A partir de la gira del presidente Milei a Estados Unidos durante los últimos días de septiembre, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano anunciaron la aprobación de una serie de medidas en apoyo a la economía argentina, que luego se convertirán en desembolsos.
Buenos Aires, 28 de noviembre (PR/25) .- En este sentido el Banco Mundial anunció una aceleración del apoyo durante los próximos meses por un monto de aproximadamente 4 mil millones de dólares a través del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), la cual colabora en el financiamiento de capitales privados con fines productivos.
Estos fondos tendrían, en el sector público, como principales objetivos modernizar la administración tributaria, programas de educación y capacitación, promoción de empleos de calidad y desarrollo de infraestructura crítica. Por otro lado, los fondos canalizados a través del IBRD tendrían como principales focos los sectores de infraestructura, minerales críticos, agroindustria, generación y transmisión de energía, y otros sectores de alto impacto (el turismo como fuente de generación de empleo, fortalecimiento de cadenas de proveedores y finanzas para PyMEs).
El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, anunció la aprobación de operaciones destinadas al sector público por un monto de aproximadamente 2,9 mil millones de dólares (apoyo a reformas estructurales del sector público) y fondos para el sector privado canalizados a través de BID INVEST por aproximadamente mil millones de dólares. Estos últimos fondos destinados al sector privado se centrarían en sectores estratégicos como energía, minerales críticos, conectividad, servicios de salud y financiamiento a PyMEs a través de las instituciones financieras.
Por lo tanto, resulta notable que tanto las inversiones del Grupo Banco Mundial como las anunciadas por el Grupo BID para el sector privado, coinciden principalmente en los sectores energético y de minerales críticos (como litio y cobre), con alguna diferencia luego en los demás sectores a apuntalar (turismo, agroindustria, entre otros).
Dentro de ese marco, ¿Qué provincias y regiones pueden salir más favorecidas por estos anuncios dirigidos al sector privado? Si bien es difícil precisar la ubicación geográfica de los proyectos a financiar, es posible hacer aproximaciones basándonos en la relevancia por provincia de los sectores seleccionados.
Analizando los datos de empleo por sectores, claramente las provincias que se destacan en el sector hidrocarburos son las de la Patagonia y Cuyo, debido a las cuencas Neuquina (Mendoza, Neuquén y Río Negro) y San Jorge (Chubut y Santa Cruz).
En cuanto a la importancia de los minerales críticos, las provincias donde se destaca la minería como generadora de empleo actualmente se ubican en la región NOA (además de las provincias de San Juan y Santa Cruz).
En cuanto a agroindustria, claramente las provincias que se destacan son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé, como principales productoras en el país, aunque tal vez sea el sector en el cual es posible una mayor participación de todas las regiones dependiendo de los proyectos a desarrollar y su implementación.
En cuanto al turismo, las provincias más enfocadas a este sector, según su participación sectorial en el empleo total son Santa Cruz, Tierra del Fuego, Rio Negro y Misiones. A este grupo se suman, debido al volumen de pasajeros que reciben anualmente las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Río Negro.
A su vez, y más allá de la relevancia actual de los sectores en la generación de empleo, es posible prever un cambio estructural en las matrices productivas regionales en base a los anuncios de inversiones. En este sentido, los anuncios y proyectos presentados en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) muestran las regiones y provincias más dinámicas a la hora de captar el interés de los inversores en los sectores seleccionados.
Hasta el momento fueron presentados 20 proyectos en el marco del RIGI (sólo uno de ellos resultó rechazado), de los cuales la mayor parte de las inversiones tienen como foco la minería (principalmente minerales críticos como litio y cobre) y la generación y transporte/distribución de hidrocarburos y, consecuentemente, ubicados en las provincias del Noroeste argentino, Cuyo y Patagonia Norte.
En resumen, y en base a todo lo anterior, podríamos dividir en los siguientes grupos a las provincias según sea la probabilidad de resultar beneficiadas:
Provincias potencialmente más beneficiadas:
Neuquén: fuerte desarrollo en la cadena de hidrocarburos, tanto upstream/downstream. Se han presentado tres proyectos RIGI orientados a la producción, tratamiento y transporte de hidrocarburos, El empleo en el sector energético representa el 17% del total de la provincia.
Catamarca: minerales críticos además de relevancia actual del sector minero en empleo; posibles líneas del BM/BID vinculadas a la producción de litio y cobre e infraestructura asociada. Además, se han presentado tres proyectos RIGI que señalan el atractivo para inversiones.
Salta: se han presentado tres proyectos RIGI que denotan una percepción inversora de grandes posibilidades en la provincia además de la minería en minerales críticos (litio) y necesidades de energía.
San Juan: cuatro proyectos RIGI presentados además del fuerte perfil minero orientados a la producción de minerales críticos (principalmente cobre y oro) y con mejoras de energía/transmisión.
Río Negro: tres proyectos RIGI y matriz orientada a hidrocarburos (principalmente transporte); potencial en renovables, hidrocarburos y encadenamientos industriales.
Jujuy: el mineral crítico de mayor interés (el litio) se empezó a producir primero en esta provincia, que cuenta con los mayores recursos identificados aunque necesita fuertes inversiones en infraestructura y conectividad.
Provincias con beneficios potenciales moderados:
Buenos Aires: siendo la provincia productivamente más diversificada y teniendo una fuerte representación en sectores como turismo, agroindustria, así como en el sector financiero, hay varios sectores que pueden generar impacto local. Adicionalmente, en esta provincia se encuentra uno de los RIGI ya aprobados (Siderurgia) además de que los demás proyectos presentados están relacionados con la generación de energía de fuentes renovables (los cuales tienen similitud con proyectos de Chile que ya han tenido garantías en el marco de programas del BM).
Chubut: generación de energía (eólica/convencional) además de una base productiva compatible con renovables y logística.
Santa Cruz: fuerte relevancia de la energía en su estructura productiva y del empleo (que ocupa el 12%) así como de la minería, que también ocupa al 8% de sus trabajadores.
Provincias con beneficios potenciales bajos:
Córdoba: se destacan tanto el Turismo como la Agroindustria, sectores resaltados por el Banco Mundial dentro de sus prioridades.
Santa Fe: en Agroindustria dispone de una gran sofisticación (caso similar a Córdoba) además del potencial de desarrollo de infraestructura.
Mendoza: si bien la mayor parte de las inversiones dentro del marco del RIGI no tienen como centro a esta provincia, se destaca su relevancia tanto en agroindustria, como en turismo y posible desarrollo de proveedores para el sector minero y de hidrocarburos.
Misiones y Tierra del Fuego: en ambas provincias se destaca el potencial del turismo como generador de empleo, ofreciendo oportunidades a grandes inversiones orientadas al turismo doméstico e internacional.
El presente informe tiene por objetivo plantear un posible escenario para las economías provinciales argentinas luego de las elecciones presidenciales de 2025. Para ello, se considera el nuevo panorama económico nacional y los factores que históricamente han marcado las diferencias entre provincias: su estructura productiva, su inserción exportadora y su grado de dependencia de fondos nacionales.
Buenos Aires, 28 de noviembre (PR/25) .- Tras las elecciones de octubre de 2025, el escenario nacional muestra una mayor estabilidad política y una reducción en la incertidumbre macroeconómica. Este cambio generó un entorno más previsible para la inversión y el crédito, con tasas de interés en descenso y una moderada recuperación del consumo y la producción.
El panorama actual guarda similitudes con la etapa posterior a la crisis del Tequila (1995), cuando, tras la confirmación del rumbo económico, ingresaron capitales externos, se redujo el riesgo país y la economía nacional mostró un repunte entre 1996 y 1997.
En aquel período, los sectores más dinámicos fueron los más intensivos en capital: minería, servicios públicos (electricidad, gas y agua) y el sector financiero. Estos sectores lideraron con claridad el repunte, superando holgadamente el crecimiento del promedio de la economía. En contraste, los sectores ligados al mercado interno —industria, comercio y construcción— exhibieron caídas más profundas durante la crisis y una recuperación posterior más lenta e incompleta.
En el contexto actual, podría esperarse una situación similar al post-Tequila, aunque con algunas diferencias. Una está en el dólar, que en términos reales se encuentra en un valor más elevado, lo que mejora la competitividad exportadora. Otra diferencia está en que la inflación aún no ha alcanzado niveles bajos y estables, lo cual condiciona parcialmente la certidumbre económica.
Esa referencia histórica resulta útil para interpretar el presente. Aunque son escasas las estadísticas provinciales sistematizadas del período post-Tequila, se sabe que las provincias argentinas suelen seguir la tendencia nacional, diferenciándose según (i) la evolución de sus sectores exportables (por ej. Neuquén con su petróleo), y (ii) su grado de dependencia de fondos nacionales (por ej., mayor en varias provincias del norte argentino).
Sobre la base de los datos no sistematizados de PBG provinciales, se observa su caída en el año 1995 en la mayoría de las provincias consideradas, con la excepción de algunas vinculadas al petróleo (Neuquén y Chubut) y minería (Catamarca).
Para 2026, considerando el nuevo panorama nacional y las diferencias estructurales entre provincias, es posible delimitar tres grandes grupos de provincias, acorde al desempeño esperado:
Aquellas con base productiva diversificada: acompañarían la mejora nacional, con un crecimiento moderado y sostenido.
Con alta dependencia fiscal: mantendrían un ritmo más lento, afectadas por la reducción de transferencias discrecionales, aunque con cierta compensación vía una mayor recaudación coparticipable.
Con sectores intensivos en capital: exhibirán los mejores resultados, apoyadas en inversiones en minería, petróleo (especialmente Neuquén), energía y servicios financieros.
En comparación con 2024/25, las perspectivas para 2026 son algo más favorables.
La mejora de las condiciones macroeconómicas y financieras podría extender la reactivación a un número mayor de jurisdicciones, reduciendo las brechas regionales más marcadas.
Sin embargo, las diferencias estructurales —exportadoras versus dependientes del gasto público— persistirán, limitando la convergencia plena entre regiones.
Conclusiones: las provincias argentinas suelen acompañar la tendencia nacional. En un marco de mayor certidumbre, se prevé una recuperación gradual y más firme que en años previos. Las jurisdicciones con sectores intensivos en capital —minería, energía y finanzas— concentrarán las mayores oportunidades, mientras que las más dependientes de fondos nacionales avanzarán con mayor lentitud, en un contexto nacional de disciplina fiscal. En conjunto, el mapa provincial ingresaría en una fase de crecimiento moderado y heterogéneo, con mejores condiciones financieras y mayor previsibilidad para la inversión.
Por Gerardo Alonso Schwarz
Economista Jefe del IERAL NEA
Buenos Aires, jueves 27 noviembre (R/25) — Dentro del Pacto de Mayo, firmado el año pasado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, se encuentra el objetivo de promover “La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global”.
Esta apertura implica avanzar en acuerdos comerciales, eliminar o facilitar procesos necesarios para el comercio exterior y realizar inversiones en infraestructura logística que reduzcan los costos de exportación y faciliten el tránsito de mercaderías de otros países por el territorio argentino.
No obstante, este proceso enfrenta restricciones significativas. En primer lugar, en el nordeste argentino, las rutas nacionales 12 y 14 destacan como los principales corredores de conexión con Brasil y Paraguay, pero presentan limitaciones estructurales importantes: el mantenimiento es insuficiente, la congestión en algunos tramos supera con holgura los 15 mil vehículos de tránsito medio diario anual y gran parte de la traza aún no cuenta con autovías o autopistas. En este contexto, y considerando los elevados costos del transporte terrestre, resulta difícil pensar en incrementar su uso para el transporte de mercaderías de larga distancia hacia los puertos de Rosario, Zárate o Buenos Aires.
Por otro lado, el transporte fluvial en la región del Alto Paraná (aguas arriba de la confluencia con el río Paraguay) claramente está subutilizado por nuestro país debido a la falta de infraestructura (obras portuarias, dragado y balizamiento) y a las complejas regulaciones relacionadas con la ley de cabotaje y los convenios colectivos sindicales vigentes, que encarecen el servicio muy por encima de los valores vigentes en países vecinos.
De hecho, actualmente sólo el puerto de Posadas se encuentra operativo en la región, transportando aproximadamente 120 contenedores mensuales mediante un “waiver” o permiso precario que habilita el uso de buques de bandera extranjera para transportar carga nacional, el cual debe ser renovado periódicamente.
Puerto de Posadas
Mientras tanto, Paraguay, con un marco regulatorio mucho más flexible, tiene en este mismo tramo fluvial nueve puertos operativos orientados principalmente al transporte de soja.
Estas limitaciones obligan a reflexionar sobre los objetivos planteados en el Pacto de Mayo, las oportunidades de integración productiva y logística (especialmente con Brasil) y las restricciones que hoy dificultan el uso de los puertos argentinos en este tramo del río Paraná.
Para analizar el potencial de integración basta observar los municipios brasileños ubicados a 200 km (o menos) de los puertos argentinos de esta región (Posadas, Ituzaingó, Santa Ana y Eldorado). Se trata de una franja fronteriza de los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, que exportan en conjunto 3.300 millones de dólares anuales (principalmente cargamentos de soja y productos derivados de la carne en el sur de la zona de frontera analizada, y carne, productos alimenticios y maquinaria en los municipios ubicados al norte de dicha región).
Por ejemplo, el municipio de Cascavel exporta anualmente 465 millones de dólares (principalmente carne de ave y porcina, además de soja); el municipio de Matelandia 330 millones de dólares (principalmente carne de ave); y Foz do Iguassu exporta 265 millones de dólares anuales (los productos más importantes son hortalizas, placas de cerámica, partes de automóviles, vajilla y papel). En comparación, la Provincia de Misiones exportó durante 2024 un total de 444 millones de dólares y la Provincia de Corrientes 261 millones de dólares.
Este perfil productivo y exportador de esta región brasileña se encuentra, a su vez, también con cuellos de botella asociados a la congestión existente en los puertos brasileños utilizados para la exportación (y a la distancia hasta los mismos), lo cual nos permite pensar en la oportunidad de canalizar dichas cargas por los puertos de Misiones y Corrientes.
Por las características de las cargas antes señaladas y la de los puertos argentinos cercanos que existen, las cargas de proyectos especiales y contenedores podrán ser transportadas por los puertos de Posadas (multimodal), Eldorado (en caso de recibir las inversiones necesarias) e Ituzaingó (puerto multimodal recientemente inaugurado pero que aún no tiene un operador asignado), mientras que las cargas a granel (principalmente exportaciones de soja e importaciones de fertilizantes) podrían ser transportadas por el puerto de Santa Ana (donde parte de las inversiones en infraestructura ya se realizaron).
Puerto de Ituzaingó, Corrientes
Esta mayor integración logística se ve potenciada por el anuncio realizado en Brasil hace poco más de un mes de la construcción de un nuevo puente entre Argentina y Brasil, uniendo las localidades de San Javier (Misiones) con Porto Xavier (Rio Grande do Sul), en el marco de un proceso en el cual pronto se iniciarán las obras, ya que las etapas tanto de licitación como la firma de contrato con la constructora han sido superadas, con lo cual será mucho más sencillo transportar la carga brasileña a los puertos regionales.
No obstante, para aprovechar plenamente estas oportunidades, será necesario avanzar en reformas claves vinculadas al Pacto de Mayo, entre las cuales encontramos especialmente cuatro ejes de modernización que podrán impactar en la reducción de costos y generación de competitividad logística regional: la Ley de Cabotaje, mantenimiento de la Hidrovía en el Alto Paraná (tareas de dragado y balizamiento que hagan viable la navegación nocturna), reforma sindical y facilitación de procesos de certificación, control e inspecciones asociadas al comercio exterior.
El punto de partida inmediato debería ser la modernización de la Ley de Cabotaje, que rige desde 1944, ya que su marco regulatorio impone costos y requisitos que hacen casi prohibitivo utilizar el transporte fluvial, como ser la prohibición de uso de buques extranjeros, la complejidad para inscribir buques de bandera nacional, restricciones al uso de talleres nacionales y las rigideces para la contratación de tripulación.
Revitalizar el transporte fluvial y fortalecer la integración logística con la zona fronteriza de Brasil representa una enorme posibilidad para incrementar los volúmenes de cargas en puertos regionales, expandir exportaciones y ofrecer servicios logísticos a otros países.
Esto impactará en la reducción de costos de transporte internacional y de cabotaje por cuestiones de escala, incluso para los productores locales.
Pero estas oportunidades sólo podrán ser aprovechadas si el marco jurídico se adapta para facilitar las inversiones en infraestructura y disminuir los costos asociados al transporte fluvial.
Buenos Aires, jueves 27 noviembre (PR/25) — La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) opinó que los acuerdos políticos impulsados para aprobar el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento provincial dejan en evidencia que no se busca el bienestar ciudadano, sino garantizar más cargos, más estructuras y más gasto político.
Esto planteó la entidad en un comunicado:
La propuesta de ampliar el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) de 8 a 12 miembros es una señal inequívoca: estos entendimientos están atados a beneficios partidarios antes que a una agenda de austeridad, eficiencia o equilibrio fiscal.
Mientras tanto, la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales. No existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública.
Desde CARBAP manifestamos nuestra profunda preocupación ante el desoído reclamo sobre los alcances de la Ley Fiscal. Asimismo, advertimos la falta de previsión y de asignación adecuada de recursos para las obras del Río Salado, esenciales para mitigar inundaciones que hoy provocan enormes pérdidas económicas y afectan gravemente al interior productivo.
La Provincia no necesita más cargos ni más gasto político: necesita un presupuesto serio, responsable, equilibrado y verdaderamente comprometido con la producción, el trabajo y el futuro de todos los bonaerenses.
El organismo reglamentó el régimen que permite la dolarización de sus deudas en operaciones de comercio exterior.
ARCA detalló el procedimiento para que exportadores dolaricen las deudas del fisco.
Buenos Aires, 26 noviembre (PR/25) — La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó la dolarización de saldos a favor de exportadores, mediante la Resolución General 5792/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial.
La normativa responde a una instrucción formal del Ministerio de Economía y tiene como objetivo dar la posibilidad a los contribuyentes y responsables a que puedan dolarizar sus saldos a favor de libre disponibilidad y reintegros de exportación.
De esta manera, en el documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se detalló el procedimiento optativo, que permitirá a los contribuyentes convertir en dólares estadounidenses los montos adeudados por el fisco, en busca de atenuar el impacto de la inflación y la devaluación.
La conversión a dólares alcanza a las deudas que estén acumuladas y oficializadas al 31 de octubre de 2025 inclusive. El plazo para adherir al régimen se extenderá desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 1 de marzo de 2026, ambas fechas incluidas.
El procedimiento para ejercer la opción exige que los interesados ingresen con Clave Fiscal Nivel 3, como mínimo, al servicio digital “Opción de conversión/exposición de saldos Reso.1834/2025 – MEC” disponible en el sitio web institucional de ARCA.
El monto aceptado por el organismo será convertido a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (BNA) correspondiente al día 18 de noviembre de 2025, momento en el que entró en vigencia la instrucción de Economía.
La constancia del crédito en moneda extranjera estará disponible para los contribuyentes a partir del 2 de marzo de 2026. La posibilidad de utilizar este crédito se habilita a partir del 1 de enero de 2027, en el Sistema Informático MALVINA (SIM).
Desde esta fecha, los operadores podrán solicitar su compensación, contra tributos interiores y aduaneros cuya recaudación esté a cargo de la Dirección General de Aduanas (DGA), o su devolución. La normativa establece que para la compensación o devolución, se considerará el tipo de cambio comprador del BNA del día anterior al de la solicitud de la opción elegida.
La opción puede elegirse de manera total o parcial por cada solicitud de devolución, siempre que la presentación haya sido realizada antes del 31 de diciembre de 2025 y aprobada y notificada antes del 1 de marzo de 2026, permaneciendo impaga a esa fecha.
El organismo aclaró en el texto oficial que al ser un procedimiento de carácter optativo, “la opción de su utilización por parte del interesado conlleva la renuncia a los intereses devengados a partir de la fecha del ejercicio de la opción por el monto aceptado, así como de promover cualquier otra vía administrativa o judicial con idéntico objeto por el referido monto”.
Asimismo, agregó que “implicará el desistimiento de toda otra acción iniciada a los efectos del cobro respecto del monto de la opción”.tQJ7Vg
Al mismo tiempo, indicó que “la adhesión al presente régimen opcional no implicará el decaimiento de los certificados de exclusión de retención y/o percepción, actualmente vigentes, ni tampoco impedirá la tramitación de aquellos en el futuro, todo ello siempre que se cumplan las pautas y condiciones previstas en las normativas específicas”.
La compañía convierte los efluentes de su criadero en energía eléctrica y biofertilizantes, en un sistema integrado que mejora la eficiencia, reduce emisiones y devuelve nutrientes al suelo. PROVIMI, aliado en nutrición y bienestar animal, destaca el impacto del proyecto.
Buenos Aires, miércoles 26 noviembre (PR/25) — En Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, el criadero de cerdos PACUCA se consolidó como uno de los casos más innovadores de economía circular en el país: la compañía transforma los efluentes de su producción en biogás, genera energía eléctrica, obtiene biofertilizantes y devuelve nutrientes a la tierra en un ciclo productivo donde nada se pierde y todo se reutiliza.
Desde 2020, la planta PACUCA Bioenergía procesa diariamente alrededor de 400.000 litros de purines provenientes de unas 50.000 cabezas porcinas en ciclo completo.
A través de tres biodigestores y tecnología de origen alemán y español, los residuos se convierten en biogás que alimenta un grupo electrógeno capaz de generar 1 MW/hora de forma continua.
La producción abastece a más de 5.000 personas mediante el sistema interconectado nacional, superando los 8.000 MWh anuales.
Pero la energía es sólo una parte del círculo virtuoso: el proceso también produce biofertilizante líquido, utilizado en fertirriego, y sólidos compostados que se aplican en más de 300 hectáreas, mejorando la estructura del suelo y reduciendo el uso de insumos químicos.
El sistema evita emisiones que antes se liberaban desde lagunas de tratamiento, genera valor a partir de un residuo y fortalece la sostenibilidad del modelo productivo porcino.
“Ambientalmente mejoramos al 100%: ahora evitamos emisiones, generamos energía y producimos fertilizantes orgánicos”, destaca Daniel Fenoglio, presidente de PACUCA Bioenergía.
Un aliado clave: PROVIMI y la visión integral de la nutrición porcina
Aunque el proyecto energético es liderado por PACUCA, la compañía sostiene que los avances en sostenibilidad no pueden separarse de una producción porcina eficiente, saludable y basada en el bienestar animal.
En este sentido, PROVIMI – Cargill Animal Nutrition & Health acompaña al criadero en el desarrollo de soluciones nutricionales diseñadas para optimizar el desempeño productivo, mejorar la eficiencia del sistema y promover animales más sanos y resilientes.
La compañía aporta tecnología, investigación aplicada y fórmulas de alto valor nutricional, integrando criterios de sustentabilidad en cada etapa del proceso: desde la nutrición de las madres hasta el crecimiento de los capones.
Este enfoque contribuye a una producción más estable, predecible y compatible con modelos de economía circular, en los que la calidad del efluente —y por lo tanto su potencial para generar biogás— también depende de una nutrición adecuada.
“La sostenibilidad de la producción porcina necesita de decisiones integrales: nutrición, bienestar animal y manejo responsable. Ver casos como PACUCA demuestra cómo el sector puede ser parte activa de la solución”, señala Gastón Britos, médico veterinario, referente del agro y embajador de PROVIMI.
Britos visitó recientemente las instalaciones de PACUCA Bioenergía, donde registró el funcionamiento del sistema, su impacto productivo y ambiental, y el modo en que la tecnología permite convertir un problema histórico en una oportunidad de desarrollo para la región.
Un modelo replicable para el agro argentino
La experiencia de PACUCA se suma a una tendencia global en plena expansión: hoy existen alrededor de 20 plantas de biogás operando en Argentina con distintos orígenes de biomasa. Sin embargo, el caso de Roque Pérez se destaca por la integración completa entre producción animal, gestión de efluentes, generación de energía y aprovechamiento de nutrientes.
Además del impacto ambiental positivo —reducción de GEI, reemplazo de fertilizantes sintéticos, mejor suelo—, el proyecto cuenta con un contrato de energía a 20 años que asegura su viabilidad económica y habilita nuevas oportunidades de inversión, incluyendo el aprovechamiento del calor excedente para usos productivos como calefacción de lechones.
PACUCA y PROVIMI: una visión compartida
La articulación entre innovación, ciencia y manejo responsable convierte a PACUCA en un ejemplo tangible de cómo la producción porcina argentina puede avanzar hacia sistemas circulares, eficientes y sustentables.
Para PROVIMI, acompañar este tipo de iniciativas es parte de su misión: ofrecer soluciones nutricionales de calidad, basadas en la investigación y en el compromiso con el bienestar animal, para impulsar modelos productivos donde la eficiencia, la rentabilidad y el cuidado del ambiente conviven.
