La periodista española Leonor Suárez de la Radiotelevisión del Principado de Asturias se alza con el galardón patrocinado por el FIDA
Perugia (Italia), domingo 13 de abril (PR/25)- Una historia cautivadora que captura las dificultades del día a día y la resiliencia de dos pescadores artesanales de Groenlandia ha recibido este sábado el premio ‘Voces Rurales’ de periodismo móvil, patrocinado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en los Mobile Journalism Awards.
Leonor Suárez, periodista española de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), es la galardona por la producción, filmado y edición de su reportaje Pesca entre icebergs.
La pieza de Suárez aborda las dificultades que enfrentan los pescadores de Uummannaq, una isla groenlandesa de apenas 1 400 habitantes, 700 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Suárez ofrece una mirada íntima a la vida del Ártico, un territorio que escenifica como ningún otro el cambio de orden mundial impulsado por la nueva realidad climática.
“Últimamente Groenlandia se ha convertido en foco de atención por las ambiciones estadounidenses sobre la isla. Pero más allá de la geopolítica y de los intereses económicos, hay un territorio donde la escasa población humana convive con un entorno natural de extrema belleza, un lugar que es vital proteger para mitigar los efectos del cambio climático”, dijo Suárez, que recogió su premio en el marco del Festival Internacional de Periodismo de Perugia.
“Las historias más emocionantes, y a menudo las más interesantes, nacen cuando nos dejamos llevar por la curiosidad. Quería saber cómo vive la población ribereña de un mar que en invierno se hiela y por el que transitan, en verano, miles de icebergs. Así que bajé al puerto y pregunté a los propietarios de una minúscula lancha si podía acompañarlos en su jornada de trabajo”, añadió Suárez.
El resultado es un retrato del día a día de dos pescadores artesanales que enfrentan, de manera creciente, los efectos del cambio climático en el Ártico. A medida que las grandes reservas de hidrocarburos, el control marítimo y militar, transporte, pesca o turismo se tornan cada vez más accesibles en el Ártico, la población costera rural—incluidos sus Pueblos Indígenas— vislumbra crecientes dificultades para mantener su estilo de vida tradicional. La pérdida de hielo, el calentamiento de las aguas y el tiempo impredecible amenazan su capacidad para desplazarse y practicar sus métodos de pesca tradicionales.
La periodista asturiana también se alzó con el premio de la categoría específica ‘Periodismo móvil’, por su pieza Desahuciados del cielo, un reportaje sobre la crisis de la vivienda en una zona rural de Argentina.
IFAD, patrocinador del premio Voces Rurales
El premio Voces Rurales pone el foco en las comunidades rurales y su entorno, con el teléfono móvil como herramienta de fácil acceso para que las personas compartan sus historias. Esta categoría reconoce el poder del periodismo móvil para visibilizar las historias y problemáticas de la casi mitad de la población mundial que vive en zonas rurales.
“Nos enorgullece apoyar una iniciativa que amplifica las voces de los rincones más remotos del mundo, justamente donde el FIDA trabaja para marcar la diferencia, y que se alinea con nuestro compromiso con soluciones digitales como las remesas móviles en comunidades rurales”, añadió Michelle Porter, Productora de vídeo sénior del IFAD.
El periodismo móvil ayuda a derribar las barreras que pueden suponer el acceso a un equipo profesional costoso y poco práctico en zonas remotas. Los #MojoAwards promueven la innovación en la narración de historias, dando voz a nuevos talentos del audiovisual. Con iniciativas como esta, el FIDA reafirma su compromiso con una comunicación inclusiva, centrada en las personas y al servicio del desarrollo rural sostenible.
Leonor Suárez es una periodista española, especializada en reportajes de largo formato y documentales. En su tiempo libre, le apasiona viajar por el mundo y contar las historias que encuentra en el camino, relatos que ayudan a entender mejor nuestro mundo. Con su teléfono móvil ha filmado, editado y producido una serie web para televisión y varios documentales.
Esta crisis en el sector pesquero es preocupante porque es un gran “generador” de divisas para el país.
Buenos Aires, lunes 31 marzo (PR/25) — El presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA), Eduardo Boiero, advirtió sobre la grave situación que atraviesa el sector pesquero, especialmente la pesca de langostino, debido a la combinación de altos costos de producción y la caída de los precios internacionales.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Boiero explicó que el sector pesquero es un importante generador de divisas para el país, siendo el octavo complejo exportador de Argentina. Sin embargo, al igual que otros sectores exportadores, enfrenta el problema del “costo argentino”, que encarece la producción y dificulta la competencia en los mercados internacionales.
Eduardo Boiero, presidente de CAPECA
Fotografía: Agencia Noticias Argentinas /RRSS
En el caso particular del langostino, una de las principales especies que captura la cámara que preside, la situación se agrava por la fuerte competencia del camarón de cultivo, que ha provocado una caída en los precios internacionales. “Este producto, que antiguamente valía arriba de 10 dólares el kilo, hoy vale menos de 6”, señaló Boiero.
Esta situación ha llevado a que las empresas pesqueras decidan no sacar sus barcos a pescar, a pesar de que la temporada de pesca de langostino ya comenzó en aguas nacionales. “Si bien están los langostinos, están las empresas, están los tripulantes, están los barcos, no se está pescando”, advirtió Boiero, lo que tendrá un impacto negativo en la generación de divisas, los salarios y las exportaciones.
El presidente de CAPECA señaló que el principal problema radica en los altos costos laborales a bordo de los barcos, sumado a las retenciones a las exportaciones que cobra el gobierno. “Hemos pedido a ver si se pueden quitar, ya que como le quitaron a otras economías regionales…”, expresó.
El sector pesquero, al ser una economía netamente regional, tiene un alto impacto en ciudades como Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires, donde se desarrolla la actividad. La paralización de la pesca de langostino afectará gravemente a estas regiones.
Boiero informó que están manteniendo conversaciones con los gremios para modificar los convenios colectivos de trabajo, que datan de una época en que el precio del langostino era mucho más alto. “Estamos tratando de llegar a un acuerdo con los gremios para poder hacer viable una operación que si no, no va a haber”, afirmó.
El empresario también señaló que la inflación en dólares y el aumento del Derecho Único de Extracción (DUE) han contribuido a la pérdida de competitividad del sector. “Estamos viendo con el gobierno, por el lado del gobierno el tema de retenciones, inclusive en el 2024, principio del 2025 nos subieron el valor de lo que se paga por lo que se pesca, que se llama Derecho Unido a la Tracción, eso lo aumentaron a más del doble”, reclamó Boiero.
Por el momento, el diálogo con el Gobierno se está llevando a cabo a través de los secretarios de pesca, sin que se haya concretado una mesa tripartita con los gremios.
La situación de la pesca en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes, que afecta tanto a los empresarios como a los trabajadores del sector. Raúl “Tato” Cereseto, empresario pesquero e investigador, compartió en una entrevista en Infobae en Vivo su visión sobre los graves problemas económicos que enfrentan las empresas pesqueras. Según Cereseto, el sector está siendo golpeado por una combinación de factores económicos y fiscales que están llevando a una paralización de la actividad pesquera en gran parte del país.
Buenos Aires, miércoles 26 marzo (PR/25) — Los problemas más graves que enfrenta el sector pesquero es la brecha entre el costo de producción y el precio de venta del pescado. Según Raúl Cereseto, actualmente un barco pesquero debe afrontar costos de producción superiores a los ingresos por la venta del producto. “Hoy estamos hablando de la flota taponera, la flota congeladora. Un barco cuesta más caro, no recuperas pagando sueldos, genera pérdidas. Es un negocio que no da”, explicó el empresario. Según su relato, los costos de producción rondan los 6.700 dólares por tonelada, mientras que el precio de venta del langostino, por ejemplo, se encuentra entre los 5.700 y 6.000 dólares. Esta diferencia hace inviable la actividad, con muchos barcos imposibilitados de salir a pescar debido a que no logran cubrir sus costos operativos.
Cereseto destacó que, pese a que el caladero está saludable y hay una gran oferta de pesca, el aumento de los costos estructurales dificulta la competitividad del sector. Aseguró que, en este contexto, las empresas pesqueras no pueden salir a pescar, lo que resulta en una paralización de la flota pesquera. “Hoy no se puede salir a pescar, esa es la realidad. Pero ya lo sabíamos”, comentó Cereseto. La crisis afecta no solo a los empresarios, sino también a los trabajadores del sector. El empresario detalló que la flota congeladora emplea a más de 2.900 personas, pero debido a la falta de actividad, muchos de estos trabajadores están hoy sin empleo. “No están saliendo barcos”, remarcó.
Raúl “Tato” Cereseto, empresario pesquero e investigador
El impacto de los derechos de exportación y los impuestos
Otro tema fundamental que Cereseto abordó fue el impacto de los derechos de exportación y el impuesto a las ganancias en la actividad pesquera. El empresario explicó que el gobierno nacional no ha tomado medidas para aliviar la carga fiscal que sufren las empresas pesqueras, lo que ha complicado aún más la situación económica del sector. “Los derechos de exportación van del 1% al 9% directo sobre el precio de venta. En el caso del langostino congelado, el derecho de exportación es del 6%”, señaló Cereseto. Estos impuestos afectan directamente la rentabilidad de las empresas, sobre todo en un contexto de precios internacionales a la baja.
Además, Cereseto hizo referencia al aumento de los impuestos a las ganancias para el personal embarcado, una medida que, según él, ha tenido consecuencias muy negativas para el sector. “Antes, el 46% de los derechos de impuesto a las ganancias para el personal embarcado estaba exento, pero este gobierno lo eliminó. Esto significa que, si el impuesto determinado para un trabajador embarcado era de 5 millones de pesos, ahora ese trabajador debe pagar 5 millones completos, en lugar de 2.600.000 pesos como sucedía anteriormente”, explicó el empresario. Esta medida, junto con los derechos de exportación, genera un ambiente de gran presión económica para las empresas pesqueras, lo que las lleva a una reducción en la actividad.
La discusión salarial y la tensión con los trabajadores
La relación entre empresarios y trabajadores también se ha visto afectada por esta crisis económica. Cereseto indicó que las negociaciones salariales se han vuelto tensas debido a que las empresas no pueden pagar los salarios establecidos en los convenios colectivos de trabajo, que datan de hace más de 30 años. “Lo cierto es que las remuneraciones están bien pagas, pero el negocio ya no da. Las condiciones del mercado han cambiado, y los convenios no se adaptan a esta nueva realidad. El langostino, por ejemplo, se vendía a 12 dólares el kilo y hoy se vende a 6 dólares el kilo”, expresó el empresario. Esta situación ha generado un conflicto entre las partes, con algunas flotas proponiendo una rebaja del 30% sobre los convenios colectivos, algo que los gremios rechazan de manera tajante.
Cereseto aclaró que esta tensión entre la patronal y los trabajadores no es deseada, pero se ha generado por la falta de medidas paliativas por parte del gobierno. “Nosotros ya veníamos advirtiendo desde hace más de un año sobre los problemas que se iban a generar. Pedimos que se revisaran los derechos de exportación, pero no obtuvimos respuesta”, comentó el empresario. La falta de atención a estas demandas y la negativa del gobierno a revisar las políticas fiscales ha provocado un atraso económico que hoy afecta tanto a los empresarios como a los trabajadores del sector pesquero.
El impacto de la pesca ilegal y la competencia desleal
Finalmente, Cereseto se refirió a otro factor que agrava la situación de la pesca en Argentina: la competencia desleal proveniente de la pesca ilegal, particularmente de la flota de la Milla 201. El empresario explicó que esta flota opera en aguas internacionales, sin los controles que exige la legislación argentina, lo que genera una competencia desleal para las flotas pesqueras legales. “No es que sea pesca ilegal, pero es pesca no declarada y no reglamentada. Están pescando las mismas especies que nosotros, compitiendo con condiciones desiguales”, afirmó Cereseto. Esta situación perjudica tanto a los mercados internacionales como a los mercados internos, ya que la pesca ilegal desploma los precios, afectando directamente las ganancias de las empresas pesqueras argentinas.
Cereseto también destacó que la falta de control de esta flota ilegal se ha convertido en uno de los grandes obstáculos para la recuperación del sector. “El mercado internacional se ve afectado por esta competencia desleal. La pesca ilegal accede al mismo recurso que nosotros, pero sin ninguna de las restricciones que aplican las empresas legales. Esto derrumba el mercado y genera grandes pérdidas”, agregó.
La situación de la pesca en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes, que afecta tanto a los empresarios como a los trabajadores del sector. Raúl “Tato” Cereseto, empresario pesquero e investigador, compartió en una entrevista en Infobae en Vivo su visión sobre los graves problemas económicos que enfrentan las empresas pesqueras. Según Cereseto, el sector está siendo golpeado por una combinación de factores económicos y fiscales que están llevando a una paralización de la actividad pesquera en gran parte del país.
Crisis de precios y costos productivos insostenibles
Uno de los problemas más graves que enfrenta el sector pesquero es la brecha entre el costo de producción y el precio de venta del pescado. Según Cereseto, actualmente un barco pesquero debe afrontar costos de producción superiores a los ingresos por la venta del producto. “Hoy estamos hablando de la flota taponera, la flota congeladora. Un barco cuesta más caro, no recuperas pagando sueldos, genera pérdidas. Es un negocio que no da”, explicó el empresario. Según su relato, los costos de producción rondan los 6.700 dólares por tonelada, mientras que el precio de venta del langostino, por ejemplo, se encuentra entre los 5.700 y 6.000 dólares. Esta diferencia hace inviable la actividad, con muchos barcos imposibilitados de salir a pescar debido a que no logran cubrir sus costos operativos.
Cereseto destacó que, pese a que el caladero está saludable y hay una gran oferta de pesca, el aumento de los costos estructurales dificulta la competitividad del sector. Aseguró que, en este contexto, las empresas pesqueras no pueden salir a pescar, lo que resulta en una paralización de la flota pesquera. “Hoy no se puede salir a pescar, esa es la realidad. Pero ya lo sabíamos”, comentó Cereseto. La crisis afecta no solo a los empresarios, sino también a los trabajadores del sector. El empresario detalló que la flota congeladora emplea a más de 2.900 personas, pero debido a la falta de actividad, muchos de estos trabajadores están hoy sin empleo. “No están saliendo barcos”, remarcó.
Raúl “Tato” Cereseto, empresario pesquero e investigador
El impacto de los derechos de exportación y los impuestos
Otro tema fundamental que Cereseto abordó fue el impacto de los derechos de exportación y el impuesto a las ganancias en la actividad pesquera. El empresario explicó que el gobierno nacional no ha tomado medidas para aliviar la carga fiscal que sufren las empresas pesqueras, lo que ha complicado aún más la situación económica del sector. “Los derechos de exportación van del 1% al 9% directo sobre el precio de venta. En el caso del langostino congelado, el derecho de exportación es del 6%”, señaló Cereseto. Estos impuestos afectan directamente la rentabilidad de las empresas, sobre todo en un contexto de precios internacionales a la baja.
Además, Cereseto hizo referencia al aumento de los impuestos a las ganancias para el personal embarcado, una medida que, según él, ha tenido consecuencias muy negativas para el sector. “Antes, el 46% de los derechos de impuesto a las ganancias para el personal embarcado estaba exento, pero este gobierno lo eliminó. Esto significa que, si el impuesto determinado para un trabajador embarcado era de 5 millones de pesos, ahora ese trabajador debe pagar 5 millones completos, en lugar de 2.600.000 pesos como sucedía anteriormente”, explicó el empresario. Esta medida, junto con los derechos de exportación, genera un ambiente de gran presión económica para las empresas pesqueras, lo que las lleva a una reducción en la actividad.
La discusión salarial y la tensión con los trabajadores
La relación entre empresarios y trabajadores también se ha visto afectada por esta crisis económica. Cereseto indicó que las negociaciones salariales se han vuelto tensas debido a que las empresas no pueden pagar los salarios establecidos en los convenios colectivos de trabajo, que datan de hace más de 30 años. “Lo cierto es que las remuneraciones están bien pagas, pero el negocio ya no da. Las condiciones del mercado han cambiado, y los convenios no se adaptan a esta nueva realidad. El langostino, por ejemplo, se vendía a 12 dólares el kilo y hoy se vende a 6 dólares el kilo”, expresó el empresario. Esta situación ha generado un conflicto entre las partes, con algunas flotas proponiendo una rebaja del 30% sobre los convenios colectivos, algo que los gremios rechazan de manera tajante.
Cereseto aclaró que esta tensión entre la patronal y los trabajadores no es deseada, pero se ha generado por la falta de medidas paliativas por parte del gobierno. “Nosotros ya veníamos advirtiendo desde hace más de un año sobre los problemas que se iban a generar. Pedimos que se revisaran los derechos de exportación, pero no obtuvimos respuesta”, comentó el empresario. La falta de atención a estas demandas y la negativa del gobierno a revisar las políticas fiscales ha provocado un atraso económico que hoy afecta tanto a los empresarios como a los trabajadores del sector pesquero.
El impacto de la pesca ilegal y la competencia desleal
Finalmente, Cereseto se refirió a otro factor que agrava la situación de la pesca en Argentina: la competencia desleal proveniente de la pesca ilegal, particularmente de la flota de la Milla 201. El empresario explicó que esta flota opera en aguas internacionales, sin los controles que exige la legislación argentina, lo que genera una competencia desleal para las flotas pesqueras legales. “No es que sea pesca ilegal, pero es pesca no declarada y no reglamentada. Están pescando las mismas especies que nosotros, compitiendo con condiciones desiguales”, afirmó Cereseto. Esta situación perjudica tanto a los mercados internacionales como a los mercados internos, ya que la pesca ilegal desploma los precios, afectando directamente las ganancias de las empresas pesqueras argentinas.
Cereseto también destacó que la falta de control de esta flota ilegal se ha convertido en uno de los grandes obstáculos para la recuperación del sector. “El mercado internacional se ve afectado por esta competencia desleal. La pesca ilegal accede al mismo recurso que nosotros, pero sin ninguna de las restricciones que aplican las empresas legales. Esto derrumba el mercado y genera grandes pérdidas”, agregó.
El sector pesquero expresó su preocupación por quedar excluido de los beneficios fiscales anunciados para las principales producciones del campo. Advirtieron sobre los graves riesgos económicos y sociales que enfrenta la industria
Buenos Airesd, sábado 25 enero (PR/25) — La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) alertaron sobre una “situación de quebranto inminente” al quedar fuera del régimen de reducción de retenciones anunciado por el Gobierno. Según estas entidades, la medida agrava las dificultades de un sector ya impactado por la caída de los precios internacionales y una elevada carga impositiva.
En un comunicado conjunto, las cámaras señalaron que, además de las retenciones, la actividad pesquera está gravada por el Derecho Único de Extracción (DUE), cuya alícuota fue incrementada por el Consejo Federal Pesquero en diciembre pasado. Esta combinación de altos costos operativos y tributarios pone en riesgo la sostenibilidad de pesquerías clave para la economía regional.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron la baja temporal de retenciones a los principales cultivos agroindustriales y la eliminación permanente para varias economías regionales. El Gobierno estimó que el costo fiscal de la medida será de 800 millones de dólares.
Exportaciones de calamar y merluza, pilares del comercio exterior pesquero argentino (Télam)
Caputo afirmó que el superávit fiscal alcanzado gracias al plan económico ortodoxo permitió avanzar en estas reducciones impositivas. Entre los productos beneficiados están la soja, cuyo gravamen pasará del 33% al 26%, y otros cultivos como trigo, cebada, maíz y girasol, que experimentarán bajas proporcionales hasta junio.
AD
En el caso de las economías regionales, productos como azúcar, algodón, tabaco y cuero bovino, entre otros, quedaron exentos de retenciones. Según las autoridades, estas actividades generaron exportaciones por más de 1.100 millones de dólares en 2024.
A diferencia del agro, el sector pesquero no fue incluido en estas reducciones. CAPeCA y CAPIP manifestaron que esta decisión amenaza la continuidad de una industria que anualmente procesa 793.000 toneladas de productos pesqueros, genera 46.000 empleos directos y exporta a más de 100 mercados internacionales, aportando 1.981 millones de dólares en divisas al país.
La exclusión del régimen impositivo también genera incertidumbre sobre el esfuerzo de las empresas para garantizar la sostenibilidad medioambiental. Los representantes de las cámaras destacaron que los altos costos operativos y las alícuotas impositivas están afectando tanto la rentabilidad de las empresas como su capacidad para mantener estándares de sostenibilidad.
La industria pesquera tiene un papel estratégico en la economía regional, argumentaron las cámaras del sector. Especialmente en provincias como Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según las cámaras, los productos como langostinos, calamar y merluza representan el 80% de las exportaciones del sector y son fundamentales para el ingreso de divisas y el desarrollo local.
En este contexto, CAPeCA y CAPIP solicitaron al Poder Ejecutivo que incluya al sector en las reducciones de retenciones, argumentando que medidas similares podrían asegurar su sostenibilidad económica y social.
El margen parece estrecho. Caputo afirmó que la política fiscal actual busca mantener el superávit sin comprometer la sostenibilidad financiera del país. Aunque reconoció la necesidad de reducir impuestos, subrayó que este proceso dependerá de la consolidación fiscal en curso. “No podemos comprometer el esfuerzo de los argentinos por más buenas intenciones que tengamos”, indicó.
El pedido del sector pesquero se suma al de otras industrias que buscan un tratamiento impositivo equitativo frente a las recientes medidas tomadas para el campo. CAPeCA y CAPIP enfatizaron que la exclusión de la pesca del régimen de beneficios puede generar un impacto negativo en la economía regional y en la sostenibilidad de sus operaciones.
Se trata de una medida para la especie del caladero argentino que más volumen aporta a las exportaciones nacionales.
Buenos Aires, 6 de diciembre (PR/24) .- La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el Consejo Federal de Pesquero (CFP) realizó hoy las nuevas asignaciones de las Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC) para la merluza común (Merluccius Hubbsi) que regirán a partir del 1° de enero del 2025 por un nuevo plazo de 15 años.
Al igual que en el proceso de renovación de cuota realizado en septiembre pasado para las especies merluza negra, merluza de cola y merluza polaca, se definió la aplicación de un canon que no existió en el proceso de implementación de las CITC en el año 2009.
Este canon representará para el Estado nacional y las provincias que conforman el CFP un ingreso adicional por 19.000 millones de pesos, coparticipable el 50% entre Nación, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego; mientras que el restante 50% será destinado a la Armada Argentina, Prefectura Naval Argentina, INIDEP, el CFP y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La importancia de la decisión radica en que se trata de la especie que más volumen aporta a las exportaciones pesqueras nacionales, que tienen como destino Brasil, Europa y Asia. La merluza hubbsi es explotada por más de 150 barcos que van al fresco y congelado, ocupando a decenas de plantas procesadoras que emplean a miles de trabajadores desde Buenos Aires hasta Santa Cruz.
En este marco, también se actualizó el Derecho Único de Extracción (DUE) alcanzando más del 2%, cifra que al comenzar la actual gestión nacional era de un 0.15 %. Los ingresos recaudados son coparticipables entre Nación y las provincias.
La medida se estableció a partir de la decisión de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y las provincias con litoral marítimo; Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esta decisión contó también con el apoyo de la totalidad de las cámaras empresarias, los sindicatos y la industria naval.
En diálogo con Infobae, el especialista César Lerena señaló que en los últimos 50 años esta actividad se llevó 152 mil millones de dólares en productos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva de Argentina
Buenos Aires, jueves 21 noviembre (PR/24) — El gobierno de la provincia de Santa Cruz firmó una Carta de Intención, durante una gira por China del gobernador Claudio Vidal, para darle asistencia desde los puertos provinciales a cientos de buques chinos que pescan en la milla 201, al borde la Zona Económica Exclusiva de la Argentina. Esto generó el rechazo del sector pesquero argentino.
Para conocer más sobre el impacto que podría tener esta medida, Infobae dialogó con César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca; Ex Secretario de Estado y Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.
– Dr. Lerena, el gobierno de Santa Cruz quiere colaborar con los buques chinos que operan en la milla 201 y firmó una carta de intención con una pesquera china, ¿qué se conoce de esta empresa?
El gobernador de esa provincia, Claudio Vidal, dijo que cree que es momento de negociar con los buques chinos y lo habría hecho el pasado 18 de octubre, con una de las empresas más importantes del Estado chino, la Hong Dong Fisheries Co. -reveló Informe Marítimo- que contaría con casi 200 buques y, según el informe del Círculo de Políticas Ambientales, tendría “frondosos antecedentes de pesca ilegal; además, que se trataría de una subsidiaria de la fábrica de armas del Ejército Chino Poly Group Corp”. Cuestión, que no asombra, porque gran parte de la flota que pesca a distancia cumple estos objetivos más allá de la pesca.
Esta declaración motivó el unánime rechazo del ambiente pesquero y por parte de expertos que venimos siguiendo el comportamiento de la flota china.
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz
– ¿Este tipo de colaboración ya se viene haciendo como dice el gobernador?
Vidal afirmó que esto ya viene sucediendo, pero nadie lo sincera. “Si estos buques están allá, haciendo uso de nuestros recursos, ¿por qué no regulamos y negociamos con ellos y generamos fuentes de trabajo para los argentinos? Malvinas y Montevideo lo hacen, ¿por qué no deberíamos hacerlo nosotros?”, planteó.
Es necesario -dijo- “llevar adelante una amplia gama de servicios logísticos, mejorar los cinco puertos y el abastecimiento en tierra y alta mar y, agregar valor en plantas en tierra”. Y la Coordinadora Portuaria de Santa Cruz, Selsa Hernández completó: “Que vengan los barcos que operan sobre la milla 201 significará trabajo y reactivación de la economía. Queremos que nuestros puertos trabajen respetando las leyes argentinas”.
Ambas declaraciones son poco congruentes. ¿Hablan de apropiación china de nuestros recursos, lo vinculan a la pesca ilegal no deseada en Montevideo y Malvinas y refieren a respetar la Ley argentina que los buques violan? Por cierto, con esta apertura, le será improbable a Hernández certificar y dar seguridad a los puertos.
– ¿Qué dimensión tiene el beneficio económico que pueden recibir las provincias en comparación con el perjuicio de la pesca ilegal china?
Solo un análisis del número de buques da cuenta de la insensatez e improvisación de llevar adelante una iniciativa semejante: China tiene operando en el mar unos 2.500 buques pesqueros; sólo en el Atlántico Suroccidental pescan sin control unos 300 (270 poteros y 30 arrastreros), mientras que el total de la flota nacional alcanza a las 520 embarcaciones que son relativamente controladas.
El descontrol será total y, claro está, la Nación y mucho menos la provincia de Santa Cruz tienen capacidad política, económica, técnica y de seguridad para llevar adelante una operatoria de semejante naturaleza.
La intención de favorecer las operaciones de estos buques que depredan los recursos pesqueros de Argentina no es nueva; ya fue promovida fallidamente durante los años 2021 a 2023 por las provincias de Chubut y Tierra del Fuego, como oportunamente denunciamos y, frente a ello, la moneda de cambio que se anuncia en todos los casos, es económicamente insignificante, ya que la pesca ilegal china, taiwanesa, coreana y española se ha llevado en los últimos 50 años la friolera de 152 mil millones de dólares en productos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, con los que se podrían haber ampliado, renovado y modernizado todos los puertos del país y producido un fenomenal desarrollo poblacional y generación industrial y laboral en la Patagonia sin precedentes.
Pero más grave aún -si se pudiese ponderar- sería el atractivo que esta medida provocaría para miles de buques, al apoyar la Argentina la captura ilegal en la región, con buques depredadores, subsidiados, con regímenes de trabajo esclavo; con el consecuente agotamiento de los recursos, no solo de alta mar sino de la ZEE Argentina; el descrédito internacional y la pérdida irreversible de la administración del Atlántico Suroccidental y la consecuente declinación de la soberanía nacional en su territorio marítimo, antártico y bioceánico.
– ¿Qué alcances tiene la pesca ilegal china?
Para que podamos entender qué alcance tiene la pesca Ilegal: decimos, que es aquella donde se capturan especies, sin cumplir, total o parcialmente, con la regulación internacional o nacional de origen y/o si se captura en alta mar sin control del Estado de pabellón y sin acuerdo previo entre éste y los Estados ribereños en aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las ZEE o migran desde alta mar a la ZEE y, donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria y económica, beneficiando al crimen organizado transnacional y/o la evasión fiscal.
Es aquella, además, que atenta contra la sustentabilidad empresaria; las fuentes de trabajo o el desarrollo de las regiones del litoral marítimo. Una definición que encaja perfectamente con las prácticas de pesca que en el Atlántico Suroccidental realiza China (y otros países) sobre las especies migratorias de la ZEE Argentina en alta mar.
– ¿Qué debería hacer la Argentina frente a esta actividad ilegal?
La Argentina debe considerar legal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios del mar territorial y la ZEE, y los asociados que intervienen en la cadena trófica, en principio, porque de otra manera sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: la ley de espacios marítimos, la ley de ratificación de la Convención del Mar y, la de Pesca.
Además de ello, si bien hay más de 40 razones para considerar esta captura en alta mar como “Ilegal”; tres hechos son suficientes para tipificarla ilegal: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón o los países de origen (art. 87º, 92º, 94º de la CONVEMAR); segundo, cuando no se realizan estudios de investigación determinando la “Captura Máxima Sostenible” (art. 119º de la CONVEMAR) y, tercero, si se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño por afectar sus intereses (art. 27º; 63º, 64º, 116º a 119º de la CONVEMAR).
Por supuesto, a esto se agrega la pesca subsidiada y aquella con redes de arrastre de fondo cuando se pesca en la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas sin habilitación nacional.
Amén de ello, las embarcaciones chinas que se hacen de los recursos pesqueros nacionales compiten en el mercado internacional con los productos de las empresas radicadas en Argentina, en forma desleal, no solo porque lo hacen con nuestros recursos, sino porque operan con subsidiadamente (construcción de buques, gasoil, ausencia de derechos y aranceles, bajos salarios, etc.); desactivando los sistemas satelitales de control, depredando las especies y, contaminando el medio marino.
– ¿Qué implica ceder los puertos a la flota china? ¿qué impacto puede tener en las empresas pesqueras locales?
Cederle los puertos a China agrega un evidente desconocimiento de la operatividad a distancia que realiza esta flota. Ya nos referimos en un anterior artículo de que a los chinos solo les interesa facilitar los transbordos y la reparación de sus buques y no agregarán ningún costo en Argentina (¿cómo se consideraría el origen de las capturas?). En los hechos, la administración de los puertos quedará en manos del Estado chino y, en este sentido el especialista Milko Schartzman afirmó: «No existen ejemplos de países en donde se haya instalado la industria pesquera china o donde se les haya brindado apoyo portuario, en los que la industria pesquera local prospere. En la última década, Uruguay perdió la mitad de su industria pesquera, mientras Montevideo brinda apoyo logístico a las flotas de pesca ilegal mayormente chinas…»
China ha dicho (2022) que estabilizará «la producción de calamares y túnidos en 2,25 millones de toneladas (un 281% más de desembarque total argentino) demostrando su magnitud y la intención hegemónica de «participar profundamente en la gobernanza mundial de los océanos…construir bases de pesca en aguas distantes…el comercio de calamar oceánico sea más grande y más fuerte» (Li Dong, 14/2/2022; Inf. del Ministerio de Agricultura, SeafoodMedia Group 20/2/23). En este escenario, nadie, en su sano juicio, podría facilitar las operaciones chinas en el Atlántico Sur, sin resolver previamente la administración en alta mar.
– ¿La provincia de Santa Cruz está facultada para hacer este tipo de concesiones?
El gobierno de Santa Cruz no tiene facultades para llevar adelante esta iniciativa de abrir los puertos a los buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos en alta mar. Esta decisión -a nuestro juicio- atenta contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria, social y la seguridad y defensa nacional, siendo inconstitucional porque requeriría un Acuerdo previo ratificado por el Congreso de la Nación por imperio de la ley de Pesca, de la ley de actividades portuarias y su aplicación dañaría el medio ambiente violando la Ley General del Ambiente al promover facilidades a quienes pescan ilegalmente afectando el ecosistema.
Por otra parte, este tema, debiera provocar una revisión de las cuotas y autorizaciones que el Consejo Federal Pesquero otorga a buques de Empresas del Estado Chino en Argentina; por cuanto resulta un absurdo que mientras se les otorga habilitaciones, hay otros buques de ese mismo Estado pescando ilegalmente los recursos migratorios en alta mar. Por ejemplo, analizar que el 68% de los buques que integran la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) cuyos buques capturaron más del 90% del total argentino (en 2022) son embarcaciones de empresas asiáticas, mayoritariamente chinas.
Si prosperase la iniciativa de Santa Cruz, se cerrarán definitivamente todas las puertas de futuros acuerdos en alta mar y, se profundizará el camino de agotamiento del recurso y declinación de la soberanía nacional.
Este libro es el resultado de cuatro viajes de su autora, Matilde Fierro, a la parroquia de Medjugorje, en Bosnia Herzegovina, donde se aparece la Virgen María como la Reina de la Paz desde 1981.
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experto en Atlántico Sur y Pesca
El descontrol será total y, claro está, la Nación y mucho menos la provincia de Santa Cruz tienen capacidad política, económica, técnica y de seguridad para llevar adelante una operatoria de semejante naturaleza.
