La medida fue propuesta por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios en atención a la Ley Nº 26.509.
Buenos Aires, jueves 11 diciembre (PR/25) — El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para diversas zonas productivas de la provincia de Buenos Aires, afectadas por inundaciones.
La recomendación se formalizó durante la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), el pasado 20 de noviembre, donde se realizó un análisis técnico sobre el fenómeno climático y sus impactos en el sector agropecuario que motivaron la solicitud de emergencia y/o desastre agropecuario por parte de la provincia.
En este sentido, se convalidó el decreto provincial N° 2.779, de fecha 8 de noviembre de 2025, que prorroga el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundación para las circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del partido de Veinticinco de Mayo; y para las circunscripciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del partido de Saladillo, durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
Asimismo, se convalidó el decreto provincial N° 2.780 de fecha 8 de noviembre de 2025 que declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario también por inundación, por el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, para las circunscripciones V, VI y VII del partido de Bragado; para las circunscripciones IV, V y VI del partido de Veinticinco de Mayo; para las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV y XV del partido de Lincoln; las circunscripciones I y II del partido de Saladillo; las circunscripciones I, II, III, IV, V, VI y VII del partido de General Belgrano; las circunscripciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del partido de Azul; las circunscripciones II, III, IV, V, VI y VII del partido de Pila; y la circunscripción VI del partido de Bolívar, del territorio bonaerense.
La reunión de la CNEyDA contó con la participación de representantes de organismos nacionales como el INTA, el SMN, el Banco Nación, el Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, así como delegados de las principales entidades agropecuarias (CRA, FAA, CAME, SRA, CONINAGRO, FONAF) y representantes de la provincia.
Inundaciones en Buenos Aires: contexto y afectación
Desde mediados de 2025, varias regiones productivas del sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires vienen sufriendo intensas lluvias e inundaciones que provocaron anegamientos persistentes de campos, caminos rurales cortados, retrasos en la siembra y la cosecha, daños en alambrados y pérdidas de infraestructura productiva.
Estas condiciones impactaron especialmente a los cultivos de soja, maíz, trigo y pasturas, así como a la producción ganadera, al impedir el acceso de maquinarias y el traslado de hacienda.
Además, la saturación hídrica afectó a productores de distintos tamaños, con sectores del sudeste y centro de la provincia entre los más comprometidos.
Organismos oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el INTA señalaron que la persistencia del fenómeno está asociada a patrones de circulación que favorecieron precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del territorio bonaerense durante la primavera y principios del verano, generando suelo saturado y desbordes en cuencas menores y principales.
Esto agravó la evacuación del agua acumulada, especialmente en zonas deprimidas de los partidos más afectados.
Qué dispone la Resolución 1974/2025
La Resolución 1974/2025, emitida por el Ministerio de Economía de la Nación, formaliza la declaración de estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación para determinadas circunscripciones rurales de la provincia de Buenos Aires, en aplicación de la Ley N.º 26.509 (que regula situaciones de emergencia y desastre agropecuario).
Los puntos principales de la resolución son:
Convalidación de decretos provinciales:
Aprueba el Decreto Provincial N° 2.779/2025, que prorroga el estado de emergencia y/o desastre por inundación para circunscripciones del partido de Veinticinco de Mayo y Saladillo, por el período del 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.
Aprueba el Decreto Provincial N° 2.780/2025, que declara estado de emergencia y/o desastre por inundación para una serie de circunscripciones de los partidos de Bragado, Veinticinco de Mayo, Lincoln, Saladillo, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar, también para el mismo período.
Alcance territorial: La declaración alcanza a múltiples circunscripciones rurales de los partidos más afectados por las inundaciones, abarcando una porción significativa de la región agrícola bonaerense. Esto habilita a los productores dentro de esas zonas a acceder a los beneficios previstos por la normativa.
Beneficios contemplados para los productores: Si bien el texto de la resolución articula y oficializa la emergencia, la aplicación práctica de la Ley N.º 26.509 habilita medidas como:
Plazos especiales y readecuación de deudas con organismos públicos y privados vinculados a la actividad agropecuaria.
Exenciones o diferimientos impositivos para productores afectados.
Acceso prioritario a líneas de financiamiento y asistencia técnica a través de organismos como el Banco Nación y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Apoyo para recomposición de infraestructura dañada (cercos, caminos rurales, tajamares), en coordinación con los gobiernos provincial y municipal.
Participación técnica y consensuada: La resolución se apoya en el análisis realizado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), donde participaron representantes del INTA, SMN, Banco Nación, Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y principales entidades agropecuarias (CRA, FAA, CAME, SRA, CONINAGRO y FONAF), validando la severidad del impacto y la necesidad de declarar la emergencia.
Se enviarán al Congreso las iniciativas del Consejo de Mayo
Buenos Aires, jueves 11 diciembre (PR25)– El Gobierno nacional confirmó que entre las reformas que ingresarán al Congreso en los próximos días se encuentra una profunda modificación a la Ley de Tierras Rurales, vigente desde 2011.
La iniciativa forma parte del paquete de proyectos surgido del documento final del Consejo de Mayo, y según adelantó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, algunas de estas propuestas serán tratadas en sesiones extraordinarias y otras quedarán para el período legislativo 2026.
El Ejecutivo sostiene que los cambios buscan “poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento”, y en ese marco considera clave revisar el régimen de tierras, uno de los más restrictivos de la región en relación al capital extranjero.
¿Qué dice la Ley de Tierras vigente?
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece un conjunto de límites para la adquisición de tierras rurales por personas o empresas extranjeras. Entre sus puntos principales se encuentran:
Tope del 15% del territorio nacional que puede quedar en manos de extranjeros, con igual límite por provincia y por departamento.
Restricción de compra para extranjeros originarios de un mismo país, que no pueden superar el 30% del total permitido.
Límite individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (o su equivalencia productiva según región).
Inhabilitación para compra de tierras con cuerpos de agua o áreas estratégicas.
El Registro Nacional de Tierras Rurales informa periódicamente el nivel de extranjerización por distrito, aunque los datos han variado por reclamos judiciales y revisiones administrativas.
Qué propone la reforma del Gobierno
Según adelantó Manuel Adorni, el proyecto oficial apunta a liberar por completo la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros, eliminando topes y restricciones actuales.
El funcionario consideró que la normativa vigente “ahuyenta inversiones, limita el desarrollo productivo y obstaculiza operaciones inmobiliarias, forestales y agropecuarias”.
Además, la reforma incorpora cambios vinculados al manejo de incendios. El proyecto propone derogar la prohibición que impide modificar el uso productivo de un campo entre 30 y 60 años después de un incendio, restricción establecida por la Ley 26.815 (Ley de Manejo del Fuego), modificada en 2020 impulsada por el diputado Máximo Kirchner.
Según Adorni, la norma actual “penaliza a los productores y bloquea proyectos de inversión aún cuando el incendio no haya sido intencional”, y consideró que su eliminación permitirá “reactivar rápidamente tierras afectadas, recuperar productividad y dar previsibilidad al sector”.
Qué se debate en torno a la reforma
Expertos en derecho agrario advierten que una apertura total podría generar:
Mayor presión del mercado internacional sobre zonas de alto valor agrícola, hídrico o turístico.
Riesgos de concentración en áreas fronterizas o estratégicas.
Pérdida de herramientas de control estatal para monitorear el uso y destino de grandes extensiones rurales.
Por otro lado, sectores del agronegocio y desarrolladores inmobiliarios celebran la iniciativa, argumentando que:
Ampliaría el acceso al crédito y la inversión extranjera directa.
Facilitaría proyectos agroindustriales, forestales y energéticos.
Reduciría la burocracia y los tiempos de autorización para transferencias de dominio.
Lo que viene
El Gobierno enviará el proyecto junto con el paquete de reformas del Consejo de Mayo. Legisladores oficialistas anticiparon que intentarán lograr dictamen antes de fin de año, aunque en la oposición ya se anticipan fuertes debates sobre soberanía territorial, recursos estratégicos y el impacto ambiental y social de los cambios propuestos.
La discusión promete convertirse en uno de los ejes más intensos del próximo período legislativo.
El Consejo de Mayo es un órgano creado por el Gobierno nacional como espacio de diálogo y coordinación de políticas estratégicas. Reúne a representantes del Ejecutivo, empresarios, sectores productivos y expertos para elaborar propuestas de reformas estructurales —económicas, laborales, fiscales e institucionales— que luego son enviadas al Congreso. Su nombre alude a la idea de “refundación” o transformación profunda del Estado y la economía argentina.
Rebaja de retenciones: cuál será el impacto productivo y costo fiscal de la medida. Foto: Agencia Noticias Argentinas / archivo
Buenos Aires, jueves 11 diciembre (PR/25)– La rebaja de retenciones que anunció el Gobierno, que se espera que se publique en el Boletín Oficial para entrar en vigencia, tendrá efecto sobre las liquidaciones, la producción y también un costo fiscal superior a los US$ 500 millones, de acuerdo con distintas estimaciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ayer una baja en las retenciones para el sector agropecuario de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.
A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:
Soja: de 26% a 24%
Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
Girasol: de 5,5% a 4,5%
«Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos», destacó el ministro.
Antonella Semadeni, economista de Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), dijo a Agencia Noticias Argentinas que la reducción de retenciones «es una medida positiva» que está «en línea con el buen camino que es necesario recorrer».
Destacó que «es una baja que es permanente, que no tiene puntos excepcionales; por ejemplo, en otras bajas habíamos tenido que había que liquidar las divisas en un plazo determinado de determinada cantidad de días, y eso a veces dificultaba la gestión».
Consideró que la rebaja «no cambia significativamente la intención de siembra, porque ya estamos a a mediados de diciembre», pero que al ser permanente «permite previsibilidad y le quita incertidumbre al productor».
El índice FADA, que mide el peso de los impuestos sobre la renta agrícola, en septiembre había dado alrededor de un 61%. Semadeni proyectó que «con esta baja bajaría un punto y medio, es decir, que no es algo sumamente significativo, pero por supuesto que todo suma».
«La mejora en precios debería ser de 10 dólares en el caso de la soja, de 2 dólares en el caso del maíz y de 4,5 dólares en el caso del trigo, la tonelada de cada uno de los cultivos», detalló.
La economista sostuvo que el costo fiscal de la medida «considerando lo que sería la cosecha ya 2025/2026, la cosecha gruesa y lo que queda de trigo, sería un costo fiscal aproximadamente 650 millones de dólares, que es 0,11 por ciento del PBI».
Cálculos privados coinciden en que la baja de retenciones para los principales productos agroindustriales exportados por Argentina tendrá un costo fiscal superior a los US$500 millones en 2026. La medida tendrá un impacto directo en la recaudación durante el próximo calendario, aunque podría atenuarse por efectos indirectos como el aumento de la base imponible del impuesto a las ganancias, la mayor renta de los productores y una eventual mayor producción.
Desde la Bolsa de Comercio de Rosario precisaron que “la rebaja de alícuotas para los principales granos y derivados se estima tendrá un impacto fiscal directo de US$511 millones en el año 2026”.
De esta manera, la merma dejaría la recaudación por este concepto en un estimado de US$4.809 millones bajo el nuevo esquema, lo que representa una caída del 10% con relación a lo que se proyectaba a recaudar bajo el esquema de alícuotas anterior.
A pesar del menor ingreso previsto, la entidad reveló que “comparando con lo estimado a recaudar para el año 2025, la recaudación proyectada se mantiene prácticamente estable”, ya que durante el periodo actual el monto asciende a US$4.805 millones mientras que en el próximo año se espera que se alcance los US$4.809 millones.
En tanto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que «esta medida implicaría un costo fiscal directo de aproximadamente US$570 millones».
IARAF planteó efectos indirectos potenciales de mayor recaudación:
Mayor base imponible del impuesto a las ganancias. Los menores derechos de exportación aumentan la base imponible del impuesto a las ganancias y, por ende, su recaudación, en los casos en los que con los derechos vigentes ya se tenía una base imponible positiva.
Mayor renta de los productores. La renta que antes era capturada por el Estado pasa a los productores. Según el modelo que se utilice, parte de esa renta disponible se destina a consumo y a inversión, lo que debería generar nuevos ingresos fiscales por impuestos como ganancias, IVA y presión tributaria general por ambos destinos del ingreso, generando una recaudación adicional para los tres niveles de gobierno.
Mayor producción. Si los productores reaccionan positivamente al mayor precio percibido (escenario de oferta elástica) y aumentan su producción, puede elevarse la base imponible y generarse una recaudación adicional de los propios derechos de exportación.
Franco Artusso, responsable de la sección Agroindustrial del Ieral/Fundación Mediterránea, analizó en cuánto ha mejorado la rentabilidad del campo en la era Milei y afirmó que «aún a pesar del alivio impositivo, la carga tributaria continuará siendo muy elevada en 2025/26: del 53-73% para propietarios y arrendatarios de zona núcleo, y del 67-123% para propietarios y arrendatarios de zona extrapampeana, respectivamente».
Detalló que las estimaciones indican que, con las alícuotas vigentes, la recaudación por DEX en 2026 rondará los US$ 5.030 millones (considerando únicamente productos agropecuarios y sus derivados).»Si se hubieran conservado las tasas de fines de 2023, la recaudación ascendería a casi US$ 7.000 millones, manteniendo constantes los volúmenes de producción y exportación».
En otros términos, las modificaciones aplicadas en los últimos dos años implicaron una devolución cercana a US$ 1.950 millones al complejo productivo. La reducción más reciente tendría un impacto fiscal anual de aproximadamente USD 520 millones, equivalente a una cuarta parte del monto ya devuelto, concluyó.
Es el mejor noviembre en al menos 5 años, superando ampliamente el récord previo
Buenos Aires, jueves 11 de diciembre (PR/25).– La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía informó que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) correspondientes a embarques programados para noviembre de 2025 marcaron un nuevo récord histórico, al ubicarse 28% por encima del mismo mes de 2024, lo que evidencia un fuerte repunte del comercio exterior agroindustrial.
Los datos fueron procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.
Los registros alcanzaron 9.323.770 toneladas, muy por encima de las 7.272.084 toneladas anotadas en noviembre de 2024, que hasta ahora representaban el mejor noviembre de los últimos cinco años. Con este resultado, noviembre 2025 se consolida como el mes con mayor volumen de DJVE desde que existe el sistema.
El volumen también quedó 91% arriba del promedio reciente, estimado en 4.879.546 toneladas, impulsado por una combinación de mejores precios internacionales, mayor disponibilidad de mercadería tras la normalización climática post-Niño, y una mayor anticipación comercial de la exportación ante la expectativa de cambios regulatorios.
Crecimiento acumulado récord
El dinamismo exportador se refleja además en la acumulación entre enero y noviembre, que alcanzó 92.627.178 toneladas, un crecimiento interanual del 16% y un récord absoluto para ese período.
La cifra supera ampliamente:
el mejor registro de los últimos 5 años (88.514.283 t),
el promedio histórico reciente (78.474.725 t),
y el volumen de enero–noviembre de 2024 (79.853.028 t).
Fuentes oficiales explicaron que el incremento obedece al mayor ritmo de registro de maíz, trigo y subproductos de soja, especialmente harinas y pellets, que concentran la mayor parte de las DJVE. El maíz volvió a ser el principal producto declarado, con una recuperación significativa tras la sequía que afectó la campaña 2022/23.
Factores que impulsaron el récord
Según Agricultura, el desempeño estuvo motorizado por:
Mejoras logísticas derivadas de la mayor profundidad del río Paraná, que permitió operar con barcos a mayor carga.
Mayor previsibilidad cambiaria y flujo más estable para las industrias procesadoras y exportadoras.
Demanda firme de Asia y Medio Oriente, con China, Vietnam, Arabia Saudita y Argelia entre los principales compradores.
Mayor participación de economías regionales, especialmente maní, arroz, legumbres y cebada cervecera, que también registraron aumentos interanuales.
Presencia global
El perfil exportador de la agroindustria argentina continúa fortaleciéndose, con ventas a más de 130 destinos. Solo el complejo sojero representó cerca del 30% del total declarado, mientras que los cereales explicaron otro 50%, y el resto correspondió a economías regionales y subproductos.
Desde la Secretaría destacaron que el récord “refleja la capacidad del sector para responder con agilidad a los mercados internacionales” y anticiparon que el flujo de registros se mantendrá alto durante el último tramo del año impulsado por la campaña fina.
Primicias Rurales / IA
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
Buenos Aires, jueves 11 diciembre (PR/25) El jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, adelantó que en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral que en los próximos días será debatido por el Congreso Nacional, se introducirán modificaciones en el actual régimen de trabajo agrario.
En todo este tiempo, la Sociedad Rural Argentina (SRA) participó de un trabajo conjunto con funcionarios y legisladores nacionales, como así también con integrantes del Consejo de Mayo, donde expresó que la reforma laboral debe reducir la informalidad, ampliar derechos y disminuir costos para empleadores y trabajadores.
En ese marco, el sector agropecuario —motor de empleo regional, exportaciones y desarrollo tecnológico— no debe quedar fuera del debate.
Ignorar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario en un proceso de modernización que conduciría a una propuesta incompleta y a una oportunidad perdida para alinear toda la economía laboral con una visión de futuro.
La SRA opina que el agro no es una variable marginal: es una actividad con ritmos propios, costos específicos y desafíos regionales que requieren reglas diferenciadas. Ciclos climáticos, estacionalidad y diversidad geográfica crean un escenario donde la contratación, la previsibilidad y la seguridad social deben contemplar particularidades que no caben en un marco urbano único.}
Advierte que mantener normas desvinculadas del campo podría disuadir la formalidad o impulsar la informalidad, con costos para trabajadores y productores. El campo argentino necesita una reforma laboral moderna y equilibrada para seguir siendo motor de la economía.
Es por eso que la Sociedad Rural Argentina propone una reforma laboral orientada a actualizar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario (Ley 26.727) para reflejar la realidad tecnológica, estacional y productiva del agro actual, sin detrimento de derechos fundamentales. El objetivo es generar un marco legal más eficiente, previsible y competitivo que impulse la producción, el empleo rural y la inversión, al tiempo que garantiza condiciones dignas para los trabajadores.
A partir de lo anteriormente expresado, la SRA presentó una iniciativa de reforma laboral destinada a modernizar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario, con el objetivo de alinear sus disposiciones a las realidades actuales del sector agropecuario, sin sacrificar derechos laborales.
Las propuestas han sido recibidas favorablemente y recibimos el compromiso de que serán integradas al proyecto de Ley de Modernización Laboral. «Y además seguiremos realizando el seguimiento legislativo en las respectivas comisiones del Congreso de la Nación», adelantó la entidad.
Las propuestas que ha presentado para que sean incluidas en el texto oficial, son las siguientes:
1 – Eliminar la responsabilidad solidaria indiscriminada entre el dueño de la tierra que alquila y el arrendatario que produce. Esta medida reduciría costos y riesgos para quien aporta la tierra, maquinaria o equipamiento, evitando cargas desproporcionadas.
2 – Eliminación de la figura de “trabajador permanente discontinuo”. La actividad es estacional; mantenerla genera costos altos y complicaciones para contratos por ciclos.
3 – Período de prueba de ocho meses, ya que permite evaluar aptitudes de forma razonable antes de confirmar la relación laboral.
4 – Negociación salarial bilateral entre el Sindicato y la Mesa de Enlace sin participación estatal. Se busca una negociación más directa y adecuada a las realidades del sector, reduciendo la intervención estatal en la negociación.
5 – Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones a cargo del empleador. Se ofrece un mecanismo de respaldo ante costos laborales, aportando previsibilidad.
6 – Actualización de créditos laborales de forma razonable. Se evita sentencias desproporcionadas e irrazonables.
Por último, consideramos que los impactos que se esperan de dichas iniciativas serían los siguientes:
1 – Empleo e inversión: mayor previsibilidad y marco regulatorio adaptado podría atraer inversiones y generar empleo estacional.
2 – Costos laborales: reconfiguración de indemnizaciones y mecanismos de financiación (FAL).
3 – Formalidad: menor informalidad si se mejora la claridad y la eficiencia del marco legal.
Desde su fundación, la Cámara ha trabajado para consolidar la nutrición de cultivos y promover el desarrollo y uso responsable de los fitosanitarios como una práctica esencial para los productores agropecuarios.
Buenos Aires, jueves 11 de diciembre (PR/25) .- La Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) celebra sus 35 años de trayectoria, un hito que destaca el trabajo continuo de la Institución para fortalecer la producción agrícola del país y consolidar una industria innovadora, competitiva y comprometida con la sostenibilidad agropecuaria.
Desde su fundación, CIAFA ha acompañado la evolución de los mercados de fertilizantes y fitosanitarios, contribuyendo de manera decisiva a la transformación tecnológica que hoy caracteriza a la agricultura argentina. Su labor permanente junto a los productores, las empresas y los organismos públicos ha permitido construir un sector profesional, moderno y alineado con las mejores prácticas internacionales.
En el mercado de fitosanitarios, la transformación también ha sido notable. De comercializar alrededor de 50 millones de kilogramos en los años 90, la Argentina pasó a estabilizarse en volúmenes que oscilan entre 300 y 400 millones. Este avance ha sido posible gracias a una industria que logró ofrecer productos competitivos y accesibles, permitiendo mejorar la rentabilidad y la productividad de los cultivos en todo el territorio.
A lo largo de estos 35 años, CIAFA ha trabajado estrechamente con Senasa y otros organismos para construir marcos regulatorios modernos y accesibles que acompañen la competitividad del sector. El trabajo con este organismo también permitió modernizar normativas de registro e incorporar nuevas tecnologías, como los bioinsumos, que amplían las herramientas disponibles para los productores. “Contar con regulaciones claras y actualizadas es fundamental para el crecimiento de la industria y para promover las buenas prácticas agrícolas”, afirmó Luis Beconi, presidente de la entidad.
El crecimiento del uso de fertilizantes es un reflejo claro de esta evolución. En la década de 1990, el país utilizaba menos de 500.000 toneladas; hoy supera los 5 millones, mostrando un proceso sostenido de incorporación de tecnología, manejo profesional del suelo y nuevas herramientas para optimizar la producción.
“Entre estas innovaciones se encuentran las mezclas químicas y los biofertilizantes que complementan el uso de fertilizantes puros en la nutrición de los cultivos, que sumado al manejo por ambientes y a la agricultura de precisión contribuyen al cuidado del ambiente y a una agricultura más eficiente”, señaló Manuel Santiago, vicepresidente primero de la Cámara.
Entre los hitos del desarrollo industrial se destaca la instalación de plantas de producción de fertilizantes, como la planta de urea granulada inaugurada en 2001, y dos plantas de superfosfato simple que se construyeron en la década posterior, así como la de producción local de glifosato, 2,4d entre otros, que son avances que diversificaron el abastecimiento y modernizaron la oferta nacional.
En materia de sostenibilidad, CIAFA ha acompañado iniciativas claves. Desde 2005 trabaja junto a Fertilizar AC promoviendo la aplicación eficiente y responsable de los fertilizantes. Mancomunadamente con otras entidades promovió la creación de la Red BPA (Buenas Prácticas Agropecuarias), que hoy cuenta con más de 80 miembros.
Asimismo, la Ley 27.279 sobre envases vacíos de fitosanitarios marcó un antes y un después en el manejo responsable de residuos en el agro, estableciendo un marco obligatorio para su gestión.
En un contexto global desafiante, la Cámara también ha intervenido para asegurar el abastecimiento de insumos esenciales, promoviendo la consideración de los fertilizantes y fitosanitarios como productos prioritarios para el desarrollo del país.
Estos 35 años ponen en valor la labor desarrollada por CIAFA y el compromiso de toda la cadena industrial para fortalecer la producción agrícola del país.
“La celebración de este aniversario no solo reconoce los logros alcanzados, sino que también reafirma nuestra misión de seguir creciendo y adaptándonos a los desafíos que se presenten, asegurando así un futuro próspero para la agricultura argentina”, concluyó Beconi.
