El Comando Central norteamericano confirmó que esa medida se pone en marcha desde hoy lunes 13 a las 11 horas de Argentina.
Buenos Aires, domingo 12 abril (PR/26) – Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzarán a implementar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10 AM, hora del este en el país del norte (las 11 AM de la Argentina), de acuerdo con la proclamación del presidente Donald Trump.
“El bloqueo se aplicará de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán”, indica un comunicado difundido este domingo por el CENTCOM al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas.
“Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos”, añade en escrito.
Además, el comando estadounidense agregó que “se proporcionará información adicional.
Por esto se recomienda “a todos los marineros que estén atentos a las transmisiones de ‘Avisos a los Navegantes’ y que se comuniquen con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 (de puente a puente) cuando naveguen en el Golfo de Omán y en las aproximaciones al Estrecho de Ormuz.
Fracaso diplomático en Islamabad: el crudo rompe la barrera de los 100 dólares
La parálisis de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Pakistán ha detonado una reacción inmediata en los mercados energéticos globales.
Tras 21 horas de diálogo infructuoso en el Hotel Serena de Islamabad, la falta de consenso sobre las garantías nucleares de Teherán no solo prolonga la incertidumbre diplomática, sino que ha impulsado el precio del petróleo por encima de la marca psicológica de los 100 dólares.
La decisión de la administración estadounidense de ordenar un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz ha sido el catalizador definitivo.
Este paso estratégico, diseñado como medida de presión tras la negativa iraní a ceder en la verificación de su programa atómico, afecta directamente a una de las arterias principales del comercio mundial de energía, por donde transita aproximadamente el 20% del consumo global de petróleo.
Impacto en los mercados y logística energética El índice de referencia estadounidense registró un salto del 8% este domingo, una volatilidad que refleja el temor de los operadores a una interrupción prolongada en el suministro.
El Estrecho de Ormuz es un punto de estrangulamiento crítico; cualquier maniobra militar en la zona eleva instantáneamente las primas de riesgo y los costos de flete marítimo, impactando de forma directa en la estructura de costos de las economías dependientes de la importación de crudo.
El estancamiento de las posturas Mientras que el vicepresidente JD Vance abandonó la capital paquistaní dejando una oferta final sobre la mesa, la retórica del régimen iraní sugiere una preparación para un conflicto de desgaste.
La descripción de las demandas de Washington como «exigencias irrazonables» por parte de la cancillería iraní indica que la brecha de confianza es profunda.
Este escenario se ve agravado por la continuidad de las operaciones militares de Israel en el Líbano, lo que configura un foco de inestabilidad multicausal en el Medio Oriente que los mercados difícilmente puedan ignorar en el corto plazo.
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) manifestó ante el Senado su respaldo a la modificación de la Ley de Tierras. La entidad sostiene que eliminar las restricciones a la inversión extranjera privada no afecta la soberanía ni el medio ambiente, sino que fomenta la competitividad y el desarrollo productivo del sector foresto-industrial.
Buenos Aires, sábado 11 abril (PR/26) — En el marco del debate legislativo sobre el régimen de tierras rurales, la Asociación Forestal Argentina (AFoA) presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado su posición sobre la modificación de la Ley N.º 26.737, incluida en el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Exp. PE 13/26).
Desde la entidad señalaron que el régimen vigente parte de un diagnóstico equivocado: restringir la inversión privada por su origen no ha fortalecido la soberanía ni mejorado los estándares ambientales, pero sí ha limitado el desarrollo productivo y la competitividad del país.
Un cambio hacia una regulación más precisa
La propuesta en discusión introduce un criterio más focalizado: mantener restricciones en casos vinculados a entes gubernamentales extranjeros o situaciones que puedan comprometer la seguridad nacional, eliminando en cambio las limitaciones generales sobre inversores privados. Este enfoque —destacaron— resulta más consistente con los principios constitucionales de propiedad, igualdad ante la ley y razonabilidad de las regulaciones.
Soberanía: control real sobre el territorio
Uno de los ejes centrales del planteo es revisar cómo se interpreta la soberanía en este debate. “La tierra es un bien inmueble que no puede trasladarse fuera del país. Su titular, cualquiera sea su nacionalidad, está sujeto a la Constitución, a las leyes argentinas y a todos los controles vigentes. Las inversiones, el empleo y la actividad económica se desarrollan en el territorio nacional”, explicó Claudia Peirano. Desde AFoA advierten que asociar inversión extranjera privada con pérdida de soberanía no refleja el funcionamiento real del sistema jurídico argentino.
Ambiente: la protección depende de las reglas, no del origen del capital
Otro de los puntos destacados es que la protección ambiental está garantizada por el cumplimiento de la normativa vigente —como la Ley General del Ambiente y la Ley de Bosques Nativos— que aplica por igual a todos los actores. En ese sentido, la reforma no implica una reducción de estándares ambientales, sino que mantiene intacto el marco regulatorio existente.
Agua y acceso: sin modificaciones
AFoA también aclaró que la reforma no afecta el régimen de acceso a ríos, lagos ni otros recursos hídricos. La titularidad de la tierra no otorga derechos sobre el agua pública, que continúa regulada por el Código Civil y Comercial y las normativas provinciales.
Impacto en la inversión y el desarrollo regional
Para sectores como el forestal, donde las decisiones se estructuran a largo plazo, la previsibilidad es un factor determinante. Según AFoA, las restricciones actuales han operado como una barrera para inversiones de escala, afectando la competitividad frente a otros países de la región. “La actividad foresto-industrial requiere superficie, continuidad y financiamiento de largo plazo. Sin esas condiciones, se limitan proyectos que generan empleo, exportaciones y desarrollo en las economías regionales”, señaló Peirano. Países como Brasil, Uruguay y Paraguay han logrado atraer inversiones en este sector bajo marcos normativos que no discriminan el origen del capital privado.
Mejor regulación, mayor previsibilidad
Desde la entidad sostienen que un esquema regulatorio más preciso permite mejorar la calidad de las políticas públicas, reducir arbitrariedades y fortalecer la seguridad jurídica.
Una oportunidad para dar claridad normativa
El tratamiento legislativo se da en un contexto de incertidumbre sobre la vigencia del régimen actual, tras el DNU 70/23 y las medidas judiciales posteriores. En este escenario, AFoA considera que el Congreso tiene la oportunidad de establecer un marco claro, estable y constitucionalmente sólido. “Defender la soberanía y el interés nacional no es cerrar la economía, sino contar con reglas claras, controles inteligentes y condiciones para el desarrollo productivo”, concluyó Peirano.
80 años promoviendo desarrollo forestal
En el año de su 80° aniversario, AFoA reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del sector foresto-industrial, impulsando políticas que integren producción, ambiente e inversión como motores del crecimiento del país.
El oficialismo tiene los votos necesarios. La oposición no pudo imponer distintas mociones de apartamiento de reglamento.
Diputados. Foto: NA/Damián Dopacio
Buenos Aires, miércoles 8 abril (PR/26) — En medio de una sesión tensa en la Cámara de Diputados y protestas en las adyacencias del Congreso, La Libertad Avanza y sus bloques aliados se encaminan a convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.
Propios y ajenos estiman que los mismos diputados que dieron quórum al inicio de la sesión levantarán la mano para aprobar la iniciativa con media sanción del Senado, que flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos en zonas periglaciares.
Quienes habilitaron la sesión fueron los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), algunos monobloques e incluso varios diputados de Provincias Unidas (Alejandra Torres, Jorge Rizzotti, Ignacio Garcia Aresca, Gabriela Scaglia, José Nuñez, y Sergio Cappozzi).
En el inicio de la sesión, la diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá y su par de Unión por la Patria, Lorena Pokoik, fracasaron en su intento por incorporar al temario sendos proyectos para repudiar la decisión del Gobierno de quitar las acreditaciones a varios medios de prensa, a quienes acusan de participar de una campaña de desprestigio financiada por Rusia.
Posteriormente, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdes planteó otra moción de apartamiento de reglamento para que se trataran los proyectos de resolución que apuntan a que Argentina se mantenga neutral en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo suficiente en términos de votos.
Seguidamente, a través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada nacional de Unión por la Patria Paula Penacca planteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, pero no alcanzó la mayoría de votos requerida.
Entre los votos negativos que salieron al rescate del jefe de Gabinete se anotaron los del PRO y la UCR.
Además, la oposición -a través de una moción presentada por Maximiliano Ferraro- sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento del orden del día los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.
Debate por la Ley de Glaciares
Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc (La Libertad Avanza) destacó “la audiencia pública histórica” que se realizó entre el 25 y el 26 de marzo, con la participación de cientos de expositores, la mayoría de ellos con posturas en contra de la iniciativa del Gobierno y las provincias mineras.
El sanjuanino se ganó el abucheo de la parcialidad opositora, que viene pidiendo la nulidad de la audiencia por su formato restrictivo en términos de participación abierta, y viene advirtiendo acerca de la judicialización de la reforma a la Ley de Glaciares.
Por su parte, el otro miembro informante, Nicolás Mayoraz (LLA), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, despotricó contra los opositores que impugnan la audiencia.
“Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”, fustigó.
El santafesino ponderó que la modificación propuesta “viene con claridad meridiana del Senado” y apunta a “aclarar conceptos” sin alterar “el paradigma de protección de los glaciares”.
“Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.
“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, explicó.
La iniciativa le otorga a los gobernadores atribuciones para definir cuales son las zonas periglaciares, en las cuáles se pueden permitir inversiones mineras
Buenos Aires, martes 7 abril (NA) – El proyecto de ley de Glaciares que busca convertir en ley este miércoles la Cámara de Diputados, busca redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.
Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.
Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Senado es que que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.
Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
De qué trata la ley
La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.
Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.
Uno de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.
Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.
Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante.
Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación.
Cada inundación en la Pampa Deprimida deja la misma imagen: campos convertidos en lagunas, rodeos atrapados, caminos desaparecidos. Y cada sequía, meses después, muestra el reverso igual de devastador: tierra resquebrajada, pasturas perdidas y productores liquidando hacienda para sobrevivir.
Por Ing. Agr. Pedro A Lobos, director de Primicias Rurales
Buenos Aires, 6 de abril (PR/26) — Lo más grave no es el fenómeno climático. Es la repetición. La única salida real es una decisión que hasta ahora no existió: transformar el manejo del agua en una verdadera política de Estado.
En los últimos eventos extremos, las pérdidas en la región —entre mortandad de ganado, caída en la producción y deterioro de los suelos— se estiman en cientos de millones de dólares por campaña. A eso se suma el costo invisible: menor producción futura, pérdida de vientres y años de recuperación productiva.
No es una tragedia natural. Es un fracaso político.
Un problema que la dirigencia eligió no resolver
Los ingenieros agrónomos Walter Kugler, José F. Barbagallo y Jorge S. Molina lo advirtieron durante años: la región no necesita diagnósticos nuevos, necesita decisiones.
Sin embargo, la dirigencia —de distintos signos políticos y durante décadas— optó por otro camino: administrar la emergencia en lugar de resolver el problema.
Cómo se pierden millones sin resolver nada
El dinero público y privado sí estuvo. Pero el resultado es el mismo: la región sigue siendo vulnerable.
Se gastó en:
Obras inconexas que trasladan el agua en lugar de gestionarla
Canales que aceleran inundaciones aguas abajo
Infraestructura sin mantenimiento
Asistencia post desastre en lugar de prevención
A esto se suma un desorden estructural: cada productor toma decisiones individuales —muchas veces defensivas— que terminan agravando el problema colectivo.
El resultado no es neutral: es un sistema cada vez más frágil y más caro de sostener.
La “fábrica de terneros” que funciona a pérdida
La Pampa Deprimida es el corazón de la cría bovina argentina. Lo que ocurre allí impacta directamente en toda la cadena cárnica.
Cada inundación implica: Terneros que no nacen o se pierden, Vacas que salen del sistema, Caída en los índices reproductivos
Cada sequía, por su parte, fuerza la venta anticipada de hacienda y destruye capital productivo.
El resultado es claro: menos producción, más volatilidad y un sistema ganadero debilitado.
Lo que la política evita: ordenar
Las soluciones están identificadas hace décadas:
Manejo integral del agua
Retención en lugar de drenaje indiscriminado
Sistematización del suelo
Coordinación obligatoria entre productores
Pero todas tienen algo en común: implican orden.
Y ordenar tiene costo político:
Limita la discrecionalidad
Genera conflictos iniciales
Exige inversiones que no rinden en el corto plazo
Por eso no se hace.
Cada tanto se arreglan caminos o rutas
Una deuda que atraviesa gobiernos
No es un problema de un partido. Es una deuda de todo el sistema político.
Gobiernos pasan, diagnósticos se repiten, anuncios se reciclan. Pero la estructura del problema sigue intacta.
Mientras tanto, los costos se acumulan campaña tras campaña. Lo que no se invierte bien hoy, se pierde multiplicado mañana.
Lo que debería hacerse —y no se hace
La única salida real es una decisión que hasta ahora no existió: transformar el manejo del agua en una verdadera política de Estado.
Un plan maestro con fuerza de ley que:
Ordene el territorio de manera integral
Garantice financiamiento sostenido
Imponga reglas claras y control efectivo
Trascienda los ciclos políticos
No es una cuestión técnica. Es una cuestión de poder y decisión.
El costo de seguir igual
Si nada cambia, el futuro no es incierto: es previsible.
Nuevas inundaciones volverán a generar pérdidas millonarias. Nuevas sequías volverán a destruir sistemas productivos. Y el Estado volverá a gastar recursos en emergencias que podrían haberse evitado.
Un círculo perfecto de ineficiencia.
La verdad incómoda
En la Pampa Deprimida no falta agua. Tampoco faltan soluciones.
Lo que falta —desde hace décadas— es decisión política para dejar de perder millones y empezar a gestionar uno de los recursos más valiosos del país.
Hasta que eso no ocurra, cada inundación y cada sequía no serán una sorpresa.
Serán, simplemente, la confirmación de un fracaso anunciado.
Primicias Rurales
Fuentes:Inundaciones y Manejo de Cuencas – CADIA. Plan de Prevención contra Inundaciones «Florentino Ameghino» Tranqueras Abiertas. Sequia e Inundaciones Propuestas OIKOS. Inundaciones Hombre y Suelo – Asociación Amigos del Suelo
Especial, por Ing. Agr. Pedro A Lobos, director de Primicias Rurales
El bloque libertario, junto a sus aliados en Diputados, impulsarán la aprobación de la reforma y así convertirla en ley antes del viernes.
Buenos Aires, lunes 6 abril (PR/26) – El Gobierno Nacional tiene como objetivo, este martes, aprobar la reforma sobre la Ley de Glaciares y que, desde el bloque libertario en Diputados junto con las fuerzas dialoguistas, lograr sancionarla antes del viernes10.
De acuerdo a la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza (LLA) considera contar con los votos necesarios para aprobar dicha modificación e impulsar inversiones mineras, sobre todo en lo que respecta a las zonas de cobre y litio.
Este martes a las 14hs. en la Cámara baja, se convocó a una reunión de comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, encabezada por José Peluc, y de Asuntos Constitucionales comandada por Nicolás Mayoraz, para dictaminar el proyecto de la reforma y preparar el escenario para la sanción de la sesión programada para el miércoles 8.
También habrá una reunión informativa con exposición de invitados, entre los que se encuentran gobernadores de varias provincias interesadas en el tema, y luego se pasar a la firma de los dictámenes.
Esta reunión de comisión se hará luego de haber realizado, durante el mes pasado, las Audiencias Públicas donde expusieron alrededor de 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100.000 inscriptos, situación que fue repudiada por organizaciones ambientalistas y bloques opositores.
Están en peligro las reservas de agua del país, es el principal argumento de los opositores.
