observarse la posición de cada provincia en cada indicador. A continuación, se exhiben algunos de ellos.
La provincia con mayor superávit corriente en 2025 fue Santiago del Estero, equivalente a 42% de su gasto corriente. Le siguieron Jujuy y CABA con 25% y 21%, respectivamente. Cinco provincias exhibieron déficit corriente, que debieron buscar financiamiento o ingresos de capital para cubrir sus erogaciones corrientes: Tierra del Fuego (-13%), Santa Cruz (-6%), Chaco (-4%), Chubut (-2%) y Río Negro (-1%).
Con relación a la correspondencia fiscal, CABA exhibe el mayor % de Ingresos Propios en términos de Ingresos Totales (74%), seguida por Buenos Aires (41%) y Mendoza (31%). En el otro extremo, Formosa sólo cuenta con 6% de ingresos propios con relación al total, seguida por Santiago del Estero (9%) y Chaco (10%).
En Neuquén, un 32% de sus ingresos de 2025 provinieron de las regalías hidrocarburíferas, situación que seguramente se profundizará en próximos años, con el progresivo desarrollo de la extracción de gas y petróleo en Vaca Muerta. Le siguieron Chubut y Santa Cruz, con 17% y 18% de sus ingresos totales, respectivamente. Cuando una provincia cuenta con regalías, además de una fuente alternativa de ingresos, puede facilitarle el acceso al financiamiento.
En Formosa el gasto provincial corriente asciende a 53% de su PBG. En Chaco y Misiones, dicho guarismo es del 33%, y 30% en Catamarca. El menor peso del gasto corriente se da en CABA (7%), Buenos Aires (13%) y Santa Fe (14%).
Relacionado con lo anterior, en tierra del Fuego el gasto en Personal se lleva un 72% de sus ingresos corrientes. Le sigue de cerca Chubut, con un 70%, y Río Negro (68%). En cambio, en Santiago del Estero el gasto en personal equivale a un 39% de sus ingresos corrientes, un 41% en Córdoba y 43% en CABA. A mayor gasto en personal, menor posibilidad de realizar inversiones y, además, genera alta inflexibilidad al gasto.
Por su parte, Santiago del Estero fue la provincia que en 2025 destinó a inversión una mayor porción de su gasto (25%), seguida por CABA (19%) y La Pampa (15%). La menor inversión, ya sea propia (inversión directa) como a través de transferencias a sus municipios, en proporción de sus erogaciones totales, se observó en Santa Cruz (1%), Tierra del Fuego (3%) y Entre Ríos (3,5%).
Finalmente, Chaco fue la provincia en que más pesaron los servicios de deuda en 2025 (8% de sus ingresos corrientes), seguida por Entre Ríos y Chubut (también cercanas al 8%) y por Buenos Aires y Jujuy (7%), mientras que en La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz y Formosa, prácticamente no pesan los servicios de deuda.
Considerando los 10 indicadores fiscales, la posición de cada provincia en cada uno de ellos, y su posición promedio en el total, se tiene que en 2025 las provincias en la “Zona Verde”, con el mejor desempeño fiscal, son Santiago del Estero, CABA, San Luis, Santa Fe, San Juan, Córdoba, Mendoza y Formosa. Se trata de las 3 provincias de Cuyo, 3 provincias pampeanas, 1 de NOA y 1 de NEA, sin patagónicas en los primeros 8 lugares.
En cambio, el tercio de provincias en “Zona Roja” en 2025 fueron las siguientes: Chaco, Tierra del Fuego, La Rioja, Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Jujuy. Se trata de 4 provincias patagónicas, 2 provincias de NOA, 1 de NEA y 1 pampeana.
Santa Fe y Formosa, que en 2023 estaban en Zona Amarilla, pasaron a Zona Verde en 2025. En cambio, La Pampa y Misiones pasaron de Zona Verde a Amarilla en esos dos años. Neuquén salió de la Zona Roja en 2023 para pasar a la Amarilla en 2024 y 2025. Chubut pasó de Zona Amarilla en 2023 a Zona Roja en 2025.
Chaco, Tierra del Fuego, La Rioja, Entre Ríos, Santa Cruz y Río Negro se mantuvieron en Zona Roja en los tres años medidos.
Nota: (1) Los datos correspondientes a La Pampa, Jujuy, San Luis y Santiago del Estero son estimaciones propias. (2) Los datos de stock de la deuda, servicios de la deuda y regalías son los del III-Trim 2025. (3) Para Empleados públicos cada 1000 habitantes se utilizó el último dato publicado por DNAP en 2024. (4) En los indicadores que se utilizan Ingresos Corrientes, se ha descontado de esto la recaudación por seguridad social
La revisión se desarrollará sin alterar el cronograma y se agrega a los mecanismos de control ya existentes, con respaldo de usuarios, provincias y la ONU.
Buenos Aires, jueves 28 de mayo (PR/26) – La Agencia Nacional de Puertos y Navegación inició una auditoría interna sobre todo el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal, en la etapa final de evaluación de ofertas, con el objetivo de reforzar las garantías de transparencia y selección objetiva del futuro concesionario.
La revisión abarcará cada una de las etapas desarrolladas hasta el momento y se realizará sobre la base de la normativa vigente. Según la información suministrada, esta nueva instancia de control no interrumpirá el avance del proceso licitatorio.
La auditoría se incorporará al esquema de seguimiento que llevan adelante usuarios privados y provincias a través del Consejo de Control. Una vez concluida, se avanzará con la adjudicación del contrato a la mejor oferta, de acuerdo con los criterios fijados en los pliegos.
La licitación corresponde a una de las obras de infraestructura más relevantes del país y comprende la vía por la que circula el 80% de las exportaciones argentinas. De acuerdo con la información difundida, el proceso no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes en ninguna de las etapas de evaluación.
Asimismo, antes de la publicación de los pliegos se habilitó una instancia de observaciones sobre los borradores, en la que participaron empresas, cámaras, organizaciones civiles y otros interesados, quienes pudieron formular objeciones y aportes.
La confección de los pliegos contó además con la auditoría de la UNCTAD, organismo especializado de Naciones Unidas en licitaciones de infraestructura estratégica, y con instancias técnicas de participación para usuarios privados, cámaras navieras y representantes provinciales.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, tanto los usuarios privados como las provincias respaldaron las distintas etapas de evaluación y destacaron la claridad de la información y la objetividad de los criterios utilizados, al tiempo que solicitaron avanzar hacia la adjudicación definitiva.
El director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, afirmó ante los usuarios que el procedimiento es “abierto y transparente” y sostuvo que cualquier interesado puede revisarlo para verificar que cada paso se desarrolló siguiendo las mejores prácticas internacionales.
El dilema del «metro cuadrado»: la energía y el agro traccionan las inversiones, pero el mercado interno sigue golpeado. El empleo privado formal se estanca y crecen el rebusque y el monotributo. Las profundas diferencias entre provincias.
Por Laura Caullo
Buenos Aires, miércoles 27 de mayo (PR/26) .- La economía argentina transita este 2026 con una paradoja que desconcierta a la calle: las variables macroeconómicas muestran señales de mayor estabilidad y los gráficos de los economistas empiezan a vestirse de verde, pero la reactivación sigue sin golpear a la puerta de los hogares.
La explicación detrás de este fenómeno radica en una marcada economía de dos velocidades.
Por un lado, viajan en «alta velocidad» los sectores vinculados al frente externo: la energía (Vaca Muerta a la cabeza), la minería y el agro. Son los grandes imanes de la inversión. Por el otro, en «baja velocidad», marchan las actividades que dependen del consumo interno (como el comercio o la industria pyme), asfixiadas por salarios reales debilitados y una recuperación que avanza a cuentagotas.
El gran desafío estructural es que el motor que hoy empuja a la Argentina genera pocos puestos de trabajo directos. El petróleo, la minería, el agro y las finanzas representan apenas el 3% del empleo total del país. Por eso, que a estos sectores les vaya espectacular no se traduce automáticamente en más trabajo o mejores ingresos para la mayoría.
El «vaso medio vacío»: 100 mil empleos menos y el auge del rebusque
El dato más preocupante de la coyuntura laboral es la precarización del mercado de trabajo. En el último año, cerca de 100 mil trabajadores perdieron su puesto en el sector privado formal (el empleo «en blanco», que aporta a la jubilación y ofrece estabilidad).
¿Cómo se compensó esa pérdida? No con desocupación abierta, sino con empleo más frágil: se sumaron más de 90 mil nuevos monotributistas y creció el trabajo no registrado («en negro»). Cuando el empleo crece solo en los sectores de baja productividad y menores ingresos, la recuperación social pierde solidez.
El freno de los salarios: Tras una fuerte caída en 2024, los sueldos privados formales habían recuperado un 12% a mediados de 2025 gracias a la baja de la inflación. Sin embargo, el impulso se agotó: a comienzos de este 2026, el salario real privado volvió a terreno negativo (-2,3%). La peor parte se la lleva el sector público, que acumula una pérdida del 23% real desde 2023.
La radiografía de «las dos Argentinas»
Los datos demuestran que no existe un único mercado laboral, sino realidades provinciales totalmente opuestas según su estructura productiva.
Al analizar la cantidad de empleos privados formales cada 1.000 habitantes (donde el promedio nacional es de 144), las brechas geográficas son abismales:
El podio del desarrollo:Neuquén lidera con 219 empleos formales cada 1.000 habitantes (gracias al boom energético) y Tierra del Fuego le sigue con 198 (impulsada por el régimen industrial). Nota: La Ciudad de Buenos Aires registra 519, pero la mitad de esos trabajadores reside en el Conurbano.
El norte rezagado: En la otra vereda, provincias como Formosa (37), Santiago del Estero (52) y Chaco (64) muestran una estructura empresarial muy débil y una alarmante dependencia del sector público o informal.
El peso del empleo estatal
Esta debilidad del sector privado se refleja de forma directa en el empleo público provincial. Mientras el promedio del país es de 50 empleados estatales cada 1.000 habitantes, solo cuatro provincias grandes logran operar por debajo de esa línea: Córdoba (33), Buenos Aires (38), Santa Fe (41) y Mendoza (45).
En el extremo opuesto, el Estado es el principal sostén del empleo: Tierra del Fuego tiene 141 empleados públicos cada 1.000 habitantes, seguida de cerca por La Rioja y Neuquén (111) y Santa Cruz (109).
El desafío de la próxima etapa
La estabilidad macroeconómica conseguida es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente. Las provincias con economías diversificadas y redes empresariales sólidas están mejor paradas para absorber inversiones en esta nueva etapa de economía abierta y competitiva. Las demás corren el riesgo de quedar rezagadas.
El verdadero éxito del programa económico no se definirá en las planillas de Excel del Ministerio de Economía, sino en la capacidad de transformar los dólares de la energía y el campo en empleos de calidad. Para lo que resta de la gestión, el desafío político e histórico es uno solo: lograr que la estabilidad deje de ser un frío dato estadístico y empiece a sentirse en el «metro cuadrado» de cada familia argentina.
Mientras el oficialismo defiende el equilibrio fiscal, un informe del CEPA revela que el RIGI costará más de US$ 1.000 millones anuales en recaudación resignada. Con el 68% de los fondos concentrados en YPF y proyectos preexistentes, el régimen amenaza con consolidar un modelo de «enclave extractivo» que exporta riquezas sin generar empleo permanente, infraestructura comunitaria ni derrame en el consumo local.
Por Ing. Agr. Pedro Adolfo Lobos – Director de Primicias Rurales
Buenos Aires, miércoles 20 de mayo (PR/26) .- La promulgación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la Ley de Bases (Ley 27.742) fue presentada por el oficialismo como el motor definitivo para la radicación de capitales intensivos en el país.
No obstante, los datos duros comienzan a confrontar el relato oficial. Un riguroso informe técnico elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que el andamiaje del RIGI no sólo consolida un preocupante sesgo de «enclave económico» desvinculado de la estructura productiva local, sino que impone un severo gravamen sobre las ya debilitadas arcas públicas, con un costo fiscal que supera la barrera de las cuatro cifras.
1. La Sangría Fiscal del Régimen: Desarmando los Números del CEPA
De acuerdo con el relevamiento del CEPA, una vez que los proyectos aprobados ingresen formalmente en su fase operativa, la renuncia fiscal neta del Estado oscilará en una banda que va desde los US$ 786 millones hasta los US$ 1.395 millones anuales, dependiendo de la elasticidad y el volumen final de las exportaciones alcanzadas.
En el escenario base consolidado, la pérdida tributaria se fija en US$ 1.069 millones de dólares por año.
Esta erosión de la base imponible se desglosa en vectores impositivos sumamente agresivos:
Diferencial en el Impuesto a las Ganancias (US$ 545 millones anuales): Es el componente de mayor peso. Mientras el régimen general para sociedades opera bajo una alícuota del 35%, el RIGI la contrae al 25%, e incluso llega al 15% bajo el nuevo esquema institucionalizado como «SuperRIGI».
Fase de Construcción (US$ 430 millones anuales entre 2025 y 2028): Un costo concentrado principalmente en la devolución acelerada del IVA mediante Certificados de Crédito Fiscal y exenciones aduaneras directas.
Derechos de Exportación Resignados (US$ 107 millones anuales): Una pérdida directa que afecta de manera crítica la retención de valor en la minería de litio, plata, oro y cobre.
Aranceles de Importación Corrientes (Tasa Cero): Desgravación absoluta para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes fungibles durante un plazo inflexible de 30 años.
Frente a esta contundencia matemática, la línea discursiva del Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación incurre en una falacia contable elemental: argumenta que «no hay afectación al equilibrio fiscal» debido a que el Presupuesto Nacional no contemplaba ex ante estos ingresos.
Desde la perspectiva analítica de la teoría económica, este razonamiento ignora por completo el costo de oportunidad y convalida una transferencia neta de renta pública hacia corporaciones privadas oligopólicas.
2. ¿Inversiones Genuinas o Subsidio al Capital Preexistente?
Uno de los hallazgos más críticos del reporte sectorial radica en el cuestionamiento del carácter «adicional» del capital atraído. La justificación de un régimen de excepción tan laxo es la atracción de flujos que, de otro modo, jamás habrían ingresado al circuito doméstico.
Sin embargo, la evidencia empírica demuestra lo contrario: de los 12 proyectos aprobados a la fecha (que totalizan una inversión comprometida de US$ 26.680 millones), al menos 7 ya contaban con anuncios formales o avances técnicos significativos antes de la sanción de la Ley Bases.
Casos paradigmáticos como el parque solar El Quemado, el yacimiento cuprífero Los Azules o el desarrollo de extracción de litio Rincón de la firma Río Tinto denotan que el RIGI no actuó como el factor determinante de la inversión, sino como un mecanismo de captura de rentas extraordinarias para proyectos que se habrían ejecutado bajo las reglas de juego previas. El Estado argentino sacrificó soberanía impositiva a cambio de proyectos preexistentes.
3. La Paradoja de YPF y la Desconexión de la Economía Real
El análisis de concentración corporativa demuestra que el RIGI está lejos de diversificar la matriz del tejido empresarial.
La petrolera de bandera, YPF, domina monopolícamente el esquema: participa directamente o tracciona de forma protagónica proyectos que representan el 68,5% de la inversión total comprometida (US$ 18.267 millones), con obras de infraestructura de transporte como el oleoducto Vaca Muerta Sur y la mega planta de licuefacción de GNL controlada por Southern Energy.
Esta macro-concentración en sectores capital-intensivos (hidrocarburos y minería metalífera) desencadena distorsiones estructurales severas en la economía real:
Nulo Impacto Laboral y Dualidad Salarial: Estos sectores demandan picos de empleo informal o subcontratado únicamente durante el proceso de obra civil (fase de construcción). Al pasar a la fase operativa, se tecnifican y automatizan, requiriendo dotaciones exiguas de personal ultra-especializado. Esto segmenta el mercado laboral local, encareciendo el costo de vida (vivienda, alimentos) en las provincias del norte o la Patagonia, sin derramar mejoras salariales al resto de la población activa.
Infraestructura Monofuncional y Extractiva: Las mejoras viales o ferroviarias ejecutadas bajo el amparo de los VPU (Vehículos de Proyecto Único) poseen un diseño estrictamente corporativo: conectar el nodo de extracción con el puerto de aguas profundas. No existe una articulación sistémica que mejore las rutas provinciales secundarias, los caminos rurales para los productores agrícolas medios o el transporte interurbano de pasajeros. El desgaste físico de las rutas locales satélites termina siendo un costo externalizado hacia los municipios.
El Circuito Cerrado del Consumo Local: La flexibilización cambiaria permite a las firmas retener de forma escalonada hasta el 100% de las divisas en el exterior a partir del cuarto año. El modelo se sintetiza en la ecuación:
$$\text{Extracción de Recursos} \longrightarrow \text{Exportación Directa} \longrightarrow \text{Radicación de Divisas Ex-Post}$$
Al no ingresar los dólares al Mercado Libre de Cambios (MLC), el Banco Central queda desarmado para acumular reservas líquidas, la volatilidad cambiaria persiste, el salario real no se recupera y el consumo minorista de cercanía se mantiene en terreno recesivo..
Alternativas de Política de Contraprestación: Rediseñando el Compre Local
Un régimen de grandes inversiones no debe operar como un cheque en blanco fiscal. Para revertir la lógica del enclave y garantizar que las provincias receptoras capturen valor excedente, la política económica debe estructurar cláusulas de contraprestación obligatorias, medibles y dinámicas:
Fondo de Compensación de Infraestructura Conexa (FCIC): Establecer que un porcentaje equivalente a la reducción impositiva otorgada (por ejemplo, el 10% de la exención de Ganancias que equivale a unos US$ 54 millones anuales de la masa total) sea retenido y direccionado de forma obligatoria a un fideicomiso provincial gestionado de manera conjunta. Este fondo debe financiar exclusivamente rutas comerciales secundarias, redes de agua potable locales y electrificación rural en los municipios colindantes al proyecto.
Cláusula de Desempeño Escalonada para Proveedores Locales (Compre Argentino Efectivo): Sustituir los laxos controles actuales (fácilmente eludibles bajo la excusa de «indisponibilidad técnica») por un esquema de penalizaciones comerciales directas. Si el VPU no incrementa de manera auditable la contratación de PyMEs metalmecánicas, de software o de servicios logísticos locales en un 5% anual (con un piso inicial del 25%), perderá automáticamente un tercio de la exención arancelaria de importación para el período fiscal siguiente.
Obligatoriedad de Parques Tecnológicos y Centros de Formación Regional: Condicionar los beneficios cambiarios del RIGI a la coinversión conjunta entre las corporaciones (VPU) y las universidades públicas provinciales. Las firmas deben financiar laboratorios de I+D aplicados a los recursos extraídos (por ejemplo, celdas de litio o refinamiento de gas) y centros de educación técnica avanzada, internalizando el capital humano en el territorio en lugar de importar personal pre-formado del exterior.
Cupo de Reinversión de Divisas en Activos Domésticos: Limitar el acceso al 100% de la libre disponibilidad de divisas si la empresa no demuestra fehacientemente que un porcentaje de las utilidades líquidas obtenidas en los mercados globales es reinyectado en el sistema financiero doméstico o en proyectos de diversificación energética local no extractiva (como plantas solares comunitarias).
Conclusión Económica: En su diseño actual, el RIGI opera como un subsidio directo al capital transnacional y a la petrolera de bandera, asumiendo un costo fiscal superior a los US$ 1.000 millones anuales que pagarán los contribuyentes mediante un menor gasto social o mayor presión tributaria interna.
Sin contraprestaciones firmes orientadas al compre local, a la diversificación de la infraestructura y a la retención de divisas, el régimen no será un vector de desarrollo, sino un acelerador de la primarización y asimetría estructural de las provincias argentinas.
