Ahora que la justicia estadounidense ordenó que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía por parte de la entonces presidenta Cristina Kirchner, se renueva la polémica sobre cómo se llegó a este escenario.
En este juicio, la Argentina ya fue condenada a pagar US$16.100 millones.
Los antecedentes de un caso ruinoso para el país
En 2008, YPF estaba en manos de la petrolera española Repsol, cuando Petersen Energía -una sociedad conformada en España- recibió un préstamo de US$ 1.018 millones de un grupo de bancos integrado por Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa, y otro de 1.015 millones de Repsol para adquirir 14.9% de YPF.
Para pagarlo, Repsol le permitió que fuera usando las propias utilidades de la petrolera.
En 2011, la familia Eskenazi -dueña de Petersen- tomó otros US$ 670 millones de un consorcio formado por Banco Itaú, Standard Bank, Credit Suisse y Citi, y una suma igual de Repsol para adquirir otro 10% de la petrolera.
En todos los casos, los créditos se pagarían con las utilidades generadas por YPF. Al estatizar Cristina Kirchner la empresa, los bancos declararon el “default” sobre el pago del préstamo.
Los Eskenazi ya habían pagado casi la totalidad del primer crédito y parte del segundo. Sin embargo, por el formato del contrato los bancos se quedarían con la totalidad de su tenencia accionaria.
Entonces, Petersen Energía pidió la quiebra en España. Y allí apareció el fondo Burford, que compró los derechos para litigar en 15 millones de euros.
El liquidador español de la quiebra aceptó, pero a cambio se reservó el 30% de lo que reciba Burford como compensación.
En círculos políticos y empresariales circula una antigua versión, nunca confirmada, de que la familia Eskenazi, dueña de Petersen Energía, podría recibir dinero de esa compensación, pero voceros de la compañía lo niegan en forma tajante.
La posición del Grupo Petersen
A continuación, lo que sostiene el Grupo Petersen, en un comunicado enviado a Noticias Argentinas:
El Grupo Petersen ingresó como accionista de YPF con una operación entre socios privados que respondió a parámetros de mercado y para cuya ejecución contó con el apoyo financiero de bancos internacionales de primer nivel.
Dicha operación fue acordada con Repsol SA, entonces accionista mayoritario de YPF SA, e incluyó la adquisición por parte del Grupo Petersen del 25 por ciento del capital social de YPF SA en dos tramos, uno inicial del 14,9% y una ampliación posterior con la compra de un 10,1% adicional.
La totalidad de la operación cumplió con todos los requisitos de transparencia y regulación exigidos por los organismos de control de la Argentina (CNV), España (CNMV) y Estados Unidos (SEC); se trata de información pública que sigue estando disponible para su consulta.
La ingeniería financiera para el ingreso del Grupo Petersen en YPF demandó más de un año de negociaciones y para el primer tramo se realizó con un préstamo de US$ 1.018 millones de un pool de bancos integrado por Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa, y otro de US$ 1.015 millones de Repsol a través del denominado “vendor’s loan” (préstamos de vendedor), una modalidad habitual en operaciones de esta magnitud.
Para el segundo tramo (2011) se tomó un crédito por US$ 670 millones de un consorcio formado por Banco Itaú, Standard Bank, Crédit Suisse, Santander y Citi, y una suma igual de Repsol.
Todas las informaciones referidas al uso de los “fondos de Santa Cruz” y su supuesta relación con el ingreso del Grupo Petersen como accionista de YPF son absolutamente disparatadas, falaces y carentes de todo fundamento.
Sobre el juicio
El ingreso del Grupo Petersen en YPF se realizó a través de 2 sociedades creadas y radicadas en España (condición establecida por los prestamistas). Esas 2 sociedades son Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.
Con posterioridad a la toma de control de YPF SA por parte del Estado Nacional, Petersen Energía SA y Petersen Energía Inversora SA procedieron a desprenderse de la totalidad de las acciones que mantenían de dicha compañía en garantía de los préstamos recibidos para su adquisición, razón por la cual desde ese momento no poseen ninguna tenencia accionaria en YPF SA.
Las 2 sociedades Petersen fueron concursadas y se inicia un proceso de liquidación en la justicia comercial española (Juzgado Mercantil Nº 3), que designa un administrador concursal.
El administrador concursal argumenta que al expropiarle a Repsol su 51 por ciento en YPF, el Estado argentino debió haber lanzado una Oferta Pública (OPA) por el 100 de la compañía, según indican los estatutos de la empresa, algo que no sucedió. Por lo tanto, argumenta que las 2 sociedades Petersen deberían haber recibido una oferta por su 25 por ciento, lo que no sucedió, y por lo tanto tienen derecho a litigar contra el Estado argentino porque se vieron perjudicadas económicamente.
El Grupo Petersen renunció expresamente a ese derecho a litigar contra el Estado argentino. No inició el juicio, ni le vendió los derechos a Burford. Es totalmente ajeno a la demanda.
Fue la justicia española, que administra la quiebra, la que remató/subastó esos derechos a litigar, los que fueron adquiridos por Burford (el mismo fondo que ganó el juicio contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas).
Es decir, Burford compró a la justicia española la quiebra y con ella los derechos a litigar contra la Argentina y presentó en 2015 la demanda en los tribunales de Nueva York (que aceptó el reclamo porque las acciones de YPF cotizan en Wall Street).
El 9/4/15, cuando se conoció la noticia de la demanda presentada por Burford el día anterior, y ante informaciones erróneas que comenzaron a circular en algunos medios, el Grupo Petersen emitió un comunicado de prensa aclarando que está totalmente al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial vinculado con YPF.
Primicias Rurales
Fuente: Agencia NA
