Primicias Rurales
Fuente: Canal Abierto
Buenos Aires, 10 mayo (PR/22) — Con 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones, este jueves la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal.
La iniciativa avanzó gracias al impulso del oficialismo luego de la reglamentación de la ley 27.350 de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados que amplía el acceso para quienes necesitaran tratamientos con el célebre botánico.
En su articulado, el proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
“Es una de las industrias emergentes más importantes del mundo y abre una agenda de producción, inversión y desarrollo regional que promete generar muchos puestos de trabajo y exportaciones”, aseguró en aquel entonces Pablo Fazio, el presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann).
Los principales efectos que tiene el cannabis en el organismo son antiinflamatorio, analgésico, neuroprotector, anticonvulsivante, relajante muscular, estimulante de la formación y crecimiento óseo; además, puede funcionar como anti-náusea, antiespasmódico intestinal, estimulante o inhibidor del apetito, ansiolítico, antipsicótico, facilitador del sueño, inmunomodulador, antioxidante, preventivo de la recaída y del síndrome de abstinencia en dependencias químicas. En función de dichos efectos, esta sustancia -cuyas presentaciones son aceite terapéutico con extracto de cannabis, cremas de uso tópico y aceites tópicos para masajes- se puede utilizar para tratar grupos diversos de enfermedades. Dentro de las patologías neurológicas, las más frecuentemente tratadas de esta forma son la epilepsia y muchos trastornos neurodegenerativos, como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la Corea de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome de Tourette y el autismo.
“Esto es sólo un puntapié, se abre una nueva etapa con grandes desafíos”, afirmó Fazio a Canal Abierto a pocas horas de sancionada la norma. “Esta ley viene a complementar la 27.350 con la industrialización de esos productos, pero también del uso de cannabinoides en alimentos, bebidas, productos veterinarios, suplementos dietarios e infinidad de otras industrias como la del papel, la textil y la construcción. De todos modos, la clave ahora es pensar cómo lograr encadenamientos productivos en territorio argentino y no sólo la producción primaria (de flor seca o biomasa de caña): esta es una industria que va a resultar útil de la mano de la innovación y la agregación de valor”.
Sobre los desafíos que encara el sector, el titular de ArgenCann detalló: “Hay que seguir de cerca la reglamentación de la ley para que esta respete el espíritu de lo sancionado, y que sean las pymes, los emprendedores y las cooperativas los sujetos protagonistas de esta industria. Es fundamental evitar cualquier concentración del mercado, sea de empresas vinculadas al poder político o de otros sectores concentrados de la economía. No nos ha ido bien con ese modelo de concentración y monopolios, y ahora que se inaugura una nueva industria en Argentina estaría bueno pensarlo de otra manera desde sus inicios”.
La del 5 de mayo fue la primera sesión de Diputados desde el pasado 10 de marzo, día en que la Cámara debatió el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además de la norma cannábica, los legisladores abordaron otros proyectos como la iniciativa que da incentivos para la construcción a través de un blanqueo de capitales y el proyecto de ley de VIH que propone un abordaje integral desde la salud colectiva. Si bien logró llevar su proyecto a comisión, Juntos por el Cambio no logró tratar sobre tablas ninguno de los proyectos para votar con una Boleta Única Papel.
Primicias Rurales
Fuente: Canal Abierto
Buenos Aires, 9 de Mayo (PR/22) .- Un Solo Uruguay es un movimiento que surgió de los productores autoconvocados, en el país vecino. Tras una asamblea, los integrantes analizan crear un partido político para competir en las futuras elecciones.
El Comité Ejecutivo lo debatió en Maldonado, Uruguay, y ahora el debate se trasladó a las bases. Este movimiento surgió como un grupo de productores autoconvocados que se manifestaron en contra del entonces presidente, Tabaré Vázquez.
Al mismo tiempo, el dirigente comentó que las personas empezaron a replantearse qué hacer. “Seguir reclamando en esta línea o intentar constituir una fuerza política”, agregó Franchi.
“No nos identificamos con la izquierda ni con la derecha, pero tampoco con el centro”, aclaró. Desde Un Solo Uruguay señalaron que son un espacio profundamente nacionalista, pero no del Partido Nacional.
“Somos nacionalistas de la Nación. La visión nuestra no tiene nada que ver con ideologías, ni con utopías, ni dogmatismos ni nada. Se enfoca en los problemas estructurales del Uruguay, sin pertenecer a la derecha ni a la izquierda”, concluyó el dirigente de Un Solo Uruguay.
Fuente: Agrofy News
Primicias Rurales
Pocos lo recuerdan, pero en pleno conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones móviles, en junio de 2008, Buryaile era el vicepresidente de CRA y declaró a una radio chaqueña una frase que lo hizo bastante conocido. Cuando el Ejecutivo mandó al Congreso la Resolución 125, el productor sostuvo: “esperemos que los legisladores asuman la responsabilidad de lo que está pasando” porque de lo contrario “habría que disolver el Congreso”.
Mucha agua pasó desde entonces bajo el puente: Buryaile fue luego elegido como uno de los primeros agrodiputados en la elección de 2009, más tarde fue ministro de Agroindustria del gobierno de Cambiemos y ahora regresó al Congreso para otro mandato más, en el cual deberá hacerse cargo justamente de la Comisión de Agricultura. Obviamente representa a Juntos por el Cambio.
Carlos Ybrahín Ponce, del Frente de Todos de San Luis, será el vicepresidente en ese cuerpo, que tiene por discutir varios proyectos vinculados a la vigencia y legalidad de las retenciones, entre otros muchos pendientes de la política agropecuaria.
La nómina de autoridades de la comisión se completa con Pablo Torello como vicepresidente segundo, quienes productor agropecuario en Bragado y responde al núcleo duro del macrismo.
Nelly Galdovo será secretaria de la Comisión. Se trata de una peronista formoseña que declaró que Gildo Insfrán es el mejor gobernador del país, que asumió en 2019 en reemplazo del ex ministro Luis Basterra, que fue intendenta de Riacho He Hé e integró las antiguas Ligas Agrarias.
Finalmente, la cordobesa Gabriela Brower de Koning, de Juntos por el Cambio, ocupará otra secretaría; mientras que su coprovinciano, el peronista Carlos Gutiérrez, ocupará el último de los puestos dentro de la Comisión.
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Bichos de campo
Buenos Aires, 8 abril (PR/22) — “Queremos saber qué medidas se evalúan implementar para solucionar el problema de desabastecimiento de gasoil en el territorio nacional”, dijo Ricardo Buryaile.
En el proyecto que presentó al Ejecutivo Nacional, el diputado nacional formoseño interpeló a los funcionarios nacionales, sobre las medidas que adoptará la Secretaría de Energía a los efectos de solucionar los desequilibrios entre oferta y demanda de gasoil que pudieran surgir en los próximos meses. Además, interrogó sobre el rol de YPF en esta situación para sumar volumen en el mercado, y qué tipo de garantías ofrecerá a los consumidores ante los sobreprecios que se están cobrando en algunos puntos del país.
Diversas proyecciones estiman que para hacer frente a la demanda anual, nuestro país tendrá que importar 13.500 millones de dólares de los principales combustibles, sobre todo para satisfacer la demanda en los meses del otoño y el invierno.
“El país está sufriendo nuevamente el desabastecimiento de gasoil por la diferencia entre su precio de venta y el de su importación. Este escenario lleva a las petroleras a racionar las entregas a las estaciones de servicio, que aplican cupos de venta por vehículo”, explicó Buryaile. “Se trata de una situación que pone en riesgo la cosecha de la campaña 2022-2023, como así también al desarrollo productivo de la Argentina”, advirtió con preocupación.
Por otra parte, el legislador cuestionó: “Ante el escenario de incertidumbre actual, aún no conocemos cuál es la planificación económica y financiera que tiene prevista el Gobierno nacional ante el escenario de conflicto internacional, con el impacto económico y logístico que la guerra está generando en los mercados energéticos”.
Para el ex ministro de Agroindustria, la situación es “alarmante”, porque afecta “delicadamente” al universo de productores agropecuarios, el transporte de camiones, las pymes de la industria y el transporte de pasajeros. En ese contexto, añadió: “Queremos precisiones sobre qué medidas tomará el oficialismo ante las denuncias de sobreprecios y de cupos en diferentes bocas de expendio de combustibles en varios puntos del país”.
Buryaile aseguró que se debería discutir en el Congreso, si el Gobierno tiene algún plan de incentivo para la industria de los biocombustibles que permitan una mayor utilización de estos en los cortes de los combustibles locales.
Finalmente, fustigó: “La falta de iniciativa del Gobierno también emerge al constatar que el gasoil que se está comercializando en las estaciones de servicio no posee prácticamente biodiésel”.
Acompañaron el proyecto, los diputados nacionales Mario Barletta; Manuel Aguirre; Soledad Carrizo; Gerardo Cipolini; Gabriela, Lena; Juan Martín; Lisandro Nieri; Hugo Romero; Roberto Sánchez; Alberto Asseff; Karina Bachey; Omar De Marchi; Marcela Antola; Gerardo Milman; Laura Rodríguez Machado; Gabriela Brouwer De Koning; Pablo Torello; Paula Omodeo; Claudio Poggi; Laura Castets; Carlos Zapata; Juan Carlos Polini y Virgina Cornejo.
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Fuente: Equipo de Prensa Diputado Nacional Ricardo Buryaile
La iniciativa ingresa al Parlamento en momento de un intenso debate público sobre las decisiones que debe tomar la Argentina para combatir la inflación.
La propuesta de dolarización es esgrimida por sectores liberales y tiene al diputado por la Ciudad de Buenos Airees, Javier Milei, como su mayor impulsor.
El proyecto de Cacace consta de ocho artículos y propone que el tipo de cambio de conversión sea el cociente entre pasivos remunerados y no remunerados del Banco Central y las Reservas Internacionales.
Si bien las reservas internacionales subieron a U$S 43.000 millones tras el desembolso del FMI luego de la aprobación del acuerdo, analistas consideran que aquellas de “libre disponibilidad” que podrían utilizarse para la conversión están en saldo negativo.
El proyecto establece que el BCRA canjeará los pesos en circulación por su equivalente en dólares de acuerdo al tipo de cambio de conversión que surja de la relación propuesta.
“Todas las operaciones financieras, tales como depósitos bancarios, créditos, emisión de títulos valores y cualesquiera otras realizadas por medio del sistema financiero, así como los registros contables del sistema financiero, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Las operaciones o transacciones del Sistema Financiero que se hayan realizado o pactado en Pesos con anterioridad a la vigencia de esta ley, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio establecido de acuerdo a lo dispuesto en esta ley”, señala el Artículo 5 de la iniciativa.
Asimismo, se le prohíbe al Banco Central ampliar la base monetaria.
Entre los fundamentos Cacace remarcó que “la historia muestra que nunca hemos sido capaces de controlar la inflación salvo en dos oportunidades: con la Caja de Conversión, luego de la crisis de 1890, y con la convertibilidad, un siglo después, ante la hiperinflación de finales de los 1980 y principios de los ‘90”.
En ese mismo sentido remarcó que “Argentina es un país bimonetario, lo que quiere decir que los argentinos confían en una sola moneda, el dólar americano, pero están obligados a usar el peso, lo que genera una dolarización de facto”.
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Fuente: Noticias Argentinas
En este sentido, la principal alianza opositora reclama la puesta en funcionamiento de la comisión bicameral de Trámite Legislativo que es encargada de dictaminar en sentido favorable o desfavorable los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que luego son convalidados o no en el Senado. De hecho, los presidentes de los bloques del PRO y de la UCR de Diputados y del Senado ya mandaron notas a las presidencias de ambas cámaras para que se normalice la situación de la bicameral.
El Congreso, entonces, es el escenario elegido por la oposición para resistir y defender a ultranza los intereses del sector del campo que amenaza con sublevarse por el impacto de las últimas medidas en la rentabilidad de su negocio.
“El kirchnerismo se beneficia con la parálisis legislativa. Hoy se cumplen 104 días sin que se conforme la Bicameral de Trámite Legislativo que analiza los DNU. Desde Juntos tenemos compromiso en poner en marcha el Congreso. Esta parálisis tiene además que ver con la fractura expuesta del Frente de Todos. Pero no va a continuar porque nosotros vamos a dar una fuerte ofensiva parlamentaria”, prometió el jefe de la bancada radical en Diputados, Mario Negri.
Destacó además que “se van a hacer todos los esfuerzos para que ambas cámaras del Congreso rechacen el decreto 131/2022 del sábado último que elevó las alícuotas de los derechos de exportación a derivados de la soja”.
“Esto debe ir de la mano de los planteos judiciales que va a poner en marcha el campo”, detalló sobre la estrategia conjunta y coordinada que ya cranea Juntos por el Cambio con las entidades ruralistas.
El cordobés sacó cuentas y se jacta de estar muy cerca de lograr una mayoría opositora suficiente para voltear la política de derechos de exportación del Gobierno, en un contexto donde la inflación galopa campante y los precios internacionales de los commodities agrarios vuelan por los aires, mejorando la rentabilidad del campo, y presionando hacia arriba los precios domésticos.
“Este Interbloque tiene 116 legisladores sobre 257. Si tomamos cabal conciencia, solo resta convencer a 13 diputados más opositores. Con esto no sólo lograremos frenar las nuevas medidas, que no tenemos dudas de que son ilegales, sino que podemos aprobar nuevas leyes que apuntalen el desarrollo del campo y la agroindustria”, sacó pecho.
Pese a la suavidad de las medidas anunciadas, el Gobierno considera que el aumento de retenciones permitirá desacoplar los precios internacionales de los alimentos respecto de los domésticos, y así contribuir a la lucha contra la inflación.
En la oposición lo interpretan de otro modo: consideran que el incremento de los derechos de exportación es un manotazo arbitrario del Gobierno para perjudicar a la gallina de los huevos de oro del país que es el campo productivo, el mayor generador de las divisas que tan imperiosamente necesita el país para reforzar las diezmadas reservas y equilibrar la balanza de pagos. No se resolverá la inflación y a fuerza de impuestos nuevos, se exportará menos y el país se privará del ingreso de valiosas divisas.
Así lo explica el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo: “La solución para el gobierno es cazar en el zoológico, matar a impuestos al sector más productivo del país”.
“Desde Juntos por el Cambio nos comprometimos a no aumentar más impuestos, pero lamentablemente el gobierno nacional actúa en sentido contrario. Nosotros estamos convencidos de que la presión impositiva debe bajar, en vez de subir”, afirmó.
En la misma línea se manifestó el diputado macrista Omar de Marchi, quien también participó de la reunión con la Mesa de Enlace: “El Gobierno quiere que el Campo pague y se haga cargo de sus despilfarros. Siempre me van a encontrar del lado de la defensa de los que producen. Y siempre voy a estar del lado del campo, como de todos los sectores productivos. Argentina necesita gente que trabaje y no revolucionarios de café”, arremetió el mendocino.
El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López calificó las medidas de aumento de retenciones como “ilegales”, al argumentar que la ley de Emergencia que facultaba al Gobierno a subir o bajar por decreto las alícuotas con ciertos límites expiró el 31 de diciembre pasado.
“Nosotros creemos que son ilegales estas últimas medidas y lo que se tienen que preguntar es si puede el Poder Ejecutivo dictar o aumentar o bajar o subir retenciones de algún modo. Sí puede en tanto y en cuanto haya una ley delegante de este Congreso, y esa es una batalla que se logró y esa ley delegante se cayó el 31 de diciembre del año pasado. ¿La respuesta es puede? Sí. ¿Hay ley delegante? No. ¿Tienen que venir acá ustedes y el Gobierno a buscar eventualmente una ley delegante? Sí, porque las retenciones que se cobran son ilegales”, dijo al fundamentar su postura.
Conciliador, el “lilito” dijo que le “parece bien que vengan acá a buscar una ley que ponga topes y que sea una ley que delegue en el Ejecutivo por plazos cortos, de 2 y 3 años”.
“Lo estudiaremos, nos pondremos de acuerdo entre todos, pero esa base de discusión me parece que está ganada”, presumió.
Las entidades ruralistas también mantuvieron una reunión aparte con los diputados nacionales por Avanza Libertad, José Luis Espert y Carolina Píparo, junto con los diputados Ricardo López Murphy (Republicamos Unidos) y Paula Omodeo (CREO Tucumán) para transmitirle sus preocupaciones y conseguir el respaldo de esos bloques minoritarios de la oposición. y buscar un camino para derogar las retenciones.
“Estamos a favor de bajar las retenciones a cero. No puede ser que siempre sea el sector rural el que termina pagando el exceso del gasto público a cambio de muy poco. Los productores agropecuarios pagan retenciones, inmobiliario rural, Ingresos Brutos, Iva y otros tantos impuestos. Al sector rural los exprimen como limones por esos desde la Cámara de Diputados hoy tratamos de escuchar sus reclamos y preocupaciones”, dijo Espert, que en la reunión estuvo acompañado, llamativamente por López Murphy, quien pertenece a Juntos por el Cambio pero tiene juego propio.
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Fuente: Noticias Argentinas
Escrito por Sebastián Hadida