CRA celebra el proyecto que crea la figura de “vandalismo rural”

CRA celebra el proyecto que crea la figura de “vandalismo rural”

Buenos Aires, 5 de abril (PR/21) .– Los hechos de violencia a la propiedad privada se han repetido a diario el año pasado y desde CRA hemos propuesto una ley contra los ataques a silobolsa y por eso celebramos la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados en llevar adelante este tema, a pesar de que se ha demorado un año en presentar el proyecto. El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos.

Los delitos rurales se multiplicaron en todo el territorio nacional, escalando cada vez más en cuanto al daño y al tipo de hechos. Ya no es el abigeato lo que usualmente sufren los productores rurales, sino que a ello se le han sumado los ataques anónimos que destruyen silobolsas, usurpaciones e incendios intencionales en explotaciones agropecuarias.

En el 2020 se han reportado la rotura de más de 130 silobolsas, lo que equivale a, al menos, 5.700 toneladas de granos dañados e incontables daños a la producción rural a través de robo de maquinaria, incendios intencionales, robo de cosecha, robo de agroquímicos, entre otros.

Estos ataques anónimos van dirigidos a toda la sociedad, porque la labor del campo es un pilar fundamental para la producción de alimentos y de divisas para nuestro país, más aún en este particular contexto de recesión económica.

No hacen más que amedrentar a las personas del campo que, con su esfuerzo y producción, ponen a la Argentina de pie con cada cosecha.

Se está atentando contra la propiedad privada, contra el esfuerzo cotidiano de un sector de la economía que brinda al país 5,5 millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, tanto en el sector privado como el público.

Las leyes son las pautas de convivencia que nos otorga la República. Los delitos que no están tipificados en nuestro Código Penal, no pueden ser pasibles de ningún tipo de sanción al respecto. Por ello, dados los cambios acaecidos en la forma de estos delitos, resulta imperioso que nos aboquemos a hacer las modificaciones que sean necesarias para brindar a la justicia las herramientas para responder adecuadamente y resguardar la seguridad pública.

En este sentido, el bien jurídico objeto de protección es la seguridad pública, ya que cuando se cometen los delitos que nos ocupan, no sólo se afecta la propiedad privada, sino que se perturba, sin duda, la seguridad jurídica, el movimiento comercial, la producción nacional y la recaudación impositiva.

Se requiere entonces, una rápida respuesta, que acompañe a las desavenencias que viene soportando el sector que más divisas le entrega al país; el sector que más puestos directos e indirectos de trabajo conforma; el sector que siempre está dispuesto a dar y a sostener a la economía nacional.

Es por ello que este Proyecto propone una modificación necesaria al Código Penal, para que los mencionados delitos sean considerados como tales. Es así que el incendio y / o la destrucción de cereales en parva, gavillas o bolsas, silobolsas, tolvas y / o diferentes sitios y / o unidades de almacenamiento de granos, o de los mismos todavía no cosechados y toda clase de reserva de granos y/o forrajes sean penados como delitos contra la seguridad pública, no excarcelables, al otorgarse una pena mínima de tres años y un máximo de diez, conforme al estrago sufrido y pergeñado en establecimientos rurales.

 

Una sociedad jamás puede crecer sino distingue a los hombres de bien de los delincuentes y a estos, los condena, conforme el daño que generan. 

Primicias Rurales

Fuente: CRA

Un duro informe de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins concluyó que hubo medidas “abusivas e insalubres” en Formosa

Un duro informe de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins concluyó que hubo medidas “abusivas e insalubres” en Formosa

Buenos Aires, 26 de marzo (PR/21) .– El gobierno de Formosa, a cargo de Gildo Insfrán, utilizó “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del COVID-19″, indicó un informe de Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins, la institución académica que se convirtió en una referencia mundial durante la pandemia.

Con un análisis crítico, las entidades norteamericanas corroboraron que más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias que, en muchos casos, “podrían considerarse detenciones arbitrarias”; y que la intervención del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, no fue exhaustiva ni priorizó “documentar las violaciones de derechos humanos” durante las protestas que culminaron en represión y detenciones.

La conclusión surge de un relevamiento que realizó Human Rights Watch entre enero y marzo de 2021, con 45 entrevistas telefónicas. De ese grupo, 30 estuvieron confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, mientras que el resto fueron médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. Según esos testimonios recogidos, la mayoría “temía sufrir represalias”.

Una de las críticas centrales apuntó a que las autoridades de Formosa mantuvo a personas recluidas, con resultados positivos de Covid-19, junto con otras que contaban con resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. “En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, apuntaron.

Además, el reporte recuerda que los “centros de atención sanitaria” o de aislamiento “se crearon para individuos con un resultado positivo y síntomas leves o que son asintomáticos”. En el caso de Formosa, estos establecimientos impedía salir a las personas que estaban “bajo constante vigilancia policial, y, en algunos casos, fueron encerradas en sus habitaciones”.

También se mezclaban a las personas que compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños. “Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo”, indicaron.

Human Rights Watch tuvo acceso a un formulario titulado “Consentimiento informado y previo” para casos positivos que se estableció en el Estadio Cincuentenario. El formulario indicaba que el gobierno se “eximía” de responsabilidad por lo que pudiera sucederles a las personas allí retenidas. Por su carácter obligatorio, la disposición implicaba una “privación de la libertad”.

Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al COVID-19″, expresó Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”, completó.

La represión en Formosa contra las protestas en rechazo a la vuelta a la Fase 1. La represión en Formosa contra las protestas en rechazo a la vuelta a la Fase 1.

El caso de Clorinda

El documento de la entidad norteamericana de derechos humanos señala como hecho testigo de la dureza de las restricciones el caso de Zunilda Gómez, de 33 años, quien cursaba el tercer mes de embarazo de su cuarto hijo cuando, el 19 de diciembre, la policía se llevó a su familia de su vivienda en la ciudad de Clorinda. Las autoridades terminaron encerrando a la mujer y a sus tres hijos, de 12, ocho y cinco años, en una habitación de hotel. El 5 de enero, Gómez pidió ayuda y fue trasladada a un hospital: había sufrido un aborto espontáneo. Sus hijos permanecieron aislados en el hotel hasta el día siguiente.

Su esposo, que fue trasladado a un centro de aislamiento a 120 kilómetros de distancia tras resultar positivo, se enteró de la pérdida del embarazo cuando lo llamó un familiar.

Entre agosto de 2020 y marzo de 2021, las autoridades formoseñas impusieron en Clorinda un “bloqueo sanitario”, donde suspendieron el transporte público y exigieron que todos quienes pretendan salir de la ciudad presenten una prueba negativa de Covid-19 y obtengan autorización de la policía, lo que impidió la posibilidad de una atención médica adecuada, ya que los tratamientos son escasos en la ciudad.

CORONAVIRUS-FORMOSA-CIRCULACIÓN El gobierno de Formosa dispuso hoy restringir la circulación interurbana ante el aumento de los casos de coronavirus en localidades del oeste provincial y la fronteriza ciudad de Clorinda, por lo que monitorean la situación en distintos puntos de la provincia, ya que en el departamento Matacos se estableció un bloqueo sanitario y la vuelta a Fase 1, de aislamiento social. (Télam)CORONAVIRUS-FORMOSA-CIRCULACIÓN El gobierno de Formosa dispuso hoy restringir la circulación interurbana ante el aumento de los casos de coronavirus en localidades del oeste provincial y la fronteriza ciudad de Clorinda, por lo que monitorean la situación en distintos puntos de la provincia, ya que en el departamento Matacos se estableció un bloqueo sanitario y la vuelta a Fase 1, de aislamiento social. (Télam)

La intervención de Pietragalla y los abusos policiales

El texto también repasa la vulneración a la libertad de prensa y el uso de la violencia policial en Formosa. En particular, se recuerda el impedimento de los periodistas de informar y entrar en la provincia, la aplicación de una “fuerza excesiva contra las personas que protestaron” por las restricciones excesivas por el COVID-19, y detuvieron y procesaron penalmente a algunas de ellas.

“Conforme al derecho internacional, ciertos derechos básicos, tales como el derecho a no sufrir tratos crueles o inhumanos, no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia. Las restricciones de otros derechos, como el derecho a la libertad y la libertad de circulación, expresión y asociación, podrían resultar permisibles en un contexto de emergencia de salud pública como el que supone una pandemia, pero deben tener un claro fundamento legal, ser estrictamente necesarias y proporcionadas para el objetivo de salud pública que se persigue, tener una duración limitada, estar sujetas a revisión, y su aplicación en la práctica no puede ser arbitraria ni discriminatoria”, resalta Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins.

Representantes de la ONG norteamericana se reunieron el 15 de marzo con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y solicitó información al gobierno local y la Procuraduría General de la Nación.

Según la información brindada por la oficina de Pietragalla, la secretaría de Derechos Humanos “solamente visitó la ciudad capital de Formosa y no se trasladó hasta Clorinda”. “Aunque las autoridades de Formosa confirmaron a Human Rights Watch que habían establecido 188 centros de aislamiento y cuarentena en la provincia, el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solamente visitó 4 centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en dos. En el Estadio Cincuentenario, el centro más grande, entrevistaron a personas encargadas de la atención sanitaria del lugar, pero no a individuos confinados allí”.

De acuerdo a ese descargo del secretario de Derechos Humanos, Pietragalla informó que su rol fue “promover un diálogo entre las autoridades sanitarias nacionales y provinciales”, lo que contribuyó a que “el gobierno de Formosa adoptara nuevos protocolos en febrero, así como al cierre del Estadio Cincuentenario”.

La reunión de Horacio Pietragalla y el gobernador de Formosa Gildo Insfrán. La reunión de Horacio Pietragalla y el gobernador de Formosa Gildo Insfrán.

“Estas medidas positivas sólo podrán contener la propagación del Covid-19 y contribuir a proteger los derechos humanos si se implementan de manera adecuada, pero las evidencias recolectadas por Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins indican que siguieron produciéndose abusos”, planteó el comunicado de la ONG.

Además, se recordó el polémico pronunciamiento de Pietragalla que condenó la “violencia ejercida por integrantes de la policía”, en el que apuntó también a la “campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos”. Frente a esos hechos, Human Rights Watch recomendó que el presidente Alberto Fernández avance en la designación del titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un órgano cuya estructura es independiente del poder ejecutivo y podría documentar y denunciar abusos.

La respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas, señalaron Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins”, concluyó el comunicado.

Primicias Rurales

Fuente: infobae

 

“Falta de políticas públicas” – Empresarios apuntan contra la dirigencia política

“Falta de políticas públicas” – Empresarios apuntan contra la dirigencia política

Por Belén Benítez

Buenos Aires, 8 de marzo (PR/21) .– En el seno del Foro de Convergencia Empresarial, empresarios endilgaron al responsabilidad de la “crisis económica y social” a los dirigentes políticos.

En un filoso comunicado, el Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa a múltiples entidades empresariales y profesionales del país, apuntó en contra de la dirigencia política y se explayó acerca de las dificultades que hay para realizar inversiones.

Pese a que el contexto internacional no es para nada favorable, y prácticamente la totalidad de los países del mundo están atravesando una aguda inflación, los empresarios afirman que la crisis económica y social es producto de la “falta de políticas públicas sustentables” por parte de la dirigencia política.

Como clave para resolver una problemática ya enraizada en nuestro país, la pobreza, los empresarios aseguran que la manera de erradicarla es poniendo el foco en las empresas: “Las empresas dinámicas, que invierten, crean valor y generan trabajo, son el motor para erradicar la pobreza y generar desarrollo y movilidad social”.

“No nos asusta competir, pero con inflación nueve veces más alta, presión impositiva dos veces más elevada y costo de capital cuatro veces más caro, no es posible”, asegura el documento de los empresarios argentinos.

Para ello, los empresarios agrupados en el Foro destacan que son necesarias condiciones que den luz verde a las inversiones, la creación de empleo y la generación de riqueza: “No nos asusta competir, pero con inflación nueve veces más alta (en relación a otros países de Sudamérica), presión impositiva dos veces más elevada y costo de capital cuatro veces más caro, no es posible”, dicen los empresarios que piden, a su vez, condiciones similares a la de los competidores de América Latina.

Tercerizando la responsabilidad, los empresarios aseguran que la solución depende de los gobernantes, quienes deben “trabajar hasta consensuar las medidas que permitan a las empresas funcionar sin desventajas respecto a los competidores de la región”.

Por último, pese a que el gobierno de Alberto Fernández disminuyó durante su gestión 18 puntos de inflación, los empresarios puntualizaron con un gráfico que Argentina actualmente tiene precios muy por encima del resto de los países que integran el Mercosur.

Primicias Rurales

Fuente: El Agrario

Para el campo, el discurso del presidente dejó “Gusto a Poco”

Para el campo, el discurso del presidente dejó “Gusto a Poco”

Buenos Aires, 1 marzo (PR/21) — El titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, sostuvo que el sector agropecuario se quedó con “la sensación de gusto a poco” tras el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa.
“A uno le queda la sensación de gusto a poco. Casi no hubo referencias a nuestra actividad y esto coincide con lo que hemos dicho como entidad de que, pese a que se nos declaró esenciales durante la pandemia, al momento de diseñar las políticas públicas no se nos tiene cuenta de la misma manera”, apuntó.
Además, consideró: “Como argentino, me hubiera gustado que el tono del discurso del Presidente fuese más vinculado con la concordia y con tratar de encontrar entre todos las soluciones que nuestro país necesita a todos los problemas que se arrastran desde hace años”.
“En muchos lapsos del discurso pareció que el presidente sólo le hablaba a la oposición, en lugar de estar exponiendo un programa de país para todos los argentinos”, cuestionó el dirigente en un comunicado.
A su vez, argumentó: “El Presidente se refirió el sector cuando habló de que se va a ´promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector, generando más empleo y valor agregado´”.
“También cuando habló de que se bajaron las retenciones a productos de las economías regionales”, indicó Achetoni.
“Como dirigente del sector agropecuario, tengo que decir que me hubiera gustado que el Presidente planteara políticas estratégicas para nuestro sector, que hoy no fueron mencionadas”, insistió.
En tanto, remarcó: “Seguimos soñando con que, algún día, el discurso de un primer mandatario en una asamblea legislativa hable sobre el acceso a la tierra, las herramientas para dotar de sustentabilidad a los agricultores familiares y para favorecer el arraigo en los pueblos del interior”

Primicias Rurales

NA

El Presidente la pidió la renuncia a Ginés González García

El Presidente la pidió la renuncia a Ginés González García

Buenos Aires, 19 de febrero (PR/21).– El pedido de renuncia se lo hizo llegar Fernández a González García a través del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La polémica por el “vacunatorio VIP” que había montado el ministro en su cartera molestó profundamente al Presidente, en momentos en que las dosis contra el COVID-19 llegan al país a cuentagotas.

Si bien ya había rumores sobre supuestas vacunaciones por fuera del sistema establecido por el Gobierno, este viernes Verbistky confirmó que recibió la Sputnik V luego de hablar con González García, a quien catalogó como su “amigo”.

Ese episodio cayó muy mal en la Casa Rosada, donde consideraron que se enturbia el plan de vacunación nacional.

La salida de González García se da a poco de cumplir un año y dos meses de gestión y haber comenzado la vacunación contra el coronavirus entre el personal de salud y los mayores de 70 años.

El ministro de Salud, que por el momento no tiene reemplazante, ya había estado en la mira del Gobierno por otras situaciones que generaron polémica, pero este viernes el episodio con la Sputnik V derivó en su pedido de renuncia.

Primicias Rurales

Fuente: El Litoral

 

 

Denuncian plan apuntado a convertir al INTA en una “peligrosa trinchera” kirchnerista

Denuncian plan apuntado a convertir al INTA en una “peligrosa trinchera” kirchnerista

Buenos Aires, 16 de febrero (PR/21) .– Un grupo de entidades agropecuarias de la provincia de Buenos Aires denunciaron que grupos del gremialismo del INTA alineados con el kirchnerismo y el Frente de Todos ostensiblemente están accionando para convertir a la institución en una “peligrosa trinchera partidaria”.

Con un señalamiento parecido, el periodista Matias Longoni publicó una nota de opinión en la cual sostiene que “El INTA se politiza peligrosamente: El kirchnerismo más duro quiere avanzar sobre la conducción del organismo y ya condiciona a muchos investigadores”.

En Córdoba
Complementariamente, Agroverdad recibió en los últimos tiempos comentarios de técnicos e investigadores del INTA en la provincia de Córdoba, transmitiendo su desazón por el entorpecimiento que han sufrido sus trabajos científicos o de investigación, por parte de sectores internos que pretextaban las restricciones impuestas por el COVID-19 para no realizar tareas con las que, objetivamente, se impidió que se realizaran muchos ensayos que estaban programados en investigaciones que llevan muchos años de desarrollo.

Además, habría que acoplar a la acción del gobierno o sectores específicos de la coalición oficialista, los planes que corren por la línea de la llamada “agricultura familiar” y otros que se han canalizado por las organizaciones de la titulada “economía popular” que lidera Juan Grabois.

Bien podría caracterizarse a todo esto como un gran despliegue para copar y operar organismos estratégicos o planes y programas que cumplen un cometido semejante.

Intenso proceso de politización
Longoni afirma: “A esta altura, lo que está quedando muy claro es que el INTA vive un intenso proceso de politización que altera la vida institucional. La empobrecedora grieta que se vive en todos los eslabones de la sociedad tiene su propio capítulo en este instituto público, que debería ser lo más aséptico posible y ofrecer espacios de paz y tranquilidad para el desarrollo de sus investigaciones”.

El periodista incorpora a su nota declaraciones radiales del secretario general de APINTA (Asociación del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Mario Romero, “(que) blanqueó esta situación de modo más que generoso, reconociendo que hay sectores del organismo -incluso su gremio- que impulsan este tipo de  enfrentamiento entre modelos más que a hacer lo que deberían hacer: defender a sus afiliados para que puedan generar investigación y extensión agropecuaria. Por supuesto que -un clásico- el sindicalista le echó la culpa de esta colisión al otro gobierno, el de Mauricio Macri”.

Renuncia de profesionales
Longoni considera funcional a esa posición al director nacional del organismo, Carlos Parera, quien ha “dado muestras de docilidad frente” a distintas presiones internas que se han ejercido.

Menciona igualmente que “en el INTA Balcarce, una de los principales enclaves de investigación agropecuaria del país, ya se han producido también algunas renuncias de profesionales reconocidos por razones de índole política”.

Frente de Todos INTA
El INTA cuenta con un Consejo Directivo que es un cuerpo colegiado integrado por cinco representantes del sector público y cinco del sector privado, que posibilita una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias de la institución.

Relata igualmente que la creciente politización en el INTA se impulsa con “la aparición de nuevas expresiones internas, como una flamante agrupación “Frente de Todos INTA”, que en los últimos días ha difundió una proclama a tono con los planteos del sindicalista Romero.

Vamos por todo
En ese documento, el FdT INTA cuestionan a la Mesa de Enlace y se encolumna con el gobierno en la discusión sobre los precios de los alimentos, justifica la existencia de las retenciones y los controles de precios, proponen la recreación de una Junta Nacional de Granos (JNG) e insiste con la necesidad de expropiar a Vicentin, para que el Estado intervenga en el comercio de granos.

En suma, para Longoni “resulta inevitable remarcar que lo que sucede actualmente dentro del INTA es un intento de los sectores ligados al kirchnerismo de controlar todos los hilos de poder dentro del instituto.

La declaración de San Pedro

Primicias Rurales

Fuente: Agroverdad