Sep 24, 2026 | Agricultura, Agua, Columnas, Especial, Salud
El proyecto SPRINT encontró residuos de plaguicidas en agua, ambiente y personas en una región agrícola argentina. La evidencia internacional también plantea interrogantes sobre algunos de estos productos y el cáncer renal. No alcanza para afirmar una relación causal, pero sí para exigir más controles, más investigación y una vigilancia que continúe mucho después de la cosecha. (Traducido al inglés)
Por Ing. Agr. Pedro A. Lobos, director de Primicias Rurales
Buenos Aires, jueves 24 de septiembre (PR/26) .- La discusión sobre los agroquímicos en Argentina suele quedar atrapada entre dos posiciones: quienes sostienen que son indispensables para producir alimentos y quienes advierten sobre sus consecuencias ambientales y sanitarias. Pero existe un espacio intermedio que merece mucha más atención: el de las preguntas que todavía no tienen respuesta suficiente.
Una de esas preguntas surge de los resultados del proyecto científico internacional SPRINT, en el que participó la investigadora del INTA y CONICET Virginia Aparicio. El objetivo del proyecto no fue demostrar que los plaguicidas producen cáncer, sino estudiar su presencia y circulación entre el ambiente, los animales y las personas. El protocolo incluyó análisis de suelo, agua, sedimentos, aire, alimentos y muestras humanas, precisamente porque los investigadores consideran que la exposición puede producirse por múltiples vías.
Y allí aparece una señal que no debería ser ignorada.
No estamos hablando de una sola sustancia
Virginia Aparicio Ingeniera del INTA
En los ambientes agrícolas estudiados por SPRINT se buscaron numerosos plaguicidas y sus metabolitos. En el agua se detectaron mezclas de residuos, no simplemente una sustancia aislada. En el estudio que incluyó sitios argentinos se analizaron 193 residuos diferentes y se encontraron mezclas en todos los cuerpos de agua estudiados; Argentina presentó el mayor nivel total de pesticidas entre los sitios comparados. El glifosato tuvo la mayor concentración mediana, seguido por 2,4-D y MCPA.
Esto es importante porque la exposición real de una persona no necesariamente consiste en entrar en contacto con «un agroquímico».
Puede ser:
herbicida + insecticida + fungicida + metabolitos + residuos ambientales + contaminación del agua + exposición alimentaria.
La propia metodología SPRINT fue diseñada para estudiar precisamente esas mezclas y su distribución entre ambiente, animales y seres humanos.
El caso del clorpirifós merece una vigilancia especial
El clorpirifós ocupa un lugar particular en esta discusión.
En la Pampa Húmeda argentina se midieron concentraciones de clorpirifós en agua que llegaron hasta 10,8 µg/L, con una mediana de 0,013 µg/L. En ese estudio, los investigadores estimaron que las concentraciones ambientales podían superar valores de referencia considerados protectores para organismos acuáticos, especialmente en exposiciones crónicas.
Esto no significa que esas concentraciones produzcan cáncer en las personas. El estudio citado analiza fundamentalmente riesgo ambiental para organismos acuáticos, no cáncer humano.
Pero sí demuestra algo que debería preocuparnos desde el punto de vista de la vigilancia ambiental: los plaguicidas aplicados en tierra pueden terminar en los sistemas de agua y permanecer allí en concentraciones medibles.
Y hay otra cuestión relevante: Argentina prohibió el uso de clorpirifós etil y metil. SENASA completó en 2023 la baja de esos productos después de revisar información toxicológica y actualizar sus parámetros de riesgo.
Por eso, si actualmente apareciera clorpirifós en agua, suelo, alimentos o personas en zonas agrícolas, la pregunta ya no sería solamente «¿cuánto se aplicó?», sino también:
¿De dónde proviene?
¿Es contaminación histórica?
¿Persistencia ambiental?
¿Existencias antiguas?
¿Transporte desde otro lugar?
¿O existe utilización ilegal?
Son preguntas que deberían poder responder los organismos de control mediante muestreos sistemáticos y trazabilidad.
El cáncer renal: una señal que exige investigación, no conclusiones apresuradas
Aquí es donde debemos ser especialmente responsables.
Una revisión científica de estudios epidemiológicos encontró una asociación entre exposición a pesticidas y cáncer renal, aunque con heterogeneidad entre los estudios. El riesgo relativo combinado fue aproximadamente 1,10; en un subgrupo de estudios de mayor calidad la asociación fue mayor. PPubMed
Más específicamente, el Agricultural Health Study, una gran cohorte prospectiva de trabajadores agrícolas de Estados Unidos, encontró asociaciones entre la exposición acumulada a determinados plaguicidas y carcinoma de células renales. Entre ellos apareció clorpirifós, además de atrazina, paraquat, clordano, cianazina y 2,4,5-T. Los propios investigadores señalaron que estos resultados necesitan confirmación y más investigación sobre sus mecanismos biológicos. PubMed
Esto no autoriza a decir:
«El clorpirifós causa cáncer de riñón en Argentina».
Pero tampoco parece razonable decir:
«No hay ninguna razón para investigarlo».
La posición responsable está en el medio: existe una señal científica que justifica profundizar la investigación argentina.
¿Y qué pasa con las personas?
Antes incluso de hablar de cáncer, existen investigaciones argentinas que encontraron exposición humana a plaguicidas.
En una población de 40 hombres de una región agrícola de Córdoba se detectó el metabolito de clorpirifós en el 85% de las muestras de orina. También se encontraron metabolitos de otros organofosforados y piretroides. Los investigadores observaron asociaciones entre algunos biomarcadores y actividad de la acetilcolinesterasa, aunque se trató de un estudio piloto y no de un estudio de cáncer.
Este tipo de resultados vuelve a plantear una cuestión elemental:
¿Cuánto estamos expuestos realmente los habitantes de las zonas agrícolas y qué ocurre cuando la exposición es múltiple y sostenida durante años?
Todavía no tenemos una respuesta completa.
La investigación no debería terminar cuando termina la cosecha
Existe otro capítulo que merece mucha más atención pública: la poscosecha.
Una vez que el cultivo abandona el campo, comienza otra etapa: transporte, acondicionamiento, secado, almacenamiento y eventualmente tratamientos contra insectos en silos y depósitos.
El INTA señala que el control de humedad y temperatura es fundamental para evitar deterioro, hongos y micotoxinas durante el almacenamiento. También recomienda monitorear periódicamente los granos y mantener condiciones adecuadas de conservación.
Esto debería complementarse con una pregunta sanitaria:
¿Qué residuos quedan en el grano después de los tratamientos poscosecha y qué sustancias llegan finalmente al consumidor?
Y no se trata solamente de controlar al productor.
Hay que controlar toda la cadena:
campo → cosecha → transporte → acopio → silo → tratamiento poscosecha → industria → alimento → consumidor.
SENASA mantiene un registro de productos fitosanitarios y establece límites máximos de residuos, además de prohibiciones específicas para determinadas sustancias. Actualmente, por ejemplo, también existen restricciones para ciertos productos utilizados en granos almacenados.
Por eso sería razonable reclamar un sistema de trazabilidad química de la poscosecha, especialmente para granos destinados a alimentación humana.
¿Estamos controlando solamente el producto o también la mezcla?
Esta puede ser una de las preguntas más importantes.
Los límites regulatorios suelen establecerse para sustancias individuales. Pero la población puede estar expuesta a varias sustancias simultáneamente.
El proyecto SPRINT fue diseñado justamente para estudiar ese fenómeno: las mezclas de plaguicidas y su distribución entre suelo, agua, animales y seres humanos.
La ciencia todavía conoce mucho menos sobre determinadas exposiciones combinadas que sobre sustancias individuales.
Por eso sería razonable que Argentina fortalezca el monitoreo no solamente buscando:
«¿Hay glifosato?»
sino también:
«¿Qué conjunto de residuos hay, en qué concentración, durante cuánto tiempo y por qué vía está llegando a las personas?»
Una alerta, no una acusación
La preocupación no debería convertirse en una acusación general contra el productor agropecuario.
Tampoco debería utilizarse la falta de evidencia definitiva como argumento para dejar de investigar.
Hay agricultores que trabajan siguiendo las normas, técnicos que desarrollan buenas prácticas y organismos científicos que llevan años estudiando el problema.
Precisamente por eso, el reclamo debería ser más concreto:
más ciencia, más controles y más transparencia.
Argentina necesita conocer qué sustancias circulan actualmente en sus suelos y aguas, qué queda de los productos prohibidos, qué residuos aparecen en alimentos y silos, qué exposición tienen los trabajadores y poblaciones cercanas y si existen diferencias de incidencia de determinados cánceres entre zonas de distinta exposición.
Una investigación que todavía falta
Sería necesario desarrollar estudios epidemiológicos de largo plazo en la Región Núcleo que relacionen:
- exposición individual a plaguicidas;
- agua de consumo;
- suelo y sedimentos;
- residuos en alimentos;
- ocupación;
- distancia a áreas cultivadas;
- cantidad y tipo de aplicaciones;
- exposición poscosecha;
- y enfermedades desarrolladas durante los años siguientes.
En particular, sería importante estudiar cáncer renal, pero también otros tumores y enfermedades potencialmente relacionadas con exposiciones crónicas.
Y habría que incorporar otros contaminantes ambientales, como arsénico y nitratos del agua, para no atribuir a los agroquímicos lo que podría tener múltiples causas.
El principio de precaución también es una herramienta científica
No se trata de afirmar que «los agroquímicos provocan cáncer».
Se trata de reconocer que ya existen suficientes señales para formular una pregunta legítima:
¿Estamos midiendo adecuadamente la exposición acumulada de la población argentina a mezclas de plaguicidas?
Si la respuesta es no, necesitamos medirla.
Si encontramos residuos, necesitamos saber de dónde provienen.
Si encontramos concentraciones preocupantes, necesitamos investigar sus efectos.
Y si encontramos una mayor incidencia de determinadas enfermedades en poblaciones expuestas, necesitamos estudiarla con métodos epidemiológicos rigurosos.
Porque cuando hablamos de agua, alimentos y salud, la ausencia de una prueba definitiva no debería convertirse en ausencia de investigación.
La evidencia disponible no permite afirmar hoy que los plaguicidas sean responsables de una determinada proporción de los cánceres argentinos. Pero sí permite sostener que existe una señal ambiental y epidemiológica que justifica una vigilancia mucho más profunda, especialmente en las regiones agrícolas intensivas y a lo largo de toda la cadena, incluida la poscosecha y el almacenamiento.
La pregunta ya no debería ser solamente cuánto producimos. También debería ser cuánto sabemos sobre lo que queda después de producir.
Por Ing. Agr. Pedro Lobos, director de Primicias Rurales
Primicias Rurales
Fuentes Varias
Versión en inglés
What Remains After Spraying: A Warning Argentina Should Not Ignore (English version)
By agricultural engineer Pedro A. Lobos
Sep 24, 2026 | Agriculture, Water, Columns, Special, Health
The SPRINT project found pesticide residues in water, the environment, and people in an agricultural region of Argentina. International evidence also raises questions about some of these products and renal cancer. It is not enough to claim a causal relationship, but it is enough to demand more controls, more research, and monitoring that continues long after the harvest.
By Agronomist Pedro A. Lobos, Director of Primicias Rurales
Buenos Aires, Thursday, September 24 (PR/26).– The debate on agrochemicals in Argentina often becomes trapped between two positions: those who argue they are indispensable for producing food, and those who warn about their environmental and health consequences. But there is an intermediate space that deserves much more attention: the space of questions that still lack sufficient answers.
One of those questions arises from the results of the international scientific project SPRINT, in which INTA and CONICET researcher Virginia Aparicio participated. The project’s goal was not to prove that pesticides cause cancer, but to study their presence and circulation among the environment, animals, and people. The protocol included analyses of soil, water, sediments, air, food, and human samples, precisely because researchers consider that exposure may occur through multiple pathways.
And here appears a signal that should not be ignored.
We Are Not Talking About a Single Substance
In the agricultural environments studied by SPRINT, numerous pesticides and their metabolites were investigated. In water, mixtures of residues were detected—not just isolated substances. In the study that included Argentine sites, 193 different residues were analyzed, and mixtures were found in all water bodies studied; Argentina showed the highest total pesticide level among the compared sites. Glyphosate had the highest median concentration, followed by 2,4-D and MCPA. This matters because real human exposure does not necessarily consist of contact with “one agrochemical.”
It may be:
herbicide + insecticide + fungicide + metabolites + environmental residues + water contamination + dietary exposure.
SPRINT’s methodology was designed precisely to study these mixtures and their distribution among the environment, animals, and humans.
The Case of Chlorpyrifos Deserves Special Monitoring
Chlorpyrifos occupies a particular place in this discussion.
In Argentina’s Pampas region, chlorpyrifos concentrations in water reached up to 10.8 µg/L, with a median of 0.013 µg/L. In that study, researchers estimated that environmental concentrations could exceed reference values considered protective for aquatic organisms, especially under chronic exposure.
This does not mean these concentrations cause cancer in humans. The cited study primarily analyzes environmental risk for aquatic organisms, not human cancer.
But it does demonstrate something that should concern us from an environmental monitoring perspective: pesticides applied on land can end up in water systems and remain there at measurable concentrations.
Another relevant point: Argentina banned the use of ethyl and methyl chlorpyrifos. SENASA completed the withdrawal of these products in 2023 after reviewing toxicological information and updating risk parameters.
Therefore, if chlorpyrifos were currently found in water, soil, food, or people in agricultural areas, the question would no longer be simply
“How much was applied?” but also:
Where does it come from?
Is it historical contamination?
Environmental persistence?
Old stock?
Transport from elsewhere?
Or illegal use?
These are questions that control agencies should be able to answer through systematic sampling and traceability.
Renal Cancer: A Signal That Demands Research, Not Rash Conclusions
Here we must be especially responsible.
A scientific review of epidemiological studies found an association between pesticide exposure and renal cancer, although with heterogeneity among studies. The combined relative risk was approximately 1.10; in a subgroup of higher-quality studies, the association was stronger. PubMed
More specifically, the Agricultural Health Study—a large prospective cohort of U.S. agricultural workers—found associations between cumulative exposure to certain pesticides and renal cell carcinoma. Chlorpyrifos appeared among them, along with atrazine, paraquat, chlordane, cyanazine, and 2,4,5-T. The researchers themselves noted that these results require confirmation and further investigation into biological mechanisms. PubMed
This does not authorize us to say: “Chlorpyrifos causes kidney cancer in Argentina.”
But it also does not seem reasonable to say: “There is no reason to investigate it.”
The responsible position lies in the middle: there is a scientific signal that justifies deepening Argentine research.
And What About People?
Even before discussing cancer, Argentine studies have found human exposure to pesticides.
In a population of 40 men from an agricultural region of Córdoba, the chlorpyrifos metabolite was detected in 85% of urine samples. Metabolites of other organophosphates and pyrethroids were also found. Researchers observed associations between some biomarkers and acetylcholinesterase activity, although this was a pilot study—not a cancer study.
This type of result raises a basic question:
How much are inhabitants of agricultural areas truly exposed, and what happens when exposure is multiple and sustained over years?
We still do not have a complete answer.
Research Should Not End When the Harvest Ends
Another chapter deserves much more public attention: post-harvest.
Once the crop leaves the field, another stage begins: transport, conditioning, drying, storage, and eventually insect treatments in silos and warehouses.
INTA notes that controlling humidity and temperature is essential to prevent deterioration, fungi, and mycotoxins during storage. It also recommends periodic monitoring of grains and maintaining adequate conservation conditions.
This should be complemented with a health question:
What residues remain in grain after post-harvest treatments, and which substances ultimately reach consumers?
And it is not only about controlling the producer.
The entire chain must be controlled:
field → harvest → transport → storage → silo → post-harvest treatment → industry → food → consumer.
SENASA maintains a registry of phytosanitary products and sets maximum residue limits, along with specific prohibitions for certain substances. Currently, for example, restrictions also exist for some products used in stored grains.
Therefore, it would be reasonable to demand a chemical traceability system for post-harvest processes, especially for grains intended for human consumption.
Are We Controlling Only the Product, or Also the Mixture?
This may be one of the most important questions.
Regulatory limits are usually set for individual substances. But the population may be exposed to several substances simultaneously.
SPRINT was designed precisely to study this phenomenon: pesticide mixtures and their distribution among soil, water, animals, and humans.
Science still knows far less about certain combined exposures than about individual substances.
Therefore, it would be reasonable for Argentina to strengthen monitoring not only by asking:
“Is there glyphosate?” but also: “What set of residues is present, at what concentration, for how long, and through which pathway is it reaching people?”
A Warning, Not an Accusation
Concern should not become a blanket accusation against agricultural producers.
Nor should the lack of definitive evidence be used as an argument to stop investigating.
There are farmers who follow regulations, technicians who develop good practices, and scientific institutions that have been studying the issue for years.
Precisely for this reason, the demand should be more concrete: more science, more controls, and more transparency.
Argentina needs to know which substances currently circulate in its soils and waters, what remains of banned products, what residues appear in food and silos, what exposure workers and nearby populations have, and whether differences exist in the incidence of certain cancers between areas with different exposure levels.
A Study That Is Still Missing
Long-term epidemiological studies should be developed in the core agricultural region to relate:
- individual pesticide exposure • drinking water • soil and sediments • residues in food • occupation • distance to cultivated areas • quantity and type of applications • post-harvest exposure • and diseases developed in subsequent years
It would be particularly important to study renal cancer, but also other tumors and diseases potentially related to chronic exposures.
Other environmental contaminants—such as arsenic and nitrates in water—should also be included, to avoid attributing to agrochemicals what may have multiple causes.
The Precautionary Principle Is Also a Scientific Tool
It is not about claiming that “agrochemicals cause cancer.”
It is about recognizing that enough signals already exist to ask a legitimate question:
Are we adequately measuring the accumulated exposure of the Argentine population to pesticide mixtures?
If the answer is no, we need to measure it. If residues are found, we need to know where they come from. If concerning concentrations are found, we need to investigate their effects. And if higher incidence of certain diseases is found in exposed populations, we need to study it with rigorous epidemiological methods.
Because when we talk about water, food, and health, the absence of definitive proof should not become an absence of investigation.
Current evidence does not allow us to claim that pesticides are responsible for a specific proportion of Argentine cancers. But it does allow us to assert that there is an environmental and epidemiological signal that justifies much deeper monitoring, especially in intensive agricultural regions and throughout the entire chain, including post-harvest and storage.
The question should no longer be only how much we produce. It should also be how much we know about what remains after producing.
By agronomist Pedro Lobos, Director of Primicias Rurales
Primicias Rurales
Traducción: María Marta Cafiero
Sep 22, 2026 | Actualidad, Agricultura, congresos y cursos
Con la participación de referentes globales en Ámsterdam, la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS) celebró su vigésimo aniversario debatiendo sobre trazabilidad, EUDR, carbono y agricultura regenerativa. El encuentro destacó el rol de Latinoamérica en la producción sustentable y planteó los desafíos tecnológicos y ambientales para las próximas dos décadas.
Buenos Aires, martes 22 septiembre (PR/26) — Más de 150 participantes de 17 países participaron en Ámsterdam de la Conferencia Internacional RTRS 2026, que reunió a productores, empresas, organizaciones, especialistas y otros actores de la cadena.
El encuentro puso el foco en la EUDR, la trazabilidad, el carbono, la agricultura regenerativa, la inteligencia artificial y la resiliencia de los sistemas productivos.
El EUDR (European Union Deforestation Regulation o Reglamento de Deforestación de la Unión Europea) es una ley de la UE que prohíbe la importación de materias primas y derivados asociados a la deforestación global, exigiendo que la soja provenga exclusivamente de tierras que no hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020
Bajo el lema “20 Years of Impact: Together, Leading the Way to a More Sustainable World”, la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS) celebró los días 3 y 4 de septiembre en Ámsterdam su Conferencia Internacional 2026, en el marco de su 20° aniversario.
Más información en: RTRS – Round Table on Responsible Soy Association
La convocatoria reunió a más de 150 participantes de 17 países, representantes de más de 80 organizaciones, y contó con 42 disertantes, panelistas y moderadores que abordaron los principales desafíos de las cadenas de suministro responsables, con foco en la regulación internacional, la trazabilidad, el carbono, la agricultura regenerativa, la innovación y la inteligencia artificial.
En la apertura, Juma Martins, presidente del Comité Ejecutivo de RTRS, planteó que el vigésimo aniversario debía ser también un punto de partida para pensar la próxima etapa de la asociación. En un contexto en el que los compromisos de sostenibilidad deben traducirse cada vez más en resultados medibles, destacó que la producción responsable necesita ser “creíble, trazable y medible”, y que las soluciones deben funcionar en la práctica, a lo largo de cadenas agrícolas reales y especialmente a nivel de los productores.
“La ambición sólo importa si podemos convertirla en algo que funcione en la práctica. De lo contrario, sigue siendo solo eso: ambición”, sostuvo.
Uno de los ejes centrales fue la implementación del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR). La discusión planteó que la trazabilidad debe dejar de ser entendida solamente como una herramienta de cumplimiento para convertirse también en una infraestructura de información capaz de fortalecer la gestión de riesgos y la confianza dentro de las cadenas.
Latinoamérica tuvo una presencia transversal en la agenda de la Conferencia, aportando la perspectiva de una de las principales regiones productoras de soja del mundo.
Este peso también se refleja en la escala de la certificación RTRS: en 2025, Brasil alcanzó más de 2 millones de hectáreas certificadas y 8,5 millones de toneladas de soja certificada RTRS, mientras que en el resto de Latinoamérica la superficie certificada superó las 470.000 hectáreas y 1,4 millones de toneladas, con Argentina concentrando más de 370.000 hectáreas.
A su vez, 35 de los 41 nuevos sitios certificados bajo el Estándar RTRS de Cadena de Custodia en 2025 se encuentran en América Latina, con nuevas certificaciones en Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Panamá.
Durante el encuentro, representantes de Argentina y Brasil participaron en discusiones vinculadas con regulación y EUDR, trazabilidad, fechas de corte, carbono, agricultura regenerativa y conservación, acercando experiencias y desafíos concretos desde los territorios productores.
Otro de los temas centrales fue el carbono y la agricultura regenerativa. Las discusiones apuntaron a la necesidad de avanzar desde la identificación de prácticas hacia la medición, verificación y transferencia de resultados ambientales. Helen Estima Lazzari, consultora de RTRS, explicó que la asociación analiza cómo incorporar soluciones de carbono dentro de su sistema de certificación.
“El objetivo no es crear un nuevo crédito de carbono, sino definir la mejor solución de carbono e incorporar ese valor directamente en la certificación de soja”, señaló.
La agricultura regenerativa también fue presentada como una posibilidad para generar resultados ambientales, productivos y económicos, aunque el debate puso de relieve la necesidad de contar con metodologías y definiciones más armonizadas.
La tecnología y la inteligencia artificial constituyeron otro de los ejes de la Conferencia. Datos geoespaciales, monitoreo satelital, automatización e IA fueron analizados como herramientas para mejorar la verificación, reducir costos y procesar grandes volúmenes de información.
El desafío, según lo planteado durante el encuentro, no pasa solamente por disponer de más datos sino por convertirlos en información confiable y útil para la toma de decisiones.
La Conferencia incorporó además tres Live Case Clinics, destinadas a llevar las discusiones generales a situaciones concretas de las cadenas de suministro.
Los casos abordaron la implementación de la EUDR y el papel de la trazabilidad; la coexistencia de diferentes fechas de corte (cut-off dates) entre estándares, regulaciones y compromisos; y la medición y transferencia de atributos de carbono.
En este último punto se discutió la necesidad de evitar que la multiplicación de procesos de medición y verificación termine concentrando esfuerzos en la contabilización sin lograr reducciones efectivas de emisiones.
Una mirada hacia los próximos 20 años
El aniversario de RTRS incorporó también voces externas a la agenda tradicional de la soja. Mark Stevenson, “futurista reacio” y director de Proyectos Especiales de Oath UK, abrió la Conferencia con una mirada sobre el futuro y la necesidad de cuestionar las premisas con las que se toman decisiones. “No puedes predecir el futuro, pero puedes escuchar las preguntas que te está haciendo”, planteó.
El especialista puso además el foco en la escala alcanzada por la certificación RTRS y en el desafío de ampliar su alcance. Según señaló, la producción mundial de soja certificada conforme al Estándar de Producción RTRS representa actualmente alrededor del 1,9%. “Ahora, transformémoslo en 100%”, exhortó.
En los New Frontiers Inspirational Talks, Ilektra Kouloumpi, Líder de Sectores de Doughnut Economics Action Lab (DEAL), invitó a repensar los sistemas alimentarios desde el enfoque de la Economía del Donut: satisfacer las necesidades de las personas dentro de los límites ecológicos del planeta.
Su planteo propuso ampliar la mirada más allá de mejoras aisladas en prácticas o cadenas de suministro y preguntarse por los resultados del sistema en su conjunto: cómo producir y generar valor respetando límites vinculados al clima, la biodiversidad, el agua y los ecosistemas, al mismo tiempo que se atienden las necesidades sociales.
En ese marco, desafió a avanzar más allá de la sostenibilidad hacia modelos verdaderamente regenerativos y dejó una pregunta para los próximos años: “¿Qué necesitamos hacer para ser verdaderamente transformadores y no solamente sostenibles?”.
Justin Adams, Director Ejecutivo y Cofundador de Ostara, planteó por su parte diferenciar entre cumplimiento, impacto y resiliencia. Según explicó, una cadena puede ser completamente trazable y cumplir con determinados requisitos y, al mismo tiempo, formar parte de un sistema vulnerable frente a shocks climáticos, geopolíticos o productivos. “¿Cómo puede toda esta trazabilidad convertirse en las arterias digitales que permitan construir un sistema más resiliente para el futuro?”, preguntó.
El especialista introdujo además el concepto de Shared Interest —interés compartido— para referirse a aquellos recursos, territorios e infraestructuras de los que dependen simultáneamente distintos actores de una cadena.
Por su parte, Poran Potiguara, especialista en Salvaguardas de The Nature Conservancy (TNC), centró su exposición en la relación entre producción y conservación, con especial referencia a la Amazonía y los denominados “ríos voladores”. “Hoy no tenemos que elegir entre producir y conservar. Tenemos que producir de un modo que respete todo esto, y las salvaguardas son un aspecto fundamental en ese camino”, sostuvo.
Potiguara también destacó el papel de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en la gobernanza ambiental y planteó que la protección de los ecosistemas debe ser considerada también como una inversión en resiliencia.
Al cierre de la Conferencia, Marina Muscolo, directora ejecutiva de RTRS, retomó el espíritu con el que nació la asociación hace dos décadas: reunir alrededor de una misma mesa a actores con intereses y realidades diferentes para construir soluciones colectivas. Recordó que, antes de desarrollar un sistema de certificación, los fundadores de RTRS crearon un espacio para el diálogo y destacó que esa diversidad continúa siendo una de las principales fortalezas.
“El diálogo no es el punto de llegada. El cambio lo es”, afirmó, e invitó a transformar las conversaciones de la Conferencia en acciones concretas.
Una agenda que continúa
La Conferencia dejó planteada una agenda que RTRS busca continuar durante su vigésimo aniversario. La asociación lanzó su Comunidad RTRS, una mesa redonda virtual destinada a sostener durante el año el intercambio de conocimiento y la colaboración entre los distintos actores.
Actualmente, RTRS cuenta con 202 miembros en 36 países y su sistema de certificación alcanza a 104.554 productores certificados. En 2025, la producción de soja certificada RTRS llegó a aproximadamente 11,2 millones de toneladas sobre 3 millones de hectáreas, mientras que la adopción de material certificado alcanzó 8,1 millones de toneladas, un 9,5% más que en 2024.
Los materiales certificados RTRS fueron adoptados en 43 países y existen más de 543 sitios certificados bajo el Estándar de Cadena de Custodia en más de 19 países.
Según las proyecciones para 2026, la participación de RTRS representa alrededor del 1,9% de la demanda global de soja.
Accedé a la colección oficial de fotografías de la Conferencia Internacional RTRS 2026 en Flickr
Acerca de la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS)
La Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS) es una asociación internacional sin fines de lucro que promueve la producción, el comercio y el uso responsable de la soja a nivel global.
Fundada en 2006, reúne a más de 200 miembros de 32 países, entre productores, empresas, instituciones financieras, organizaciones de la sociedad civil y otros actores de la cadena de valor, para fomentar el diálogo y la toma de decisiones por consenso.
Además de su rol de articulación, RTRS impulsa soluciones prácticas de sostenibilidad, entre ellas el desarrollo de estándares de certificación para la producción y la cadena de custodia de soja responsable, auditados por entidades independientes, y el diseño de herramientas digitales como la Plataforma Online RTRS, que conecta a los actores de la cadena de valor y permite registrar y rastrear certificaciones, materiales certificados y volúmenes de producción; y la Calculadora de Huella de Soja y Maíz, que estima el contenido de soja y maíz en productos terminados, apoyando la evaluación de impactos y la toma de decisiones informadas a lo largo de la cadena.
En Latinoamérica, RTRS fortalece una red de alianzas estratégicas con organizaciones vinculadas a producción sustentable, trazabilidad, biodiversidad y desarrollo territorial. Entre las iniciativas actualmente en curso se destacan ProYungas; Aapresid y CPIA.
Fuente: Paula Vázquez
Primicias Rurales
