La paradoja del Artículo 29 y la suma del poder público
La cesión indiscriminada de vastas extensiones de territorio a fondos de inversión y corporaciones trasnacionales plantea una grave tensión con los principios republicanos de la Nación.
El Artículo 29 de la Constitución Nacional establece con claridad que el Congreso no puede otorgar al Ejecutivo —ni este arrogarse— facultades extraordinarias o la suma del poder público, ni concesiones por las cuales la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o personas algunas.
«Infracciones de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que las formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.» — Art. 29, Constitución Nacional
Especialistas en derecho constitucional advierten que abdicar la soberanía territorial en áreas clave mediante la eliminación o la elevación de los topes a la extranjerización (pasando del 15% al 25% o desregulando áreas de seguridad) equivale, en la práctica, a privar al Estado de su capacidad efectiva de control sobre el suelo.
Al renunciar a la tutela del territorio nacional, las autoridades otorgan de forma indirecta un poder de veto y dominio a entes privados extranjeros sobre la riqueza estratégica del país, vulnerando el espíritu de protección patrimonial y comunitaria contemplado por los constituyentes. Así opinan.
Zonas vulnerables: el riesgo de las fronteras desprotegidas
El peligro primordial de desregular la propiedad de la tierra no radica únicamente en la concentración económica, sino en el vacío de control estatal que suele consolidarse en las zonas de frontera. Regiones de alta sensibilidad geopolítica —como la cordillera andina en la Patagonia, la selva misionera o las áreas limítrofes del Noroeste Argentino— albergan nacientes de agua dulce, reservas minerales y pasos internacionales naturales.
Cuando grandes extensiones de estas áreas quedan bajo el dominio exclusivo de actores privados trasnacionales, el ejercicio de la jurisdicción nacional se debilita. La proliferación de accesos privados restringidos, la falta de presencia de las fuerzas de seguridad estatales y la creación de verdaderos «enclaves exentos» facilitan la consolidación de corredores ciegos.
Esta falta de fiscalización directa genera las condiciones para el despliegue de actividades de crimen organizado transnacional:
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Tráfico ilícito de estupefacientes: Habilitación de pistas de aterrizaje clandestinas y rutas terrestres no controladas para el acopio y traslado de drogas.
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Contrabando de armas y suministros: Creación de pasos no habilitados que vulneran los controles aduaneros e intermitencias de patrullaje militar.
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Trata de personas: Explotación de la porosidad fronteriza para el traslado ilegal de migrantes y la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual.
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Pérdida de soberanía hídrica y ambiental: Cercamiento de cuencas de agua dulce y acuíferos clave, impidiendo el libre acceso público y subordinando el recurso biológico a fines comerciales privados.
El negocio detrás de la ley vs. el impacto en las comunidades
El impulso por modificar los límites a la compra de campos responde a un modelo económico de valorización inmobiliaria financiera. Los defensores de la medida sostienen que la apertura permite dotar de liquidez a tierras que hoy registran menor demanda, incrementando el valor del suelo y fomentando proyectos productivos de escala.
Sin embargo, para los sectores opositores y las comunidades rurales e indígenas, el «negocio» entraña costos irreparables:
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Encarecimiento del acceso a la tierra: La entrada de capitales internacionales imposibilita que los pequeños y medianos productores locales compitan en la adquisición de superficies.
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Desplazamiento y conflictividad social: La alteración de los mecanismos de defensa judicial y las modificaciones en los procedimientos de desalojo reducen la protección de familias campesinas y pueblos originarios asentados ancestralmente en esos territorios.
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Concentración de recursos estratégicos: La entrega de zonas mineras, acuíferos y bosques nativos resta capacidad de decisión al país sobre la gestión de sus propios bienes comunes.
Grandes propietarios y presencia en áreas de frontera
En la actualidad, la mayor concentración de tierras rurales en manos de personas o corporaciones extranjeras se registra en la cordillera patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz), Misiones, Salta, Jujuy y sectores cordilleranos de Mendoza.
En contraste, los grandes propietarios de origen nacional —entre los que suelen mencionarse figuras del ámbito empresarial, deportivo o de los medios— concentran explotaciones en la región pampeana y áreas agropecuarias tradicionales, donde la sensibilidad sobre los límites de seguridad fronteriza difiere de los sectores limítrofes internacionales.
La radiografía del latifundio: la brecha entre el capital nacional y extranjero
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), aproximadamente 62 millones de hectáreas en la Argentina (el 35% del territorio nacional) figuran como propiedad de tan sólo 1.250 terratenientes, lo que representa apenas el 0,1% de los propietarios privados.
Esta desproporción es aún más pronunciada en la Patagonia. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2008, existen 501 establecimientos agropecuarios que superan las 20.000 hectáreas (latifundios), distribuidos de la siguiente manera:
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Santa Cruz: 200
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Chubut: 181
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Río Negro: 74
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Neuquén: 29
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Tierra del Fuego: 17
A pesar del impacto mediático que rodea a los inversores internacionales, el RNTR indica que el 6,2% de los latifundistas son extranjeros, mientras que el 93,8% corresponde a titulares argentinos. Aunque los nombres nacionales predominan en el listado total, los terratenientes extranjeros y figuras internacionales cuestionadas concentran extensiones estratégicas en zonas clave de frontera y recursos hídricos.
Extranjeros cuestionados y grandes tenedores en la lupa
En el debate sobre la extranjerización, diversos magnates y corporaciones globales han quedado bajo la mirada crítica de la opinión pública debido al control ejercido sobre pasos fronterizos, reservas naturales o controversias judiciales:
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Rabino Elimeir Libersohn (EE. UU.): Posee 140.000 hectáreas distribuidas en San Antonio Oeste y 25 de Mayo (Río Negro), Puelén (La Pampa) y Gobernador Gregores (Santa Cruz), además de unas 200.000 hectáreas en La Rioja y campos en Buenos Aires. Las operaciones en La Rioja se encuentran bajo investigación judicial tanto por las condiciones del acto de compra como por el origen de los fondos.
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Marcelo Mindlin y su vinculación con George Soros: Marcelo Mindlin administra 42.000 hectáreas en el Alto Río Chubut y el valle del Río Foyel (Río Negro) a través de estructuras corporativas en paraísos fiscales. Mindlin ha actuado como socio comercial de actores financieros globales como George Soros, Joseph Lewis y el Grupo Bemberg en desarrollos energéticos e inmobiliarios (como el Grupo IRSA).
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Grupo Benetton (Italia): Registra 900.000 hectáreas administradas por la Compañía de Tierras del Sud Argentino. Posee estancias clave como Caleufu (Neuquén), Pilcaniyeu, San Pedro, Cañadón Blanco, El Maitén, Leleque, Esquel (Chubut), Coronel y El Cóndor (Santa Cruz), abarcando negocios ganaderos, forestales y mineros.
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Grupo Walbrook (Gran Bretaña): Controla 600.000 hectáreas a través de la firma Nieves de Mendoza, concentrando los principales atractivos turísticos y espejos de agua de Malargüe (Valle Hermoso, Las Leñas, Pozo de las Ánimas, Laguna Niña Encantada).
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Grupo Heilongjiang Beidahuang (China): Maneja 330.000 hectáreas en arrendamiento con opción a compra en el Valle Medio de Río Negro (Guardia Mitre, Colonia Josefa, Margen Norte) y zonas de la provincia de Buenos Aires para la producción intensiva de soja, un megaproyecto frenado judicialmente por amparos ambientales.
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Minera Vale (Brasil): Adquirió 160.000 hectáreas en el sur de Mendoza y norte de Neuquén para el proyecto Potasio Río Colorado, paralizado tras su construcción.
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Somuncura Patagonia S.A. (Francia): 155.000 hectáreas en la Meseta de Somuncura (Río Negro), cuyos titulares son Patrick Jean Marie Rey y Hubert Esteban Rey, vinculados comercialmente a los gestores inmobiliarios de Joseph Lewis.
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Trillium Corporation (EE. UU.): Controla 125.000 hectáreas en Tierra del Fuego (70.000 propias y 55.000 arrendadas al Estado) destinadas al sector forestal, con diversos sectores bajo disputa posesoria.
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Ted Turner (EE. UU.): Posee 56.000 hectáreas en las estancias La Primavera y Collón Curá (Neuquén) y predios en Tierra del Fuego.
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Joseph Lewis (Gran Bretaña): Suma 38.000 hectáreas en Río Negro (Lago Escondido, Bahía Dorada y la concesión en el Cerro Perito Moreno), centro de disputas por el libre acceso a las costas de aguas públicas.
Los grandes latifundistas nacionales
Dentro del 93,8% de la tierra administrada por titulares argentinos, destacan grupos económicos históricos y familias tradicionales con fuerte injerencia en la economía regional y nacional:
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Familia Menéndez / Braun-Menéndez: Controlan unas 750.000 hectáreas distribuidas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Descendientes directos de los pioneros de la acumulación ganadera austral y vinculados históricamente al grupo La Anónima S.A. Entre sus estancias figuran María Behety (62.000 ha), Sara Braun (64.000 ha), Estancia Anita (66.000 ha, escenario de las huelgas de la Patagonia Rebelde en 1921), Alta Vista (75.000 ha), Quichaura (117.000 ha) y Rospentek (90.000 ha).
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Lázaro Báez: Acumuló 470.000 hectáreas a través de 25 estancias en Santa Cruz (como Cruz Aike, Alquinta, Los Baguales, La Julia), actualmente intervenidas por la justicia.
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Familia Sapag: Concentra 420.000 hectáreas en Neuquén (zonas de Zapala, Cutral-Có, Chos Malal, San Martín de los Andes y áreas adyacentes a Vaca Muerta), vinculada a la gestión pública y la obra privada provincial.
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Familia Pérez Companc: Administra 290.000 hectáreas (a través de la firma Goyaique SACIF) con estancias en Santa Cruz y Chubut, sumadas a explotaciones en la pampa húmeda.
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Familia Zingoni-Arze: Posee 250.000 hectáreas en Neuquén (Catan Lil, Collón Curá, Piedra del Águila), divididas en 9 sociedades anónimas familiares.
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Familia Ochoa-Paz: Conserva 180.000 hectáreas en Chubut (Estancias Tecka, Caridad y El Corcovado).
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Familia Larminat-Montalembert: Maneja 170.000 hectáreas entre Neuquén y Tierra del Fuego.
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El Palauco S.A.: Controla 150.000 hectáreas en Mendoza (Bardas Blancas, Laguna Llancanelo), dedicadas al negocio del talaje y con reservas provinciales dentro de su perímetro.
