May 27, 2025 | Agricultura, Economía / Economía del Agro, Opiniones
Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, analiza el avance de la campaña en el hemisferio norte y sus efectos sobre los precios internacionales, mientras en Argentina se combinan demoras en la cosecha y la incertidumbre fiscal.
Rosario, martes 27 mayo (PR/25) — – “Normalmente, en esta época del año, el foco está puesto en la siembra de maíz y soja en Estados Unidos, y el avance es excelente. El clima acompaña y los fondos especulativos ya se posicionan a la baja”, explica Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.
A ese contexto se suman factores adicionales que presionan los precios.
“Trump anunció aranceles del 50% a Europa, y se teme que ese bloque tome represalias que afecten las exportaciones de harina de soja. Además, en Brasil, la gripe aviar podría liberar más grano al mercado internacional, justo cuando está por ingresar una safrinha que se perfila como muy voluminosa”, agrega.
En el mercado de trigo también hay señales bajistas. “Aunque bajó la calidad de los cultivos en Estados Unidos y Francia, siguen partiendo de niveles muy buenos. Rusia, en tanto, eliminó el precio de exportación, lo que muestra confianza en su próxima cosecha”, señala Romano.
A nivel local, el ritmo de cosecha fue menor por las lluvias que anegaron unas 700.000 hectáreas en el noreste bonaerense.
“Ya se retomaron las labores en parte de la región afectada, y es probable que veamos algunos días más de presión de oferta por el ingreso de soja, pero luego el foco pasará al maíz, tanto el temprano postergado como el tardío, que en el norte viene entregándose anticipadamente”, indica.
En cuanto a la comercialización, Romano destaca que “la soja alcanzó un pico semanal de ventas a precio de 1,5 millones de toneladas, aunque sigue por detrás del promedio de los últimos años. En el caso del maíz, los atrasos son incluso mayores”.
Respecto del trigo, el analista remarca que “no logra recuperar precios y quedan cerca de 5 millones de toneladas por colocar en el exterior. Brasil solo necesitaría unas 2, y el resto deberá competir con Rusia en mercados más lejanos. Esto impide que se vea el efecto del MERCOSUR”.
En paralelo, resalta que “el inicio de la siembra ocurre con muy buena humedad. Sin embargo, si se superan nuevamente las 20 millones de toneladas, la dificultad para colocar el saldo exportable podría repetirse en 2025/26”.
Sobre el frente fiscal, Romano considera clave la extensión de la reducción de derechos de exportación para trigo y cebada hasta marzo de 2025, aunque advirtió que “el Gobierno mantiene su postura de subir las alícuotas de soja, maíz, girasol y sorgo a partir del 30 de junio”.
“El impacto más fuerte sería en soja, con una suba de 26 a 33%, justo con la cosecha recién terminada y mucho por comercializar. Aun así, los valores no acusaron el golpe. Se mantienen precios futuros más altos que los disponibles, lo que sugiere que el mercado descuenta una carga impositiva menor”, detalla.
Según Romano, el foco del mercado sigue puesto en el corto plazo. “Los productores tratan de trillar, entregar y cobrar la soja para cumplir con compromisos financieros. Los exportadores, por su parte, podrían adelantar Declaraciones Juradas para congelar las condiciones actuales por embarques a un año vista, aunque esto les exige ingresar divisas y asumir riesgo argentino”.
Finalmente, considera que “con una soja entre 260 y 270 dólares por tonelada, el interés vendedor será bajo. Eso podría forzar a la industria a trasladar más capacidad de pago para mantener niveles mínimos de molienda. Y si además Chicago acompaña, los valores podrían no caer tanto como se teme”.
Primicias Rurales
Fuente: Universidad Austral
May 26, 2025 | Agricultura, Opiniones
May 24, 2025 | Opiniones
Por Alejandra Sarni, Socia de Impuestos, BDO en Argentina
Buenos Aires, sábado 24 mayo (PR/25) — Los anuncios realizados el pasado 22 de mayo por el Poder Ejecutivo Nacional no constituyen una mera batería de medidas fiscales o administrativas. En realidad, representan una propuesta de cambio de régimen: por primera vez en décadas, el Estado argentino plantea una arquitectura tributaria fundada no en la presunción de evasión, sino en la confianza ciudadana.
El Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, tal como fue presentado por los principales funcionarios económicos del gobierno nacional, promueve una reconfiguración estructural del sistema fiscal y financiero. Se eliminan controles que durante años burocratizaron decisiones económicas cotidianas, se implementa un régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias, y se crea un sistema de finanzas abiertas que reposiciona al contribuyente como sujeto colaborativo y no como sospechoso predeterminado.
El diagnóstico que subyace a esta reforma parte de una idea central: buena parte de la informalidad que atraviesa a la economía argentina no responde a prácticas fraudulentas deliberadas, sino a un contexto impositivo que ha resultado incompatible con la sostenibilidad del trabajo y la producción en blanco.
En lugar de penalizar esa conducta defensiva, se propone ahora revertir los incentivos que empujaron históricamente a ciudadanos y empresas fuera del sistema. La informalidad, lejos de ser tolerada, es leída como síntoma de una falla estructural del diseño tributario.
Durante la presentación oficial, se expuso que el 50% de la economía argentina opera en la informalidad y que apenas 11.000 contribuyentes explican más del 70% de la recaudación. En línea con este diagnóstico, el decreto firmado por el Presidente de la Nación consigna que 10.000 grandes contribuyentes fueron responsables del 80% de la recaudación nacional en 2024, y reconoce expresamente que la “asfixia fiscal ha generado una distorsión estructural en la economía”.
El nuevo régimen tributario se articula desde una visión que desplaza el enfoque universal de control por un criterio selectivo basado en riesgo. Esto se traduce en la eliminación de múltiples regímenes informativos obligatorios, la reducción de las exigencias de reporte sobre operaciones de bajo monto y la redefinición del rol de la Unidad de Información Financiera, que deberá priorizar perfiles de riesgo real asociados a delitos complejos como el narcotráfico o la financiación del terrorismo.
La reforma se alinea con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y propone una lógica más eficiente y focalizada de control estatal.
Uno de los núcleos operativos del nuevo esquema es la modalidad simplificada y opcional del Impuesto a las Ganancias. La ARCA tendrá a su cargo la elaboración de liquidaciones prearmadas sobre la base de la información con la que ya cuenta el organismo y la que provea el contribuyente.
Este sistema prescinde de la declaración de consumos personales o variaciones patrimoniales, y se limita a considerar la facturación y las deducciones admitidas.
El decreto lo prevé exclusivamente para personas humanas o sucesiones indivisas residentes que obtengan rentas de fuente argentina y exime a quienes se adhieran de presentar las declaraciones patrimoniales exigidas por el Decreto 862/2019. Se trata de una herramienta orientada a facilitar la reincorporación de contribuyentes al sistema, en un marco regulado, voluntario y con bajo nivel de conflictividad.
La medida genera las condiciones para que quienes poseen activos no declarados, en particular ahorros en moneda extranjera acumulados fuera del sistema formal, puedan integrarse al circuito económico sin estar expuestos a acciones retroactivas o sancionatorias. La estrategia no descansa en una amnistía general, sino en la posibilidad de restablecer la condición de contribuyente activo en condiciones previsibles y menos intrusivas.
En paralelo, se avanza en la creación de un sistema de finanzas abiertas que permitirá a las personas humanas y jurídicas, mediante su consentimiento expreso, compartir información con las entidades financieras registradas ante el Banco Central.
Esta apertura apunta a facilitar el acceso al crédito, mejorar la competencia en el sector bancario y promover la inclusión financiera. El Banco Central será la autoridad de aplicación del sistema y tendrá a su cargo la definición de estándares técnicos, así como la articulación con organismos públicos y entidades participantes. El sistema asegura la protección del secreto fiscal, salvo autorización expresa del titular de los datos.
Este conjunto de reformas sienta las bases para una transformación de fondo. El decreto no agota la reforma tributaria anunciada, pero constituye un primer paso normativo de ejecución inmediata. Muchas de las definiciones pendientes —como el eventual blindaje legal de los nuevos esquemas o la adecuación legislativa del impuesto a las ganancias— dependerán de un debate parlamentario aún en desarrollo.
El enfoque adoptado por el Gobierno Nacional no solo busca aliviar la presión fiscal formal, sino modificar la relación simbólica entre el Estado y sus contribuyentes. Donde antes se presuponía evasión, ahora se ofrece la posibilidad de una cooperación simplificada. Donde antes se incentivaba el ocultamiento patrimonial, ahora se ofrece un marco de reincorporación razonable y sin coerción.
La propuesta implica, en definitiva, un cambio de lógica: desplazar el control masivo por la focalización, sustituir la amenaza por la previsibilidad, y construir un sistema en el que el cumplimiento no sea una carga sino una vía de acceso al crédito, al desarrollo y a la ciudadanía económica plena. Su consolidación requerirá tiempo, estabilidad política y credibilidad institucional. Pero, al menos por diseño, propone un horizonte fiscal donde la libertad, la formalidad y la confianza no se perciban como términos incompatibles.or
Los anuncios realizados el pasado 22 de mayo por el Poder Ejecutivo Nacional no constituyen una mera batería de medidas fiscales o administrativas. En realidad, representan una propuesta de cambio de régimen: por primera vez en décadas, el Estado argentino plantea una arquitectura tributaria fundada no en la presunción de evasión, sino en la confianza ciudadana.
El Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, tal como fue presentado por los principales funcionarios económicos del gobierno nacional, promueve una reconfiguración estructural del sistema fiscal y financiero. Se eliminan controles que durante años burocratizaron decisiones económicas cotidianas, se implementa un régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias, y se crea un sistema de finanzas abiertas que reposiciona al contribuyente como sujeto colaborativo y no como sospechoso predeterminado.
El diagnóstico que subyace a esta reforma parte de una idea central: buena parte de la informalidad que atraviesa a la economía argentina no responde a prácticas fraudulentas deliberadas, sino a un contexto impositivo que ha resultado incompatible con la sostenibilidad del trabajo y la producción en blanco. En lugar de penalizar esa conducta defensiva, se propone ahora revertir los incentivos que empujaron históricamente a ciudadanos y empresas fuera del sistema. La informalidad, lejos de ser tolerada, es leída como síntoma de una falla estructural del diseño tributario.
Durante la presentación oficial, se expuso que el 50% de la economía argentina opera en la informalidad y que apenas 11.000 contribuyentes explican más del 70% de la recaudación. En línea con este diagnóstico, el decreto firmado por el Presidente de la Nación consigna que 10.000 grandes contribuyentes fueron responsables del 80% de la recaudación nacional en 2024, y reconoce expresamente que la “asfixia fiscal ha generado una distorsión estructural en la economía”.
El nuevo régimen tributario se articula desde una visión que desplaza el enfoque universal de control por un criterio selectivo basado en riesgo. Esto se traduce en la eliminación de múltiples regímenes informativos obligatorios, la reducción de las exigencias de reporte sobre operaciones de bajo monto y la redefinición del rol de la Unidad de Información Financiera, que deberá priorizar perfiles de riesgo real asociados a delitos complejos como el narcotráfico o la financiación del terrorismo. La reforma se alinea con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y propone una lógica más eficiente y focalizada de control estatal.
Uno de los núcleos operativos del nuevo esquema es la modalidad simplificada y opcional del Impuesto a las Ganancias. La ARCA tendrá a su cargo la elaboración de liquidaciones prearmadas sobre la base de la información con la que ya cuenta el organismo y la que provea el contribuyente. Este sistema prescinde de la declaración de consumos personales o variaciones patrimoniales, y se limita a considerar la facturación y las deducciones admitidas. El decreto lo prevé exclusivamente para personas humanas o sucesiones indivisas residentes que obtengan rentas de fuente argentina y exime a quienes se adhieran de presentar las declaraciones patrimoniales exigidas por el Decreto 862/2019. Se trata de una herramienta orientada a facilitar la reincorporación de contribuyentes al sistema, en un marco regulado, voluntario y con bajo nivel de conflictividad.
La medida genera las condiciones para que quienes poseen activos no declarados, en particular ahorros en moneda extranjera acumulados fuera del sistema formal, puedan integrarse al circuito económico sin estar expuestos a acciones retroactivas o sancionatorias. La estrategia no descansa en una amnistía general, sino en la posibilidad de restablecer la condición de contribuyente activo en condiciones previsibles y menos intrusivas.
En paralelo, se avanza en la creación de un sistema de finanzas abiertas que permitirá a las personas humanas y jurídicas, mediante su consentimiento expreso, compartir información con las entidades financieras registradas ante el Banco Central. Esta apertura apunta a facilitar el acceso al crédito, mejorar la competencia en el sector bancario y promover la inclusión financiera. El Banco Central será la autoridad de aplicación del sistema y tendrá a su cargo la definición de estándares técnicos, así como la articulación con organismos públicos y entidades participantes. El sistema asegura la protección del secreto fiscal, salvo autorización expresa del titular de los datos.
Este conjunto de reformas sienta las bases para una transformación de fondo. El decreto no agota la reforma tributaria anunciada, pero constituye un primer paso normativo de ejecución inmediata. Muchas de las definiciones pendientes —como el eventual blindaje legal de los nuevos esquemas o la adecuación legislativa del impuesto a las ganancias— dependerán de un debate parlamentario aún en desarrollo.
El enfoque adoptado por el Gobierno Nacional no solo busca aliviar la presión fiscal formal, sino modificar la relación simbólica entre el Estado y sus contribuyentes. Donde antes se presuponía evasión, ahora se ofrece la posibilidad de una cooperación simplificada. Donde antes se incentivaba el ocultamiento patrimonial, ahora se ofrece un marco de reincorporación razonable y sin coerción.
La propuesta implica, en definitiva, un cambio de lógica: desplazar el control masivo por la focalización, sustituir la amenaza por la previsibilidad, y construir un sistema en el que el cumplimiento no sea una carga sino una vía de acceso al crédito, al desarrollo y a la ciudadanía económica plena. Su consolidación requerirá tiempo, estabilidad política y credibilidad institucional. Pero, al menos por diseño, propone un horizonte fiscal donde la libertad, la formalidad y la confianza no se perciban como términos incompatibles.
Primicias Rurales
Fuente: BDO
May 23, 2025 | Actualidad, Economía / Economía del Agro, Opiniones
Foto: Los expertos tributistas Santiago Saenz Valiente y Héctor Tristán Archivo LA NACION
Santiago Saenz Valiente, asesor impositivo del agro, consideró que el sector “no invertirá si no hay garantías legales”; Héctor Tristán, otro experto, vislumbró que la medida anunciada por el Gobierno tendrá un efecto general y reducirá carga burocrática.
Después de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas para que los argentinos saquen los dólares “del colchón”, expertos asesores del sector agropecuario señalaron que, por la fuerte desregulación en los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) u organismos vinculados como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA), de ahora en adelante se abre una nueva etapa para el sector agropecuario. Ven puntos positivos pero también hacen observaciones. En una conferencia de prensa realizada este jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni; el titular de ARCA, Juan Pazo, y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos.
En ese contexto, Santiago Saenz Valiente, asesor impositivo y experto, dijo que el fin de los controles cruzados del ARCA elimina la exigencia de cruces de datos entre escribanos, operaciones con vehículos, movimientos bancarios y compras personales. Consideró que esto implica una flexibilización significativa de los controles fiscales, incluso en el agro. No obstante, alertó que esto también podría generar preocupación por un posible aumento de la evasión.
Sáenz Valiente advirtió que podría haber un retroceso en materia de fiscalización si no se implementan medidas complementarias. Agregó que, dado que parte del plan de los dólares “debajo del colchón” saldría por decreto, esto no alcanza.
“Se necesita una ley formal para que las personas usen sus dólares no declarados sin riesgo de ser sancionadas por incremento patrimonial no justificado. Esto es clave para dinamizar operaciones de alto valor como compra de inmuebles, vehículos o maquinaria agrícola”, precisó.
El experto resaltó que sin una ley en vigor, la UIF y el Banco Central podrían sancionar a quienes utilicen dólares no declarados. Por eso, advirtió que “el campo no invertirá si no hay garantías legales”.
En este contexto, insistió que, sin una ley específica, quienes usen dólares no bancarizados para inversiones o adquisiciones seguirán expuestos a sanciones de la UIF, ARCA o Banco Central. Propuso revisar los plazos de prescripción, posiblemente acortarlos, y rever el régimen penal tributario. Reclamó, además, mayor justicia y equilibrio en las causas judiciales fiscales, con más valor a las pruebas presentadas por los contribuyentes.
En tanto, Héctor Tristán, contador especializado en temas agropecuarios, observó que las medidas anunciadas hoy por el Ministerio de Economía, que incluyen principalmente la flexibilización de regímenes informativos y la elevación de umbrales para reportes bancarios y de billeteras virtuales, “no tienen un impacto directo e inmediato en el sector agropecuario en términos de producción, comercialización o rentabilidad”.
Mencionó que estas se enfocan en la reducción de la burocracia y carga administrativa. “Al elevar los montos a partir de los cuales se deben reportar operaciones bancarias y de billeteras virtuales, y al eliminar algunos regímenes informativos, se busca simplificar trámites para individuos y empresas, incluyendo potencialmente a productores y empresas del agro en sus operaciones financieras cotidianas”, dijo.
“El espíritu de estas medidas es incentivar el uso de dinero que podría estar fuera del circuito formal, lo que podría, en teoría, generar mayor liquidez en la economía. Si bien no es una medida específica para el agro, los productores o empresas agropecuarias que tengan ahorros informales, estas nuevas reglas facilitan su movimiento, produciendo ciertos efectos importantes en la economía en general y en el agro en particular”, afirmó.
Puntualmente habló del incremento de la base tributaria a mediano y largo plazo: al formalizar activos, estos pasan a estar sujetos a impuestos regulares (como Bienes Personales, Impuesto a las Ganancias sobre los rendimientos, etc.). “Esto amplía la base de contribuyentes y, teóricamente, debería generar una mayor recaudación de forma sostenida en el tiempo, mejorando la sostenibilidad fiscal del Estado”, precisó.
El experto destacó que, al ingresar al circuito formal, los fondos pueden ser invertidos en proyectos productivos, compra de bienes registrables (inmuebles, vehículos), o como capital de trabajo para empresas. Esto dinamizará la economía, el empleo y aumentará la producción de bienes y servicios, según mencionó.
Sobre la reducción de la informalidad, destacó que “esto no sólo mejora la recaudación, sino que también puede conducir a una mayor transparencia, reducción de actividades ilícitas asociadas al dinero no declarado y una mejor asignación de recursos”.
Fuente: Por Belkis Martínez
Primicias Rurales
May 22, 2025 | Opiniones
Buenos Aires, 22 de mayo (PR/25) .- Los Acopiadores sostienen que el alivio impositivo es un paso fundamental para aumentar la producción. Además, pese a la medida parcial, recuerdan que la presión fiscal al campo no cesa: este año, el Estado va a recaudar 960 millones de dólares más por Derechos de Exportación de la agricultura argentina.
La Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales expresa su satisfacción ante la decisión del Gobierno nacional de extender la baja de los derechos de exportación para el trigo y la cebada, cuyo vencimiento estaba previsto para el 30 de junio y que se prolongará hasta el 31 de marzo de 2026.
Esta medida, largamente esperada por el sector, representa un paso importante en la dirección correcta: la de una Argentina que apuesta al crecimiento a través de más producción, inversión y generación de empleo. En este sentido, la Federación reafirma su postura de profundizar este camino, que considera imprescindible para el desarrollo económico sostenido del país.
Siguiendo esta premisa, la entidad —que representa a más de 1.000 empresas acopiadoras en todo el país— solicita al Gobierno a incluir lo más rápidamente posible a la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y todos sus subproductos en estas políticas de alivio fiscal.
En la última campaña 2023/24, el monto tributado en concepto de Derechos de Exportación al Estado Nacional por parte de las seis principales cadenas de granos se ubicó en US$ 5.350 millones. “Este año, el Gobierno va a recaudar 960 millones de dólares más. Entonces, aplaudimos la medida, pero esperamos fervorosamente que se extienda a los demás granos. No puede ser que el campo siga enfrentando una presión impositiva desmedida, tanto en relación a los otros sectores de nuestra economía como respecto de los países competidores”, sostuvo el presidente de los Acopiadores, Fernando Rivara.
“La experiencia demuestra que una menor carga impositiva impulsa la producción y mejora la competitividad del sector agroindustrial. Estas políticas no solo benefician al productor, sino también repercuten positivamente en la generación de divisas, tan necesarias para fortalecer la economía argentina”, agregó el titular de la entidad.
La Federación de Acopiadores reitera su plena disposición a seguir trabajando junto a las autoridades para consolidar un marco de previsibilidad y estímulo que permita al campo argentino desplegar todo su potencial y contribuir al desarrollo nacional.
Fuente: Federación de Acopiadores
Primicias Rurales
May 22, 2025 | Agricultura, Economía / Economía del Agro, Opiniones
Derechos de exportación y campaña fina: Los resultados proyectados comprometen la viabilidad económica del trigo y la cebada en buena parte del área productiva.
Buenos Aires, jueves 22 mayo (PR/25) — Las primeras intenciones de siembra de la campaña fina muestran un fuerte repunte para el ciclo 2025/26.
De acuerdo con la Encuesta SEA CREA de marzo, se alcanzó el mayor nivel desde 2012 con un 33% de participación en el plan de siembra, resultado que responde principalmente a la buena situación climática al momento de efectuar el relevamiento.
Sin embargo, los excesos hídricos registrados desde entonces y el nivel de precios vigente son obstáculos relevantes para que tales intenciones se materialicen.
En efecto, es necesario mejorar la ecuación económica y ofrecer certezas que permitan planificar y decidir los portfolios productivos y de negocios, principalmente a través de la eliminación de los derechos de exportación (DD.EE).
En este marco, el Gobierno nacional continúa avanzando con el programa de estabilización de la economía local y desde 2024 logró sanear las cuentas fiscales, reorientar el crédito hacia el sector privado, reducir substancialmente la tasa de inflación y eliminar las distorsiones generadas por una brecha cambiaria superior al 100% en 2023.
Se trata de avances importantes para el país en general, y para el sector agropecuario en particular. No obstante, en el corto plazo se generan tensiones debido a que la normalización macroeconómica fue mucho más rápida que los cambios particulares necesarios en la política agropecuaria.
Medidas que impactaron positivamente, y lo que todavía falta
Más en detalle, la actual administración tomó medidas positivas: eliminó las restricciones cuantitativas a las exportaciones, el impuesto PAIS y promovió la apertura comercial para bajar los precios, muy elevados en la comparación internacional, que paga el sector por los insumos y los bienes de capital.
Sin embargo, todavía permanecen vigentes los DD.EE., que son la principal política discriminatoria que enfrenta la producción agropecuaria e implican una carga adicional respecto de la ya elevada presión tributaria de la economía argentina. Incluso, mientras que el gravamen se eliminó para los productos industriales, a partir de julio tendría su fin la baja transitoria implementada en enero para los granos.
En particular, si se hace foco en los cultivos de fina (trigo y cebada), hay una suma de factores que vuelven urgente eliminar el gravamen, replicando la medida adoptada para la industria.
Por un lado, el anclaje del tipo de cambio, habitual en los planes para bajar la inflación, llevó a que su competitividad se encuentre en línea con la vigente en los años 90, uno de los momentos más bajos de la serie en términos históricos.
A su vez, los precios internacionales vienen cayendo desde los máximos alcanzados en los meses subsiguientes a la invasión de Rusia a Ucrania, y hoy están apenas un 7,5% por encima en términos reales de los valores vigentes entre 1998 y el 2000, cuando un ciclo de crisis internacionales y la baja de los precios de las commodities el marco de la rigidez de la convertibilidad potenciaron las dificultades macroeconómicas y sectoriales.
Así, si bien los DD.EE. constituyen siempre un gravamen sumamente distorsivo y dañino para la actividad, sus efectos negativos se tornan hoy insostenibles dado que no existe una coyuntura de dólar o de precios internacionales elevados que permita mitigarlos.
En estas condiciones, los resultados proyectados comprometen la viabilidad económica del trigo y la cebada en buena parte del área productiva.
Los DD.EE también ocasionan pérdidas a nivel sectorial y nacional, al romper la relación existente entre granos cobrados al valor internacional menos retenciones, insumos y productos, que se pagan a su valor internacional o que, incluso, tienen sobrecostos respecto de los países competidores.
De esta manera, de cualquier inversión que se realice en insumos, tecnologías o procesos para aumentar la producción, el estado se llevará, independientemente del resultado, entre el 12% y el 33% del grano adicional producido, disminuyendo fuertemente el atractivo de los proyectos.
Invertir es caro en términos de granos, que son la moneda del empresario agrícola. Se trata de un aspecto especialmente relevante para el trigo y cebada, donde, en promedio, el 38% y el 43% de los costos totales se compone de fertilizantes, y donde la nutrición del cultivo es fundamental a la hora de determinar no solo el rinde, sino la propia sostenibilidad de los sistemas productivos del país.
¿Qué implicaría la quita de DD.EE. para la campaña fina?
De acuerdo con cálculos propios, la quita de DD.EE. implicaría en lo inmediato un aumento de la fertilización nitrogenada, que favorecería a su vez un incremento de la producción de trigo de 2,7% (equivalentes a 112 millones de dólares de exportaciones).
Así, en este contexto de bajos precios internacionales y apreciación cambiaria, la persistencia de los de DD.EE. podría ser uno de los elementos que explica la evaluación actual que efectúan los empresarios CREA: en mar-25, el 72% de las empresas del Movimiento percibía que la situación del país era mejor que la de un año atrás; sin embargo, solo el 25% consideraba que se trataba de un buen momento para invertir.
En suma, de cara a la siembra de granos finos, el sector agropecuario necesita de algo muy simple pero que le es negado sistemáticamente desde 1930: que los precios de sus insumos y productos sean los del mercado, y que los impuestos a pagar sean los mismos que paga cualquier otra actividad.
Para ello, es menester eliminar los DD.EE. con urgencia para los cultivos de la próxima cosecha fina.
Bajo esas condiciones, el sector ya demostró en el pasado que tiene las capacidades necesarias para invertir, ser competitivo a nivel internacional y producir con la mejor tecnología disponible, siendo un caso de éxito de los que, lamentablemente, no abundan en la Argentina.
Cabe destacar que estos beneficios son alcanzables con un costo fiscal acotado: suponiendo una cosecha promedio, el trigo y la cebada aportarían USD 3293 millones de exportaciones 2026, lo que se traduce en una recaudación por DD.EE. de USD 395 millones (0,05% del PBI).
Resulta clave avanzar rápidamente en su eliminación, de manera tal que los productores de fina puedan concretar la intención de siembra fina evidenciada en el ciclo 2025/26.
Acerca de CREA
CREA es una asociación civil sin fines de lucro integrada y dirigida por empresarios agropecuarios que se reúnen en grupos para optimizar los resultados de sus organizaciones a través del intercambio de conocimientos, ideas y experiencias.
Primicias Rurales
Fuente: CREA
