Si se tiene en cuenta que la idea del organismo era que la divisa cotice a abril un 20% por arriba del nivel del momento ($ 1.097), corrigiendo ese porcentaje por la inflación acumulada en cinco meses, el precio de cotización general estaría dentro de la idea del FMI. Y sin que se utilicen reservas del Banco Central, lo que equivaldría a decir fondos del préstamo del organismo. Todos tranquilos entonces. Y en paz entre Buenos Aires y Washington. El único conflicto general serían los aproximadamente US$ 500 millones que se perdieron en intentar contener a la divisa por debajo de los $ 1.380, en la semana previa a las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Detalles. O “Casualties of War”, en términos maquiavélicos.
El precio de la cotización del dólar estaría dentro de la idea del FMI
Puede haber sido adrede. O quizá fueron solo las circunstancias. Lo cierto es que desde el lunes, casi al pasar, se generó el primer cruce ideológico-económico-tributario, entre lo que podría ser el reto presidencial de 2027. Por un lado, Axel Kicillof que extendió la aplicación del impuesto a los ingresos brutos (IIBB) a las billeteras virtuales, igualando la operatoria con los bancos, con lo que ahora todo el sistema financiero bonaerense está alcanzado por ese impuesto. Discrecionalmente la novedad se conoció a horas del importante y claro triunfo del peronismo unido en esa provincia, con lo que, más allá del pataleo por no haberse conocido la idea antes, Kicillof cuenta con todas las herramientas legales y políticas para avanzar. El problema es que ese traslado para uniformar IIBB en el tope de gama de la presión (5%) se corta ideológicamente con lo que el gobierno de Javier Milei tiene en mente como contenido de una reforma impositiva, que, más allá de la suerte que se obtenga en las elecciones del 26 de octubre, el jefe de Estado enviará al Congreso para tratamiento y debate.
El Presidente mantiene su idea revolucionaria de un “súper-IVA”. Se trata de la creación de un impuesto al consumo general, administrado desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA (la ex-AFIP), que cobraría una parte de lo consumido en cada lugar del país, para luego depositar en la cuenta Nación el 10% de lo obtenido y distribuir a las provincias según el resto de la alícuota que cada repartición aplique. Quedarían liberadas las provincias para aplicar el porcentaje que quieran, incluyendo un nivel mayor al actual. Con la única condición de que eliminen además Ingresos Brutos. La idea primaria es que las provincias compitan entre ellas, tanto en niveles generales como en beneficios para sectores puntuales para atraer inversores. No es una propuesta original. Es un esquema que existe en países como Estados Unidos, Brasil y Perú, entre otros. Aunque con matices. Obviamente, se necesitaría el apoyo casi unánime de los gobernadores para poder avanzar en una idea semejante, la que no tendría futuro sin el aval de Buenos Aires, el territorio económicamente más importante del país. Guste o no. Y, por lo que se ve, será difícil que Kicillof acompañe la idea del “súper-IVA”. Más bien, estaría más cercano al “súper-IIBB”.
La cátedra argentina de tributaristas, casi al unísono, define al impuesto como un tributo medieval. No es una metáfora o una opinión. Es una realidad. Se trata de un impuesto creado hace casi mil años (literal), por los alcaldes y barones feudales, buscando un mecanismo para incrementar su poder económico frente al de los reyes. Buscaba recaudar de manera directa, afectando la economía local a cambio de una mayor cantidad de dinero limpio y rápido para poder, básicamente, incrementar sus propios bienes y, eventualmente, armarse para contrarrestar las embestidas de otros barones. O invasiones de reinos externos.
El Presidente mantiene su idea del ‘súper-IVA’ a cambio de eliminar Ingresos Brutos
Ingresos Brutos fue introducido en el sistema impositivo local en 1977, durante la última dictadura militar y en el marco de la reforma tributaria integral que el país aplicó con la creación del IVA, y en reemplazo al anterior Impuesto a las Actividades Comerciales. Se aplica a todas las provincias argentinas y a la Ciudad de Buenos Aires, con alícuotas que van del 1,5% al 5%, las que con la nueva autorización del Congreso pueden incrementarse aún más. Se aplica a las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales y la alícuota depende del distrito y de la industria.
Hoy es imposible de pensar una provincia, sin un Ingresos Brutos fuerte. Sucede que es una fuente irreemplazable de ingresos, en medio de una Argentina de ajustes interminables. A diferencia del IVA, Ganancias y el resto de los coparticipables, IIBB es recaudado y gastado directamente por los gobernadores. Plata toda a ellos. Aunque sea fruto de una imposición regresiva y algo criminal para la productividad de sus territorios.
El tercer problema para los responsables de las recaudaciones provinciales es que necesitará una nueva fórmula de repartición de ingresos con las regiones menos progresistas del país. Como Formosa, Catamarca, La Rioja, Chaco o Misiones, que dependen del cheque mensual de la nación producto de lo que se recauda en otras provincias para poner en marcha sus economías. Y que con la aplicación del “súper-IVA”, dependerían de sus propios recursos, con la quimérica promesa de más inversiones si cobran menos impuestos.
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Fuente: Perfil
