La iniciativa ingresa al Parlamento en momento de un intenso debate público sobre las decisiones que debe tomar la Argentina para combatir la inflación.

La propuesta de dolarización es esgrimida por sectores liberales y tiene al diputado por la Ciudad de Buenos Airees, Javier Milei, como su mayor impulsor.

El proyecto de Cacace consta de ocho artículos y propone que el tipo de cambio de conversión sea el cociente entre pasivos remunerados y no remunerados del Banco Central y las Reservas Internacionales.

Si bien las reservas internacionales subieron a U$S 43.000 millones tras el desembolso del FMI luego de la aprobación del acuerdo, analistas consideran que aquellas de “libre disponibilidad” que podrían  utilizarse para la conversión están en saldo negativo.

El proyecto establece que el BCRA canjeará los pesos en circulación por su equivalente en dólares de acuerdo al tipo de cambio de conversión que surja de la relación propuesta.

“Todas las operaciones financieras, tales como depósitos bancarios, créditos, emisión de títulos valores y cualesquiera otras realizadas por medio del sistema financiero, así como los registros contables del sistema financiero, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Las operaciones o transacciones del Sistema Financiero que se hayan realizado o pactado en Pesos con anterioridad a la vigencia de esta ley, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio establecido de acuerdo a lo dispuesto en esta ley”, señala el Artículo 5 de la iniciativa.

Asimismo, se le prohíbe al Banco Central ampliar la base monetaria.

Entre los fundamentos Cacace remarcó que “la historia muestra que nunca hemos sido capaces de controlar la inflación salvo en dos oportunidades: con la Caja de Conversión, luego de la crisis de 1890, y con la convertibilidad, un siglo después, ante la hiperinflación de finales de los 1980 y principios de los ‘90”.

En ese mismo sentido remarcó que “Argentina es un país bimonetario, lo que quiere decir que los argentinos confían en una sola moneda, el dólar americano, pero están obligados a usar el peso, lo que genera una dolarización de facto”.

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Fuente: Noticias Argentinas

En este sentido, la principal alianza opositora reclama la puesta en funcionamiento de la comisión bicameral de Trámite Legislativo que es encargada de dictaminar en sentido favorable o desfavorable los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que luego son convalidados o no en el Senado. De hecho, los presidentes de los bloques del PRO y de la UCR de Diputados y del Senado ya mandaron notas a las presidencias de ambas cámaras para que se normalice la situación de la bicameral.

El Congreso, entonces, es el escenario elegido por la oposición para resistir y defender a ultranza los intereses del sector del campo que amenaza con sublevarse por el impacto de las últimas medidas en la rentabilidad de su negocio.

“El kirchnerismo se beneficia con la parálisis legislativa. Hoy se cumplen 104 días sin que se conforme la Bicameral de Trámite Legislativo que analiza los DNU. Desde Juntos  tenemos compromiso en poner en marcha el Congreso. Esta parálisis tiene además que ver con la fractura expuesta del Frente de Todos. Pero no va a continuar porque nosotros vamos a dar una fuerte ofensiva parlamentaria”, prometió el jefe de la bancada radical en Diputados, Mario Negri.

Destacó además que “se van a hacer todos los esfuerzos para que ambas cámaras del Congreso rechacen el decreto 131/2022 del sábado último que elevó las alícuotas de los derechos de exportación a derivados de la soja”.

“Esto debe ir de la mano de los planteos judiciales que va a poner en marcha el campo”, detalló sobre la estrategia conjunta y coordinada que ya cranea Juntos por el Cambio con las entidades ruralistas.

El cordobés sacó cuentas y se jacta de estar muy cerca de lograr una mayoría opositora suficiente para voltear la política de derechos de exportación del Gobierno, en un contexto donde la inflación galopa campante y los precios internacionales de los commodities agrarios vuelan por los aires, mejorando la rentabilidad del campo, y presionando hacia arriba los precios domésticos.

“Este Interbloque tiene 116 legisladores sobre 257. Si tomamos cabal conciencia, solo resta convencer a 13 diputados más opositores. Con esto no sólo lograremos frenar las nuevas medidas, que no tenemos dudas de que son ilegales, sino que podemos aprobar nuevas leyes que apuntalen el desarrollo del campo y la agroindustria”, sacó pecho.

Pese a la suavidad de las medidas anunciadas, el Gobierno considera que el aumento de retenciones permitirá desacoplar los precios internacionales de los alimentos respecto de los domésticos, y así contribuir a la lucha contra la inflación. 

En la oposición lo interpretan de otro modo: consideran que el incremento de los derechos de exportación es un manotazo arbitrario del Gobierno para perjudicar a la gallina de los huevos de oro del país que es el campo productivo, el mayor generador de las divisas que tan imperiosamente necesita el país para reforzar las diezmadas reservas y equilibrar la balanza de pagos. No se resolverá la inflación y a fuerza de impuestos nuevos, se exportará menos y el país se privará del ingreso de valiosas divisas.

Así lo explica el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo: “La solución para el gobierno es cazar en el zoológico, matar a impuestos al sector más productivo del país”.

“Desde Juntos por el Cambio nos comprometimos a no aumentar más impuestos, pero lamentablemente el gobierno nacional actúa en sentido contrario. Nosotros estamos convencidos de que la presión impositiva debe bajar, en vez de subir”, afirmó.

En la misma línea se manifestó el diputado macrista Omar de Marchi, quien también participó de la reunión con la Mesa de Enlace: “El Gobierno quiere que el Campo pague y se haga cargo de sus despilfarros. Siempre me van a encontrar del lado de la defensa de los que producen. Y siempre voy a estar del lado del campo, como de todos los sectores productivos. Argentina necesita gente que trabaje y no revolucionarios de café”, arremetió el mendocino.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López calificó las medidas de aumento de retenciones como “ilegales”, al argumentar que la ley de Emergencia que facultaba al Gobierno a subir o bajar por decreto las alícuotas con ciertos límites expiró el 31 de diciembre pasado.

“Nosotros creemos que son ilegales estas últimas medidas y lo que se tienen que preguntar es si puede el Poder Ejecutivo dictar o aumentar o bajar o subir retenciones de algún modo. Sí puede en tanto y en cuanto haya una ley delegante de este Congreso, y esa es una batalla que se logró y esa ley delegante se cayó el 31 de diciembre del año pasado. ¿La respuesta es puede? Sí. ¿Hay ley delegante? No. ¿Tienen que venir acá ustedes y el Gobierno a buscar eventualmente una ley delegante? Sí, porque las retenciones que se cobran son ilegales”, dijo al fundamentar su postura.

Conciliador, el “lilito” dijo que le “parece bien que vengan acá a buscar una ley que ponga topes y que sea una ley que delegue en el Ejecutivo por plazos cortos, de 2 y 3 años”.

“Lo estudiaremos, nos pondremos de acuerdo entre todos, pero esa base de discusión me parece que está ganada”, presumió.

Las entidades ruralistas también mantuvieron una reunión aparte con los diputados nacionales por Avanza Libertad, José Luis Espert y Carolina Píparo, junto con los diputados Ricardo López Murphy (Republicamos Unidos) y Paula Omodeo (CREO Tucumán) para transmitirle sus preocupaciones y conseguir el respaldo de esos bloques minoritarios de la oposición. y buscar un camino para derogar las retenciones.

“Estamos a favor de bajar las retenciones a cero. No puede ser que siempre sea el sector rural el que termina pagando el exceso del gasto público a cambio de muy poco. Los productores agropecuarios pagan retenciones, inmobiliario rural, Ingresos Brutos, Iva y otros tantos impuestos. Al sector rural los exprimen como limones por esos desde la Cámara de Diputados hoy tratamos de escuchar sus reclamos y preocupaciones”, dijo Espert, que en la reunión estuvo acompañado, llamativamente por López Murphy, quien pertenece a Juntos por el Cambio pero tiene juego propio.

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