El extranjero ocupa y explota el Atlántico Suroccidental

El extranjero ocupa y explota el Atlántico Suroccidental

Por Dr. César Augusto Lerena

Buenos Aires, 15 de noviembre (PR/22) .- La Argentina es un Estado Marítimo. No parecen entenderlo las Autoridades de los gobiernos argentinos, incluso aquellos que son responsables del mar argentino, sus archipiélagos y la explotación de los recursos y, son varias las razones por las cuales entendemos que el Estado Nacional no ejerce soberanía política y el debido control y administración del Atlántico Suroccidental. Podríamos ampliar también sobre la falta de administración adecuada del Río Paraná y el Río de la Plata; pero, no es el objeto de este escrito y, aunque, tienen efectos negativos convergentes, los funcionarios siguen sin regular las cuestiones políticas fluviales y marítimas, motivo por el cual, en este último ámbito, los recursos naturales argentinos son expoliados por el Reino Unido, China, España, Taiwán y Corea del Sur, quien junto a Japón capturan el 85% de la pesca a distancia en forma subsidiada, sin control de los Estados de pabellón, sin acuerdo con Argentina (el Estado ribereño) y, del total mundial de 37 millones de horas de pesca ocupan unas 25 millones de horas (César Lerena “La responsabilidad del gobierno sobre la pesca ilegal de los recursos migratorios argentinos en Malvinas y alta mar” 15/4/2022).
Asuntos relativos a la soberanía territorial; a los recursos naturales; económicos; ambientales; alimentarios; sociales y culturales del mar y los archipiélagos argentinos limitan la autonomía de la Nación; impiden el desarrollo nacional y empobrecen al pueblo argentino y, muy particularmente, a las poblaciones del litoral, debilitando, no solo la soberanía argentina en el territorio marítimo, sino también en la Patagonia continental, cuya densidad población es de las más bajas del país.
Demostraremos en este escrito que los extranjeros ocupan, administran y explotan el Atlántico Suroccidental y, el Reino Unido controla desde Malvinas, los accesos al Océano Indico y al Pacífico, avanzan en la constitución de un Centro Regional (hub) en Malvinas, además de fortalecer su proyección hacia la Antártida, todos efectos que para la Argentina pueden ser inconmensurables.

La falta de políticas activas del Estado Argentino en el Atlántico Suroccidental.
En lo relativo a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) la Argentina ha llevado una política de declamación de derechos, resignando en terceros países y organismos multilaterales las acciones destinadas a reintegrar la posesión de los archipiélagos usurpados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido). Más allá de la acción directa que significó la recuperación de Malvinas en 1982, los ejes de la política nacional se han limitado a solicitar el diálogo sobre la negociación con el Reino Unido respecto a la soberanía (plena) de Malvinas; a cooperar en forma unilateral con los isleños (vuelos, etc.) y a solicitar el apoyo de terceros a los derechos argentinos. Los resultados de esta política están a la vista: Hace casi 190 años (1833) cuando los ingleses invadieron Malvinas esta ocupación inglesa se limitaba a 11.410 Km2 y, hasta 1982 el control británico se reducía a este espacio (20.007 km2 con las otras islas) más tres millas de mar territorial; aunque, los buques argentinos podían seguir pescando fuera de estos espacios. En la actualidad, el Reino Unido tiene ocupado 1.639.900 Km2 y, en disputa 3.857.278 Km2; es decir, un total 5.497.178 Km2 del territorio argentino. Léase bien: 5.497.178 Km2, casi el doble del territorio continental argentino (sin la Antártida). Por mucho menos (11.410 km2) llevamos adelante la recuperación de Malvinas en 1982; estuvimos al borde de un conflicto armado en 1907/8 con Uruguay y Brasil por unos reducidos km2 de mar territorial de Uruguay (simplificando) o con Chile en 1977 donde ambos países efectuaron movimientos de tropas por la soberanía de unas islas e islotes (en especial las Picton, Nueva y Lennox, de un total de 396,5 km2) al sur del Canal Beagle y los espacios marinos adyacentes, que aunque se introducen en el Atlántico, alcanzan superficies muy menores a la indicadas precedentemente (simplificando) y otros tantos ejemplos que podríamos citar. No está la Argentina en posición de dirimir la cuestión a través de las armas, pero de ahí a la parálisis total hay un abismo. Los gobiernos argentinos están congelados en la cuestión Malvinas y mantienen desmalvinizado al pueblo argentino.
Me pregunto ¿qué diría San Martin que liberó a Perú y Chile? territorios de menor dimensión de los ocupados o en disputa con Reino Unido. ¿O Rosas y Mansilla que llevaron adelante la Batalla de la vuelta de Obligado de 1845? que dio lugar a que en un solo día murieran unos 200 argentinos o “los caudillos y patriotas? que lucharon y trabajaron para dar lugar a la independencia nacional.
En los espacios ocupados, el Reino Unido explota los recursos petroleros y captura un promedio de 325.000 toneladas anuales de recursos pesqueros, por valor de unos 1,5 mil millones de dólares FOB que, en el comercio final, se transforman en unos 6 mil millones por año (Mercado Central de Valencia, 10/2022). Ante este escenario y, mientras el Reino Unido no se avenga a negociar la soberanía plena de Malvinas, la Argentina debe declarar “Zona de Emergencia Pesquera y Ambiental en Malvinas y las aguas correspondientes” en atención a la violación por parte del Reino Unido de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y la imposibilidad argentina de controlar las capturas, en su condición de Estado ribereño (CONVEMAR), a la par de evaluar la aplicación de un “boicot biológico” para evitar la depredación del calamar (Illex argentinus) que migra al área de Malvinas.
Por otra parte, entre 350 y 500 buques pesqueros chinos, españoles, británicos, coreanos, taiwaneses, etc. anualmente extraen 1.080.000 toneladas de recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina, con la pasividad total de los sucesivos gobiernos argentinos. Todo ello le significa graves perjuicios a todos los argentinos. En primer lugar, se impide el desarrollo de la Patagonia continental; por otra parte, se pierden de unos 50 mil empleos directos; en tercer lugar, se produce una evasión económica del orden de los U$S 4.000/Año FOB (que en el comercio final se transforman en unos U$S 24.000) y una competencia desleal en el mercado internacional con los productos de las empresas radicadas en Argentina; en cuarto lugar, la pesca sin control ocasiona un desequilibrio y la insostenibilidad del ecosistema, con efectos directos sobre las capturas en la ZEE Argentina y, finalmente, el desaprovechamiento con fines sociales de los descartes pesqueros de calidad que habrían de asegurar la alimentación proteica de seis millones de niños y adolescentes argentinos por día, todos los días, todo el año, donde «según el último informe del INDEC unos 5,5 millones de menores de 14 años no cubren sus necesidades básicas» (Santiago Rojas, Perfil, 30.3.2022). Es este último aspecto, la inoperancia del gobierno es criminal, ya que ni siquiera actúa para aprovechar los descartes de la flota argentina.
La Secretaría de Malvinas de la Cancillería Argentina y el Consejo Nacional de Malvinas creado por Ley 27.558 el 4/8/2020 no se han apartado de las citadas declamaciones y, no han propuesto al Poder Ejecutivo Nacional -al que supuestamente asesora- la ejecución de ninguna política que ponga en acción las prescripciones de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Varios de sus miembros han sido partícipes en la elaboración y promoción de ruinosos Acuerdos (Madrid, Nueva York, etc.) e incluso su integrante Marcelo Kohen -acompañando las políticas de los Cancilleres Malcorra y Faurie que suscribieron el Pacto Foradori-Duncan- en 2018 les propuso un plan a los isleños (Infobae, 2018/CARI, 2018) que, entre otras cuestiones, les habría de permitir seguir determinando quién puede o no radicarse en las Islas y, la realización de un referéndum, que los hubiese habilitado a elegir si deseaban ser británicos o argentinos, cuestión que viola la citada Disposición Transitoria y, que hubiera sido suficiente justificativo para no incluirlo en el referido Consejo (entre otras sanciones más graves); pero no, no solo se lo incluyó en ese Cuerpo Asesor del PEN, sino que se lo promovió para integrar la Corte Internacional de Justicia; asiento, que finalmente quedó en manos del candidato brasileño Leonardo Nemer Caldeira, a quien, seguramente, no se le podría ocurrir un dictamen semejante, que violenta todos los argumentos argentinos y las propias las resoluciones de las Naciones Unidas, que desestiman toda participación de los implantados isleños. La neutralidad e imparcialidad que exige a quienes usan esa poltrona judicial, jamás podrían admitir semejante plan en favor de los intereses británicos.
Se requiere reafirmar la Política de Estado prevista en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (“…recuperar los territorios y el ejercicio pleno de la soberanía…”) y frente a un mar argentino extranjerizado, crear el “Ministerio del Mar e Islas del Atlántico Sur” como Perú, Francia, Portugal, Canadá, Korea e Indonesia, donde se diseñen y ejecuten todas las políticas marinas, insulares, mercantes, fluviales, portuarias, pesqueras, navales, de investigación y tecnología, de desarrollo y consumo o, en su defecto, crear un nuevo “Territorio Nacional Marítimo” con el correspondiente Acuerdo político, económico y ejecutivo con la Provincia de Tierra del Fuego, en aquellos ámbitos de su jurisdicción y dominio.
Por cierto, deben derogarse/desecharse los Acuerdos de Madrid I y II que limitan la acción de defensa nacional naval y aérea; habilita de hecho la captura de los recursos pesqueros argentinos y, supone, la existencia de un diálogo entre las partes -sin debilitamiento de la soberanía- que la Argentina reclama; el Pacto Foradori-Duncan que refiere a eliminar todos los obstáculos para el desarrollo de Malvinas y sobre asuntos relativos a la Antártida y, el llamado Acuerdo de Nueva York (Ley 25.290) que da la lugar a injerencia de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) sobre los espacios de jurisdicción y dominio argentino -incluso los Puertos- y los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina y, que daría pie a la pretensión británica de co-administrar el Atlántico Suroccidental.
Tampoco ha llevado adelante una política de relación con la Unión Europea post-Brexit de modo que todos los productos pesqueros originarios en el Atlántico Suroccidental estén certificados en su origen y trazabilidad por los Estados ribereños de Argentina, Brasil y Uruguay, según el Área FAO que corresponda, para terminar con la pesca ilegal de Malvinas y sobre los recursos migratorios de las ZEE correspondientes.
Mientras todo ello ocurre, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto (¿?); el gobierno autoriza la incorporación a la flota nacional a buques fabricados en España, mientras empresas gallegas pescan en forma ilegal en Malvinas y no se sanciona a las empresas de esta nacionalidad ni a las coreanas, taiwanesas y británicas que pescan en el Archipiélago sin autorización del Estado Argentino, tampoco se les cobra derechos aduaneros ni de captura violando las Leyes 24.922; 26.386 y 27.564 que prohíben la pesca en territorio nacional sin habilitación argentina, en un abierto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Secretario de Malvinas, el Subsecretario de Pesca, el Consejo Federal Pesquero y el Director de Fiscalización Pesquera. Por otra parte, favoreciendo la logística de los isleños, se autoriza el uso del espacio aéreo argentino a la empresa chilena LATAM que transporta pasajeros, trabajadores de las islas, insumos diversos y alimentos.
México, un país que está lejos de tener la disputa marítima e insular y la problemática pesquera que tiene Argentina, dictó la Ley General de Pesca (2007 reformada en 2018, Art. 17º) que indica: “el Estado Mexicano reconoce que la Pesca es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial de la Nación; un asunto de Seguridad Nacional y una prioridad para el desarrollo nacional”. Contrario a ello, la Argentina no cuenta con el suficiente equipamiento naval y de control del mar acorde a las amplias superficies marinas que dispone que, con carácter disuasivo, eviten la pesca ilegal y faciliten los acuerdos pertinentes sobre las capturas de las especies migratorias originarias de la ZEE Argentina y, con relación a la invasión que sufre en territorios argentinos por parte del Reino Unido y, el importantísimo número de buques extranjeros en la región. Junto a ello, el Estado Nacional tampoco inspecciona el transporte de productos pesqueros en la ZEE Argentina, la Zona Común de Pesca y el Río de la Plata en aquellos buques extranjeros que realizan pesca en Malvinas y sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina capturados sin control del Estado de bandera y sin acuerdo de los Estados ribereños de América oriental que, en todos los casos, solo por ello y otras razones, debieran ser tipificados de procedentes de la Pesca Ilegal y, consecuentemente, sancionados y comisadas las materias primas, artes de pesca, etc. y, reformarse el artículo 186º del Código Penal argentino de modo de aplicar sanciones penales a los responsables, como muchas leyes de Suramérica, la Unión Europea y Estados Unidos lo hacen.
Los gobiernos nacionales han sido incapaces de llevar adelante un “Acuerdo complementario del Tratado del Río de la Plata” para terminar con el uso irregular de los puertos de Uruguay, donde se les presta apoyo logístico a buques que realizan pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental; del mismo modo, firmar un Protocolo adicional al MERCOSUR para contrabalancear la presencia extracontinental en el Atlántico Suroccidental y, llevar adelante una Convocatoria a los países de Suramérica y del Caribe para aplicar una política conjunta contra la apropiación de los recursos migratorios originarios de las ZEE de los Estados ribereños del orden de los 7,8 millones de toneladas anuales por unos 11.770 millones de dólares estadounidenses.
Por otra parte, la Argentina mantiene viva la Ley 24.184 (4/11/2022) “de protección y promoción de las inversiones británicas en el país” y, el Reino Unido, tiene intereses en grandes extensiones de tierra, aeropuertos privados y sobre recursos esenciales como el petróleo, gas, energía, alimentos, etc. concesiones de ríos interiores y, se encuentra atrás del litio, pese a la apropiación del territorio nacional y los recursos naturales del área de Malvinas y, por su parte, las empresas pesqueras extranjeras radicadas en la Argentina debilitan territorialmente la Patagonia continental exportando con bajo valor agregado, transfiriendo el trabajo a los países desarrollados; razón por la cual, las cuotas de capturas deberían otorgarse a estas empresas a condición de que las exportaciones sean con un 100% de valor agregado y empleo argentino.
Por si faltaba algo, la Argentina admite el funcionamiento de ONGs extranjeras con intereses en Malvinas (como detallaremos más adelante); organizaciones que incluso coordinan el diseño estratégico del control y la administración del mar y los recursos, lo que resulta a todas luces inadmisible.
Finalmente, la Argentina carece de un régimen de promoción de la flota mercante, fluvial y pesquera que aliente la construcción nacional y termine con la importación de buques extranjeros; un plan nacional de educación que reafirme desde la niñez y en los distintos niveles de educación los derechos históricos, geográficos, jurídicos y sobre los recursos naturales de la Argentina de los territorios insulares y marítimos de las Malvinas y la Antártida y, debe implementar campañas de consumo interno de productos pesqueros para llevar de 4,8 kg. per cápita/año a 20 kg., que es consumo promedio mundial; no solo, porque mejoraría la salud de los nacionales, sino también, porque no es de esperar que los argentinos -incluso los funcionarios- puedan prestarle atención al mar sino conocen las bondades de los recursos naturales que este provee.

Las acciones del Reino Unido en el Atlántico Suroccidental.
A lo dicho precedentemente, agregamos que el Reino Unido tiene una política diseñada para todos los Archipiélagos de Ultramar que éste considera parte de la Comunidad Británica de Naciones y, entre ellas, la anunciada en 2017 respecto a establecer un “Cinturón Azul” (Blue belt) a las islas, bajo el pretexto de proteger el ambiente alrededor de estas, que en realidad, no es otra cosa que constituir áreas de control británico marino, tal es el caso del “Santuario Ecológico” de 1.070.000 Km2 establecido alrededor de las Islas Georgias y Sándwich del Sur en 2011; la Zona de Protección (FOCZ) al este de Malvinas de 109.993 Km2 establecida en 1990; la determinación del Área GAP de 4.000 Km2 al noroeste de Malvinas donde se concentra gran parte del calamar que migra a Malvinas, establecido en forma unilateral por el Reino Unido en 1994; la plataforma continental extendida de 1.430.367 Km2 en disputa consolidada con el Reino Unido desde 2016; la presencia -pese a la ley 26.659- de empresas británicas petroleras o vinculadas a las islas al oeste de Malvinas a partir de la licitación de la explotación offshore de 100.000 Km2 por el gobierno argentino en 2019 y el Área Marina Protegida Agujero Azul de 164.000 km2 al nordeste de Malvinas, cuyo proyecto promueve y coordina la Fundación norteamericana WCS (ampliaremos más adelante). Es decir, un “Cinturón Azul” que rodeará totalmente a Malvinas, ejerciendo un control estratégico previo a los Archipiélagos y fuente de una riqueza infinitamente mayor al de las Islas y ello, es interesante relacionarlo, con el hecho, que no es preocupación del Reino Unido los tres mil británicos implantados ni los trabajadores que viven en Malvinas, sino la proyección a la Antártida y el control estratégico del Atlántico Sur-Sur.
Como hemos dicho, el Reino Unido explota los recursos argentinos y trabaja en línea con establecer un Centro Logístico Regional (hub) en Malvinas. Para ello ha construido un Puerto en las Islas Georgias del Sur y ha realizado los estudios pertinentes para construir un nuevo puerto en Malvinas y mejora sus disponibilidades logísticas en las islas, además de contar con un aeropuerto para aviones de gran porte. Todo ello habrá de favorecer las operaciones de los grandes buques de transporte que utilizan el Estrecho de Magallanes para acceder al Pacífico ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de Panamá; del mismo modo, los que transitan hacia y desde el Océano Índico y los pesqueros extranjeros que operan en el Atlántico Suroccidental. Además de promover el interés de los científicos de distintas naciones que trabajan en la Antártida y tienen como base de apoyo a Malvinas en lugar de Ushuaia. ¡Argentina despabílate!
En la actualidad utiliza los puertos y aeropuertos de Uruguay para favorecer las operaciones pesqueras y petroleras de Malvinas; al igual que con Chile y Brasil; es decir, trabaja consolidando las relaciones con estos países, pese a la posición retórica de Suramérica en favor de la Argentina y el poco interés de los funcionarios argentinos por acercar las posiciones con los vecinos.
A través de las embajadas británicas en la Argentina el Reino Unido realiza diversas acciones de penetración cultural (además de otras que suponemos) a punto de promover concursos destinados a estudiantes argentinos con el objeto de que “conozcan a sus vecinos”, una calificación que muestra el desprecio inglés por los derechos de los argentinos sobre los territorios propios ocupados en forma prepotente por esta fuerza imperial.
Finalmente, en una clara demostración del objetivo británico de ocupar este espacio estratégico del Atlántico Suroccidental, el Reino Unido mantiene en las Islas una base militar misilística y naval absolutamente desproporcionada, que contraría la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que firmaran todos los países de África occidental y América oriental y se aprobara en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas.

Injerencia de organizaciones extranjeras en la planificación estratégica del mar argentino.
Ya nos hemos referido en artículos anteriores al rol que tuvo la Fundación norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) en la gestión política para lograr la aprobación del proyecto de Ley de Área Marina Protegida del “Agujero Azul” en la Cámara de Diputados de la Nación y qué efectos negativos tiene ello en el campo biológico, económico, social, ambiental y soberano para la Argentina (César Lerena “Una fundación extranjera propietaria de islas en Malvinas es la gestora del proyecto de Ley Agujero Azul”, 15/8/2022 y otros).
Dijimos al respecto, que este proyecto de establecer un Área Marina Protegida (AMP) más allá de las 200 millas de la ZEE, de 164 mil Km2 carece de todo fundamento político, económico y, científico-técnico; menos aún, cuando desde 2014 se analizaba y, con discrepancias técnicas, establecerlo dentro de la ZEE y de solo 12 mil Km2 (Falabella, V. Pág. 16 a 19 y 80, 2014). También, que la propuesta no habrá de impedir la pesca ilegal de buques extranjeros y, sí la captura por parte de los buques nacionales, además de consolidar el “Cinturón Azul” (Blue belt) que los británicos promueven desde 2017 alrededor de todos los archipiélagos de la Comunidad Británica de las Naciones, asegurándose el control y la explotación de los recursos pesqueros, facilitando en Malvinas, el otorgamiento de permisos ilegales de pesca, que en la actualidad permiten la captura por parte de buques extranjeros de unas 325 mil toneladas anuales. Por otra parte, no se previeron fondos para las tareas de control e investigación, donde solo las primeras tareas requerirían unos 15 millones de dólares anuales. Asimismo, que la Argentina se excede en sus obligaciones con el «Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020» porque debido a las reservas unilaterales y la ocupación del mar argentino por parte del Reino Unido tiene restringida para la pesca una superficie equivalente al 52% de su ZEE. El proyecto, por otro parte, no genera ningún beneficio económico, ambiental ni fortalece la soberanía nacional, más bien la violenta, además de que por el artículo 77º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) la Argentina no tiene obligación de realizar ninguna acción respecto a la titularidad de la plataforma continental extendida y, por lo tanto, ningún Estado puede emprender actividades en ese ámbito sin su expreso consentimiento.
También dijimos que -si fuera necesario- una mera Resolución de la Subsecretaría de Pesca impediría la pesca con redes de arrastre de fondo en esos espacios de la plataforma extendida y bastaría una Declaración de Monumento Marino para prohibir el arrastre de fondo en unas millas alrededor de los restos de los tripulantes y del ARA San Juan.
Que se trata de un proyecto infundado, inútil y costoso, que atenta contra la soberanía nacional y que fuera promovido por la Fundación norteamericana WCS, propietaria desde el 2001 de las Islas Grand Jason y Steeple Jason (Sebaldes o Sebaldinas para Argentina) en el Archipiélago de Malvinas; ubicadas al noroeste de la Isla Gran Malvina y a 400 Km de la Patagonia (51º04’37’S-60º58’08’O) en jurisdicción de Tierra del Fuego. Una verdadera afrenta: Mientras los argentinos debemos visar nuestros pasaportes para acceder a las Islas y no podemos alquilar, comprar o llevar adelante inversiones industriales o comerciales en Malvinas; no se admite la pesca de buques nacionales y, nuestra línea aérea de bandera tiene impedido el vuelo regular a las Islas, una Fundación extranjera con apoyo de capitales norteamericanos, británicos, etc. planifica y coordinara la administración del Atlántico Sudoccidental Argentino, nuestro mar territorial alrededor los archipiélagos; nuestra ZEE y la explotación de los recursos y la regulación del medio marino y, además de todo ello -por si algo faltaba- la citada WCS “administra estas islas como reservas naturales privadas, y trabaja con el gobierno (NdA: ilegal) local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, 15/8/2017).
Una verdadera delegación de funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, quienes admiten y/o han fomentado esta extranjerización de la administración del mar argentino, sus archipiélagos y sus recursos y, la privatización de la planificación estratégica respecto a la utilización de los espacios marítimos, de la plataforma continental y de los recursos vivos. Y por supuesto, la responsabilidad de los legisladores nacionales que tienen la obligación de asegurar la soberanía política, económica y alimentaria de los argentinos y, consecuentemente, proteger los territorios y optimizar la explotación de los recursos.
Estas fundaciones extranjeras a través de sus filiales se inmiscuyen en el corazón mismo de las estructuras del gobierno, definiendo las políticas del Estado Nacional. Ello es evidente a poco de leer «el Reporte final del “Taller de Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales, 2018” (pág. 50, 2019) donde WCS se constituye como organizadora y dice: “El diseño de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) requiere definir ¿qué queremos conservar?, y, decidir, sobre prioridades nacionales para la biodiversidad marina en todo el Mar Argentino». En los citados trabajos la Lic. Falabella representa a la norteamericana WCS, aunque no queda claro, si también lo hace como profesional de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ya que en varios pasajes el informe refiere a «fortalecer a la autoridad de aplicación para que sea capaz de liderar la gestión de un conjunto de sitios representativos de la biodiversidad del Mar Argentino” (pág. 12); “es necesario desarrollar en general la capacidad de gobernanza y gestión del Estado” (pág. 14) y, “la gobernanza se relaciona con el poder, las políticas, las estructuras y los procesos utilizados para la toma de decisiones en un área de responsabilidad” (Pág. 38)» (César Lerena, Ob. Cit. 15/8/2022). Resulta evidente la injerencia de esta Fundación WCS en la planificación nacional respecto a la sostenibilidad de los recursos marítimos; circunstancia que se agrava, por la particular situación de que esta organización tiene intereses en Malvinas y, colabora con el gobierno ilegal; gobierno que otorga permisos de pesca ilegal, con los que se capturan anualmente 325.000 toneladas (incluido los descartes), produciendo la mayor depredación pesquera en el Atlántico Suroccidental desde 1976.
La Fundación WCS, cuenta con el apoyo de OCEANS 5; organización que, con sus «primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes ZEE, entre ellas, la de Estados Unidos» (sic) incluyendo, entre sus socios y miembros, a trece fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos.
¿Por qué razón se admitió que este proyecto enmarcado en un medio marino internacionalizado y vinculado a un área ocupada y disputada por el Reino Unido se tratase en el recinto de la Cámara de Diputados sin la debida evaluación de todos los antecedentes necesarios y la aprobación previa de las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores, Recursos Naturales, Intereses Marítimos y Presupuesto?
Un absurdo que el Estado Argentino admita la intervención de WCS en Malvinas y más allá del territorio ocupado por el Reino Unido, violando la ley 26.386 y, dando opiniones y promoviendo leyes referidas a la administración de todo el Atlántico Suroccidental, agraviando la soberanía argentina y violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
¿Y qué opinó al respecto el Consejo Federal Pesquero, y muy particularmente la Embajadora del Cuerpo Diplomático argentino que lo integra? Respecto a la Diputada que promovió el proyecto, ya nos hemos referido (César Lerena, Ob. cit. 15/8/2022) que esta iniciativa además de errónea omite cuestiones relevantes que atentan contra el interés nacional.
Ya hemos dicho en nuestros siete anteriores escritos sobre el tema ¿por qué motivo se trasladó el Área Marina Protegida (AMP) limitada originalmente a 12 mil Km2 (2014) de la ZEE Argentina al AMP Agujero Azul de alta mar que se propicia con 164 mil Km2? (2021); ¿No se sabía que en la zona seleccionada pescan buques chinos, coreanos, taiwaneses y españoles-británicos con licencia inglesa que no pueden ser alcanzados por esta AMP y que, al igual que ocurrió con el Acuerdo firmado por Cavallo de Conservación (FOCZ) al este de Malvinas en 1990, permitiría consolidar el otorgamiento de licencias a los isleños y resguardar la zona nordeste de Malvinas?; ¿Por qué motivo se trató en sesión un proyecto que no se aprobó en las Comisiones respectivas y que no prevé los fondos necesarios para las tareas de control e investigación que, sin tener en cuenta las necesidades de equipamiento naval y de investigación, solo en materia de control y vigilancia se requerirían unos 15 millones de dólares anuales?; ¿No sabían los autores del proyecto que por falta de medios suficientes las patrulleras oceánicas (OPV) recientemente adquiridas a Francia se encuentran amarradas en la Base Naval de Mar del Plata, sin poder controlar el extenso mar argentino y que, la Subsecretaría de Pesca y el INIDEP tienen 17 artículos en la Ley 24.922 -si se dispusiese de medios- para realizar todas las tareas de protección de la plataforma continental extendida prohibiendo la pesca de arrastre de fondo, sin necesidad de dictar ninguna nueva AMP?; ¿que para resguardar a los tripulantes y los restos del Submarino ARA San Juan basta una declaración de Monumento Nacional Marino?; tampoco ¿qué al asignarle la categoría de Reserva Estricta “sobre” la plataforma se impedirá solo la pesca a los buques nacionales?; ¿qué no se cumplieron los requisitos científicos previos exigidos por la FAO (2012) para establecer un AMP?; ¿que no hay ningún incumplimiento del «compromiso del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020» porque el Reino Unido estableció en 2011 una reserva de 1,07 millones de Km2 alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur y tiene restringida una superficie de nuestro país equivalente al 52% de la ZEE Argentina?; ¿que el proyecto no tendrá beneficio económico alguno, ni impedirá la pesca ilegal y que, de ninguna manera fortalecerá la soberanía nacional, ya que por el Artículo 77º de la Convención del Mar nadie podría emprender actividad alguna en la plataforma extendida sin expreso consentimiento del Estado argentino? Todo es gravísimo.
Saben (debieran saberlo) la Cancillería, la Secretaría de Malvinas y los autores del proyecto, que además del interés estratégico del Reino Unido, la fundación WCS es funcional a ese interés porque particularmente está interesada en el cuidado de los albatros “ceja negra” (Thalassarche melanophris) que se encuentra y anidan en las islas de “su propiedad” y, que, según el informe de la filial local de WCS, al describir el porcentual de especies a conservar en el Agujero Azul-ZEE alcanzan a “2.72” (Pág. 82-84), el más alto porcentual entre las especies analizadas y, “se cree” (un término poco serio científicamente que no indica evidencia) que “la pesca con palangre y arrastre contribuyen a su disminución”.
Las autoridades argentinas de Malvinas y Pesca no administran el Atlántico Suroccidental y las implicancias derivadas de la ocupación británica y, lo que es peor aún, delega en organizaciones extrañas la planificación y coordinación de las actividades en el mar y sus recursos.

“Un Estado sin pesca nada puede sobre la mar” (Manuel Belgrano).

Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado
Presidente de la Fundación Agustina Lerena1
Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)2
Autor de “La expoliación de los recursos pesqueros migratorios de Suramérica y el Caribe” (2022).
15 de noviembre de 2022
(1) Fundada el 21/10/2002; (2) Fundada el 2/4/1989

Primicias Rurales

Agricultura firmó convenio por más de $19 millones para el fortalecimiento acuícola en Tierra del Fuego

Agricultura firmó convenio por más de $19 millones para el fortalecimiento acuícola en Tierra del Fuego

Buenos Aires, 6 de noviembre (PR/22) .- A través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se impulsa el desarrollo y control sanitario de mejillones y otros moluscos bivalvos en territorio.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, firmó un convenio por $19.356.239 con el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para mejorar tanto la identificación de la oportunidad de cosecha de mejillones, como también para implementar el Plan de Alerta Temprana (PAT) ante eventos que pueden resultar nocivos para la salud humana.Acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Fernández Arocena; Bahillo destacó que “el fortalecimiento de las capacidades para el monitoreo y seguimiento del cultivo de moluscos bivalvos son ejes centrales para la política de cuidado de los recursos marítimos, que es una prioridad en la gestión del Gobierno Nacional”.A través de la financiación se busca brindar un mayor acompañamiento a la planta modula (CEM) para que la producción cuente con la debida trazabilidad, poniendo en valor el Laboratorio de Toxinas Marinas y Microbiología. El objeto de lograr autonomía en las determinaciones de toxinas marinas las cuales pueden constituir una amenaza para la salud humana y adicionalmente se busca aumentar la eficiencia en su realización y obtener un adecuado equipamiento para monitorear las FAN (floraciones algales nocivas).En este sentido, la ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, agradeció el apoyo recibido porque contribuye “a generar mayores capacidades en el Estado para ofrecer mejores servicios. Nosotros tenemos claramente uno de los ejes puesto en el desarrollo de este sector acuícola con emprendimientos vinculados y esta ayuda de Nación viene a incrementar las capacidades de nuestro laboratorio para atender a toda la línea de trazabilidad que tiene que tener nuestros moluscos”, al resaltar el trabajo de los funcionarios y técnicos de la Comisión Asesora Técnica de la Acuicultura (CATA) por los aportes realizados al proyecto.Por su parte, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, afirmó que “este convenio es central para el desarrollo para la acuicultura fueguina, ya que permite solventar los costos del análisis sanitarios de los cultivos de moluscos para que toda la producción que se coseche en el futuro en la provincia no dependa ya de la logística de envío a Buenos Aires, a los laboratorios del Senasa”. De tal forma, “se podrá analizar, cosechar y comercializar de forma segura in situ, desde la provincia, abaratando tiempos y costos”, amplió el director nacional de Acuicultura, Guillermo Abdala Bertiche.La totalidad de los fondos requeridos serán destinados a financiar la adquisición del siguiente equipamiento e insumos, tales como un fluorómetro automático de microplacas, microscopio invertido binocular, cámara digital color WiFi de alta resolución para microscopio, medidor portátil de pH, microcentrífuga ventilada digital, sonda oceanográfica multiparámetro, una estación meteorológica, entre muchos otras herramientas.Inversión privadaEn simultáneo a este convenio, desde la cartera nacional, después de diversas gestiones por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se logró que una empresa muy importante del sector, NewSan Food, invierta por primera vez en el cultivo de mejillones. En esta oportunidad, la suma invertida por la empresa privada ronda los 4 millones de dólares. A su vez, se prevé que el nivel de producción de estos moluscos alcance unas 10 mil toneladas en los próximos 3 años.De la actividad participó el secretario de Inversiones de Tierra del Fuego, Ariel Castiglione.
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Continúa la veda de captura de productos bivalvos en el Golfo San Jorge, Chubut

Continúa la veda de captura de productos bivalvos en el Golfo San Jorge, Chubut

COMODORO RIVADAVIA (Chubut) , 31 octubre (PR/22) –El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recuerda que continua la veda de captura de moluscos bivalvos y gasterópodos en la totalidad de playas del Golfo San Jorge, provincia de Chubut.

La medida fue dispuesta por la Secretaría de Pesca de la provincia de Chubut mediante su Circular Nª 3/2022 debido a que se detectaron valores de toxina paralizante superiores a los máximos admisibles en muestras de mejillón procedentes de las playas de Km 3 y Rada Tilly.

Asimismo se recuerda a la población que se encuentra vedada en su totalidad la extracción de moluscos bivalvos y gasterópodos, incluyendo la vieira y su callo, en las zonas de los golfos Nuevo y San José.

Recomendaciones

En tal sentido, el Centro Regional Patagonia Sur del Senasa recomienda a los consumidores abstenerse de recolectar moluscos bivalvos para consumo en áreas vedadas por las autoridades competentes.

Otras sugerencias a tener en cuenta son: adquirir los productos de la pesca en los comercios habilitados y nunca hacerlo en la vía pública; evitar comprar productos de “elaboración casera y/o artesanal”, que no se encuentren debidamente registrados y autorizados y no adquirir productos de la pesca que, por su aspecto o aroma, resulten desagradables.

También el Senasa recomienda conservar en freezers (–18º C) los productos congelados o, guardarlos en el congelador y consumirlos en el día; no descongelar los productos a temperatura ambiente; evitar descongelar y volver a congelar los pescados y mariscos y una vez preparados, consumirlos lo antes posible.

 

 

 

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Fuente: Senasa

Brasil habilitó el ingreso a su mercado para la Trucha Arcoiris argentina proveniente de la Acuicultura

Brasil habilitó el ingreso a su mercado para la Trucha Arcoiris argentina proveniente de la Acuicultura

Buenos Aires, 28 de septiembre (PR/22) .- La producción acuícola nacional continúa creciendo y genera un horizonte de posibilidades para el desarrollo alimentario, económico y territorial. En esta oportunidad el Ministerio de Agricultura brasilero comunicó hoy la habilitación del protocolo sanitario para la importación del producto argentino.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que Brasil aprobó el protocolo sanitario para el ingreso a su mercado de la variedad Trucha Arco-iris que se produce en la Argentina, principalmente en la región patagónica, y es uno de los productos provenientes de nuestra acuicultura sustentable que continúa en constante crecimiento.Al respecto, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, destacó que “nos da gran satisfacción haber podido lograr un nuevo hito en el desarrollo de la acuicultura argentina. Iniciamos este camino en 2020 construyendo las herramientas para la expansión de la actividad, y hoy ya estamos camino a la apertura de numerosos mercados”, y agregó que “para la Argentina, Brasil es sin duda un destino que proyectará gran cantidad de divisas y puestos de trabajo”.En esa dirección, el Director de Acuicultura, Guillermo Abdala Bertiche, manifestó que “nos encomendaron reposicionar la actividad acuícola como fuente generadora de alimentos de calidad, divisas y trabajo en todo el territorio nacional”, y concluyó que “hoy podemos celebrar este tipo de medidas porque hemos confiado que este sector era posible que crezca, y sustentablemente”.Asimismo, Abdala consideró que “debemos darle un gran reconocimiento a la enorme labor de los productores, autoridades provinciales, el SENASA, la Comisión Asesora Técnica para la Acuicultura y un conjunto de actores, que hacen que hoy la actividad pueda crecer y generar un nuevo esquema de proyección en términos productivos”.El proceso de apertura fue iniciado el pasado 7 de enero, entre con el envío de la solicitud de los requisitos sanitarios y condiciones de acceso al mercado brasileño para el consumo humano de Trucha y subproductos oriundos de la acuicultura, en las presentaciones de Enfriados o Congelados, corte Mariposa o Entero Eviscerado.Luego de intercambios técnicos entre Cancillería, SENASA y la Dirección Nacional de Acuicultura junto a sus pares de Brasil, se logró ajustar los requisitos y condiciones entre ambos países, y se alcanzó un acuerdo mediante el cual se aceptó un nuevo modelo de certificado sanitario internacional, para la importación de pescados y productos derivados de la acuicultura.Así el mercado brasilero se suma a Japón, hecho que demuestra el constante desarrollo e incremento de las inversiones que Argentina impulsa en la producción de proteínas derivadas del pescado.La acuicultura nacional comenzó a potenciarse a partir de 2020 con la creación de la primera Dirección Nacional de Acuicultura y la implementación del Fondo Nacional Acuícola. Actualmente es un rubro que se lleva adelante en 14 provincias del país. Se trata de una actividad que duplicó su volumen y mercados en los últimos dos años y medio, con exportaciones que se multiplicaron en el 2022 y con una proyección que busca alcanzar más de 50.000 mil toneladas en pocos años.
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Se impulsa una agenda común para fortalecer la actividad pesquera de la Argentina

Se impulsa una agenda común para fortalecer la actividad pesquera de la Argentina

Buenos Aires, 8 septiembre (PR/22) — El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) inició una ronda de encuentros con actores del sector pesquero con el objetivo de conformar una agenda común de trabajo que permita favorecer las potencialidades de la actividad.

En tal sentido, el vicepresidente del organismo, Rodolfo Acerbi, concurrió a la sede de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), ubicada en calle Alsina al 300 de la Capital Federal, donde se reunió con las autoridades de esa entidad.

Del encuentro también participaron por el Senasa su director nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Alejandro Fernández; el director a cargo de Pesca y Acuicultura, Fabián Ballesteros y el coordinador general de Relaciones Internacionales, Miguel Donatelli.

Durante la reunión se avanzó en la identificación de situaciones que permitan agilizar el trabajo operativo para que el sector fortalezca su desempeño.

Asimismo se conversó sobre la posibilidad de acceder a nuevos mercados; la situación del comercio de pesca con China; los resultados de la reciente visita de Corea del Sur que auditó el sistema de control y calidad de los establecimientos argentinos que exportan productos pesqueros a ese destino y la próxima visita de Cuba por el mismo tema.

En la oportunidad, Acerbi instó a los integrantes de Capeca a trabajar en conjunto tanto con el organismo sanitario como con las demás entidades del sector, las que serán convocadas a próximas reuniones con el fin de fijar objetivos comunes entre todos los actores del ámbito de la pesca bajo la coordinación del Senasa.

 

 

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Fuente: Senasa

 

El sector pesquero acordó con Bahillo liquidar US$300 millones

El sector pesquero acordó con Bahillo liquidar US$300 millones

Buenos Aires, 9 agosto (PR/22) — El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, mantuvo un encuentro con las Cámaras y empresarios del sector pesquero en el que acordaron adelantar fondos para la prefinanciación de exportaciones por cerca de 300 millones de dólares.

La decisión de la industria pesquera se da luego de que el Banco Central dispusiera la emisión de una Letra en Dólares, destinada a estimular el ingreso de fondos externos para la prefinanciación de grandes exportadores. El organismo explicó que “las divisas ingresadas por este mecanismo, depositadas en el sistema financiero local en una cuenta en moneda extranjera, habilitarán a la entidad financiera a licitar por el equivalente a ese depósito una Letra en Dólares”.

De esta manera, las empresas que obtienen prefinanciamiento de sus operaciones en el exterior pueden ingresar los dólares y depositarlos en una cuenta que les generará un rendimiento.

Bahillo agradeció la iniciativa y expresó que “esto es muy importante para el gobierno, habla muy bien del sector y del compromiso que tiene con el país”, al tiempo que aseguró que “queremos trabajar en una agenda conjunta de temas”. En ese sentido, manifestó que “hay una muy buena predisposición de Sergio Massa y la manera en que está configurado hoy el Ministerio de Economía, nos va a permitir una respuesta más directa para avanzar en los distintos temas”.

Además se analizaron herramientas para mejorar el proceso de reintegro del IVA a las empresas y cuestiones vinculadas a la importación de insumos para la producción. La ronda de encuentros con el resto de los sectores del agro continuará esta semana.

Bahillo estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Manuel González Arocena; y el Director General de Aduanas, Guillermo Michel, quien se comprometió a estudiar caso por caso la cuestión de los reintegros del IVA.

Por el sector pesquero estuvieron presentes autoridades de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA), la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (AEPC), la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA), la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), Arbumasa, Newsan, Cafrexport, Estremar, Argenova y Pesquera Deseado.

 

 

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Fuente: Noticias Argentinas